Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
Mal negocio hizo el Ayuntamiento de Guadalajara al ampliarle facultades a la empresa que recoge la basura en el municipio, Caabsa Eagle, y premiarla con una nueva concesión para la explotación de biogás en el vertedero de Los Laureles, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, el regidor del PAN Salvador Sánchez Guerrero, quien hasta hace un par de semanas formó parte de la Comisión Transitoria que revisó los contratos firmados entre la compañía y las autoridades.
Mientras el coordinador de los regidores del PRI, Leobardo Alcalá Padilla, determinaba la semana pasada en rueda de prensa que la empresa ingresaría también al primer cuadro de la ciudad, a tianguis, jardines, escuelas, mercados y viviendas, el edil panista aseveró en entrevista que la Comisión Transitoria nunca trabajó para revocarle el contrato a Caabsa y se descuidaron varios aspectos que afectarán la calidad del servicio.
“Yo creo que el problema, y lo vuelvo a decir, de este contrato con Caabsa, es precisamente que las cláusulas que existen en el contrato no permiten la operación de los compromisos de la empresa y dejan muchas a la interpretación y especulaciones y eso genera que no podamos tener certeza de que el servicio que presta Caabsa es el que nosotros conveniamos en el contrato, y yo explicaba y daba algunos ejemplos, no dice quién tendrá que embolsar la basura”, explicó.
En el nuevo contrato, Caabsa Eagle está obligada a recoger la basura siempre y cuando se le entregue en bolsas de colores para darle cumplimiento a la separación de residuos que entró en vigor el pasado 20 de octubre. Lo que no dice el contrato es quién embolsará la basura y qué pasará con la Dirección de Aseo Público del Ayuntamiento.
“Se le está dando ahora sí la obligación de limpiar el Centro Histórico, pero no dice cuál es la dimensión del Centro Histórico, cuál de los tres perímetros que existen, cuál limpiará Caabsa, no lo dice, no lo deja claro. Tampoco dice las penas que se le ponen por incumplir en estos servicios, tampoco dice si hay un incumplimiento parcial qué pasa, si yo recojo nada más 30 tianguis de los 40 qué pasa; me puedes aplicar esa multa o no, no lo dice, y ante estas inconsistencias lo más seguro es que el contrato quede igual de ambiguo y no le puedas aplicar una sola multa”, dijo el regidor.
El análisis del contrato de concesión inició en enero de 2007, en cuyo trabajo se incorporaron también tres regidores, el director jurídico, el director general del Medio Ambiente y Ecología y el director jurídico de lo consultivo. En esa fecha el propósito de la Comisión Transitoria era obtener fundamentos para revocarle la concesión; sin embargo, el regidor del PRI consideró que la anulación del contrato pondría en riesgo la operación del servicio.
Sánchez Guerrero manifestó que al regidor nadie le dio la atribución para ampliarle las facultades a Caabsa, a la vez que por este medio cuestionó la atribución que se tomó en lo personal para concederle más beneficios.
“No entiendo por qué no hay ningún documento que lo diga, en ningún momento, en ningún proceso de esta aprobación, Caabsa dijo sí, yo le entro a eso. Entonces con quién habló este regidor, o qué documentación le hizo llegar esa empresa al regidor para que intuyera que Caabsa quería esos compromisos, o a quién se lo pidió, o en dónde se lo pidió. Son cosas que yo creo que tienen que transparentarse a la luz pública, sobre todo con esta empresa. Es una empresa, yo lo he dicho un poco a manera de broma, es una empresa que le gusta participar socialmente y que apoya muchas causas y yo creo que por eso tenemos que ser más sigilosos en ese tema”, añadió.
No es la primera vez que se forman comisiones para limitar los privilegios de la empresa. Ya en la pasada administración, el regidor Martín Márquez Carpio documentó al menos 39 incumplimientos tanto en la recolección de basura en aceras seis días a la semana, la compra de equipos nuevos y suficientes para garantizar al 100 por ciento el servicio, la construcción y rehabilitación de plantas de transferencia y separación, son algunos de los puntos que se tocan en el dictamen que enumera las obligaciones a las que ha faltado la empresa y que incluso hoy sigue sin cumplir.
El diagnóstico jurídico sobre el incumplimiento del convenio de ejecución, operación y reinversión, celebrado entre el municipio de Guadalajara y Caabsa Eagle SA de CV, que se presenta en la iniciativa rechazada en aquella ocasión, da cuenta de los retrasos de más de un año en las obras que la concesionaria debía realizar tanto en el vertedero de Matatlán como en Los Laureles.
