Una escritura cancelada hace 20 años permitió a juez cercenar predios estatales, ejidales y privados en la reserva de Manantlán; perlas del proceso: una muerta notificó a un demandado fantasma; un testigo cambió de sexo; todos son testimonios con interés a favor de quienes demandaron la usucapión
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
De nuevo, la justicia de Jalisco es exhibida con el proceso judicial que entregó a particulares una propiedad pública en Manantlán: dos jueces civiles de Autlán, extrañamente diligentes, dieron todo el peso legal a una escritura que había sido cancelada hace 20 años; omitieron avisar del juicio al dueño registrado —el gobierno del estado— y al posesionario ostensible —la Universidad de Guadalajara— y, por si fuera poco, permitieron que un muerto fuera notificador, la posible inexistencia del demandado e incluso que un testigo cambiara de sexo.
Cualquier parecido con los enredos legales que han permitido el gran fraude con patrimonio público en la zona de Los Colomos, en Guadalajara (Público, 16 de junio de 2008) no es mera coincidencia.
La historia del juicio de usucapión (o prescripción positiva) 749/2006, admitido por el juez Luis Martín Chan Aviña y sentenciado por el juez José Guadalupe Lomelí González, que ocasionó el despojo de casi todo el predio estatal de Las Joyas (unas 900 hectáreas de las 1,245 ha totales), así como otras 1,700 ha de propiedad social (ejido Ahuacapán) y privada (ex Hacienda de Ahuacapán), fue analizada por personal jurídico de la UdeG.
El análisis, a que tuvo acceso este diario, sirvió como base para interponer un juicio civil de interdicción (68/2009) y una denuncia penal, y para un eventual juicio de amparo en que las instituciones públicas tratan de vincularse a los otros dos actores afectados con la pifia judicial.
Los abogados universitarios, coordinados por el rector del Centro de la Costa Sur, Enrique Solórzano Carrillo, señalan graves inconsistencias en el juicio, que los jueces jamás observaron. Las siguientes son las joyas de la corona.
El supuesto demandado aparece originalmente como José Félix Barbarín, mientras en el documento fundatorio de la acción se llama "José Félix Morales Barbarín y condueños", lo cual vicia desde el origen el procedimiento, "ya que los actores presentan demanda contra una persona en lo individual, cuando, de acuerdo al fundatorio, son varias y además diversas".
El demandado fue notificado en el domicilio que ocupan dos de los actores de la demanda (sus rivales), Aurelio López Garibay y Esthela Montaño Panduro, esto es: Aldama número 9, de la localidad de Ahuacapán, municipio de Autlán de Navarro, un día no precisado del mes de enero de 2007, a las 17:00 horas.
Por si faltaran datos surrealistas, el presunto demandado fue supuestamente notificado por la señora Silveria Panduro Aldaco (de la cual hasta se ofrece una credencial de elector), quien falleció el 6 de noviembre de 2001, seis años y dos meses, aproximadamente, antes del emplazamiento que ella realizó, lo que revelaría dos posibilidades: o los fantasmas existen y tienen personalidad jurídica, o simplemente hay un hecho falsificado… es decir, fantasmal.
Otra: los actores ofrecieron trece pruebas: una confesional a cargo del demandado, seis documentales públicas, una inspección judicial, cuatro testimoniales y una presuncional. Pero con los siguientes vicios: en la confesional nunca compareció el demandado (el cual, como se ha visto, es de existencia dudosa); la inspección judicial sobre un predio total de 2,586 hectáreas sumamente accidentado se hizo en apenas cinco horas, cuando serían necesarias al menos diez, y en esa acción jamás traspasaron los linderos de Las Joyas, que están totalmente enmallados y controlados por personal universitario.
En cuanto a las testimoniales, los testigos son familiares directos de los actores o son actores del proceso; este último, caso de Regino López Garibay —lo que disminuye la calidad de sus testimonios—.
Además, uno de los testigos cambió de sexo: de llamarse Librada Garibay Zamora se le menciona como Librado, casada (o) con otro de los demandantes, José López Terríquez. La alternativa a esto —jurídicamente es indispensable la precisión de los nombres— es que en Autlán el transgénero y los matrimonios del mismo sexo son tan normales como en Amsterdam.
La base del absurdo: la escritura presentada como fundatoria del proceso "fue declarada nula, en diverso juicio civil ordinario radicado en el Juzgado de Primera Instancia de la población de Ameca, Jalisco, que se ventiló bajo expediente 476/88, promovido por Carlos y José de la Torre Valencia, en contra de los señores Rodolfo Longinos Vázquez [quien inspiró a Tiburcio Lemus, el talamontes de La tierra pródiga, de Agustín Yáñez] y María de la Luz Barreto, en la que se ordenó la cancelación de la inscripción de la escritura pública que es el origen del fundatorio presentada por los actores", añade el análisis.
Nada de eso ruboriza a los 21 flamantes nuevos dueños de la sierra. El pasado 12 de enero, intentaron convencer al rector del CucSur de que se les abra paso a sus propiedades, confiados en que el trabajo ejemplar de sus dos jueces ya no podrá ser combatido.
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Es un proceso viciado que será revertido: Ejecutivo
El proceso mediante el cual el juez segundo de lo civil de Autlán, José Guadalupe Lomelí González, entregó a particulares el predio de Las Joyas, se revertirá en segunda instancia, debido a que el gobierno del estado, como propietario del terreno, y la Universidad de Guadalajara (UdeG), como posesionaria, no fueron notificados de dicha resolución.
Así lo declaró Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, quien, luego de enumerar varias irregularidades que detectó el Poder Ejecutivo, calificó como de "proceso viciado" aquel mediante el cual el citado juez entregó 1,245 hectáreas del predio Las Joyas en Manantlán a Tomás Zamora López y otros 20 particulares, pese a que es propiedad del gobierno de Jalisco desde 1984, y que fue cedido en comodato a la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 25 años. La UdeG tiene ahí su estación científica de la sierra de Manantlán.
Fernando Guzmán explicó que fue "un proceso legal que se da sin notificar debidamente al estado como propietario y a la Universidad como posesionaria de estos predios. Por lo tanto, es una resolución que tiene todos esos vicios".
Se le preguntó si consideraba que había mala fe del juez: "Pues no podemos aventurarlo, pero ciertamente, un proceso en donde no se demanda a quienes efectivamente son los interesados, o pueden tener un legítimo derecho, ciertamente es un proceso viciado y por lo tanto caerá".
El secretario de Gobierno reiteró que el Poder Ejecutivo nunca fue notificado por el juez segundo de lo civil de Autlán del proceso y que fueron enterados gracias a la vigilancia que el gobierno mantiene en la zona. "Simplemente nos dimos cuenta cuando pretendían estas personas hacer efectiva esta resolución, y esto no se permitirá". (Rubén Martín)
