Julia Carabias Lillo, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) del gobierno de Ernesto Zedillo, pide al Ejecutivo de Jalisco actuar para rescatar de la pifia judicial a la propiedad estatal de Las Joyas, donde se ubica la estación científica de la Universidad de Guadalajara, base de su proyecto en Manantlán.
"La fragilidad jurídica en la que se encuentran las áreas naturales protegidas en nuestro país constituye un severo riesgo para la protección del patrimonio natural nacional", señala la hoy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un artículo difundido por científicos de la UdeG.
Carabias destaca que, "debido a su crecimiento y logros, el laboratorio fue convertido, en 1993, en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad […] Tanto el Imecbio como la estación han sido claves, mediante sus programas de licenciatura y posgrado, para la formación de cientos de profesionistas en áreas del conocimiento estratégicas para el país, como son la ecología y las ciencias ambientales, así como el manejo del fuego".
La califica como "una reserva modelo en cuanto a la compatibilidad de la protección de los recursos naturales y el desarrollo social y económico de las comunidades agrarias y propiedades privadas ubicadas en su interior".
Sin embargo, "esta historia de éxito, de las que existen muy pocas en el país, se encuentra amenazada por el insólito fallo del juez segundo de lo civil de Autlán, quien despojó al gobierno de Jalisco de 900 hectáreas del predio de Las Joyas [junto con las tierras del ejido Ahuacapán y de un predio privado adyacente] y las entregó a particulares, sin notificar ni al gobierno del estado ni a la UdeG. Los afectados se enteraron, posteriormente, de manera accidental. La sentencia se basa en unas escrituras que ya habían sido anuladas desde 1988, entre muchas otras irregularidades".
Si bien hoy el juez está separado del cargo, "la sentencia dictada por éste aún no está revocada y el procedimiento sigue su curso […] Toca ahora al gobierno del estado, propietario legal del predio, actuar con prontitud e interponer un amparo para la plena restitución de las propiedades y que la sentencia no cause hecho [...]".
