Cuenta Sedeur con 200 mdp para segunda y tercera etapas del Macrobús: Carmona

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Aunque la inversión para la ruta del Macrobús en la calzada Independencia rondará los 600 millones de pesos, el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, anunció que existen apenas 200 millones de pesos para iniciar en 2009 lo que serán la segunda y tercera etapas, que deberá ir desde Tesistán hasta Tonalá, pasando por Avila Camacho, Alcalde y Revolución, aunque todavía no se han definido los detalles ni se ha logrado atraer inversión privada para terminar la infraestructura necesaria.

“En la actualidad no está totalmente terminado con sus detalles, eso dependerá que se defina el proyecto de inversión. Si es de inversión pública con participación privada será algo que nos dé luz para el próximo año estar iniciando. De entrada, en el proyecto 2009 tenemos 200 millones de pesos para iniciar a reponer algunos carriles en donde se defina de acuerdo con el proyecto que sea el arranque”, dijo Carmona Ruvalcaba.

Agregó que la ruta 1, que incluye 16 kilómetros desde la barranca de Huentitán hasta Miravalle a lo largo de la calzada Independencia y avenida Gobernador Curiel, lleva un avance en general superior al 90 por ciento y estará listo para ponerse en marcha en enero, si bien antes deberá estar lista toda la parte de automatización necesaria para darle fluidez al tráfico del Macrobús. Recordó que la cantidad original comprometida fue de 520 millones de pesos.

“Si acaso es un poco más, no creo que llegue a los 600 millones, porque el proyecto de infraestructura contempla el arbolado en la calzada Independencia que forma también parte del proyecto panamericano”, explicó.

Organizan ONG asamblea estatal para diagnosticar nivel de deterioro ambiental

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Con miras a lo que será la primera Asamblea Estatal de Afectados Ambientales, varias asociaciones, grupos y colectivos se reunieron el miércoles pasado para comenzar a organizar lo que será un diagnóstico minucioso de los problemas ambientales en Jalisco; el ejemplo del trabajo que se intenta hacer a nivel estatal es el mapa que en septiembre pasado presentó por primera vez Un Salto de Vida, en el que se da cuenta de los problemas ambientales que aquejan la cuenca del Ahogado.

El objetivo de realizar esta asamblea es comenzar a articular el trabajo de los grupos y vincular los problemas del campo con los de las ciudades, señaló Octavio Rosas Landa Ramos, miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, organización que organiza talleres donde se explica cómo generar los mapas donde se identifican los problemas ambientales territorialmente.

Indicó que después de que se celebre la asamblea estatal, en marzo de 2009, se planea celebrar la tercera asamblea nacional de afectados ambientales en El Salto.

Rosas Landa señaló que este tipo de mapas ayuda a ver cómo se estructuran los conflictos ambientales en torno a grandes proyectos de infraestructura; en ese punto recordó que la forma en que los distintos niveles de gobierno administran estos conflictos es la misma: “cuando los gobiernos estatales o municipales se topan con la resistencia de las comunidades, procede a la dilación y diluye las responsabilidades para que la gente no sepa a quién reclamarle, así provocan la impaciencia y al menor atisbo de reclamo organizado reprimen; así pasó en Atenco y en otros lugares, y eso mismo estuvo a punto de suceder cuando la gente de El Salto intentó cerrar el basurero”.

Este tipo de herramientas sirven a su vez para abordar los problemas ambientales con una visión más integral, pues a través de las descripción de lo que sucede en el territorio se puede ver que lo que afecta a las comunidades rurales incide en otros sitios y a su vez en la economía de quienes viven en las ciudades. De ahí, la importancia de que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara tomen conciencia de que lo que acontece en El Salto repercutirá inevitablemente en la ciudad.

Landa Ramos señaló que el caso de El Salto es emblemático de lo que sucede en el país y puede considerarse un espejo de otros casos tanto a nivel macro como micro; hacer una microhistoria de El Salto –dijo– puede explicar la historia ambiental del país y su relación con los temas económicos.

“Lugares como El Salto son ejemplo de cómo parece que los gobiernos y los capitales privados toman la macabra decisión de que hay pueblos que pueden ser sacrificados en aras del progreso; son lugares que reciben todos nuestros residuos, donde la gente vive hacinada en casas mínimas, donde hay una urbanización feroz y lo único que se le ofrece a la gente son tiendas de conveniencia o centros comerciales. Eso representa El Salto para Guadalajara y México para Estados Unidos”.

Pero en opinión de Landa Ramos, a todo esto hay que agregar otro elemento: la actual crisis, que no es de ganancias únicamente, sino también ambiental y tecnológica. En ese punto habló de que las crisis se neutralizan con la destrucción, incluyendo la de vidas humanas. “Después, el negocio viene con la remediación. Ahí está el proyecto de la macro planta que supuestamente va a resolver los problemas de contaminación del agua y que probablemente sea tan obsoleta como todas las plantas de tratamiento del país. Es un negocio que de cualquier forma no resuelve el problema de fondo, que es cómo evitar que se contamine el agua”.

Indicó que la Asamblea de Afectados Ambientales se ha vinculado con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para crear el Observatorio Socioambiental, donde los mapas que se van generando se integran en un servidor que va generando un diagnóstico de todo el país y que se puede consultar en la página electrónica www.unionccs.net.

Intereses inmobiliarios limitan protección a la barranca

Comité Salvabosque del Nixituil cuestiona proyecto de área protegida que defiende la Conanp, del cual se desmarcaron en la consulta del 17 de diciembre

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Vecinos integrantes del Comité Salvabosque de El Nixticuil criticaron el proceso de la consulta pública promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para el área de protección de recursos naturales de las barrancas de los ríos Santiago y Verde, por considerar que fueron excluidos importantes polígonos del bosque que defienden, a favor de los intereses inmobiliarios de la ciudad.

En una carta enviada al director regional de la Conanp, Alberto Elton Benhumea, señalaron las causas de su inasistencia al foro realizado el pasado 17 de diciembre, entre las que destacan también la falta de respeto a las propuestas de las organizaciones ciudadanas.

"Los estudios justificativos, el polígono de protección, ni ningún otro dato técnico sobre el bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente están incluidos en esta Propuesta de Área Natural Protegida, por lo que puede afirmarse que tal propuesta está incompleta y por tanto presenta serias inconsistencias […]".

Preocupa que 278 hectáreas que fueron excluidas, y son esenciales para la recarga de más de un millón de metros cúbicos de agua.

Esa superficie en cuestión "son propiedad de distintos corporativos y empresarios que promueven distintos proyectos inmobiliarios que implican la destrucción de las mismas; por lo que esta se mantiene como la única evidencia clara que explica el porqué estas zonas no fueron protegidas".

La organización ciudadana menciona los siguientes proyectos inmobiliarios: El fraccionamiento La Cima, de Abelardo Garciarce Ramírez, dueño del grupo refresquero mas grande del país, el Consorcio AGA; el fraccionamiento San Lorenzo, propiedad de Luis Miguel Moreno Gómez, "que flanquea la misma cañada por el lado contrario a La Cima, desde Colinas del Rey"; el fraccionamiento Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mora, sobre dos hectáreas.

El fraccionamiento Mirasierra, del fideicomiso BBVA Bancomer "que pretende extraer más de un millón de litros cúbicos anuales y la construcción de un fraccionamiento de seis mil viviendas que cercaría al bosque y destruiría parte de él", añaden. El fraccionamiento que impulsa el ejido Zapopan "sobre el área conocida como La Roblera, que ha provocado incendios, el derribo de docenas de árboles y el seccionamiento del bosque".

Finalmente, el Parque de Investigación Científica y Tecnológica del Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara "que pretende la destrucción de más de 17 mil árboles en una extensión de 51 hectáreas", así como 32 hectáreas en el núcleo de El Nixticuil, "en el que existen intereses inmobiliarios por parte de los dueños del fraccionamiento 'ecológico' [sic] Los Guayabos".

El respeto a esos fraccionamientos demuestra que el daño al patrimonio natural es nada al lado del peso de los intereses económicos, concluyen.

La disputa por la barranca

Última consulta pública del área protegida de los ríos Santiago y Verde deja en suspenso la eventualidad de que se protejan; inconformidad de propietarios y tibia defensa de autoridades al proyecto

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El caprichoso contorno del polígono de 56 mil hectáreas de la propuesta de área natural protegida de los ríos Santiago y Verde, al norte de Guadalajara, se parece a uno de esos dragones chinos popularizados con la Olimpiada de Pekín.

Para muchos de sus habitantes, campesinos temporaleros y ganaderos extensivos, la sola idea de proteger por decreto fue definida ayer, 17 de diciembre de 2008, así: monstruosa, pues dará al traste con la calidad de vida de que gozan –lo cual es un decir-. Para sus defensores y promotores, el dragón puede dar suerte y traer felicidad, como los legendarios gigantes orientales.

Por la tarde, en el Centro de la Amistad Internacional, se vivió la última jornada de consulta pública del área de protección de recursos naturales, que tendría un decreto presidencial a más tardar el 5 de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente.

Quedó patente la deficiente forma de promover sus bondades por las autoridades gubernamentales, así como los numerosos fantasmas, viejos y difíciles de disipar, que las áreas protegidas tienen para los propietarios de bosques y selvas. Por ejemplo, no se supo vender que el decreto acelerará el saneamiento del río Santiago, cuya contaminación constituye el principal reclamo de los moradores, como recordó Cristóbal Castro, ex alcalde de San Cristóbal de la Barranca. Nada los convenció de que no se trata de un decreto expropiatorio, el mito más viejo en el tema.

La defensa corrió a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) –Alberto Elton, director de la región occidente, y Martín de la Rosa- y de las voluntariosas organizaciones civiles, mientras los funcionarios estatales y municipales fueron meros espectadores. Esto mandó otro mensaje equivocado: que el proyecto, aunque jurídicamente sujeto a los tres ámbitos de gobierno, se vea como imposición "del centro".

Ejidatarios y parvifundistas de San Cristóbal e Ixtlahuacán del Río piensan que la medida sólo defiende los intereses de la zona metropolitana de Guadalajara –agua para Arcediano-, metrópoli que arrastra medio siglo de contaminar sus ríos. "Es como pedirle a Dios que se haga su voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. Primero limpien el río, después veremos", condicionó don Felipe Dueñas.

Otros piensan distinto. Jesús Palacios Orozco pidió recapacitar: el río se sanea más rápido con decreto; hay que perderle el miedo a los nombres, "dejemos de satanizar… todos queremos conservar, pero el nombrecito (de área protegida) nomás no nos gusta…".

Tampoco es claro de qué modo se valorarán las opiniones de la consulta, y cómo pesarán en el decreto final, que "no es hecho consumado", según advertencia de Elton. Todo pasará a manos de la Comisión Federal Regulatoria y habría un decreto en seis meses. O no lo habría: es una historia que aún no tiene final.