La Conafor admite pifia en sus cifras

Fue un "error humano"; la superficie reforestada sí es menor. Se exageró en el informe presidencial en 1,400% la superficie de plantaciones comerciales de 2007

Reforestación. Las plantaciones comerciales fueron la categoría con errores de registro en el Informe. Foto: Público

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Sí hubo "cuentas chinas", pero sin dolo, aseguró ayer la Comisión Nacional Forestal (Conafor), luego de reconocer que las cifras publicadas en el II Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, relativas a plantaciones forestales comerciales, están equivocadas, e inflan en 1,400 por ciento los resultados en la materia, y en más de 20 por ciento los correspondientes a la superficie reforestada total de 2007, como lo señaló Público en su edición del 26 de enero pasado.

Parte de la confusión, explica la dependencia, nació de ofrecer dos cifras diferentes: la de hectáreas correspondientes a proyectos que buscaron el apoyo (155,938 ha), y la de los proyectos efectivamente apoyados (131,161 ha), pero, sobre todo, deriva de no aclarar que, en ese momento, la superficie establecida apenas rebasaba diez mil ha.

El error está reforzado con la leyenda que acompaña los gráficos generados para el efecto: "La superficie reforestada con fines de plantaciones forestales comerciales son las hectáreas plantadas, verificadas y pagadas", advierte el informe en un cuadro de la página 398.

El texto presidencial vuelve a confirmar los datos erróneos cuando se dan las cifras totales de superficie reforestada del país (la suma de la reforestación "para conservación", que es el programa más grande, que cubrió 424.4 mil ha, y las plantaciones comerciales, 155.6 mil ha): "En 2007 se reforestaron alrededor de 580.4 miles de hectáreas, de las cuales 73 por ciento, es decir 424.4 miles de hectáreas, fueron con fines de conservación…". Es decir, queda claro que la diferencia entre las dos cifras, que asciende a 155.6 mil ha, son las plantaciones comerciales, 1,400 por ciento arriba de la cifra real.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada, reiteró ese error en un discurso en la Expo Forestal el 4 de septiembre de 2008, en Guadalajara: "En el año 2007 estas plantaciones cubrieron una superficie de casi 156 mil hectáreas, y en 2008 tenemos un registro de 77 mil hectáreas más…".

La corrección de datos llegó ayer. El texto enviado a este diario destaca: "La cifra mencionada en la tabla de página 398 del Segundo Informe de Gobierno (155,938 ha) es producto de un lamentable error al proporcionar la información. Esa cifra corresponde a las hectáreas totales que arrojaba el consolidado de las solicitudes recibidas originalmente, antes de ser calificadas. Una vez hecha la calificación, la cifra real es de de 131,161 ha. La prueba de que se trata de un error humano y no de mala fe al informar es que la cifra correcta aparece en la tabla de la página 400. Cabe aclarar otra imprecisión: el asterisco que afirma que las hectáreas verificadas equivalen al número total del área asignada a plantaciones forestales comerciales no corresponde a esa categoría. Sólo al concluirse el proceso se puede calificar una hectárea como verificada. Esto, lógicamente, excluye la posibilidad de que el área total asignada haya sido verificada todavía, ya que sus procesos no han concluido".

El 10 de noviembre de 2008, la Conafor informó a un ciudadano que se habían consolidado 10,871 hectáreas de plantaciones apoyadas en 2007. Ayer, el texto aclaratorio enviado a este diario actualiza la cifra: "La superficie verificada hasta el momento es de 18,297 ha".

Es normal. Los que acceden a estos apoyos tienen dos años para cumplir y, además, el nivel de cumplimiento en los últimos años no ha rebasado 30 por ciento.

La norma vigente para el programa de plantaciones indica que el dinero se deposita en el Fondo Forestal Mexicano, "los recursos se entregan a los beneficiarios contra la presentación de informes de verificación y la sobrevivencia obtenida de las plantaciones o, en su caso, se pueden adelantar los subsidios mediante la entrega de una fianza que se libera cuando se realiza la verificación señalada", añade el texto aclaratorio.

Si no se cumple con la meta de dos años, "los beneficiarios pueden solicitar una prórroga de nueve meses adicionales". Ayer había en curso 465 solicitudes de prórroga.

Abren proceso en contra de juez del caso Las Joyas

El secretario de Gobierno del estado cree que hubo complicidad. El juez podría ser inhabilitado

Guadalajara. Rubén Martín. PÚBLICO-MILENIO

La actuación del juez José Guadalupe Lomelí González, quien emitió una resolución que entregó a particulares el predio de Las Joyas, de propiedad estatal, es una conducta grave que podría llegar a la suspensión definitiva.

Así lo anticipó el presidente del Poder Judicial del estado, Celso Rodríguez González, al confirmar que el pleno de la Judicatura estatal decidió iniciar un procedimiento en contra del juez segundo de lo Civil en Autlán, cuya decisión afectó 2,700 hectáreas de predios ejidales y estatales que entregó a particulares. En una parte de estos terrenos está asentada la estación científica de Las Joyas, que es propiedad del gobierno del estado y que está en posesión de la Universidad de Guadalajara.

Interrogado sobre la investigación en contra del juez Lomelí González, Celso Rodríguez dijo que "la ley nos faculta a separar del cargo, cuando haya una falta aparentemente grave, y en este caso así era, y entonces le vamos a seguir procedimiento a efecto de continuar la investigación del juez".

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado explicó que, además de una queja interpuesta por una de las partes afectadas (la Universidad de Guadalajara), los integrantes del Consejo de la Judicatura tomaron en cuenta las publicaciones en medios donde se expusieron las conductas indebidas del juzgador. "Hay publicaciones y hay queja escrita y también eso nos obligó a tomar la decisión a la que llegamos todos los consejeros".

Sobre las sanciones que podrían imponerse a este juez, el magistrado Celso Rodríguez detalló: "Tenemos sanciones que nos establece la ley, que son la llamada de atención en privado, en público, separación por determinado tiempo de sus funciones y, cuando la falta lo amerita, la suspensión definitiva". Ya antes había señalado que en este caso se trata de una falta grave.

Celso Rodríguez no se animó a opinar qué influyó en la conducta del juez Lomelí González: si la presión de una de las partes interesadas o incluso la corrupción: "No podemos hablar todavía de elementos que serán motivos de analizar en la resolución final del procedimiento. Consideramos de entrada que la falta es grave y, aun cuando pudiera darse o no, la suspensión es sana a efecto de llevar a cabo el procedimiento".

A pesar de la separación del juez que falló esta resolución, el procedimiento sigue su curso. El presidente del Poder Judicial explicó que "sigue el procedimiento normal: si una decisión de un juez es apelada, se admite y tendrá que venir a apelación con los jueces de segundo instancia, y sí podría ser modificada, revocada o confirmada".

Por su parte el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, se complació de la decisión del Consejo de la Judicatura, pues confirma que "hubo irregularidades graves, gravísimas, y no tenemos duda de que la sentencia tendrá que concluir con la anulación de la misma". Según el funcionario estatal, más que un error del juez, hay complicidad.

La UdeG aplaude la decisión Como una decisión acertada y hecha a tiempo calificó el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado, la determinación del Consejo de la Judicatura de cesar al juez segundo de lo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, quien emitió un resolución con la que se despojó del predio Las Joyas a la UdeG y al gobierno del estado: "Si las irregularidades fueron por razones de incompetencia, se justifica la decisión del Consejo de la Judicatura; si fue por otras razones, si hubo dolo, pues con más razón […] Yo creo que fue una muy buena medida, fue a tiempo, antes de que esa determinación tuviera efectos quizás irreversibles. Se protegió no solamente un espacio importante para la Universidad, sino un patrimonio ecológico de Jalisco". (Guadalajara. Natalia Barragán)

La contaminación del Santiago ameritó una macrorrecomendación

Son 172 puntos; se recomienda la reparación del daño a quienes perdieron patrimonio y salud, con el gobierno de Jalisco como principal destinatario; además de la CEA, el SIAPA y varios ayuntamientos, pero también hay exhortos a actuar a otros sectores sociales.

La contaminación del río Santiago es evidente para cualquier vecino y visitante, pero prácticamente todas las autoridades que deberían atender el problema han evadido el tema. Foto: Humberto Muñiz

Guadalajara. Maricarmen Rello. PÚBLICO-MILENIO

Tras acreditar plenamente perjuicios graves a la salud y calidad de vida de los habitantes en los márgenes río Santiago, a causa de la contaminación del afluente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) giró una macrorrecomendación al gobernador Emilio González Márquez, a catorce presidentes municipales y a diversos funcionarios públicos, a quienes exhortó a iniciar a la brevedad acciones para revertir los daños e incluso pagar la reparación de lo ocasionado.

Se trata de una recomendación sin precedente en la historia de la entidad y del país: un documento con 172 puntos recomendatorios que, entre otros, prevé la creación de un patronato para la atención de las víctimas del daño ambiental, de una agencia interdisciplinaria y de un fideicomiso para financiar la reparación del daño, estudios específicos y auditorías a los manifiestos de impacto ambiental.

Asimismo, contiene propuestas en materia de reformas legales y prevé la creación de una norma estatal de medio ambiente y acciones que incumben a toda la cuenca de El Ahogado, pues, se argumenta, se requiere de una "visión integral" ante la grave contaminación del río Santiago (ver anexo).

Durante la presentación de esta recomendación, primera del año, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sostuvo que, luego de analizar 94 evidencias recabadas e informes rendidos por las autoridades, se comprobó la violación a doce derechos humanos: a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al agua; a la salud; a la alimentación; al patrimonio; al desarrollo; a legalidad; a la seguridad social; al trabajo; a la vivienda digna, a la democracia y a los derechos de niñas y niños.

A pregunta expresa, indicó que todos los conceptos de violación son graves y, por tanto "todo es muy urgente y muy necesario" de resolverse. Explicó que se considera al gobierno del estado "como el principal responsable, al que se dirige la mayor parte de la recomendación, para que gire instrucciones a las dependencias competentes y se atiendan todos estos puntos recomendatorios".

Tras el titular del Ejecutivo, también dirige recomendaciones expresas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y a los ayuntamientos de Arandas, Atotonilco, Tototlán, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara.

La llamada macrorrecomendación del río Santiago consta de 275 páginas, con cuatro grandes capítulos y varios apartados. En uno de ellos destaca la creación de un patronato.

Al respecto, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Tercera Visitaduría General (la instancia a cargo de la integración de la queja), explicó que entre los 172 puntos recomendatorios se encuentran los mecanismos para la reparación del daño. "De hecho hay un capítulo especial, de la propuesta para la creación de un patronato, de hacer los estudios específicos para cada caso y determinar los montos a que tengan derecho las personas que han sido afectadas en su patrimonio, en su salud, en sus bienes en general", dijo, tras acotar que hay otros apartados, basados en los principios fundamentales del derecho, "de tal modo que es un documento muy sólido".

Las autoridades tienen diez días naturales para responder si aceptan las recomendaciones.

Ésta, la recomendación 1/09, aborda la corresponsabilidad de otros actores, por lo que, "de manera respetuosa", la CEDHJ también emite exhortos (que no recomendaciones) a la distintos sectores de la sociedad, universidades, académicos y empresarios, algo que fue elogiado por los representantes de organismos de la sociedad civil que interpusieron el escrito de queja en mayo de 2007: el Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), bajo el folio 986/07/III. A ésta, posteriormente se acumularon 127 quejas, la última en 2008: 7286/08/III.

"Considero que hemos hecho un buen trabajo", concluyó Álvarez Cibrián, pese a que la queja tardó en resolverse más de lo que el propio ombudsman estimó. De cualquier modo, la CEDHJ emitió un Informe Especial sobre la contaminación del río Santiago (febrero 13 de 2008) y, a lo largo de su indagatoria, dictó varias medidas cautelares, la mayoría de ellas no aceptadas.

Aun con estos antecedentes, el ombudsman dijo confiar: "Ojalá que se empiecen a ver resultados, que se empiecen a ver acciones y que esto sea la oportunidad histórica que tenga sociedad y gobierno para revertir este gran daño que se le ha generado a nuestras aguas, a nuestro río Santiago". Y agregó: "La esencia de nuestras recomendaciones no es entrar a un debate, ni a una discusión, ni mucho menos a un litigio; estas recomendaciones son para aceptarse, son para cumplirse. Nosotros esperamos entonces que esta oportunidad… sea aprovechada por nuestras autoridades".

Para el Instituto VIDA y el Imdec, en cambio, la macrorrecomendación abre la puerta para fomentar otros "mecanismos de justiciabilidad" y para exigir, como sociedad civil, que se frene la contaminación del río Santiago y el daño a mujeres, hombres y niños que aspiran la pestilencia y tóxicos emanados de sus aguas.

Industriales admiten responsabilidad compartida Para la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), la macrorrecomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en torno a la contaminación del río Santiago es "puntualísima" y "era necesaria", porque termina con la satanización que se había hecho del sector industrial como único responsable de los contaminantes, manifestó el presidente de ese organismo, Jesús Lara Herrera.

El representante de las alrededor de 60 empresas instaladas en el corredor de El Salto reiteró que la industria no es la única generadora de contaminantes al río y atribuyó a los desechos domésticos y de talleres clandestinos la principal responsabilidad.

"En el caso concreto del río Santiago, [las aguas industriales] son una contribución discreta, comparada con el volumen gigantesco de aguas domésticas que, en el caso de una ciudad como la nuestra, no sólo llevan desechos domésticos, sino de pequeños talleres e incluso de industrias clandestinas que descargan sus aguas en las aguas municipales".

Tras la recomendación, "ahora falta que todos asumamos nuestra responsabilidad, autoridades municipales, el gobierno del estado y el resto de los actores, uno de los cuales somos nosotros", añadió.

Según el industrial, las empresas del corredor tienen 40 plantas de tratamiento de aguas y este año invertirán "varios cientos de miles de pesos" . En cambio, denunció, hay ayuntamientos que no tratan sus aguas. Admitió que "otro montón" de industrias no socias de AISAC descargan sus aguas al Santiago, pero dijo desconocer los detalles. (Guadalajara. Patricia Romo Sahagún)

Puntos destacados de la macrorrecomendación 1/09 Al gobernador Emilio González Márquez, que gire instrucciones para: Solicitar a la Secretaría de Gobernación la emisión de una declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, para la utilización del fondo revolvente.

Iniciar los trámites para que el Ejecutivo federal declare zona de restauración ecológica los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Ejecutar un sistema de captación de aguas de lluvia y la protección de fuentes pequeñas de agua limpia en la ciudad.

Elaborar el capítulo ambiental del Plan Estatal de Desarrollo, con proyección a 50 años.

Proponer una reforma para dotar a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de autonomía, personalidad y patrimonio propio.

Crear una agencia para el desarrollo interdisciplinario, de participación ciudadana, de carácter autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propios, facultada para sancionar y tomar las medidas preventivas, que vigile los procesos de tratamiento de todas las industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago.

Adoptar un sistema local de monitoreo de la contaminación del aire originada por el río, que diariamente informe a los habitantes.

Reubicar, de manera consensuada, todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán.

Reparar los daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes muebles e inmuebles, su salud, educación, trabajo, actividades laborales, culturales y turísticas.

Realizar estudios ambientales, epidemiológicos y psicológicos a los vecinos de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.

Ofrecer en la infraestructura de salud en estos municipios, servicios gratuitos en oncología, dermatología, vías respiratorias, gastroenterología y oftalmología.

A los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas: Iniciar los procedimientos administrativos tendientes a la revocación de licencias, permisos de construcción y constancias de habitabilidad, que pretendan ubicarse en las márgenes del río Santiago.

Destinar los recursos económicos necesarios para valorar la afectación que la contaminación del río ha provocado a los habitantes de su municipio, para determinar monto e indemnización del daño.

Exhortaciones

A los senadores y diputados federales por Jalisco y al Congreso del Estado se les pide:

Gestionen y asignen recursos económicos para atender la contaminación del río Santiago a su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Normen de manera explícita la emisión de gases a la atmósfera y olores pestilentes.

Exhorten a la Procuraduría General de la República para que las averiguaciones previas que se integran por la contaminación del río Santiago, impongan sanciones ejemplares a quienes han dañado la salud y el ecosistema en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

Convoquen a la integración de consejos de subcuenca

Prevean la obligación de las empresas y particulares de garantizar la reparación del daño cuando ocasionen perjuicios en suelos y aguas del río Santiago.

Al Poder Judicial del Estado

Promueva la creación de un tribunal de justicia especializado en asuntos ambientales.

A las distintas expresiones de la sociedad civil organizada:

Fortalezcan la organización colectiva, definan estrategias y jerarquicen acciones para compartir el interés en los temas ambientales.

A las cámaras industriales y grupos empresariales del estado:

Elaboren un informe que explique sus procesos productivos y su interacción con el medio ambiente . Que los grupos empresariales asentados en la zona ratifiquen su convicción de protección a los derechos humanos y al ambiente.