Se instalarán 27 sonares en la Costa de Jalisco para detectar tsunamis

Lorena Moguel – EL INFORMADOR

Puerto Vallarta.- Debido a la zona sísmica en la que se encuentra la Bahía de Banderas, autoridades de Protección Civil, coincidieron en la necesidad de instalar a lo largo de la Costa de Jalisco 27 estaciones conocidas como sonares, con el propósito de monitorear posibles tsunamis que se puedan registrar en la zona debido a los movimientos que se han detectado en las últimas décadas en las fallas de Cocos y de Rivera, ubicadas en las Costas del pacífico.

Lo anterior quedó establecido en la reunión Interinstitucional que convocó la Unidad de Protección Civil de Jalisco, en la cual participó Bahía de Banderas, Nayarit.

José Trinidad López Rivas, titular de Protección Civil de Jalisco, explicó que de las 27 estaciones que se conocen también como sonares, se colocarán a lo largo de la costa del estado de Jalisco, cuatro de ellas serán instaladas en la zona marina de la Bahía de Banderas que corresponde a Puerto Vallarta.

Explicó que estas estaciones instaladas en el mar, emitirán señales a otras estaciones auditivas puestas en tierra, las cuales, a su vez, emitirán un sonido con un alto grado de decibeles de tal manera que pueda ser escuchado por las personas tanto de día como de noche con la finalidad de evacuar de inmediato las zonas de peligro aledañas a la orilla del mar.

Se dio a conocer en la reunión que cada una de estas estaciones tiene un costo aproximado de 31 mil dólares. El mecanismo de colocación de estos sonares para proteger a Puerto Vallarta, se basó en una distancia de aproximadamente dos kilómetros entre cada una de las cuatro, las cuales podrían estar funcionando dentro de un mes y medio.

Como dato adicional, con información del Instituto de Geofísica de la UNAM, nuestro país se encuentra en una región del planeta que desde hace tiempo ha estado afectada por los sismos y lo seguirá estando.

Lo anterior obedece a que las placas de Cocos y de Rivera, que se encuentra al sur y sureste de México, en el océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa Norteamérica, de la cual forma parte la placa continental del país.

Van ONGs vs. Conagua

El pasado 6 de marzo un grupo de senadores, encabezados por el priista Ramiro Hernández (izq.), visitaron el Río Santiago para conocer la polución. De lentes el gerente regional de Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez


Proponen denunciar a la comisión por negligencia. Invitan a participar a El Salto, Juanacatlán y a los afectados de zona del Ahogado

Mariana Jaime - MURAL

Ante la falta de acciones en la Cuenca El Ahogado, autoridades municipales y organizaciones sociales y civiles proponen a los municipios y ciudadanos afectados demandar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El motivo de la demanda sería el incumplimiento en la protección de la calidad del agua del Río Santiago y negligencia en la vigilancia de descargas tóxicas de las industrias, según se comentó en el taller "Saneamiento Integral para la Cuenca El Ahogado", al que convocaron los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán el fin de semana pasado.

En dichas jornadas participaron la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Semades, la Asociación de Industriales de El Salto, consultores nacionales y expertos de la Universidad de Guadalajara, el ITESO y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

En conjunto, las instituciones también concluyeron que es fundamental que la Conagua designe más inspectores para la Cuenca del Río Santiago y acredite a funcionarios de los ayuntamientos, la CEA, el SIAPA, la Profepa, la Proepa y a integrantes de la sociedad civil, como vigilantes del organismo nacional, creando así la Instancia Mixta de Monitoreo y Vigilancia especial para la zona.

Asimismo, indicaron que el proyecto de la CEA para la cuenca tiene una visión parcial e insustentable, que carece de un plan de saneamiento integral, pues la macroplanta de tratamiento de El Ahogado sólo se enfocará a aguas residuales municipales y de algunas industrias con niveles bajos de contaminación, mas no considera las descargas industriales y agropecuarias.

Para llevar un control verdadero de las descargas será necesario elaborar un inventario completo de las industrias, en el que se incluya el volumen que descargan y las características con base en la materia prima, productos y subproductos de cada instalación industrial o agropecuaria.

Los participantes recomendaron que las inspecciones a las empresas tengan carácter interinstitucional y en ella se involucren expertos y ciudadanía.

La forma de realizarlas sería sin previo aviso y con operaciones nocturnas en las que se tomen muestras compuestas a diferentes horas, además de instalar medidores totalizadores en cada empresa, para conocer los volúmenes totales de las descargas y los horarios.

Con la información que hasta el momento se tiene de las compañías, en el taller se pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno clausurar temporalmente a las empresas a las que se les ha comprobado que vierten contaminantes tóxicos que representan un peligro a la salud pública.




Las razones

La propuesta de demanda contra la Comisión Nacional del Agua tiene tres razones principales:

· Falta de acciones efectivas en la zona.

· Incumplimiento en la protección de la calidad del agua del Río Santiago.

· Negligencia de los inspectores sobre las descargas tóxicas.

Restaurar Cuenca del Ahogado, proponen en jornada de trabajo

La Jornada Jalisco

Tras la jornada de trabajo Hacia una agenda para el Saneamiento integral de la Cuenca del Ahogado y el taller Saneamiento integral para la Cuenca del Ahogado, convocado por los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán y organizaciones sociales y civiles de la zona, se llegó a conclusiones y propuestas esenciales para restaurar la cuenca y garantizar la salud y seguridad de la población, informó el Ayuntamiento de El Salto.

Según el municipio, el proyecto de la Comisión Estatal de Agua (CEA) para la Cuenca del Ahogado es insustentable, refleja una visión parcial y no existe un plan de saneamiento integral para la zona, ya que la Macro-Planta de Tratamiento de El Ahogado (PTRM) sólo tratará aguas residuales municipales y las de algunas industrias con niveles bajos de contaminación y creen que no daría respuesta suficiente a la emergencia ambiental en la zona, porque aunque las aguas residuales industriales sean menores en volumen, son mayores en términos de la toxicidad de los contaminantes vertidos.

A través de un comunicado firmado por el Ayuntamiento y las asociaciones que participaron en las mesas de trabajo, se informó que las únicas acciones contempladas para controlar las descargas industriales y agropecuarias son las de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de la NOM-001-SEMARNAT-1996, que no es una norma suficiente para proteger la salud y seguridad de la población, ya que sólo regula 25 parámetros y permite la descarga de muchos contaminantes a los cuerpos de agua.

Para lograr un control de las descargas industriales en la cuenca se propuso desarrollar una lista de las industrias donde se incluya el volumen descargado y su caracterización. En las mesas del taller urgieron a fijar condiciones particulares de descarga a las empresas instaladas en la Cuenca del Ahogado con base en la materia prima, productos y subproductos de cada industria.

El Ayuntamiento de El Salto señaló la necesidad urgente de crear una instancia mixta de monitoreo y vigilancia para la Cuenca del Ahogado, donde coincidan expertos, gobierno, industria y sociedad civil para proponer y dar seguimiento a acciones preventivas y correctivas de fuentes de contaminación en la cuenca y que revise y valide los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, con base en la caracterización de la descarga.

Se recomendó que las inspecciones de las empresas sean de carácter interinstitucional y con participación ciudadana y de expertos a través de operaciones sin aviso, incluyendo operaciones nocturnas y muestras compuestas de 24 horas; se sugirió también la instalación de medidores totalizadores en cada empresa para conocer los volúmenes totales de las descargas y detectar si se realizan descargas nocturnas; además se pidió que las autoridades competentes clausuren temporalmente industrias donde se comprobó que sus descargas de contaminantes tóxicos representan un peligro para la salud pública.

La conclusión del taller fue que es fundamental que se involucre Conagua, que por ser la responsable de las aguas nacionales debe designar mayor número de inspectores para la cuenca del río Santiago y acreditar a funcionarios de los ayuntamientos, CEA, SIAPA, Profepa y Proepa, y a integrantes de la sociedad civil como inspectores acreditados.

Se propuso a los municipios y ciudadanos afectados por la contaminación del río Santiago que inicien demandas contra Conagua por incumplimiento y negligencia de los funcionarios en la vigilancia de las industrias con descargas tóxicas.

Indígenas, contra proyectos que afecten su territorio y cultura

Exigen castigo a alcaldes de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla


Indígenas reunidos en el vigésimo CNI, que concluyó el domingo, se pronunciaron contra la explotación de sus hombres y mujeres en el campo y las ciudades: Foto Arturo Campos

Hermann Bellinghausen - LA JORNADA JALISCO

Tuapurie, 10 de marzo.- Al concluir la vigésima reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el paraje Awatsiat’a (o Ciénaga de los Caballos) en territorio wixárika (huichol), los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del país rechazaron los proyectos y megaproyectos cuya finalidad “es el despojo y la privatización de nuestros territorios y recursos naturales, así como la destrucción de nuestras culturas y la explotación de nuestros hombres y mujeres en el campo, las ciudades y el extranjero”.

Manifestaron su oposición a la privatización de los energéticos, patrimonio del pueblo de México, para favorecer intereses extranjeros; la siembra y venta de maíz transgénico en cualquier punto del territorio nacional y la utilización del maíz para agrocombustibles.

En su pronunciamiento, el CNI destacó: “Fuimos convocados por las autoridades tradicionales de Tuapurie en un momento en que la comunidad ha impedido la ilegal construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla el Alto en el tramo correspondiente a su territorio”, un proyecto que pretende fragmentar y privatizar el territorio huichol como parte de los proyectos que en el país entero imponen las trasnacionales a través del Estado. Los wixaritari reaccionan contra “lo que el mal gobierno llama ‘proyecto de desarrollo’, manifestando que no quieren ese modelo tan destructivo, sino estar bien con la madre tierra”.

Las políticas neoliberales del gobierno mexicano para privatizar tierras y territorios de los pueblos y los recursos naturales “se han agudizado hasta un grado de ilegalidad, impunidad y violencia nunca antes visto, valiéndose de contrarreformas constitucionales y leyes aprobadas en los últimos años, utilizando mecanismos ilegales como la falsificación de las actas de asambleas de ejidos y comunidades”.

Los indígenas denunciaron que “la guerra de conquista capitalista” busca “la destrucción de nuestros maíces, la aniquilación del aparato productivo nacional y el desmantelamiento de las economías campesinas y comunitarias a través de tratados de libre comercio, la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, la explosiva migración que ha convertido a nuestro... en el principal expulsor de fuerza de trabajo a nivel mundial, la privatización de los energéticos y el desmantelamiento de la seguridad social”.

EL CNI insistió en el reconocimiento de la totalidad del territorio ancestral wixárika, lo cual incluye a la comunidad autónoma wixárika Bancos de San Hipólito, Durango, sobre una superficie comunal de posesión inmemorial, “ilegalmente titulada a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”. Denunció el hostigamiento de la Profepa en Durango. Al igual que Tuapurie, Bancos de San Hipólito se encuentra amenazado por un megaproyecto carretero para trasladar mercancías del norte y el centro a las costas del Pacífico en los tramos Zacatecas-Ruiz y Durango-San Juan Peyotán”.

Denunció especialmente la intromisión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Estatal Indígena de Jalisco en las comunidades San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios Mezquitic y Bolaños, donde han provocado división. El CNI apoya su “justa lucha por la recuperación de su territorio invadido en Puente de Camotlán, Huajimic y Cañón de Tlaxcala”.

Por lo demás, los indígenas reunidos en Tuapurie exigen castigo y juicio político contra Miguel Angel Medina López, Luis Alberto Zamora y Ernesto de la Torre, presidentes municipales de Huejuquilla, Bolaños y Mezquitic, respectivamente. Estos han amenazado con la fuerza pública y presionado de diversas maneras a las autoridades huicholas, coludidos con los intereses expoliadores del gobierno estatal, la Secretaría de Turismo y las empresas nacionales y trasnacionales.

Agua en norma no significa agua inocua

Vanesa Robles - PÚBLICO Un estudio en la comunidad La Azucena, indica la presencia de cianuro, nitrógeno, fósforo, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, zinc, plomo y cromo, en cantidades que se ajustan a la NOM-001-ECOL. Pero, al mismo tiempo los sobrepasan en forma inadmisible la NOM. No es lo mismo agua “dentro de la norma oficial mexicana (NOM)” que agua inocua, señala el maestro en Toxicología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Miguel Madrigal Ortiz, quien lamenta que en México no existe un laboratorio que pueda analizar la toxicidad de los líquidos de los cuerpos naturales, como el río Santiago. El especialista en sinergias (lo que resulta cuando se mezclan componentes orgánicos e incorgánicos) señaló que el agua de un río puede resultar venenosa incluso si cumple los parámetros. La norma vigente para analizar el río Santiago, por ejemplo, es la NOM-001-ECOL-1996, que se refiere al agua para riego —el parámetro más permisible—. Distintos monitoreos del torrente advierten sobre la presencia de metales pesados, pero otros indican que el agua está en lo permitido. Por ejemplo, un estudio del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), el 8 de febrero de 2008, en la comunidad La Azucena, indica la presencia de cianuro, nitrógeno, fósforo, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, zinc, plomo y cromo, en cantidades que se ajustan a la NOM-001-ECOL. Pero, al mismo tiempo los resultados de los metales pesados sobrepasan en forma inadmisible la NOM que regula el agua para uso humano. Ahí, en La Azucena, vivía Miguel Ángel López Rocha, el niño de ocho años de edad que acostumbraba jugar en las orillas del Santiago y murió, intoxicado por arsénico. Se le mostraron los resultados del estudio a Madrigal, quien señaló que la presencia de metales, incluso en cantidades pequeñas, advierte sobre descarga de aguas industriales sin tratar: “Las pruebas físicoquímicas reflejan los elementos tóxicos, pero no la toxicidad, es decir, los efectos que pueden producir cuando se mezclan”. Las pruebas de toxicidad se realizan introduciendo organismos vivos de laboratorio en diluciones de agua sucia con agua limpia. Cuando los organismos se mueren con cierta proporción de líquido contaminado, los científicos pueden conocer la proporción que mata al ser humano. Ésas son las pruebas que faltan en el río Santiago, consideró el académico. Sugirió que, junto con el examen epidemiológico que las autoridades sanitarias hacen en El Salto y Juanacatlán, se realicen estudios al agua, plantas, suelo, rocas y animales de la zona, para conocer la dimensión real del problema y los daños en la salud humana.

Alcaldes y gobierno estatal aseguran respetar a huicholes

Obras de la ruta Bolaños-Huejuquilla siguen suspendidas, y con plantón. Agustín del Castillo - PÚBLICO Niegan buscar un conflicto o que pretendan forzar a las comunidades huicholas a aceptar proyectos de infraestructura; por el contrario, aseguran que buscan sacar adelante las obras por medio del “diálogo” y tomar en consideración las quejas de los indígenas. Eso es en síntesis lo que plantearon, en reunión en la casa de la cultura de la cabecera municipal de Bolaños, el pasado 7 de marzo, los presidentes municipales de ese municipio, de Mezquitic y de Huejuquilla el Alto; el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Guadalupe Flores Flores; el director de infraestructura carretera de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), Jesús Ramón Partida Medina; y representantes de las secretarías estatales de Turismo, de Planeación y de Desarrollo Rural. A la cita acudieron autoridades agrarias y tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, de su anexo Tuxpan de Bolaños y de la comunidad indígena de Tenzompa. De ahí salió un documento en que se sintetiza lo informado. “Del proyecto turístico de la ruta norte, se informó por parte de la Secretaría de Turismo […] que está en etapa de diseño y que al momento únicamente contempla acciones de apoyo a la promoción turística en las cabeceras municipales de la zona norte, para aquellos ayuntamientos que cuenten con proyectos de impacto al turismo, dejando muy en claro que el proyecto no contempla acciones en las comunidades indígenas…”. En cuanto a las unidades de manejo de vida silvestre (Umas), sólo hay tres autorizadas en el norte de Jalisco: dos en Colotlán (fuera de la sierra) y una en el ejido Bajío de los Amoles, Mezquitic. En cuanto a la carretera Bolaños-Huejuquilla, “los representantes de las instituciones presenten desmienten rumores públicos que se han manifestado en los medios de comunicación según declaraciones de las comunidades wixáricas, en donde se presentaron los proyectos que son promovidos por las autoridades estatales”. Las autoridades firmantes se comprometen a “informar con oportunidad a las comunidades indígenas de las acciones y/o obras que se realicen en sus comunidades para abatir el rezago y la desigualdad de los pueblos indígenas”. Los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán, irritados por esta carretera que afecta 19 kilómetros de su superficie, para lo cual se falsificó una asamblea por parte de la Sedeur (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), permanecen en plantón en la Ciénaga de los Caballos. Las obras están suspendidas por daños ambientales y por una suspensión de la justicia federal. La decisión, de los indígenas • A los huicholes “hay que darles tiempo para que dialoguen entre sí y maduren entre ellos si desean o no la carretera dentro de su territorio”, dijo ayer el jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara, José Luis Iturrioz Leza. En la presentación del programa del III Encuentro de especialistas de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, que será efectuado en el Centro Universitario del Norte (CUNorte), con sede en Ocotlán, del 12 al 14 de marzo, el experto agregó: “No debemos pensar que una decisión de ese tipo deba ser tomada sin considerarlos, pues ellos tienen que ser los protagonistas y dueños de la primera y última palabra. Para los huicholes, todo su territorio, no sólo una palapa o sitio específico, es considerado un centro sagrado que debe ser respetado”. Del mismo modo opinó el rector del CUNorte, José Alberto Castellanos Contreras, quien señaló que ha faltado “habilidad política para resolver este conflicto. Hay autoridades tradicionales del pueblo wixaritari que se sienten engañadas, y eso es importante decirlo. Es necesario que el gobierno estatal atienda de manera profunda ese conflicto”.

En Manantlán respetarán a sus consejos asesores

La Conanp ya aceptó que el reglamento interno sólo será reformado.


La administración de la reserva Sierra de Manantlán ha sido elogiada por organismos internacionales. Foto: Marco A. Vargas


Agustín del Castillo - PÚBLICO

Después de muchos meses de debate, los consejeros de los dos órganos asesores que existen en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán ya acordaron con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no forzar cambios en su reglamento interno, para obligarlo a ceñirse la “camisa de fuerza” de lo que prevé el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas.

A lo sumo, se discutirán mejoras a partir de los propios reglamentos internos existentes, validados por la propia Conanp en 2005.

No sin resistencia de la propia dependencia federal —que considera excesivo el número de consejeros y pretende incluir otros sectores en la representación (como el minero y el forestal), así como eliminar el apoyo en viáticos para la asistencia a las reuniones—, la mayoría de los consejeros rechazó esa propuesta de cambios que pretendía introducir la dirección de la reserva, que preside Marcelo Aranda (Público, 27 a 31 de diciembre de 2007).

Tal documento fue considerado un retroceso frente al modelo de participación social sui generis que tiene la propia área natural protegida. Sus consejos asesores están reconocidos entre los mejores del país. No había razones para perder ese rango, según la opinión de la mayoría de los representantes, entre quienes predominan indígenas y campesinos que habitan en la reserva, una de las 25 más importantes del país y la primera de Jalisco que ingresó en la lista del programa Hombre y biosfera, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco).

Desde enero de 2008, se han sucedido cuatro reuniones sobre el tema, en Platanarillo (Colima), Tolimán (Jalisco), en la Universidad de Colima (el pasado 19 de febrero), y de nuevo en Platanarillos el 4 de marzo. Aparte de ese acuerdo, no se ha podido avanzar en la revisión del reglamento interno, pero los consejeros consideran como un triunfo que la Conanp haya retirado su polémica propuesta.

La reunión en la universidad colimense no registró avances por falta de varios consejeros integrados a la comisión redactora del reglamento reformado. “La comisión se ha reunido en dos ocasiones […] siendo en la segunda reunión donde se acordó que el análisis se realizaría con base en el reglamento interno actual [que data de 2005]”. Sin embargo, a esa cita, del 19 de febrero, se presentaron sólo cinco de ocho consejeros y se consideró necesario convocar a otra cita, para el 4 de marzo siguiente (hace menos de una semana), la cual no produjo un texto nuevo definitivo, según testimonio de consejeros consultados por este diario.

La propuesta oficial fue criticada porque los consejeros consideraron que abriría de nuevo los recursos naturales de estas montañas a los intereses que los saquearon antes del decreto presidencial de 1987.

El Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio) de la Universidad de Guadalajara criticó la generación de “un modelo de representación” que debilita a los dueños de la tierra y da espacio a sectores que podrán permitir que actores externos, que buscan la riqueza maderera o minera de la sierra, puedan presionar de forma abierta a favor de sus propios intereses.

“Cuando los usuarios externos han promovido la violación de derechos humanos, el robo de recursos naturales, la desintegración social de las comunidades, el conflicto interno y el debilitamiento del Estado de derecho para lograr objetivos de lucro y beneficio temporal, los consejos asesores son un instrumento estratégico de participación con los propietarios, que históricamente han estado en desventaja, como en Manantlán”, señala el análisis.

El comisionado nacional de la Conanp, Ernesto Enkerlin, dijo en diciembre de 2007 que no se forzaría a cambios, palabra que le tomaron sus críticos, lo que derivó en el éxito de la defensa de sus órganos internos asesores.

El Ejecutivo pasa el caso Charcos Azules a la Contraloría estatal

Secretario de Gobierno dio instrucciones para que, pese a irregularidades, escrituras se inscribieran en el RPP, acusan

El secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, a quien se acusa de ordenar regularizar el terreno en disputa. Foto: Público

Denunciante insiste en que todas las dependencias se solapan entre sí.

Esperanza Romero - PÚBLICO

El caso Charcos Azules está en manos de la Contraloría del Estado. Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, precisó lo anterior al ser cuestionado por este diario sobre la posición de su dependencia respecto a la serie de irregularidades que rodean la compraventa y posterior rescisión de dicha operación, cometidas en la pasada Administración estatal.

El funcionario indicó que corresponde a la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo resolver al respecto, toda vez que, desde antes de que concluyera el periodo de Francisco Ramírez Acuña (e interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez), un particular, Juan Manuel Estrada Juárez, demandó su intervención y deslinde de responsabilidades.

A su vez, presentó denuncias de carácter penal, por los delitos a que haya lugar, y solicitud de juicio político contra varios ex funcionarios, la que fue desechada por la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, debido a que las pruebas de lo denunciado se presentaron en copia simple, o no se consideraron contundentes (Público, 10 de marzo de 2008).

Desde hace un año, cuando asumió el cargo, Guzmán ha evitado hablar del tema, pero en diciembre se deslindó y declaró que no tiene qué informar ni opinar.

Estrada Juárez aseguró que tanto la nueva titular de la Contraloría como el secretario han sido omisos y, por tanto, favorecido que las conductas indebidas de los involucrados queden impunes.

Para demostrarlo refirió que, a más de dos años de que presentó la queja ante la Contraloría, aún no hay resultados de la investigación (también pidió la revisión de la compra de 22 hectáreas en la cuenca El Ahogado), por lo que ha recurrido a la justicia federal, vía un amparo, para que se le ponga al tanto.

En cuanto al secretario de Gobierno, dio a conocer que éste giró instrucciones para que las escrituras del terreno adquirido a sobreprecio por el Ejecutivo en 2005 y devuelto dos años después, fueran inscritas en el Registro Público de la Propiedad (RPP) sin problemas. Esto, luego de que por meses el RPP puso trabas al trámite.

“Lo indignante del caso Charcos Azules ha sido la complicidad tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco [PGJEJ] como de la Contraloría del Estado, la que tiene una auditoría en que se demuestra plenamente el sobreprecio pagado [de más de 40 millones de pesos] por el terreno y la intervención de funcionarios públicos. Pero no hace nada y tenemos una impunidad total donde todos protegen a todos”, denunció.

Pondrán orden en banquetas de la Calzada

En dos meses comienza el programa para recuperar aceras de la Calzada. Foto: Tonatiuh Figueroa

Guadalajara busca recuperar el espacio público para los peatones y ciclistas.

Dolores Reséndiz - PÚBLICO

Los comercios que se encuentran sobre la Calzada Independencia, cuyos propietarios acostumbran usar la banqueta como extensión del local, tendrán que ajustarse únicamente a su espacio. En menos de dos meses, el Ayuntamiento de Guadalajara comenzará un plan para recuperar las dimensiones originales de cada acera con la intención de permitir el paso a transeúntes y ciclistas, además de aprovechar para renovar la imagen de la zona con motivo del bicentenario de la Independencia en el año 2010.

“La [recuperación y remodelación de la] Calzada será parte de los diferentes festejos que tenemos que llevar a cabo, primero en el contexto de transporte público, pero también en el de la movilidad urbana, mediante la ampliación y recuperación de las banquetas. Hay una enorme invasión en las banquetas y vialidades, tanto de negocios de comercio que sacan su mercancía, como de prestación de servicios, como las llanteras que prácticamente ponen sus llantas en la banqueta”, señaló ayer el munícipe tapatío, al término de la rueda de prensa en la que informa sobre la agenda semanal.

El trabajo de rescate de estos espacios lo comenzará el Ayuntamiento de Guadalajara dentro de mes y medio, aproximadamente, con la intención de no entorpecer las obras que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) para la introducción del Macrobús (camiones articulados también conocidos como transporte BRT) en la calzada Independencia.

El munícipe tapatío adelantó que no habrá negociaciones financieras para conseguir que los dueños de los comercios invasores dejen libres las aceras, ya que se trata de espacios que pertenecen al municipio.

“No se negocia con dinero porque es un espacio público; las banquetas no son para cambiar llantas, las banquetas tampoco son para parchar llantas. Ahí no hay razón para negociar económicamente”, aclaró Alfonso Petersen Farah.

Añadió que con quienes sí negociarán, pero sin dinero de por medio, es con quienes han tomado parte de la banqueta en el exterior de sus negocios como estacionamiento; a ellos les ofrecerán sitios alternos para que se estacionen los vehículos de sus clientes.

La reorganización de comercios en las banquetas de la calzada Independencia será la obra previa al remozamiento de éstas. Una de las zonas más afectadas sobre la calzada Independencia y que por ende requerirá mayor trabajo por el estado que guardan las aceras, se ubica entre las calles Circunvalación y avenida De los Maestros, en el norte de la ruta.

Sin embargo, en la zona sur de la ciudad también existen banquetas bloqueadas y en mal estado. El alcalde de Guadalajara se refirió al área de la calzada Independencia colindante con la calle R. Michel, por el rumbo del Monte de Piedad

Dejan en manos del Ejecutivo defensa de Los Colomos

Evelyn Águila - El Informador

El Ayuntamiento de Guadalajara dejará que sea el propio Gobierno del Estado de Jalisco quien defienda uno de los predios del Bosque Los Colomos, amenazado por particulares para ser fraccionado, al carecer de facultades legales para hacerlo, aseguró el edil tapatío Alfonso Petersen Farah.

El funcionario señaló que el Ejecutivo cuenta con todo el respaldo legal para hacerlo, pues el terreno de 15 mil metros cuadrados, ubicado en la zona conocida como Paseo del Torreón, es propiedad del propio Gobierno estatal.

“Nosotros hemos ya enviado la información que el Gobierno del Estado requiere para llevar a cabo los diferentes procedimientos legales que de manera conjunta estamos llevando. Quiero ser muy enfático la razón para lo cual estamos enviando la información al Gobierno del Estado es porque la propiedad del predio, de acuerdo con la información que nosotros tenemos es una propiedad que está en Gobierno del Estado.

“Nosotros sólo hemos estado colaborando, reitero, y esperamos que la información que de alguna manera se ha estado entregando, pues sea suficiente para que termine de alguna manera este conflicto”.

Insistió que si bien los departamentos jurídicos de Guadalajara y el Ejecutivo estatal están trabajando en conjunto para no perder este terreno de Los Colomos, no son ellos los que en este momento tienen las mejores herramientas legales para rescatarlo.

El funcionario subrayó que el municipio está particularmente interesado en este tema, de tal manera “que estaremos al pendiente, pero bueno, la personalidad jurídica de este predio la tiene el Gobierno del Estado en este caso”.

Los actuales propietarios de este predio, que colinda con el Bosque Los Colomos, solicitaron desde febrero pasado, el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), para derribar el arco de acceso al parque se encuentra sobre la calle Paseo del Torreón.

Incluso, en este terreno de más de 1.5 hectáreas, derribaron una serie de árboles de varias especies, como parte de los primero trabajos para fraccionar, lo que desató la molestia de vecinos y visitantes, quienes realizaron una manifestación para exigir al Ayuntamiento de Guadalajara y al Gobernador, Emilio González, la suspensión de cualquier obra que restaría un espacio verde a este bosque.

La manera en como los dueños se han defendido para tener la posesión del terreno, es a través de la presentación de una escritura que data del año 1897, que sería dos años más antigua a la que tiene en su poder el propio Ejecutivo estatal.

Petersen Farah sostuvo que actualmente existe un proceso de permuta del Gobierno estatal hacia el Ayuntamiento tapatío que aún no ha concluido. Una vez que termine, dijo, es cuando podrán asimilar no solamente las actividades de mantenimiento que en este momento ya son su responsabilidad, sino también las actividades relacionadas con la defensa jurídica del predio.

“Este proceso de permuta se terminará seguramente los próximos meses, es un proceso que inició ya hace mucho tiempo, que está ‘ahorita’ en manos del Congreso del Estado, pero que no nos limita a nosotros, bajo ninguna circunstancia, el poder coadyuvar en la defensa del predio con el Gobierno del Estado”.

En cuanto resuelva el Poder Legislativo, la defensa legal y jurídica del terreno en disputa, será únicamente responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara.