miércoles, 30 de enero de 2008
Litibú, el megaproyecto cuestionado del Fonatur
Terrenos involucrados en los planes del Fonatur, criticados por organizaciones ambientalistas. Foto: Público
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Sayulita, Nayarit.- El campo de golf luce solitario detrás del enmallado, con su pasto terso y bien regado entre los hoyos rodeados por un círculo de arena y coronados por banderines, con gallardas palmeras y un relicto de selva mediana en sus linderos. Al borde del alambrado corre lo que quedó del estero de Litibú, uno más de los expedientes de agravios que tienen los ambientalistas de la región con los ambiciosos planes del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) de detonar la Riviera Nayarit.
De hecho, los daños a esteros son comunes en este polígono, uno de los tres que se tienen planteados para el Centro Integralmente Planeado Nayarit: a Litibú le sucederá El Capomo, que ya tiene en fase de dictaminación su estudio de impacto ambiental, y para 2009 se espera sacar adelante el polígono de La Peñita Jaltemba, estos dos, en el municipio de Compostela.
El amplio territorio de Litibú (152 hectáreas) se ubica entre Punta de Mita, al suroeste, e Higuera Blanca, en el municipio de Bahía de Banderas. “Es de destacarse que en un solo día, al salir a la venta los terrenos de Litibú, se realizaron operaciones por 695.2 millones de pesos [26 de junio de 2006]. Al 31 de agosto las ventas ascendieron a 949 millones de pesos, esto es, 92.86 por ciento de los terrenos”, informó el Fonatur en octubre de ese año. Son de destacar los bajos precios de las transacciones: alrededor de 632 pesos por metro cuadrado, en promedio, cuando en el mercado se tasa entre cinco y diez mil pesos el terreno urbanizado en esa zona, según cifras conservadoras.
La Alianza de la Costa Verde, una agrupación que reúne a diversas organizaciones no gubernamentales de la región, ha cuestionado de forma sistemática el proyecto, no sólo por sus propias inconsistencias, sino por su inserción descuidada dentro de una región de naturaleza frágil que puede destruir.
“Nos preocupa muchísimo la forma no coordinada en la que se maneja un proyecto de este tamaño, con tantos impactos [ambientales y sociales]: con cero participación de los afectados. En las propuestas del Fonatur se habla de la necesidad de coordinación y concertación de todos los sectores […] Todo suena bien, pero cuando contactamos a la Fonatur, hace dos años, su respuesta fue lacónica: se puede consultar el proyecto en Internet...”, dijo el 15 de agosto de 2007 Magdalena Barrios, una de las coordinadoras de la alianza.
Todo empezó mal: con una carretera ilegal que desmontó selva y destruyó corredores de fauna, no obstante de carecer de autorizaciones ambientales (Público, 27 de agosto de 2005).
Además, los ecologistas destacan anomalías: se plantean densidades de hasta 60 cuartos por hectárea y seis niveles de construcción, contra un Plan de Desarrollo Urbano que sólo prevé cuatro pisos y 25 cuartos.
El Fonatur se comprometió a mejorar los poblados contiguos. En Higuera Blanca apenas empedró media calle y dejó a medias el centro de salud.
Recuento de omisiones: el proyecto Litibú no establece los impactos acumulativos que se darán en toda la región como resultado de la creación del centro turístico. Se elevaron ilegalmente las densidades, faltan áreas de donación para servicios públicos y espacios verdes, el terreno fue vendido antes de la aprobación del plan parcial, “no existen vialidades colectoras que delimiten los lotes de los condominios y de los hoteles”; tampoco está claro si se respetará el libre acceso al mar que establece la Constitución Política de México. Hay una amplia omisión de estrategias para solucionar problemas como el daño ambiental, el mejoramiento socioeconómico de la localidad de Higuera Blanca (para que puedan capacitarse para encontrar empleos bien remunerados en la zona hotelera), y en general no se cumple la promesa de hacer participar a la comunidad.
No hay tampoco respuestas a los problemas de basura, de seguridad pública, de acceso vial. El Fonatur espera que haya 4,100 habitantes en 2015 y 9,600 en 2025. Sin embargo, tan sólo “la empresa DINE, que maneja la marca Four Seasons, tendrá cinco mil trabajadores en un campamento cerca de La Higuera”. Nada de estas irregularidades impidió a los regidores de Bahía de Banderas aprobar Litibú el 23 de diciembre de 2007. Que al cabo se van en unos meses del cargo.
La SFP investiga anomalías
• La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga anomalías cometidas por el Fonatur en diversas zonas de México. En Litibú, vendido en tiempo récord, se quedaron pendientes de terminar el campo de golf o de instalar la planta de tratamiento de agua potable. El poblado Higuera Blanca no ha recibido obras que se le prometieron y la carretera construida hace menos de dos años luce desperfectos prematuros.
El expediente de la SFP refiere a dos asuntos supuestamente revisados por el Comité Técnico de ese fondo: el Proyecto Mar de Cortés y el Centro Integralmente Planeado (CIP) Litibú.
Entre las anomalías que se investigan está el pago con sobreprecio de diversas obras. Además, jurídicamente no estaba resuelta la constitución de la propiedad en condominio que dio origen a la división en lotes, lo cual puso en riesgo las inversiones de los empresarios involucrados en esta región. Hay que agregar que se procedió a la subdivisión sin tener autorización municipal, y que en algunos puntos de Litibú se fraccionaron ecosistemas protegidos por la Ley Agraria, lo que ameritaría a su vez una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que no se ha realizado.
En la columna Veranda, de Carlos Velázquez, aparecida en Excélsior el 18 de diciembre de 2007, se informa que el propietario original del predio cedió parte de los terrenos a cambio de conservar parte de los mismos ya desarrollados y, “cuando le surgieron dudas sobre el proyecto, quiso dar marcha atrás”.
Al final se llegó a un acuerdo y el Fonatur asegura que la situación de los inversionistas está garantizada. Sin embargo, se sospecha que el fondo pudo haber sufrido un daño patrimonial, que es el objeto de investigación en la SFP, añade el columnista.
Aprueban protección para El Nixticuil
Quitan los bonos a organismos de Gobierno
Sergio Hernández - MURAL
César Coll Carabias, director de
El bono de 61 mil pesos que Coll cobró en el 2007 y su sueldo significativamente mayor que el señalado por el Comité Técnico de Valoración salarial, presionó al Gobernador, Emilio González Márquez, quien ayer anunció no mas gratificaciones de este tipo para directores de organismos como el DIF, el Code, Sistecozome, Servicios y Transportes, y claro,
Aun sin que Emilio de la orden, el artículo 46 de
Así como ayer Emilio metió las manos al fuego por Tomás Coronado, Procurador de Justicia, también lo hizo por César Coll al justificar que se pudo haber otorgado un bono porque en el 2007 él como Gobernador sólo ordenó que no se lo dieran en las secretarías y que en el 2008 se hará extensiva la orden a OPDS.
“Para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación a los organismos públicos descentralizados y en ese momento ni él (César Coll) ni ninguno recibirán el bono”, dijo el Mandatario.
De acuerdo al artículo 21 de
Pero el Gobernador, contrario a lo que dice la ley, señaló ayer que esta dependencia, y todos los organismos públicos descentralizados, tienen autonomía para decidir respecto a los bonos, lo que contradice el artículo primero de
La ley antibonos es para todos, se le indicó a Emilio en entrevista, cuando argumentaba lo contrario.
“No, no estaba para todos”, respondió.
Según lo que ayer argumentaba el Gobernador, son las Juntas de Gobierno de los OPDS donde se decide el sueldo de los funcionarios con el voto de la mayoría, decidiendo si toman en cuenta o no lo que señale el Comité Técnico de Valoración Salarial, lo que también es un señalamiento contrario a
Emilio González Márquez preside las juntas de Gobierno de todos los organismos públicos descentralizados, donde es mayoría el voto del Poder Ejecutivo.
Dijo no saber si su representante autorizó el bono y el nuevo sueldo de César Coll, que pasó de 83 mil 52 pesos a 118 mil 604 pesos, cuando el Comité de Valoración Salarial decidió que el director de CEA tenga un sueldo de 65 mil pesos.
Lo que dice la ley
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Artículo 1: “La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de (…) organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios…”
Artículo 46
Es causal de responsabilidad administrativa (…) autorizar el pago de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, cualquiera que sea su denominación. En igual responsabilidad incurre el servidor que reciba este tipo de percepciones.
Gobernador justifica aumento y bono de Coll
El gobernador y César Coll entregaron equipo de desazolve en Ixtlahuacán. Foto: Público
Sonia Serrano - PÚBLICO El gobernador aceptó que los organismos públicos descentralizados tienen que acatar las recomendaciones del CTTVS. Con el argumento de que el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) no es miembro de su gabinete sino de un organismo público descentralizado (OPD), el gobernador justificó el que César Coll Carrabias se haya autorizado un aumento de sueldo de más de 40 por ciento y un bono de 61 mil pesos.
En el marco de la entrega de equipos de desazolve para drenaje y alcantarillas en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde estuvo presente Coll Carabias y se informó que la meta de la Administración de Emilio González Márquez es que al concluir su sexenio se trate 70 por ciento de las aguas residuales que se producen en Jalisco, contra 17 por ciento actual, se cuestionó al mandatario estatal sobre su promesa de que no habría bonos durante su Administración, a lo que respondió que hay funcionarios que sí tienen bono, “porque esto se toma como una prestación”, pero explicó que su compromiso fue que “un servidor y los integrantes del gabinete no tendrán ningún bono, incluso los directores generales” lo que se cumplió en el Poder Ejecutivo en este primer año, en el que “no fuimos a los OPD, [pero] para este segundo año estaremos haciendo extensiva la obligación a los organismos públicos descentralizados, y en ese momento ni él [César Coll Carabias] ni ninguno recibirán el bono”.
El gobernador encabeza las juntas de gobierno de los OPD y, en su carácter de presidente dijo que este año hará la propuesta para que ninguno de los directores de organismos públicos descentralizados reciban bono, lo que espera sea aprobado, aunque destacó: “En el Ejecutivo yo tomo las decisiones”, mientras que en los OPD existe una junta de gobierno, “que es quien hace cabeza, a quienes yo puedo proponer”,
Al recordársele a Emilio González que el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTTVS) estableció un tope de menos de 70 mil pesos para el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (antes CEAS, hoy CEA), pero Coll comenzó ganando 83 mil pesos y con su autoaumento pasó a percibir casi 120 mil, el gobernador aceptó que los organismos públicos descentralizados tienen que acatar las recomendaciones del CTTVS, pero que para ello se tiene que seguir “un proceso a través de la junta de gobierno, en donde forman parte funcionarios, pero también gente de la sociedad, y con ellos se tiene que procesar la decisión”.
Experiencia en la materia
Esta no es la primera vez que César Coll Carabias se ve involucrado en un tema de bonos. En el último año del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, Coll diseñó un esquema de entrega de incentivos de fin de sexenio para funcionarios de primer nivel, que en esa ocasión representaba una erogación de más de 20 millones de pesos. Cuando la información la dio a conocer Público, el gobernador dijo que desconocía el tema y que no iba a recibir el bono. Pero cuando a finales de 2000 la atención se centró en la definición del presupuesto del año siguiente, César Coll, quien fungía como secretario de Administración, aprovechó y sacó adelante su proyecto. Todos los funcionarios de primer nivel de esa Administración, incluido él, recibieron el bono y sólo quedó fuera Alberto Cárdenas.
Hasta 600 mil dólares por hectárea en Riviera Nayarit
Obras en la zona de Litibu, parte del área que interesa a los desarrolladores turísticos. Foto: Marco A. Vargas
En un lugar como Punta Monterrey, donde ahora se plantea un ambicioso desarrollo pese a que afectará un bosque de palmera de coquito Orbygnea cohune, en peligro de extinción.
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Lo intentaron, asegura don Rodrigo Peña Ramos, presidente del comisariado ejidal de Sayulita, el núcleo agrario con las playas más codiciadas para desarrollos turísticos e inmobiliarios que le restan al municipio de Bahía de Banderas. Pero nadie quiso otorgar créditos ni asociarse con ellos para hacerlos por sí mismos.
“Claro que nos preocupa lo que va a pasar con muchos ejidatarios que venden sus tierras, y claro que pensábamos que valdría la pena que nosotros mismos hiciéramos esos desarrollos, hacernos empresarios, pero la verdad es que nadie nos presta y nadie ofrece sociedades… por eso se dejó en libertad a los ejidatarios para que cada quien negociara sus tierras sin dar cuentas a la asamblea”.
Los precios varían. Por ejemplo, en la zona de San Pancho, Emerald Coast compró a cien mil dólares la hectárea a ejidatarios que tienen sus tierras en la montaña (aunque la firma se niega dar datos). Pero en un lugar como Punta Monterrey, donde ahora se plantea un ambicioso desarrollo pese a que afectará un bosque de palmera de coquito Orbygnea cohune, en peligro de extinción según
“Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos] certificó el ejido desde 2000, y entonces, cada ejidatarios hace su propio negocio, y el ejido no interviene porque le permite la autonomía a cada uno; es cierto, también tenemos áreas de uso común que tenemos en proceso de cambio de uso de suelo, pero en general, cada ejidatario es libre de hacer lo que quiera con su parcela, es un acuerdo del 10 de diciembre de
Sin embargo, admite que se dan cuenta del fenómeno de ventas porque, después de una operación, acuden a solicitar la traslación de dominio, que, en primera instancia, está eximida de pago de impuestos por tratarse de tierra ejidal, según lo prevé
“De todos modos no tengo datos completos, porque muchos de los que compran son especuladores y no hacen de inmediato desarrollos, sino que guardan las tierras para negociarlas mejor”, añadió. Por oídas se entera que los precios van de cien mil a 600 mil dólares. El ejido tiene
“Es cierto, preocupa que el ejidatario quede en la vil ruina, pero también hay muchos que venden y les va bien […] el campo no es negocio, todos aquí vivimos del turismo, y la verdad, no hay ninguna institución [de crédito] que apoye al ejido, con eso de las carteras vencidas; no hay créditos o piden demasiados requisitos, y tampoco hay empresa que se quiera asociar, aunque le aseguro que lo hemos buscado…”.
Peña Ramos admite que fue el primer dirigente que se amparó contra el decreto de reserva de la biosfera Sierra de Vallejo, y dice que no está en contra de protegerla. “La verdad es que violaron el derecho de audiencia de las comunidades, debemos preservar esa belleza natural, pero no se vale que nos metan gol. Nos limitaban casi como una expropiación en cuatro mil hectáreas, y los demás ejidos andaban igual, y por eso se ampararon también”. A fin de cuentas, los amparos retiraron la protección de casi 25 mil ha (Público, 18 de diciembre de 2007).
—¿No cree que esto va a llevar a que se venda y urbanice toda la sierra?
—Es una verdad a medias. Porque si la autoridad federal no da permisos, no pasa nada. Conservarla es su obligación.