viernes, 7 de marzo de 2008

Ensucia burocracia aguas del Santiago


Constatan funcionarios contaminación en el cauce. Reclaman Alcaldes y senadores la nula respuesta gubernamental para atender el problema

Sergio Hernández - MURAL

Cartas, oficios, peticiones y hasta acuerdos del Senado han sido ignorados por autoridades federales y estatales responsables de velar por la salud ambiental del Río Santiago y sus alrededores.

Desesperados ante la nula atención a sus llamados, los Alcaldes de El Salto y Juanacatlán encararon ayer a funcionarios, quienes hicieron un recorrido por el río, constataron la polución y posaron para la foto.

El Alcalde de El Salto, Joel González, inició el recuento de oficios sin contestar por parte de la Comisión Estatal del Agua, la Conagua, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Salud Jalisco.

El de Juanacatlán, Ramiro Tapia, lamentó que prediquen en el desierto porque de las dependencias nadie los escucha en un problema de contaminación que tiene unos 30 años, e ironizó al darles la bienvenida.

"Les deseo que la estancia en Juanacatlán y en El Salto les sea placentera a pesar de todo lo que tengamos que padecer en unos momentos", lanzó.

El senador Francisco Javier Obre-gón puso como ejemplo la solicitud hecha por el Senado a la Conagua, en noviembre, para conocer el grado de polución del río, y que a cuatro meses no ha tenido respuesta.

"Esto debe de ser preocupante porque si al Senado no le dan información y a la población no le dan respuesta con acciones concretas, parece que los funcionarios y las dependencias del sector público no están cumpliendo con lo más elemental", reclamó el senador jalisciense Ramiro Hernández.

En respuesta, el representante regional de la Conagua, Raúl Antonio Iglesias, señaló que el 16 de abril se emitirá la convocatoria para la planta de tratamiento del Ahogado.

La titular de la Semades, Martha Ruth del Toro, aseguró que ya se tiene elaborado un programa de acciones para el saneamiento de la zona.

En tanto, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José de Jesús Becerra, llenó a los senadores de cifras y dijo que del 2004 al 2006 se realizaron 254 inspecciones a empresas de la zona, y que en el 2007 van 80 en El Salto.

Senadores le cuestionaron los resultados de tanta inspección, obteniendo un silencio como respuesta.

No fueron el titular de Salud, Alfonso Gutiérrez, y el de la Comisión Estatal del Agua, César Coll.

También estuvieron los senadores Silvano Aureoles, Eva Contreras, Mario López, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, José de Jesús Álvarez y representantes de ONGs.

La atención gubernamental para resolver la polución en el río surgió ante la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, el 13 de febrero.

El Senado actuará sobre el Santiago


Autoridades municipales y organizaciones civiles exhibieron las omisiones en que han incurrido las autoridades.

Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Ante la grave contaminación del Río Santiago y las decenas de denuncias sin respuesta, senadores consideran que hay elementos para promover un juicio de responsabilidades contra funcionarios.

Ayer, los legisladores documentaron las repetidas omisiones en las que han incurrido las autoridades, en voz de los afectados y organizaciones ambientalistas y civiles, quienes a lo largo de tres horas no dejaron duda de las nulas acciones.

La propuesta de castigar a los responsables fue lanzada por Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado, quien enérgico aseguró que ya es tiempo de llegar al fondo del problema, y si se logra recopilar suficientes evidencias “va a ser la primera vez que el Senado de la República inicie, como lo establece la Constitución, algún juicio de responsabilidades contra funcionarios que no han cumplido”.

Ramiro Hernández, senador priista, consideró que la crisis ambiental y de salud que padecen los pobladores amerita fincar un juicio de responsabilidades, y advirtió que seguirán alzando la voz desde la tribuna: “No nos vamos a callar, vamos a llevar los temas cuantas veces sea necesario y tampoco vamos a incurrir en debates estériles; ni somos tontos, ni somos ingenuos”.

En uno de los salones del Ayuntamiento de El Salto, se reunieron por primera vez dependencias de los tres órdenes de Gobierno en torno a un solo problema: La polución del Río Santiago, que tiene su peor punto en la confluencia de ese municipio y Juanacatlán.

El secretario de Salud Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, y el director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias, fueron los grandes ausentes.

En ese salón, donde menudearon pancartas y gritos, Rodrigo Saldaña, presidente de la organización Vida y el propio alcalde de El Salto, Joel González, enlistaron cada una de las denuncias, quejas y peticiones de información que han vertido desde hace varios años a todas las instancias ambientales y de salud, que a la fecha no han sido atendidas. Incluso, ni siquiera las solicitudes de los propios senadores han tenido respuesta desde noviembre del año pasado.

El primer edil de Juanacatlán, Ramiro Tapia, cuestionó la intención de los funcionarios de resolver el problema precisamente después de la muerte del niño Miguel Ángel López, quien presuntamente se contaminó con arsénico al caer al río.

Luego de que la comitiva especial escuchara a las diversas organizaciones y a las autoridades de medio ambiente que dijeron cumplir con sus obligaciones, se trasladaron al puente que une los municipios de El Salto y Juanacatlán, donde los senadores percibieron el característico olor a “huevo podrido” que emana el río.

Mientras unos legisladores resistieron entre quejas el fétido olor, otros recurrieron a los cubrebocas, mientras observaban sorprendidos el ruido de la enorme cascada llena de espuma blanca que volaba al compás del viento.

El bosque “necesita gobierno”

La reserva de La Primavera cumplió ayer 28 años desde que fue creada con un decreto de protección. Foto: Iván Garcia


La administración actual, ineficiente, burocrática y deslegitimada. Criticado por otros actores, Mayorga es aprobado por análisis de Define.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Más que cambiar de director ejecutivo, lo que a La Primavera le urge es cambiar su órgano de gobierno, el Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera (CTABLP). Como opera hasta ahora, es ineficiente y burocrático, no permite la concertación con los actores y carece de la legalidad necesaria para generar gobernabilidad.

Éstas son conclusiones del Diagnóstico del estado actual y gestión para las áreas naturales protegidas de Jalisco, el análisis más serio que se ha realizado para La Primavera en los últimos años (2004), bajo la autoría del despacho Define, coordinado por Rafael González-Franco de la Peza.

“El área natural protegida necesita que se fortalezca su órgano de gobierno como condición de gobernabilidad en un contexto complejo y explosivo, a la vez que se creen las condiciones para que sean menos notorias las funciones de inspección y vigilancia de la dirección ejecutiva y más importantes las de facilitar procesos de aprovechamiento sustentable del área, con estrategias de protección y conservación compartidas y asumidas por todos. Consideramos que es fundamental que la dirección ejecutiva [que preside actualmente Salvador Mayorga Castañeda] se convierta en controladora de vuelo de las acciones que aterricen en el bosque y deje de ser vista sólo como policía”, señala el documento, que aborda también los problemas del Nevado de Colima y la sierra de Quila: todas las mencionadas son áreas federales transferidas al estado en 1995.

¿Qué se tiene ahora? “En ausencia de una dependencia creada ex profeso en la estructura del gobierno de Jalisco para asumir directamente la administración del área protegida, este comité se convierte en la práctica […] en ‘órgano supremo de dirección del bosque’, del que depende la dirección ejecutiva, pero sin que exista un decreto de creación ni instrumento alguno que defina su marco de actuación”.

Aunque “surge y se desarrolla como una experiencia pionera”, el modelo “que se generó para responder a la transferencia del área protegida está pasando por una de sus crisis más severas e incluso sufriendo un agotamiento que demanda cambios de fondo”.

Esto se expresa en la tensa relación entre sus innumerables miembros (una enorme carga de instituciones públicas inconexas y con escaso compromiso con el proyecto de conservación llenan sus sillas), y sobre todo con el director ejecutivo, quien además arrastra una fuerte confrontación con propietarios del bosque.

“El hecho fundamental es que el acto que le dio origen [al comité técnico del bosque] no es suficiente como marco de actuación —por lo que necesita un decreto de creación— y no cuenta con un instrumento que defina con claridad su naturaleza e identidad como cuerpo colegiado y órgano de gobierno”, y que “regule su funcionamiento y establezca reglas a las que se deben ceñir sus integrantes”.

El número de miembros “es demasiado grande como para poder ser funcional, y la diversidad de posiciones, expectativas, intereses y visiones es tan heterogénea que difícilmente se podrán garantizar deliberaciones tendientes a la construcción de consensos o votaciones mayoritarias que no polaricen a las minorías”.

Y además, cada institución se va “por la libre”. Por ejemplo, la Profepa hace sus inspecciones y llega a sus acuerdos con los propietarios; los ayuntamientos realizan sus operativos y emiten sus permisos; la universidad hace sus convenios; la Secretaría de Desarrollo Rural promueve sus proyectos productivos. Pero nadie entera a la dirección ejecutiva ni lleva los hechos a la mesa que es el comité técnico, para probar su pertinencia.

La desconfianza, la ambigüedad y la frustración que esto produce en los actores “operan en sentido contrario a la gobernabilidad y el tejido social que la protección de un área natural, como La Primavera, requiere”.

¿Esta situación ha cambiado desde finales de 2004? Hasta ahora no hay cambios en la composición del modelo de gobierno de la zona.

Y contra una opinión muy extendida entre sus detractores, el director ejecutivo, Salvador Mayorga Castañeda, recibe la aprobación condicionada de los estudiosos del proceso. Hoy, parece que es lo único que se quiere cambiar.

Van 50 mil firmas en apoyo al Metro


La idea se gestó en diciembre y en enero comenzó la recolección de nombres, firmas y los datos de una identificación oficial, de quienes creen que la ciudad requiere un Metro.

Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO

Jóvenes universitarios que forman el grupo Queremos un Metro en Guadalajara reunieron ya más de 50 mil firmas para promover que los gobiernos federal y estatal asignen recursos para la construcción de una línea del Metro en la zona metropolitana de Guadalajara.

La meta es recabar cien mil rúbricas y llevárselas al gobernador Emilio González el mes próximo, con el propósito de que la iniciativa tenga mayor respaldo social, informaron los voceros de la agrupación, Abraham Jaime Hernández y Andrea Cuéllar Camarena.

Ambos jóvenes entrevistados ayer explicaron que Guadalajara tiene la población y el tamaño suficientes para que se construya un sistema de Metro. Para ello, los propios promotores han investigado y hecho contacto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuentan con planes de financiamiento, así como con las empresas Alstom, Siemens y Bombardier, que están interesadas en que la capital jalisciense tenga el servicio.

Abraham Jaime y Andrea Cuéllar aclararon que no están en contra del corredor de autobuses articulado Macrobús, que circulará a lo largo de la calzada Independencia-Gobernador Curiel, pero coincidieron en que la ciudad debe prever el futuro y pensar en grande, pues es injusto que en la ciudad de México vaya a construirse una nueva línea del Metro y cuente con trenes suburbanos, mientras Guadalajara debe dar solución a los problemas de movilidad únicamente con presupuesto estatal y municipal.

La idea se gestó en diciembre y en enero comenzó la recolección de nombres, firmas y los datos de una identificación oficial, de quienes creen que la ciudad requiere un Metro. Hasta el momento, el ITESO entregó ya seis mil firmas. Otra cantidad similar se reunió en la comunidad virtual de facebook y en este momento sigue la suma de apoyos en las universidades del Valle de Atemajac, Autónoma de Guadalajara, Panamericana, Valle de México y el Tec de Monterrey, así como en preparatorias particulares, como el Instituto de Ciencias y el Colegio Cervantes Costa Rica.

El domingo se colocará un módulo en la plaza del Expiatorio, entre 10:00 am y 22:00 horas, y el lunes arranca la campaña en planteles de la Universidad de Guadalajara. Más información, en el correo electrónico queremosunmetroenguadalajara@hotmail.

Los industriales de El Salto, dispuestos a cambiar

Vanesa Robles - PÚBLICO Los empresarios del corredor industrial de El Salto están dispuestos a asumir su responsabilidad sobre la contaminación de la zona e incluso adecuarse al probable cambio de normas ambientales, afirmó ayer el vicepresidente de la Asociación de Industriales establecidos en ese municipio, Rubén Reséndiz. Añadió que la solución del problema en la cuenca El Ahogado no ocurrirá de un día para otro e incluso los empresarios requieren plazos ante el posible endurecimiento de la legislación ambiental, pues necesitarían realizar inversiones cuantiosas en sus plantas productivas. Según Rubén Reséndiz, los empresarios requieren la luz verde, que debe venir de las autoridades: “Hay quienes le quieren dar vuelta al asunto”, lamentó. ¿Quiénes? Recordó que sólo una mínima parte de las aguas domésticas —3 por ciento, según se dijo ayer— recibe tratamiento antes de ser arrojadas al río Santiago, y que existen en la región decenas de empresas clandestinas. Ambas situaciones deberían ser reguladas por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, dijo. Si la solución de la contaminación del aire, agua y suelo del corredor industrial que comienza en Ocotlán va a ser seria, durará varios años y “tenemos que empezar ya”, señaló el representante de los industriales: “pero falta voluntad política y recursos para hacerlo”. Las autoridades exigen, por ejemplo, la disposición adecuada de los residuos industriales peligrosos, pero por el momento sólo existe una tratadora de esos desechos en todo México, que está en Nuevo León, pues no han prosperado los intentos por establecer plantas más cerca, agregó el vocero de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC). Muchas empresas deben enviar sus residuos allá y otras exportan su basura tóxica a otros países, pero eso ocurre en el mejor de los casos, pues se desconoce a dónde van a parar la mayoría de los desechos, ha reconocido la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jalisco. Grupos ambientalistas de El Salto y Juanacatlán lamentan que la zona no es sólo la cloaca de las aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también el basurero de toda la ciudad y el terreno donde se depositan sin control toneladas de residuos tóxicos de las empresas cercanas e incluso de otras entidades.

Tristeza, ayuno y sacrificio en la peregrinación huichol rumbo a Wirikuta

Salida de los jicareros hacia Wirikuta (Real de Catorce) Foto y texto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

LA JORNADA JALISCO

Hay lágrimas en casa de Marcelino, su esposa e hijos lloran, año tras año la despedida es dolorosa, los jicareros que parten a Takata han visto la misma escena en sus casas de adobe.

La familia Robles está en la cocina, la luz de las nueve de la mañana se filtra por pequeñas ventanas que dan al oriente, creando un ambiente imprevisible.

A un día de camino, con su respectivo subir y bajar de la barranca en la Sierra Madre Oriental, Takata es el destino inicial, es uno de los lugares sagrados de los wixáricas, donde pedirán “que les vaya bien en el camino a Wirikuta”.

Allí, en Takata, dejarán ofrendas y volverán a Las Latas, una de las comunidades donde se encuentra uno de los kalihuey o templos mayores, y donde prepararán la peregrinación a Wirikuta (Real de Catorce) para “cazar” a Wikuri.

Quien ha realizado la peregrinación conoce el sacrificio, por eso se ponen tristes, son varios días de ayuno, largas caminatas entre barrancas y el desierto, noches a la intemperie.

Nicasio, uno de los vecinos de Las Latas, señala que en esta época y a esta altura son fuertes y frías las ráfagas de viento que además forman alianza con un sol cenizo que no calienta.

El ir y venir de colores, de sombreros con plumas, de huaraches y uno que otro violín, avisan de la premura en el centro ceremonial; una mujer se limpia las lagrimas arrinconada a un lado de la casa del hermano mayor, los niños juegan a las canicas en el patio del águila y el momento llega.

El cuerno suena, el sonido va, juega y rebota en eco entre el cerro del Las Latas y el cerro del viento donde dicen que se junta la lluvia.

Por fin salen del Kalihuey, son unos 30 hombres, algunos van sonando su cuerno, otros el violín; todos van decididos y cruzan el patio, rápido dejan atrás el centro ceremonial, alcanzan el callejón y se pierden entre el polvoriento camino. Regresarán dentro de varias semanas y “hablando al revés” después de su encuentro con Wikuri.

Jalisco, lugar 30 en indicadores ambientales a nivel nacional: Martha Ruth del Toro

LA JORNADA JALISCO

Como parte de la Gran Alianza por Jalisco quedó establecida la Mesa de Justicia Ambiental, grupo que da la posibilidad de de que las grandes decisiones en materia de justicia ambiental, no provengan de forma institucional, sino que sean previamente concertadas con la participación ciudadana y con las personas expertas en el tema.

El grupo se instauró en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), con la conducción del procurador estatal de Medio Ambiente, Fernando José Montes de Oca y Domínguez, y Leonardo García Camarena, coordinador general de Concertación Social y de la Gran Alianza por Jalisco.

Durante la sesión se designó a Alejandro Romero Hernández, como coordinador de la Mesa de la Gran Alianza de Justicia Ambiental, misma en la que también participan Proepa, Profepa, Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Jurídicos Superiores, el Colegio de Abogados Ambientales, la Asociación de Profesionales Ambientales, la Academia Jalisciense de Derecho Ambiental, así como más de 20 abogados con trayectoria en materia ambiental.

Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Semades, en su mensaje durante la apertura de este grupo, subrayó que Jalisco tiene “un desafortunado lugar 30 en indicadores ambientales a nivel nacional y eso es lastimoso”, y recalcó que si no es con la aplicación de la ley, es muy difícil mejorar los indicadores.

La primera fase del trabajo consistirá en la realización de propuestas en función de un diagnóstico y la estructuración jurídica de la propia Proepa y en su momento el plan de acciones.

La próxima reunión será el día 11 de marzo, con el objeto de formular un compromiso que se le presente al gobernador, Emilio González Márquez, el próximo 15 de abril, que será el primer compromiso que la mesa tuviera con base en las prioridades; igualmente se priorizará el establecimiento de una agenda ambiental.

Constata Comité Salvabosque que la alcaldía no ha autorizado obras en el Ejido Zapopan

LA JORNADA JALISCO

La organización Comité Salvabosque Tigre II constató, a través de la solicitud de transparencia de expediente UTI-0157/2008 dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento de Zapopan, y realizada por los colonos de Colinas del Río, que no han sido otorgados permisos para los trabajos en el Ejido Zapopan .

“No hay ningún tipo de autorizaciones para los trabajos de urbanización que se ejecutan desde hace dos meses en esta área boscosa conocida como La Roblera, por lo que estos se están realizando de manera ilegal. La Dirección de Obras Públicas no ha otorgado ninguna licencia de urbanización, ni de edificación al Ejido Zapopan; mientras que la Dirección de Ecología tampoco ha recibido ningún Estudio de Impacto Ambiental referente a esta área boscosa, que tiene como destino ser de agostadero y no de uso inmobiliario”, indica el Comité.

La información obtenida por la organización, contrasta con la provista en el Miércoles Ciudadano por el señor José Luis Villanueva, Director de Inspección de Area Nocturna del Ayuntamiento de Zapopan, quien incluso otorgó una clave de las licencias (OR/B-02-30-08/E).

“La Dirección de Inspección y Reglamentos está actuando de forma ilegal al negarse a clausurar las obras de urbanización que está llevando a cabo el Ejido Zapopan y que han causado la tala de docenas de arboles de encino, incendios provocados y la destrucción del sotobosque por el constante movimiento de tierra”, denunció el Comité.

Ante los datos derivados, Comité Salvabosques Tigre II, exhorta a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) a que procedan a clausurar las obras que se realiza el Ejido Zapopan. De igual forma solicita que se dicten “las medidas necesarias y correctivas para que el daño ambiental sea subsanado: la reforestación de los terrenos afectados con el fin de evitar la degradación del suelo”.

Obtiene Lino Roblada suspensión contra toda explotación minera en su parcela

El juez primero de lo administrativo otorgó el veredicto tras sostener audiencia con el ejidatario

En 1997 la Secretaría de Economía otorgó una concesión a Los Juanes para utilizar el predio

RAUL TORRES - LA JORNADA JALISCO

Lino Roblada, ejidatario de Ayotitlán que desde el 16 de enero pasado pelea legalmente contra la empresa Comercializadora Internacional de Minas, que sin permiso irrumpió en su propiedad, derribó árboles y trazó un camino para facilitar la explotación de una veta de oro y plata junto al río Marías, obtuvo una “suspensión de plano” contra toda obra en su parcela.

El miércoles pasado el juez primero en materia administrativa del estado de Jalisco otorgó la suspensión tras celebrar la primera audiencia en la que se verificó que las 17 autoridades involucradas enviaran su informe sobre lo ocurrido en Ayotitlán con esta minera.

Los involucrados son el secretario de Economía, el coordinador general de Minas, el director general de Minas, el director general de Promoción Minera, el director de Cartografía y Concesiones Mineras, el director de Registro Público de Minas y Derechos Mineros, el delegado de la Secretaría de Economía en Jalisco, el titular de la Semarnat, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, el director general de Gestión Forestal y Suelos, el director de Impacto y Riesgo Ambiental, el director de Evaluación del sector primario y servicios, el delegado de Semarnat Jalisco, el titular de la Profepa, el delegado de Profepa en Jalisco, el Ayuntamiento de Cuauhtitlán y el presidente municipal de ese municipio.

Jaime Hernández, abogado que trabaja en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG, y quien asesora a la comunidad de Ayotitlán en este tipo de conflictos, señaló que desde el 12 de febrero se notificó a todas estas autoridades para que enviaran su informe y a partir de ahora comienza el periodo de desahogo de pruebas.

El 16 de enero, la comunidad, en apoyo a Lino Roblada, detuvo la maquinaria que trabajaba en la zona y retuvo un camión de volteo y dos camionetas como garantía para que la empresa pague los daños que causó en la zona.

La Secretaría de Economía otorgó en 1997 una concesión a Juan Catarino Michel Victoria y Juan Enrique Michel Arámbula, conocidos como Los Juanes, para la explotación minera en 25 hectáreas en territorio de Roblada.

El pasado 10 de febrero, en una sesión ríspida, amañada y llena de irregularidades, el comisario ejidal de Ayotitlán, Jesús Michel Prudencio, avaló la supuesta autorización de la comunidad para dejar entrar a varias empresas mineras en el territorio de la comunidad para explotar el subsuelo.

Realizaron senadores y funcionarios del estado recorrido por diferentes puntos del río Santiago

Invitados por los alcaldes de El Salto y Juanacatlán, Alfonso Gutiérrez y César Coll no asistieron

“Es la muerte misma, la que baja todos los días”, alertó el presidente municipal Ramiro Tapia


Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, y el titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), César Coll Carabias, fueron los funcionarios estatales más inteligentes el día de ayer: no asistieron a un recorrido por distintos puntos de contaminación en el río Santiago, al que fueron invitados por los alcaldes de El Salto y Juanacatlán, los priístas Joel González Díaz y Ramiro Tapia Ornelas, respectivamente.

Ambos funcionarios se perdieron del olor a huevo podrido, de los dolores de cabeza, de las ganas de soltar el vómito, de la picazón en la nariz, de la irritación en los ojos.

Despreciaron lo que ayer un grupo de senadores experimentó en carne propia, lo que los habitantes de El Salto y Juanacatlán viven todos los días, tan sólo por pararse unos minutos a un lado del puente que une los dos municipios y por donde cae una cascada que hace décadas era conocida como el “Niágara Mexicano”, pero que ahora lleva consigo una espuma compuesta de diferentes contaminantes que en algunas épocas del año vuela y se incrusta en la piel de los niños.

Los cubrebocas azules, los que suelen usar los doctores –como el secretario de Salud– en hospitales, de poco servían ayer ante el fétido olor de las negras aguas que fluyen por ese trayecto. Un hediondo perfume que se impregna dentro de las casas, aun cuando éstas se ubiquen en la parte alta de Juanacatlán.

Ayer, el camino que trazaron seis senadores de la Comisión de Medio Ambiente, invitados por el senador priísta por Jalisco se centró en cuatro puntos: el puente de Juanacatlán y El Salto; la desembocadura del arroyo El Ahogado, en el río Santiago –a escasos metros de la colonia Bonito Jalisco, donde vivía el niño Miguel Angel López Rocha, quien murió por septicemia según las autoridades, aunque su expediente clínico diga que tuvo una intoxicación por arsénico–; el cárcamo de El Ahogado en La Huizachera –un río relleno de lo que usted hace cuando va al baño– y la colonia La Asunción.

El sexteto de senadores fue acompañado por diferentes autoridades federales y estatales: ahí estaba el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez; el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Alvarez Carillo; el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José de Jesús Becerra Soto, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán.

Y sí, brillaron por su ausencia los responsables de la salud y de la calidad del agua para los jaliscienses. Fue mejor para ellos. Los argumentos de sus colegas burócratas, tanto federales como estatales, no funcionaron para convencer, ni a senadores, ni a ciudadanos, ni a reporteros.

Empezó con el reclamo de los alcaldes de los municipios unidos por la contaminación del Santiago en la presidencia municipal de El Salto. Más de 12 denuncias ante diferentes instancias ha presentado el primer edil, Joel González Díaz. La respuesta: nula, ni una sola respuesta.

“En el día es insoportable el olor, en la noche, es peor”, dijo el presidente municipal de Juanacatlán, Ramiro Tapia Ornelas. Agregó que, según datos de la misma Profepa, “Juanacatlán y El Salto están entre los tres sitios más contaminados de México, sólo por debajo del estado de México”.

Es “la muerte viva la que baja todos los días a Juanacatlán y El Salto”, resaltó.

Pero no pasa nada. Según José de Jesús Alvarez Carrillo, delegado de la Semarnat en Jalisco, “sólo el 22 por ciento de los ríos en México cuentan con tratamiento”.

Además, “el gobierno federal planea tratar por lo menos el 70 por ciento de los ríos en el país al término de 2012”, anunció.

La raíz de todos los males, según el burócrata federal: “la contaminación del río Santiago se debe al crecimiento de Guadalajara. Hemos descuidado el tratamiento de las aguas; hay industrias que no sólo tienen descargas directas al río sino también al drenaje, esto es difícil de cuantificar”.

De acuerdo con el delegado de la Semarnat, la dependencia tiene registradas unas 581 empresas en Jalisco, la mayoría de ellas, establecidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El plan de la Semarnat en el asunto del río Santiago es que las autoridades tengan en conjunto un inventario único y total de las descargas identificadas. Como segunda acción, la oficina requiere que haya un aseguramiento y un traslado seguro a un destino para el tratamiento de residuos peligrosos.

“No hay espacio cercano donde se depositen los residuos, es una ausencia en la región este sitio y se tienen que canalizar los residuos a Monterrey, lo cual tiene un costo muy elevado”, aseguró.

“¡Señor, no nos venga con clases de ecología!”, gritaron algunos ambientalistas.

Raúl Antonio Iglesias Benítez, delegado de la Conagua en la entidad, salió al quite: anunció dos macroplantas de tratamiento, una en Agua Prieta y otra en la Cuenca del Ahogado. Unos mil 400 millones de pesos listos ya para arrancar estas obras.

La Cuenca del Ahogado nace en El Colli, recorre El Palomar, Santa Anita, pasa por el Cerro del 4, por el Cerro de la Reina, luego al aeropuerto y así hasta el arroyo de El Ahogado.

“Tenemos todo para resolver el problema de contaminación en la zona sur y el arroyo del Ahogado para que no desagüe en la parte que corresponde a El Salto y Juanacatlán”, aseguró Iglesias Benítez.

Para que esto sea posible, una licitación para las plantas de tratamiento será emitida a más tardar el 16 de abril, fecha límite.

“Con el saneamiento de El Ahogado se rehabilitará la zona y se garantizará con agua de muy buena calidad para el riego en la presa de La Aurora”, dijo el funcionario.

Iglesias Benítez añadió que con ello, entre julio y agosto de 2008, se llevará a cabo una reclasificación del río Santiago: de ser tipo A pasará a tipo C, con lo que “se le va a devolver la vida al río”, según el delegado de Conagua.

Hasta ahí, los dos funcionarios del nivel federal libraban una reunión que duró cerca de tres horas.

La titular de la Semades, Martha Ruth del Toro Gaytán, iniciaba su exposición: “los estudios de la CEA, hechos en 2004, son análisis no recientes y quizá lo que reflejan no son una fotografía exacta de lo que ahora pasa”.

En seguida reveló que la dependencia que encabeza trabaja ya con la CEA y con la Universidad de Guadalajara en un estudio “puntual” sobre la contaminación del río.

Y es que, para la funcionaria estatal, “son más letales los componentes agroquímicos que se usan en el campo que los que utilizan en la industria”.

Después recurrió al recurso de su jefe, el gobernador Emilio González Márquez: “la culpa es de todos”, dijo Del Toro.

El representante de la Profepa en Jalisco, José de Jesús Becerra Soto –ex titular de Salud en la administración de Francisco Ramírez Acuña–, se excusó al principio de los cinco minutos que tenía para acallar toda responsabilidad: “poco podría yo aportar a lo que han dicho”.

Según Becerra Soto, la “agenda gris de la Profepa” contempla tres cosas: “empresas de riesgo ambiental, de residuos peligrosos y empresas que contaminan la atmósfera y cuerpos de agua”.

Ardua la labor de la Profepa que, de 2004 a 2006, realizó 254 visitas en el corredor industrial, 130 de ellas tan sólo en El Salto. Unas 81 visitas fueron para detectar la emisión de residuos peligrosos.

En 2007, la misma dependencia hizo sólo 42 visitas de inspección a empresas para revisar sus descargas de agua.

Para este 2008, el programa de trabajo contempla 80 visitas de inspección en El Salto. “Llevamos unas 17 visitas”, informó el delegado de la Profepa.

Es que “no es posible hacerlo todo en un chasquido de dedos”, aseguró el funcionario.

Minutos más tarde, hacia el final de la reunión, la rendición de cuentas que le había solicitado la senadora panista Eva Contreras sobre qué significaban esos números, en qué habían terminado, la campana salvó a Becerra Soto: era hora de partir a las aguas del Santiago.

La réplica ciudadana vendría primero por parte de Rubén del Río. Como solución, propuso la consulta a expertos de la sociedad civil, “los que no están cuidando la chamba”.

Rodrigo Saldaña, presidente del grupo ecológico Vida, de Juanacatlán, felicitó a los senadores, pues la de ayer fue “la primera vez que nos reciben funcionarios federales”.

Saldañan fue más allá de la contaminación. Pidió que se decrete una ley para que los funcionarios que prometen y que no cumplen sean castigados.

“He escuchado de recursos, de proyectos, de sociedad civil, de inspecciones, pero de 2002 a la fecha la Profepa no nos ha contestado una denuncia que hicimos”, añadió el activista.

Agregó que incluso se le hizo llegar una carta a Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, fue la respuesta. Nada hasta ahora.

En seguida, Saldaña hizo un kit para cada uno de los senadores: un ejemplar del estudio Mártires del Río Blanco –que hizo el grupo en conjunto con el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec)–, cinco videos alusivos a la contaminación en el Santiago y copias de más de 15 documentos, entre ellos los estudios del CEA con la UdeG, con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y peticiones a las que nunca han hecho caso personajes como el propio Gutiérrez Carranza.

“¿Qué se necesita para que el gobierno voltee a ver a este pueblo?”, preguntó la maestra Estela Cervantes.

“Saben tanto las autoridades que ocultan la verdad, o saben tanto que reducen el problema a simples cuestiones sanitarias. Ni el poder ni el dinero servirá de vacuna para sus hijos contra estos males”, advirtió la docente.

Francisco Parra Cervantes, médico local, habló del estudio que hizo como tesis ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre niños expuestos ante el ácido sulfhídrico y no expuestos. Una investigación, ni siquiera hojeada desde que Alfonso Petersen era titular de Salud en Jalisco.

María del Rayo Calderón, miembro del consejo consultivo de la Semarnat, propuso que se decretara la zona como un problema de salubridad, así como también como una zona sujeta a una restauración ambiental.

Y remató: “No estoy de acuerdo con el delegado de la Semarnat”.

El diputado local priísta, Jorge Villanueva, lamentó que como pretexto se utilice que “el crecimiento natural de la población provoque estos problemas. El único responsable es el estado”.

La senadora panista Eva Contreras intervino: “antes que panista soy ciudadana, igual que ustedes”. Pero a la suplente de Alberto Cárdenas Jiménez también le achacaron grupos ambientalistas de ser la responsable de la destrucción de manglares en Puerto Vallarta para la construcción de desarrollos turísticos.

“Eso es otro asunto”, respondió. Eso sí, se comprometió a llevar las propuestas de los ciudadanos ante el Presidente de la República.

El senador de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles, enfatizó en emprender juicios contra los responsables. Pero ya estando abajo, al parecer las aguas le hicieron cambiar de opinión y dijo que se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes.

El senador priísta de Jalisco, Ramiro Hernández, dijo que “hay unos más responsables que otros, y son aquellos que tienen la facultad y autoridad para que este problema no se siga dando”.

De igual forma, en un foro alterno al de los senadores, el vicepresidente de la Asociación de Industriales de El Salto, Rubén Reséndiz, expresó la necesidad de modificar las normas mexicanas de contaminación.

“Hay quienes le quieren dar vuelta al asunto, estoy hablando de las autoridades, aquellos que hacen de lado su responsabilidad que se atengan a las consecuencias. La Comisión Nacional del Agua, finalmente hablamos de un río federal y tenemos una Comisión Estatal del Agua que tiene gran responsabilidad y que tiene que entrarle a este problema, así como una Semades que también tiene que trabajar más fuerte”, dijo el empresario.

“Ha faltado voluntad política”, dijo el industrial, cuya frase concuerda con la que mencionó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, Jorge Legorreta Ondorica, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a los 10 minutos de haber bajado al puente de Juanacatlán ya presentaba dolor de cabeza e irritación en los ojos.

El estado del río Santiago dio asco a senadores

Ante los reclamos de los afectados, prometieron hacer lo posible para que se limpie el afluente y se juzgue a quienes lo contaminaro.

Así se veía ayer el río, cuando los senadores se acercaron a contemplarlo. Las promesas fueron múltiples. Fotos: Marco A. Vargas

Vanesa Robles - PÚBLICO

Media docena de senadores viajó ayer a El Salto y Juanacatlán; escuchó una retahíla de cifras inmejorables —de las autoridades de Jalisco— y una enumeración de cifras pesimistas —de los grupos ciudadanos—. El contingente se asomó al río Santiago. Sintió asco de la porquería que lleva el torrente. Prometió… que hará lo posible para que sus colegas se compadezcan, reúnan pruebas de la polución, se pongan a trabajar en la redacción de un punto de acuerdo, se pongan de acuerdo para votarlo y, cuando todo eso ocurra, se enjuicie a los servidores públicos responsables de la contaminación.

En pocas palabras, la limpieza de la cloaca de Guadalajara va para largo.

La prueba contundente de que el Santiago está tan contaminado como se dice sería la muerte de Miguel Ángel López Rocha, de ocho años de edad, dio a entender el senador michoacano por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, Silvano Aureoles Conejo.

Una prueba débil, pues las autoridades de Jalisco afirman que el niño no murió por intoxicación de arsénico —como demostraron los análisis de orina de Luz María Cueto, una de las toxicólogas más prestigiosas de América Latina—, sino por heces fecales, y las mismas autoridades dudan que Miguel Ángel se haya enfermado tras caer al río.

Silvano Aureoles habló de la letanía de los procedimientos para enjuiciar a los responsables sólo ante los medios de comunicación. Antes, delante de los activistas enojados por la desidia de las autoridades, el senador perredista prometió que los juicios serían un hecho.

Las pruebas de que el río está contaminado las presentaron, en el Palacio Municipal de El Salto, distintos grupos ciudadanos. El instituto VIDA, AC entregó datos de estudios de distintos organismos locales, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que demuestran la presencia de metales pesados en el torrente. El médico familiar Francisco Parra compartió su estudio de los efectos del ácido sulfhídrico, que despide el río, entre los niños de la escuela Mártires del Río Blanco. Todos los presentes, incluyendo a los alcaldes, citaron las docenas de peticiones que han hecho a las autoridades de todos los niveles: la mayoría data de muchos años antes de la muerte de Miguel Ángel Rocha.

Hemos hecho oficios a distintas dependencias, solicitando información y respuestas a las autoridades, se quejaron los afectados.

Sólo el alcalde de El Salto, Joel González, mostró siete oficios a dependencias, desde la Comisión Nacional del Agua hasta la Secretaría de Salud Jalisco, en los que pide información sobre la caracterización de descargas, los análisis que se han practicado, las tendencias epidemiológicas de la zona, las inspecciones. Ninguno ha tenido respuesta, afirmó.

“Gritamos en un desierto; nadie nos escucha”, relató el presidente municipal de Juanacatlán, Ramiro Tapia. “Ahora sí están haciendo muestras de orina y cabello, después de la muerte de un niño, pero tenemos 30 años con el problema: nadie trata sus aguas. En el día el olor es insoportable y por la noche nos atacan millones de zancudos. El entubamiento de las descargas [la solución que se le ocurrió al Ejecutivo estatal] no es la solución”.

Según Ramiro Tapia, sólo la responsable de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, Martha Ruth del Toro, ha mantenido comunicación con los afectados, “pero no hemos llegado a nada”.

Ayer, esa servidora prometió que el Santiago y la cuenca El Ahogado comenzarán a sanearse en tres años; el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua prometió que este año la dependencia federal invertirá 1,400 millones de pesos en saneamiento y abastecimiento de agua. El delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, José de Jesús Becerra, juró que sus inspectores no descansan en hacer su labor en la zona industrial de El Salto, aunque, por más que le cuestionaron a cuántas empresas se ha sancionado por contaminar, jamás respondió.

Mucho menos pudieron explicar su trabajo el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Gutiérrez, o el director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias: simplemente no asistieron a la reunión, aunque su visita estaba programada. Tampoco se vio por el río a los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que habían sido invitados a la junta.

Las autoridades y los ciudadanos de El Salto y Juanacatlán no han sido los únicos desairados por los funcionarios de Jalisco y las autoridades federales que tienen atribuciones sobre el río Santiago, un bien nacional. El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramiro Hernández, organizador de la visita, recordó que desde noviembre se solicitó información sobre el torrente y hasta ahora la Cámara no ha recibido un solo documento. “Esto es preocupante: si al Senado no le dan información y a la población no le dan respuesta con acciones concretas, me parece que los funcionarios y las dependencias públicas no están cumpliendo con lo más elemental; si no hay consecuencia, sanciones, poco podremos hacer. Ya estuvo bueno de que nos hagamos tontos”.

Afirmó que se llevará tres propuestas al Senado: el respaldo de los presupuestos para el saneamiento de la zona; el seguimiento al cumplimiento o negligencia de los funcionarios que han tenido relación con el tema, y la creación de un órgano de vigilancia de la calidad del agua donde participen el gobierno federal, las autoridades de Jalisco, El Salto y Juanacatlán y los grupos ciudadanos.

Los colegas del priista prometieron analizar pruebas y “coadyuvar a la solución del problema en la medida de las posibilidades”… lo mismo que deben prometer en cada gira que hacen.

Además de Ramiro Hernández y Silvano Aureoles, otros senadores que se dieron su baño de impurezas y fetidez ayer fueron el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Jorge Legorreta (PVEM); el representante del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Obregón; del Partido Acción Nacional (PAN), Eva Contreras —abucheada por los activistas por su intento de comercializar la zona de manglares en Puerto Vallarta—, y el priista Mario López.

La gira incluyó la caída de la cascada El Salto de Juanacatlán, la desembocadura del arroyo El Ahogado en el río Santiago y la colonia La Asunción. “No le deseo mal a nadie, pero ojalá que a estos señores les duela la cabeza, para ver si se vuelven a acordar de nosotros”, dijo la dueña de una tienda cuando vio pasar la comitiva.


• El olor del río alcanzó ayer a los senadores invitados a la gira.




Integran mesa sobre justicia ambiental
(Público)

• Más de 20 especialistas en derecho ambiental y en trabajo de dependencias vinculadas al medio ambiente integran, desde ayer, la mesa de la Gran Alianza de Jalisco sobre justicia ambiental, que se encargará, entre otras cosas, de hacer un diagnóstico y presentar propuestas sobre el tema.

La secretaria del Medio Ambiente estatal, Martha Ruth del Toro Gaytán, pidió a los expertos contribuir a que Jalisco salga del “desafortunado” lugar número 30 nacional en indicadores ambientales en el que está actualmente. “Eso es lastimoso, no podemos permitir que en el tema ambiental nos vayamos casi al fondo”.

Entre otras cosas, el grupo de especialistas realizará la estructura jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), de reciente creación, y un plan de acciones.

El titular de la Proepa, Fernando José Montes de Oca y Domínguez, subrayó que las propuestas que presentará la mesa de justicia ambiental podrían salir de una consulta a ciudadanos y expertos en el asunto, “y no tanto de los funcionarios […] Esto permite la posibilidad de que el diagnóstico no surja de forma institucional, sino de quienes conocen del tema de justicia ambiental, así como coadyuvar a la determinación del plan de trabajo que el estado necesita y no el que la autoridad pueda fijar como prioritario”.

El coordinador de la mesa será Alejandro Romero Hernández. El grupo volverá a reunirse el 11 de marzo, para formular un compromiso que se le presentará al gobernador el 15 de abril.

En la mesa participan especialistas de la Proepa y su par federal, la Profepa; la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Abogados Ambientales, la Asociación de Profesionales Ambientales y la Academia Jalisciense de Derecho Ambiental, así como abogados particulares

Alcanza notoriedad nacional contaminación en Río Santiago

EL INFORMADOR

El problema de la contaminación en el Río Santiago alcanza notoriedad nacional. El asunto ha despertado el interés de senadores, diputados federales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que enviará hoy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el expediente relativo a la contaminación en dicho afluente, informó el titular del organismo estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Por su parte, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron pública su intención de efectuar una gira por la zona afectada.

Álvarez Cibrián explicó que la dependencia nacional seguirá una investigación y en Jalisco se continuarán otras dos, pues mientras la CEDHJ revisará posibles omisiones o irregularidades en la atención del niño Miguel Ángel López Rocha, la CNDH analizará los posibles daños que pudiera traer consigo la contaminación en el Río Santiago entre los habitantes de El Salto y Juanacatlán.

El diputado federal por Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, confirmó que la visita al Río Santiago se realizará en "dos o tres semanas" y será encabezada por el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos (en la Cámara de Diputados), Jesús Manuel Patrón Montalvo", también priista.

"Ya estamos convocando a todas las autoridades que tengan que ver con la materia: Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa)", indicó Padilla Gutiérrez, quien aseguró que también esperan la asistencia de diputados federales de otros partidos políticos que participan en la misma comisión.

"Nuestro interés, después de conocer de la lamentable muerte de un niño (Miguel Ángel López Rocha), es que se haga una investigación completa, de principio a fin, en las cuestiones hidráulicas. Queremos que se hagan las inversiones necesarias, los estudios correspondientes, para que se tomen acciones definitivas de saneamiento y tratamiento de las aguas", subrayó el diputado jalisciense.

Los legisladores federales anunciaron su visita al Río Santiago luego de la visita de senadores a la zona afectada efectuada este jueves.

Acudirá el PVEM a instancias federales para defender el bosque de Los Colomos


Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO


El bosque Los Colomos, el parque público más importante de la zona conurbada de Guadalajara, es codiciado por fraccionadores sin escrúpulos a los que no les importa la destrucción de arroyos y tala de árboles de este ecosistema natural que tiene más de 100 años, señaló el presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alejandro Rodríguez.

En rueda de prensa, el líder del partido del tucán, anunció que acudirá a instancias federales, toda vez que aquí en Jalisco la complicidad y laxitud de las autoridades tiene indefensa a la gran extensión de áreas verdes.

“Venta o apropiación de áreas de donación, cambios de uso de suelo indiscriminado. Falta de estudios de impacto ambiental, negativa de definir y documentar áreas y límites en planos, juicios dolosos, defensa simulada, descuido, jugar a perder con los particulares, maniobras del gobierno del estado para el cambio de uso de suelo en Charcos Azules, destrucción y reducción por obra pública son la explicación del penoso estado en que Colomos se encuentra”, detalló el dirigente.

Puntualizó que las administraciones municipales han ido desincorporando de sus activos, terrenos que pertenecen a los ciudadanos, y sin embargo ya hay dentro del parque terrenos cercados, un edificio que invada la servidumbre, y un lavacoches.

Así mismo precisó que Los Colomos posee algunos arroyos naturales que han sido desviados por las fraccionadoras, cuyas aguas van a parar al drenaje de avenida Patria.

“Sí hay áreas verdes y descuidadas, o mal atendidas, o abandonadas, y hay dos sitios donde estamos poniendo cómo hay pérdida de agua tanto en Colomos como en el Ávila Camacho, y se está tirando al arroyo y se está desperdiciando totalmente y se está contaminando más adelante con agua sucia”, refirió.

El dirigente aseguró tener una larga lista de las fraccionadoras causantes del deterioro del bosque, sin embargo dijo que la entregaría por escrito para no dar un nombre equivocado.

Diputado en la pasada legislatura, Alejandro Rodríguez recordó que presentó una iniciativa para solicitar al secretario general de gobierno su inmediata intervención para que se realizara el deslinde y amojonamiento de la superficie que es propiedad del gobierno del estado en el área comprendida por los parques urbanos Colomos I y Colomos II hasta el arroyo de la Campana y terrenos colindantes.

Hoy como titular del PVEM, manifestó que insistirá en el asunto, a la vez que advirtió que el 2008 será el año de los temas ambientales para su instituto político.

“Vamos a denunciar a diferentes instancias, a CNA y a Semarnat que son responsables tanto del agua como del bosque, vamos a ir contra Semades, vamos a irnos contra Guadalajara y Zapopan por el mal desempeño y contra el gobierno del estado por el caso de Charcos Azules y vamos a ir contra la Profepa también”, adelantó por su parte el secretario de Comunicación Social del partido Carlos Hernández Vázquez.

Los políticos “verdes” presentaron un pliego petitorio con ocho puntos en uno de los cuales se exige la expropiación de los predios Charcos Azules, Paseos del Torreón, Arroyo de la Campana y áreas circunvecinas en riesgo por causa de utilidad pública.

Nunca es tarde

Interrogado por la contaminación del río Santiago, cuyos caudales han propiciado la aparición de enfermedades en pobladores de El Salto y Juanacatlán, y provocaron la muerte del menor Miguel Ángel de una dosis mortal de arsénico, Alejandro Rodríguez manifestó que serán enfáticos en todo lo relacionado al tema.

Dijo que nunca es tarde para hacer pronunciamientos cuando es evidente el daño a la población.

“Las acciones que está dando a conocer el gobierno del estado a nadie satisfacen, no puedes tapar, es como un drenaje que cierras por los dos lados y escondes el mal. Lo que está sedimentado que son los metales pesados y peligrosos en su combinación son los que están haciendo daño a la población desde hace muchos años, entonces no puede pensar el gobernador que cerrando 1-2 ó 3 kilómetros va a evitar el problema. Al contrario, a la hora de cerrar ese cauce va a tener más fuerza el agua, va hacer arrastre de sedimentos y va ir afectando a las poblaciones posteriores hasta que llegue la supuesta presa que quieren construir y al rato eso se va a revolver con el movimiento natural del río y va a subir a alimentar las casas habitación de la Zona Metropolitana del Occidente”, dijo tras referirse a las medidas de entubamiento de un tramo del río Santiago.

Hoy por la mañana, miembros del PVEM acudirán a los municipios de El Salto y Juanacatlán, para sumarse al recorrido que harán diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Asamblea de San Sebastián someterá a revisión el proceso de aprobación de la vía Huejuquilla-Bolaños

Relevó a la presidenta del comisariado Magdalena López, quien aprobó la carretera en Mezquitic


ndígenas wixáricas mantienen bloqueada y suspendida la construcción de una carretera en el paraje conocido como Ciénega de los Caballos, municipio de Mezquitic Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Tras dos días de asamblea, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán cambió de autoridades y el domingo pasado decidió someter a revisión el procedimiento por el cual se aprobó que la carretera Huejuquilla-Bolaños pasara por su territorio, pues el anterior presidente del comisariado, Magdalena López Ibarra, también funge como secretario del Ayuntamiento de Mezquitic y fue uno de los principales activistas de las campañas del PAN en la región.

Las nuevas autoridades manifestaron que hasta ahora su postura ante la construcción de la carretera no es ni de rechazo ni de aceptación, pues consideran necesario analizar el proceso que según López Ibarra se siguió para tener el aval de la comunidad.

En caso de que todo esté en orden seguirán apoyando las obras, pero de encontrarse irregularidades de cualquier tipo, o como las que ha denunciado la comunidad de Santa Catarina, donde se habla incluso de falsificación de actas, también se opondrán y se unirán a la protesta de la comunidad vecina.

Será una comisión especial que se nombró durante la misma asamblea del fin de semana, la que se encargará de hacer la investigación.

Por ahora, la comunidad de San Sebastián anunció su asistencia a la reunión del Congreso Nacional Indígena al que convocaron los wixaritaris de Santa Catarina y que se llevará a cabo los próximos 8 y 9 de marzo en el paraje Ciénega del los Caballos, donde grupos de familias se turnan para hacer guardias en el lugar y mantener el plantón en espera de los invitados.

El activismo político del anterior presidente del comisariado de San Sebastián Teponahuaxtlán y actual secretario del ayuntamiento de Mezquitic, fue uno de los factores que llevó a la comunidad a querer revisar la forma en que se aprobó la carretera.

Proponen rescatar a Charcos Azules

Regidor sugiere expropiar el predio de Los Colomos III y ponerle “candados”. Esperanza Romero - PÚBLICO Los tres candados para evitar que el predio Charcos Azules, en Colomos III o El Polvorín, sea la sede del desarrollo inmobiliario denominado Central Park, que proyecta la edificación de tres torres de departamentos y sea protegido por siempre, están en vías de ser accionados. Manuel Villagómez Rodríguez, regidor de la Coalición Por el Bien de Todos (PRD y PT) en el Ayuntamiento de Zapopan, presentó ayer al pleno tres puntos de acuerdo para que se preserve el área, vuelva a manos del estado por medio de un proceso expropiatorio, y se revierta el cambio de uso de suelo autorizado en la pasada Administración municipal. “Los Charcos Azules funcionan como zona de recarga de mantos acuíferos y es de interés público la protección y reserva ecológica de dicha área natural”, sostuvo. Aclaró que su propuesta versa sobre la pérdida de bosques y selvas y su inherente impacto en las cuencas hidrológicas, alimentación de mantos freáticos y saneamiento del aire, que urgen a proteger Los Colomos. Para la expropiación del predio, que volvió a particulares luego de que se canceló el proyecto para edificar allí la Ciudad Judicial Federal y ante las pruebas de que se compró a sobreprecio, se pide que intervenga el gobierno federal, a través de la Presidencia de la república, “por causa de utilidad pública”. El segundo punto de acuerdo planteado por Villagómez pide iniciar el procedimiento municipal jurídico administrativo correspondiente, a fin de declarar el área como zona natural protegida. En el punto tercero, propone que se instruya a la Sindicatura municipal “a fin de que inicie de manera inmediata el juicio de lesividad correspondiente” que provoque que se declare nula, por el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), la autorización expedida por la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano (CTDU) para que se construya vivienda vertical en torres de hasta 26 pisos. Dicha aprobación del órgano técnico se dio en forma oscura y sin el quórum debido, para que los nuevos dueños, a quienes se devolvió el predio, pudieran hacer vivienda vertical. Las propuestas se plantearon por la vía corta, del fast track, y en la sesión de ayuntamiento del próximo 13 de marzo serán votadas.

Testigo ratificó ante PGJEJ que niño cayó al río: CEDHJ

Tomás Coronado, Procurador de Justicia

La familia del niño y organismos civiles presumen que el gobierno estatal busca enterrar el caso. Maricarmen Rello - PÚBLICO

Miguel Ángel cayó al río”. El hecho era sólo una presunción de parte de la madre del pequeño, de los médicos, autoridades y expertos. Incluso, el pasado martes, el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, informó a un periódico local que, para fines de la integración de la averiguación previa, no había hasta ese momento “ningún testigo que hubiera presenciado la caída”. Ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) lo desmintió: personal de la Tercera Visitaduría del organismo estuvo presente en el momento que la señora Aurora Rodríguez rindió su declaración ante el Ministerio Público, quien confirmó el hecho.

La mujer, vecina de la colonia La Azucena, en El Salto, declaró haber visto cuando el pequeño cayó a las aguas pestilentes. Su testimonio ya se lo había confiado previamente a este diario. Aurora indicó que el 24 de enero pasado discutió con su hija y se fue a refugiar a la orilla del río Santiago, donde varios niños jugaban como lo hacían habitualmente. Ella vio cuando Miguel Ángel se resbaló, cayó al cauce y se sumergió hasta el pecho. El niño salió poco después y siguió jugando (Público, 28 de febrero de 2008). Hoy, Miguel Ángel está muerto.

La familia del niño y organismos civiles presumen que el gobierno estatal busca enterrar el caso. Lo cierto es que Aurora fue buscada para que rindiera su declaración. Y lo hizo. María del Carmen Rocha, la madre de Miguel Ángel, también ha sido buscada por gente del Ministerio Público. Ella asegura que ha sido presionada por las autoridades para que declare nuevamente y cambie su dicho.

El tercer visitador general, Alfonso Hernández Barrón, dijo que, en busca de conocer la verdad, “prácticamente se han agotado todas las diligencias” en torno a la queja que se inició de oficio y después ratificó María del Carmen Rocha ante este organismo. Y enumeró algunas: se ha entrevistado a involucrados, se cuenta con el expediente médico, se presenció la necropsia para evitar la mala disposición del cuerpo del niño, se dictaron medidas cautelares para guardar muestras de los órganos (en caso de que se quieran practicar estudios independientes), se solicitó al municipio de El Salto el pago del servicio funerario —la familia no quiso— y al DIF municipal que se haga cargo de la atención psicológica y dé asistencia económica a los deudos; se entrevistaron con Aurora, tras conocer que su hijo Juan Manuel Valencia Rodríguez también podría estar afectado por la contaminación del Santiago, y atestiguó su declaración ante el MP, el 29 de febrero pasado.

Además, en forma paralela, se emitió un informe especial con varias recomendaciones en torno a la contaminación del río Santiago… con respuestas, a la fecha a medias, por parte de las autoridades involucradas.


Deben abrir expedientes: rector
(GuadalajarauMariño González)

• Ante lo que denominó “duda generalizada” sobre qué fue exactamente lo que mató al niño Miguel Ángel López Rocha, el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, dijo que lo más urgente en estos momentos es abrir todos los expedientes y que se realicen las acciones necesarias para sanear el río Santiago: “De cualquier manera, el niño murió por las circunstancias de contaminación del río, haya sido arsénico, hayan sido bacterias o lo que haya sido. Lo importante es que el río está muy contaminado y que la autoridad federal no ha tomado las medidas de política pública para remediarlo”.

Sobre lo señalado por la toxicóloga Luz María Cueto Sánchez (Público, 5 de marzo de 2008), en el sentido de que el arsénico presente en el río sí mató a Miguel Ángel, recordó que, según el estudio hecho hace tres años por la UdeG, “la cantidad de arsénico existente en el río no es suficiente como para haberlo matado”. Sin embargo, reiteró que, ante las dudas sobre la causa del deceso, lo más recomendable es que “las autoridades abran todos los expedientes y se den a conocer”.

Expropiar predios aledaños a Los Colomos, pide PVEM


Buscan que no se afecte más al bosque, por presión inmobiliaria

Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO


El ex diputado local pidió a la CNA que sancione a fraccionamientos que hacen descargas al arroyo de avenida Patria y a otros urbanizadores que están desviando cauces de arroyos para construir viviendas.


El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pidió al gobierno estatal que expropie por causa de utilidad pública los predios de Paseo del Torreón, arroyo de La Campana y Charcos Azules, con el propósito de que no se reduzca la superficie del bosque Los Colomos.

El dirigente del PVEM, Luis Alejandro Rodríguez, explicó que originalmente el bosque tenía 248 hectáreas y hoy no llega a 140.

Mostró videos en donde se denuncia el abandono en que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene al parque Ávila Camacho, y que incluyeron datos como que el agua que brota en el lugar se tira a la red de drenaje, al igual que ocurre con los manantiales de la zona de Los Colomos, correspondiente al municipio de Zapopan.

Además, el ex diputado local pidió a la Comisión Nacional del Agua (CNA) que sancione a fraccionamientos que hacen descargas al arroyo de avenida Patria y a otros urbanizadores que están desviando cauces de arroyos para construir viviendas.

Los directivos del PVEM realizaron un recorrido por la zona de Los Colomos y recogieron evidencias de cómo el arroyo La Campana tiene un cauce de diez metros, a los que deben sumarse otros 20 metros de zona federal. Esa franja de terreno no la respetan los fraccionadores y han reducido el flujo de agua a tan sólo cuatro metros, cuando llega al arroyo que está sobre la avenida Patria.

“Proponemos que el gobierno estatal dé a conocer el polígono y linderos de las aproximadamente 248 hectáreas originales, que cumplan de una vez por todas con el apeo, deslinde y amojonamiento del bosque y presente una lista de los particulares que tienen predios dentro del bosque”, subrayó Alejandro Rodríguez, que agregó que si el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos se resisten a informar, el PVEM acudirá al Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), para solicitar su intervención para conocer los datos básicos y reales del bosque.

Asimismo, dijo que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) debe sancionar al fraccionamiento Lomas del Bosque, que descarga aguas residuales sobre el arroyo de avenida Patria, y solicitó que la Secretaría Federal de Medio Ambiente y la CNA sancionen a quienes tienen invadidos los arroyos de la zona.

Planteó que se forme un fideicomiso para el pago de las expropiaciones de los tres predios referidos con un programa de 3X1, en el que se involucre un peso de la sociedad y un peso cada uno de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La Primavera, 28 años de la disputa público vs privado


Los valores de terrenos a cada lado del lindero son un contraste que revela el alto costo pagado por los particulares; falta compromiso de la sociedad tapatía para mantener el bosque.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

A 28 años del decreto de protección del bosque La Primavera sobre 30,500 de sus 35 mil hectáreas, el valor del suelo, y el monto de dinero a que se puede vender, hace diferencia, según se tenga la suerte de poseer terrenos adentro o afuera de los linderos de la reserva.

Hoy, el precio de un metro cuadrado urbanizado en el exclusivo fraccionamiento Bugambilias anda entre 1,600 y 2,700 pesos, sin contar construcción. Los desarrolladores de ese núcleo residencial que tuvieron la fortuna (en términos económicos) de impedir que su mancha de bosque quedara dentro de la zona protegida, tienen actualmente a la venta un manchón forestal de 50 hectáreas que podrían generar ingresos hasta por 800 millones de pesos, si uno toma el precio más modesto por metro cuadrado.

En contraste, si la intención es buscar ofertas al interior del polígono protegido, los valores se desploman. El predio Agua Brava, de 700 hectáreas, en la operación de compraventa más visible de los últimos años, fue adquirido por el gobierno de Jalisco en 19 millones de pesos, esto es, a dos pesos con 70 centavos cada metro cuadrado.

Nada más diáfano: si usted posee una hectárea de bosque fuera del espacio excluido a la especulación, podrá obtener unos 16 millones de pesos o más, según lo fluctuante del mercado, por su comercialización. Si la posesión es al interior de la reserva, el importe de la venta, en caso de que se logre vender, se reducirá a 27 mil pesos: menos de la quinta parte de un punto porcentual de lo que costó el predio de fuera.

Claro, se habla de un terreno urbanizado contra uno en breña, pero es por ahora la única comparación real: se supone que al interior del área de protección de flora y fauna, decretada el 6 de marzo de 1980 por el presidente José López Portillo, no se pueden edificar fraccionamientos.

Esta pequeña operación permite a los profanos enterarse por qué a 28 años sigue siendo difícil preservar la zona boscosa más dilatada y biológicamente diversa de la región metropolitana de Guadalajara. Los propietarios afectados por un decreto que no fue expropiación, pero sí canceló usos de suelo y de recursos naturales (es decir, libertades individuales, pero que a fin de cuentas deben ser reguladas según convenga al interés público, como lo expresa el artículo 27 de la Constitución mexicana), siguen padeciendo el golpe de los negocios frustrados.

Se han tratado de implementar compensaciones: por ejemplo, los servicios ambientales. Hay propietarios dentro de la reserva que reciben hasta un millón de pesos en recursos que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) entrega a condición de que se conserve el arbolado en pie. Pero la escasa e incompleta socialización de la gran importancia de la floresta entre la población de Guadalajara limita estos instrumentos. La mejor prueba son los dos fracasos del gobierno estatal en menos de cuatro años para establecer una pequeña contribución a los ciudadanos, como usuarios de agua potable, en busca de destinar más recursos económicos a las actividades de conservación.

Ante estas condiciones, que la umbría permanezca más o menos íntegra no es un logro menor. Pues se ha conseguido pese a que no se cuenta con el mejor diseño institucional para gobernar el área protegida; la impunidad, la anarquía y la ineficiencia burocrática, no son plagas menores, coinciden los analistas del proceso.


• Venado cola blanca, parte de la fauna carismática de La Primavera. Foto: Felipe Salgado



Recuentos

Los habitantes de La Primavera no son los moradores “clásicos” de un área natural protegida. No viven de los recursos del sitio, por su cercanía a una gran ciudad. En realidad, los intereses primordiales que se oponen a la protección no son intereses de supervivencia, sino intereses en buena medida especulativos.

—El problema parece ser en buena medida que no me dejas hacerme rico con un fraccionamiento si pusiste aquí un área protegida. ¿No cree que es más difícil hacer una compensación cuando el interés afectado es tan grande en términos económicos?

Contesta el director ejecutivo de la reserva, Salvador Mayorga Castañeda: “Puede ser; sin embargo, para evitar ganadores y perdedores entre el interés público y el privado, se busca entonces la mesa de la negociación, la mediación; mediar es bajar mis expectativas, mis demandas, a la realidad también del otro; es muy interesante la discusión de un problema porque te plantea eso, te exige que identifiques ese punto real, con las variables que están en juego […] porque el camino está lleno de ilusiones y de espejismos y de piedras sueltas; la ganancia que dices tú, o la pérdida enorme de un grupo que te puede decir ‘no, no, yo peleo’, puede ser un espejismo…

—Pero si yo veo el desarrollo de lugares como Bugambilias o El Palomar, es como ver el paraíso que perdí…

—Pues tienen 40 años en desarrollo, han entrado en situaciones de quiebra incluso, esto ha sido público y notorio…

—Insisto: si yo perdí una ganancia, por decir algo, diez millones, ¿a qué estaré dispuesto a bajarme? ¿A cinco, a dos millones? Y si a eso agregamos la creciente prevalencia de los intereses privados sobre los públicos en todo el mundo, ¿no cree que estamos ante un desafío formidable?

—[…] A mi juicio, el interés público se construye sobre la base de intereses privados, donde nadie quede excluido, en donde precisamente el individuo es considerado por la colectividad […] Yo creo que falta mucho por hacer para continuar analizando el aspecto de la afectación a particulares por causa del proyecto, que puede ser muy grande y no nada más a particulares: puede ser hasta a colectividades, municipios, no sé…

—A fin de cuentas, los principales beneficiados con la protección de La Primavera somos quienes no somos dueños, esa colectividad gigantesca de cuatro millones de personas que es la metrópoli…

—Así es, pero por qué ese beneficio a cuatro millones sin una retribución a 300 o 400 propietarios; yo siento que éste es uno de los retos más hermosos del bosque: la posibilidad de revisar juntos la manera en que ese interés colectivo y esos intereses particulares se concilian, se encuentran […] Te puedo mostrar la carta que Jorge Dipp escribió, dirigida al gobernador, exponiéndole que él estaba dispuesto a deshacerse de sus tierras, a aceptar una expropiación […] Ésta ha sido una tensión normal en la historia del proyecto.

José Luis Gámez Valdivia, director de Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), opina que “en el área existen todos los usos inadecuados imaginables […] debido en gran parte a que constituye el bosque más cercano a una enorme ciudad y la población además lo ha considerado solamente como un sitio de recreo al aire libre”.

Advierte que no hay reconocimiento suficiente al sacrificio de los propietarios, y que la premisa de la conservación es que las áreas naturales deben ser productivas, siempre y cuando no se vea su productividad en términos de árboles talados, sino con todo un abanico de proyectos y de pago de servicios ambientales que pueden generar riqueza y compensaciones a los dueños afectados con el decreto.

“Es necesario dar espacio de concertación con los propietarios beligerantes y establecer mecanismos y reglas muy claras para su participación”. Esto los llevará a convertirse en aliados del proceso, asegura.

¿El modelo de conservación en La Primavera está en crisis por el enfrentamiento de lo público y lo privado? Para Arturo Curiel Ballesteros, investigador de la Universidad de Guadalajara, “los decretos de áreas naturales siempre enarbolan el interés público y gracias a eso tenemos reservas protegidas".

Sin embargo, "si analizamos un poco que la categoría de protección de La Primavera es área de flora y fauna y, al visitarla, vemos la gran cantidad de aparcelamientos, de mallas y alambres que existen, pues vemos claro el reflejo de eso, porque se les ha vendido la idea de que tienen el derecho a seccionar […] También proliferan letreros de terrenos en venta y, en general, no veo que nada de los distintos valores que tiene La Primavera se aprovechen de forma digna”.

A juicio del académico, fundador del Laboratorio del Bosque La Primavera de la UdeG, la clave de este fracaso parcial es que no se ha sabido posicionar ante la sociedad tapatía el extraordinario valor de esta floresta, por lo cual falta base social, participación y compromiso de sus habitantes. “No hay una visión compartida, y esto debilita el proyecto y lo expone al juego de los otros intereses”, subraya.


• Caballos pastan debajo de un encinar del bosque. Foto: Marco A. Vargas



- Claves
Una historia de sobresaltos

• En 1980, año del decreto de protección, existían cuatro fraccionamientos en el interior del bosque y una decena en la periferia. Comenzaba la ejecución del proyecto Ciudad Primavera, que pretendía albergar medio millón de personas; eran normales los cambios de uso de suelo para la siembra de caña de azúcar, la presencia de ganado, la cacería, los bancos de material geológico, la vista pública desordenada; las carreteras a Nogales y a Tala comenzaron a cortar corredores de fauna

• En ese año, el decreto fue posible por el fuerte movimiento social de defensa al bosque; se adquirió un predio de 5,500 hectáreas para constituir propiedad pública en la reserva y, aunque había escasos recursos (con la sola presencia institucional de la UdeG), se detuvieron todas las tentativas de urbanización

• En 1997, cuando entra en operación la dirección ejecutiva del bosque (luego de la transferencia de la administración de la reserva al estado), se tenía ya un deterioro severo de la zona de Planillas por el agresivo experimento geotérmico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1989; había una invasión “hormiga” de fincas en el bosque y el desbordamiento de asentamientos irregulares en el oriente

• Para entonces ya se había logrado detener las actividades de extracción de bancos de materiales y el establecimiento de estrategias permanentes para el combate de incendios, así como la consolidación de algunos sitios de visita pública, aunque el desorden prevalece

• En 2005, en el aniversario 25 de la reserva, se vivió el incendio más vasto de cuantos se tengan registrados en la reserva: el fuego pasó por más de once mil hectáreas. Nunca se dio con los responsables, aunque se acreditó que fue un siniestro provocado por el hombre

• Otros daños de más largo aliento: urbanización en la periferia, que acentúa el gradual aislamiento del área protegida; los ayuntamientos de Zapopan y Tlajomulco autorizan decenas de fraccionamientos periféricos; el valle de Tesistán ve mermado su papel de enlace de especies con la barranca; el corredor entre el volcán de Tequila y La Primavera se rompe parcialmente

• 2008. Aunque el proyecto de geotermia no fue aprobado por el gobierno federal, los ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán logran cercenar más de 640 hectáreas de la reserva protegida por medio de un amparo que todavía tiene pendiente una segunda instancia. Las actividades ilegales de caminos y fincas al interior del bosque son comunes

• Algunos logros actuales: el proyecto de zona de visitación pública en Agua Brava, que engrosó la superficie pública dentro del bosque; revisión del programa de manejo y una reingeniería institucional de resultados aún escasos; presupuesto público comprometido por 18 millones de pesos para 2008

• Entre los mayores riesgos actuales, está la construcción del macrolibramiento de Guadalajara, que pasará a menos de un kilómetro de la área natural protegida y, si no se cumplen condicionantes, podría condenar al bosque a un aislamiento mayor y a la degradación genética de sus especies

• También es previsible que la zona de “amortiguamiento”, jurídicamente inexistente, será copada por negocios inmobiliarios que aumenten la presión sobre el bosque y terminen de aislar la floresta; y que, en caso de que siga la violación abierta de la legalidad con la construcción de fincas al interior de la reserva sin mayor sanción de la autoridad, se puede generar un “efecto dominó” de consecuencias imprevisibles

Supera Arcediano a La Primavera en número de especies animales

Jaguarundi

Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Los animales encontrados en la barranca de Arcediano, donde confluyen los ríos Santiago y Verde, son más diversos y numerosos que en el propio Bosque La Primavera.

Después de un estudio realizado por las empresas Asme (Asesoría Medioambiental) y Germina —contratadas por la Comisión Estatal del Agua (CEA)—, encontraron más especies de las esperadas.

En aves, se enlistaron 208 especies de las 123 esperadas o potenciales, de las cuales 7% están bajo alguna categoría de protección. Entre las más relevantes se encuentran colibríes, búhos, pericos y pájaros carpinteros.

En cuanto a mamíferos, se detectaron 53 de las 78 especies potenciales, superando las que hay en La Primavera, incluso la mitad de las que habitan en la Reserva de Manantlán.

El inventario, que duró un año, también arrojó que en el punto de Acatic vive la mayoría de reptiles y anfibios, tales como culebra cascabel y escorpiones.

Lo que sin duda provocó sorpresa entre los biólogos que trabajaron en este estudio, es que de los más de 23 mil ejemplares de insectos detectados, se logró el registro de una nueva especie a la que aún no se le determina el nombre.

Ayer presentaron los resultados de este inventario, que forma parte de las condiciones establecidas en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción de la Presa de Arcediano.

Participaron alrededor de 14 expertos, que instalaron campamentos permanentes en seis puntos estratégicos al fondo de la barranca: Huaxtla, Camino a Mascuala, Colimilla, El Salto, La Toma y Acatic.

El sitio donde se detectó la mayor diversidad de fauna en este bosque tropical caducifolio, fue en la zona de Colimilla, por la acumulación de agua.

Raúl López Velázquez, gerente ambiental de la CEA, aseguró que una vez que comience la edificación de la presa, los animales serán reubicados a terrenos aledaños en posesión de la dependencia, “con el mismo ecosistema”.

Este sería el primer estudio integral que se realiza en Arcediano. Los que existen son aislados, sostuvo el biólogo Hugo Heriberto Sandoval Sánchez.

El experto dijo que este tipo de trabajos debe realizarse antes, durante y después de la obra para medir el impacto. Aunque reconoció que sí habrá afectaciones, descartó la posibilidad de que la fauna sea severamente dañada al ser desplazada por la Presa de Arcediano.

¿Qué sigue?

Concentrar muestreos en la zona a inundar y áreas auxiliares, bancos de material, cañadas y cañones de difícil acceso.

Ampliar muestreos en la zona de influencia.

Establecer un programa de rescate y reubicación de la fauna silvestre.

Establecer un programa de educación ambiental.

Fuente: CEA

Sesión abierta por única ocasión

Con la llegada de César Coll Carabias a la Comisión Estatal del Agua (CEA), las sesiones del Consejo Académico del Agua se han mantenido cerradas a los medios de comunicación desde hace más de un año.

Ayer, por primera vez, esta reunión (que congrega académicos, especialistas y autoridades de medio ambiente) fue abierta por única ocasión a los reporteros, por cumplir 50 años de ser realizada.

Sin embargo, las siguientes sesiones serán a puerta cerrada, situación que no ocurrió durante la pasada administración de Enrique Dau Flores.

En regla, empresas que vierten metales pesados al Santiago: Conagua


Evelyn Águila – EL INFORMADOR

La verificación realizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a industrias que vierten sus descargas al Río Santiago, se impusieron 15 sanciones por no cumplir con la normatividad, pero ninguna por descargas de metales pesados fuera de lo permitido.

Antonio Iglesias Benítez, director en la región de la Conagua, precisó que el incumplimiento detectado ha sido únicamente por descargas de fósforo, sólidos y nitrógeno entre 5% y 10% por arriba de los límites máximos permisibles establecidos.

“Tengo que hacer la puntualización en el no cumplimiento; están en algunos parámetros como es fósforo y nitrógeno, incumpliendo en 5%, un 10% de las condiciones particulares de descarga que tienen fijadas”.

El funcionario indicó que el resto de las empresas, 185, descargan dentro de la normatividad aunque sean metales pesados: “En ninguna tenemos que en algunas de las descargas (de metales pesados) estén por encima de las condiciones fijadas”.

El último muestreo se realizó durante los pasados meses de noviembre y diciembre, pero a raíz de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, presuntamente por intoxicación con arsénico luego de caer al Río Santiago, fueron verificadas de nueva cuenta, pero no se encontraron irregularidades a las ya detectadas con anterioridad.

“Los resultados son prácticamente iguales, inclusive en algunos metales están por abajo de los que habíamos encontrado en noviembre del año pasado”.

— ¿Se vierten metales pesados, pero no por arriba de la norma?

— Habría que ver el hecho que le llaman de vertido de metales pesados, porque si vemos nosotros la extracción de agua que se hace del subsuelo para riego agrícola e inclusive para agua potable, estamos sacando fierro, manganeso y arsénico; de hecho una de las fuentes principales es el agua que sacamos del subsuelo, entonces desde ahí viene la supuesta contaminación; es de origen natural todos estos materiales.

— ¿Pero qué capacidad tiene para revisar toda la zona?

— Lo que nos marca la norma es hacer mínimo dos monitoreos por año, que si no los hacemos nosotros, los hace alguna otra dependencia, o la misma empresa en particular tiene la obligación de presentar sus resultados de calidad del agua.

— ¿Si no son las empresas las que están contaminando con metales pesados, entonces quién está contaminando el Río Santiago?

— Lo que habría que hacer es la evaluación de qué metales pesados en específico estamos hablando y qué tramos en el río.

Al ser cuestionado sobre la calidad del Río Santiago, Iglesias Benítez admitió que únicamente es propicio para el riego de cultivos de caña, alfalfa y pastizales, que no se consumen en crudo.