Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El componente de la justicia ambiental es importante, pero no puede ser el eje de la acción pública para rescatar el Zea diploperennis, maíz silvestre emblemático de la sierra de Manantlán, advirtió ayer el investigador de la Universidad de Guadalajara, Enrique Jardel Peláez.
"Creo que levantar actas y aplicar sanciones ante acciones que son tipificadas como delitos ambientales no resuelve los problemas. Desde luego, no se pueden dejar de aplicar las medidas que marca la ley, pero con sensibilidad ante los problemas. Se necesita una actitud proactiva, no reactiva: hay que evitar eso que llaman delitos ambientales, y esto no se logra solamente aplicando sanciones sobre hechos consumados, sino buscando alternativas", dijo en una opinión que le solicitó Público, acerca de la devastación de un terreno agrícola de San Miguel, en Ayotitlán, donde sobrevivía el teocintle protegido, hace unas semanas.
"Se tiene que plantear una propuesta integral para los sistemas de producción agropecuaria, que incluyan aspectos de mejoramiento de la producción, conservación de suelos, conservación de recursos genéticos, control integrado de plagas y, sobre todo, mejoramiento de las condiciones de vida, empleo e ingreso para las comunidades locales", lo que incluye una comercialización justa de los productos agrícolas.
"Se esperaría que la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], con la colaboración de otras dependencias federales y estatales, y de la misma UdeG, que estuvieran planteando propuestas concretas, en lugar de perder tiempo y energías en disputas", advirtió.
"El caso de San Miguel es un síntoma, entre otros, de la falta de seguimiento a una estrategia integral de conservación y desarrollo en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán, y una muestra más de la vulnerabilidad de las áreas protegidas".
Jardel Peláez, experto forestal integrante del consejo nacional de áreas naturales protegidas, que asesora a la Conanp, opinó del "estudio técnico de consultoría" que realizó en 2007 la investigadora Genoveva Jiménez Gómez, "una evaluación general de la cual se derivaron una serie de recomendaciones específicas para la conservación y restauración del teocintle".
Pero de esos datos se debe pasar al programa integral, que "debe tomar en consideración la articulación de los programas gubernamentales y la inversión pública en aspectos tales como mejoramiento de la producción agropecuaria, conservación de cultivos criollos y sus parientes silvestres, defensa del patrimonio genético declarando el área como zona libre de organismos genéticamente modificados, conservación de suelos y protección de cuencas, mecanismos adecuados para la comercialización de productos locales derivados del maíz y otros cultivos orgánicos locales, prácticas adecuadas de manejo del fuego, articulación con programas integrales de vivienda, salud y educación", entre otros.
El manejo "incluye no sólo al Zea diploperennis, sino también a las razas de maíces criollos del lugar [razas Tabloncillo y Reventador], a otras especies silvestres emparentadas con los cultivos —hay algunas de frijol y de tomatillo, por ejemplo—, el sistema de cultivo tradicional y el paisaje circundante".
La estrategia "debe dirigirse a la generación de alternativas para las comunidades campesinas locales, que se encuentran entre las más pobres y marginadas del país, y se debe buscar el apoyo de otras dependencias gubernamentales, de los sectores agropecuario y de desarrollo social […] La situación no se puede resolver a través de pequeños proyectos desarticulados, como se ha venido haciendo hasta ahora", añadió, en alusión al replantamiento de Zea en diez hectáreas que anunció la Conanp para este año.
Jardel duda de los datos de retroceso en la distribución del Zea en Manantlán, pues en las mediciones de 1990 y las de 2007 hubo metodologías diferentes. No obstante, se debe trabajar fuerte por la especie, amenazada desde su descubrimiento, en 1977, que dio pie al decreto de la reserva, diez años después.
