domingo, 1 de febrero de 2009
No existe queja en el caso Manantlán
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Para el destituido juez segundo de lo civil de Autlán, José Guadalupe Lomelí González, su caso fue aprovechado por el consejero de la Judicatura con licencia, Enrique Villanueva, para sacar "notas de ocho columnas" en los medios de comunicación, una publicidad conveniente a su anuncio de que buscará la candidatura del PRI por Zapopan.
Pero lo cierto es que jamás fue cesado por alguna queja relacionada con el procedimiento 749/2006, que resolvió la prescripción positiva relacionada con los terrenos de la estación científica de Las Joyas, en Manantlán, desde julio de 2008. Su cese es por un asunto anterior, que data de 2002. Que siete años después venga a resolverse, lo llena de suspicacias.
Primero, no hay queja en la Judicatura por el caso Manantlán, sencillamente porque los que pueden inconformarse son los que se presentaron en el juicio, y ni la UdeG ni el gobierno del estado fueron llamados. El Registro Público de la Propiedad (RPP), que sí fue llamado y que tenía en sus manos resolver esa omisión, quedó en "rebeldía", es decir, ni siquiera compareció, lo que imposibilitó resolver la falta.
Segundo: ni los ganadores del proceso, un grupo de presuntos posesionarios del poblado de Ahuacapán; ni sus contrapartes, el RPP, o el Catastro de Autlán, presentaron queja. Entonces, no hay manera de generar un procedimiento.
Lomelí González exhibe la verdadera resolución en la que se funda su cese, que le fue notificada el viernes 23 de septiembre, con extraña oportunidad, advierte, de ofrecer su cabeza a la opinión pública como presunto responsable del entuerto judicial de Manantlán.
"El cese se vino a consecuencia de un caso penal en Zapotlanejo; se detectó que yo no había dado cumplimiento a un ordenamiento legal en el cual una persona que se pone a disposición del tribunal, aun disfrutando de libertad provisional bajo caución, debe citarse con el fin de tomar su declaración preparatoria; a quien corresponde dar cuenta al juez tanto de las promociones como del procedimiento es al secretario, y no lo hizo; yo no tuve al alcance los elementos para exigir que se señalara fecha pronta [para la compareciencia] como lo señala la ley", explica.
El juzgador considera que no tiene responsabilidad, y advierte que se defenderá.
Su carrera arrancó en 1965 como actuario. Su primer nombramiento, como juez familiar de Ciudad Guzmán, fue en 1984; luego pasó por Chapala, Cocula, Tequila, Zapotlanejo, Zacoalco, San Gabriel, y hace menos de dos años, a Autlán. El común denominador: mucho trabajo y pocos recursos para resolverlo.
caso Cuyutlán, a instancias internacionales
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La defensa de los manglares de la laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, llevó a los ecologistas a promover un expediente de hechos ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), instancia que vigila el cumplimiento de las leyes en la materia en los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio.
Los ambientalistas de Bios Iguana destacan que hay una evidente "falta de justicia ambiental mexicana" a favor de los promotores de los proyectos de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo, y de la planta de suministro de gas LP propiedad de la empresa Zeta Gas, ambas en este complejo lagunar, el más importante de todo el Pacífico centro mexicano.
Esto se da "después de cinco años de gestiones y de interponer recursos legales contra funcionarios de dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, y el propio gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, y los presidentes municipales de Manzanillo y Armería", sin olvidar a los empresarios, "que de manera cínica lograron que se dispensaran los trámites, a fin de lograr los permisos y la autorización de instalación en áreas que habían sido evaluadas y que son incompatibles por ubicarse en áreas de importancia biológica. No hemos tenido respuesta técnica ni jurídica de acuerdo con las regulaciones ambientales actuales y, por ello, presentamos esta denuncia ante la CCA", dijo Esperanza Salazar, de Bios Iguana, por medio de un comunicado enviado a Público.
La laguna de Cuyutlán concentra 90 por ciento de los manglares en el litoral de Colima, "los cuales, según el Instituto Nacional de Ecología, se están perdiendo en esa entidad a un ritmo de 2 por ciento anual. Además, está considerada como Área de Importancia para la Conservación de Aves, al residir aves migratorias que migran desde Estados Unidos y Canadá", abundó la activista.
El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, pero en el occidente mexicano "no hay nada que celebrar: a pesar de que los manglares están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre, la Semarnat otorgó la autorización para deforestar ocho mil metros cuadrados de manglar en el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo. Además, el gobierno de Colima […] ha transitado de la indiferencia jurídica a la violencia física, recurriendo inclusive a someter y acallar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un hecho penoso que viola las garantías individuales", comentó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace.
La situación se agrava, como en el caso de destrucción de 30 hectáreas de manglares y humedales para darle paso a las obras de ampliación del puerto de Manzanillo, "en las que sólo se trata de beneficiar a las empresas Stevedoring Services of America [SSA] y a la compañía Mexicana de Dragados [Dragamex], proyecto impulsado por Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes", añaden.