sábado, 15 de noviembre de 2008
Importante reunión sobre contaminación del Río Santiago
Senadores piden replicar modelo del río Ayuquila
Harán leyes y programas para reproducirlo en cuencas de todo México; reconocieron el trabajo intermunicipal a favor del desarrollo sustentable en esta región enclavada al sur de Jalisco
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Senadores de la república, impresionados con los resultados que arrojan nueve años de la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila, y el primer año de la junta intermunicipal de medio ambiente, prometieron ayer trabajar para elaborar leyes y propiciar programas que lleven a replicar este modelo de asociación de municipios en otras cuencas del país.
Ramiro Hernández García, del PRI; Héctor Pérez Plazola, del PAN, y Martha Sosa Govea, del PAN-Colima, además del diputado federal perredista Tonatiuh Bravo Padilla, se reunieron por la tarde con los diez presidentes municipales integrantes de la iniciativa, así como el titular de la junta intermunicipal, Arturo Pizano, y sus asesores académicos, del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), y de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio AC), para escuchar propuestas y diagnósticos que lleven a mejorar la experiencia en la cuenca.
Además de comprometerse a respaldar el modelo Ayuquila con trabajo legislativo que podría derivar en una eventual Ley de cuencas, para fomentar asociaciones intermunicipales que atienda los rezagos más importantes y caminen hacia el desarrollo sostenible; plantearon la posibilidad de establecer programas de incentivos, fundamentalmente económicos, para municipios que accedan a dinámicas y experiencias similares, sobre todo, los que se ubiquen en zonas terrestres e hidrológicas prioritarias (definidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad).
Bravo Padilla consideró necesario alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de los recursos de los municipios, y no sólo pedir subsidios. Habló en particular del caso del impuesto predial, el cual podría realizarse a través de organismos autónomos municipales o intermunicipales, para evitar los roces de la autoridad municipal con los gobernados.
Álvaro Lepe, director de desarrollo rural del Ayuntamiento de Colima, reconoció que un resultado palpable del éxito de la gestión de cuenca en el Ayuquila es que el estado vecino les entrega mayor calidad y cantidad de agua.
Por su parte, la senadora Sosa Govea, de Colima, consideró necesario impulsar una iniciativa análoga en la cuenca baja del río Armería, que es la parte final del Ayuquila, hasta su desembocadura en el océano Pacífico.
La iniciativa ha sobrevivido a cambios de gobierno e incluso de partido en el poder, porque los ciudadanos se la han apropiado; no es casual que las demarcaciones que más la han impulsado sean las tres más pobres: Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo.
Esto revela que se trata de un problema social que repercute en lo ambiental, comentaron los investigadores de la UdeG.
El encuentro con los senadores y el diputado fue la culminación del Foro internacional sobre intermunicipalidad y desarrollo territorial: alternativas para una nueva gobernanza ambiental, realizado en el CUCEA de la UdeG.
Gobierno mexicano viola leyes en río Marabasco, acusa Tribunal Latinoamericano del Agua
Nueva condena a Peña Colorada pordañar el Marabasco
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Las autoridades mexicanas fueron censuradas por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) "por desatender los graves impactos ocasionados a la cuenca del río Marabasco, sus comunidades bióticas y las comunidades nahuas asentadas en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera sierra de Manantlán", debido a las actividades mineras de Peña Colorada y otros emporios menores en la zona.
En un veredicto alcanzado en Antigua, Guatemala, el pasado 12 de septiembre, los miembros del tribunal no gubernamental más prestigiado del subcontinente ponderaron los daños ambientales y sociales generados a la cuenca a lo largo de los últimos decenios.
Las recomendaciones de este cuerpo colegiado de expertos sugieren que "se apliquen los mecanismos legales en contra de aquellas actividades mineras que contaminen o puedan contaminar el ambiente y el agua en la reserva; que las comunidades nahuas sean escuchadas y participen en cualquier investigación, prospección y aprovechamiento de recursos naturales en la reserva mencionada; que se lleven a cabo en el corto plazo diálogos, consultas y mesas de concertación donde las comunidades nahuas puedan expresar sus derechos y costumbres".
Además, "que se revisen y actualicen por el Gobierno con cooperación de los pueblos interesados, los estudios de impacto ambiental así como las medidas de mitigación, control y restauración de impactos ambientales, siempre con la participación de la comunidad nahua y la presencia de instituciones científicas".
Otras recomendaciones indican que "la comprobación de daños a la comunidad nahua, como consecuencia de la actividad minera, resulte en el resarcimiento de los mismos".
También, "que antes de elaborar e implementar planes y actividades relativos a infraestructura, agricultura, desarrollo regional y turismo, en la reserva de Manantlán, las autoridades mexicanas respeten y cumplan el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes". Dicha norma establece el derecho a la integridad cultural y territorial de los pueblos aborígenes del mundo.
A juicio del TLA, están suficientemente demostrados los abusos y excesos de los emporios mineros, el último de los cuales empezó "el 22 de noviembre del 2005, centenares de nahuas detuvieron los trabajos de apertura de la brecha de acceso al paraje Piedra Imán, que la minera estaba realizando mediante la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental sin consulta previa emitida por la Semarnat de la delegación de Jalisco" (ver Público, 25 y 26 de noviembre de 2005). De allí se deriva un largo enfrentamiento que culminó con la destitución de un comisariado ejidal proclive a Peña Colorada, Jesús Michel Prudencio.