Contaminación en el Santiago llega a vía penal

La madre del niño muerto y diputados de oposición buscan sanciones por muerte y polución; habrá sorpresas, dicen industriales.

Esperanza Romero Díaz/ Sonia Serrano Íñiguez/Patricia Romo Sahagún

El caso de Miguel Ángel López Rocha se complica. Por un lado, se judicializó, ya que la madre del menor presentó denuncia penal culpando a las autoridades de la muerte, y tres partidos políticos analizan seguir un camino similar para deslindar responsabilidades; por el otro, empresarios indicaron que el Ejecutivo estatal les dejó entrever que habrá sorpresas y que incluso se maneja la hipótesis de un asesinato.

“Todavía no está la autopsia a 100 por ciento y creo que por ahí hay unas investigaciones que van a sorprendernos”, señaló Javier Gutiérrez Treviño, tras reunirse con el gobernador Emilio González Márquez. Agregó que “ayer [el martes] hablamos con el procurador [Tomás Coronado Olmos] y nos dijo que está siguiendo otras líneas de investigación”.

De manera extraoficial, otros empresarios presentes en la reunión revelaron que el Ejecutivo estatal les dejó entrever que el menor fue asesinado.

Quien no tiene dudas sobre la causa de la muerte de Miguel Ángel es su madre, María del Carmen Rocha Mendoza, quien este miércoles respondió a los cuestionamientos del gobernador respecto a quiénes son responsables del fallecimiento de su hijo (que murió intoxicado por arsénico, presuntamente ingerido tras caer al río Santiago). Al mediodía se presentó ante la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) en El Salto, para señalar como culpables a las autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y la Comisión Estatal de Agua (CEA).

Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), es el coadyuvante de la madre, quien el pasado 13 de febrero ya había presentado denuncia penal por la muerte de Miguel Ángel (averiguación previa 269/08). Éste informó que ayer la mujer presentó un acta complementaria (a su denuncia inicial) señalando a la SSJ y a la CEA como autoridades responsables de la contaminación que le quitó la vida a su menor, “para que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente y le ponga nombres”.

Estrada Juárez dijo que el hecho de que se conociera desde hace un par de años la situación del afluente y que las autoridades hayan sido negligentes motivó la denuncia complementaria, “porque desde 2006 sabían de la presencia de metales pesados y no hicieron nada”.

“El acto de la mamá de Miguel Ángel es la forma en que le responde al gobernador”, agregó el coadyuvante, luego de calificar al procurador Tomás Coronado Olmos como “un mentiroso”. Esto, debido a que hizo declaraciones sobre las investigaciones que la dependencia a su cargo realiza en torno a la muerte del menor y no informó que se originan en la denuncia de la madre, del 13 de febrero (269/08), sino que se siguen por oficio (Público, 19 de febrero de 2008).

Asimismo, dio a conocer que este día estarán presentando otra denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), por la responsabilidad que les toque.

Señaló que en las acciones emprendidas por la madre y FIND se están aportando los documentos relacionados con las opiniones técnicas que hicieron llegar en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tras celebrar la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso, “porque su investigación será más imparcial y genera mayor confianza”, Estrada Juárez indicó que la situación en el río Santiago es producto de la falta de voluntad política de los gobiernos.

En La Azucena no dudan: el niño murió por la contaminación del río. Foto: Marco A. Vargas

Quienes sí están mostrando voluntad política para que se haga algo en este caso son los diputados de oposición en el Congreso del Estado, pues tres partidos revisarán los elementos para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por la contaminación en el río Santiago y las omisiones de las autoridades, así como la posibilidad de que ésta haya sido la causa de muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.

Lo anterior fue anunciado ayer en conferencia de prensa por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los legisladores por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Alfaro Ramírez, y Nueva Alianza (Panal), Guadalupe Madera Godoy. La priista Verónica Martínez Espinosa será quien se encargue de la revisión jurídica para la presentación de la denuncia.

Además, los diputados confirmaron la creación de una mesa de trabajo para buscar solución a los problemas de contaminación.

Después de que el pasado martes la mayoría panista rechazó la propuesta que había presentado el diputado del PRI Jaime Prieto Pérez, para que se declare zona de emergencia sanitaria al río Santiago, a su paso por los municipios de Juanacatlán y El Salto, los diputados del tricolor aclararon que continuarán con los trabajos sobre el tema.

Los trece legisladores del PRI, Alfaro y Madera Godoy señalaron que los trabajos serán de acciones legislativas, políticas y jurídicas.

Por lo pronto, presentarán una denuncia penal contra quien resulte responsable de la contaminación del río, pero también por las omisiones en que se pudo incurrir. En este último caso, apuntarían a las autoridades.

El coordinador de los diputados del PRI, Juan Carlos Castellanos, reiteró que es lamentable que sigan buscándose culpables en lugar de una solución. Aclaró que es distinto el tema de la responsabilidad, especialmente en lo que se refiere a las autoridades, que no han actuado como corresponde.

Castellanos agregó que se creará una mesa interinstitucional de trabajo, para dar seguimiento al tema. Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez anunció que invitarán a los representantes de las organizaciones civiles de El Salto, que desde hace varios meses habían denunciado los problemas de contaminación.

Alfaro lamentó además las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, a quien llamó “palero” del gobernador, luego de que éste minimizó el problema de la contaminación del Santiago y dijo que para demostrarlo no dudaría en beber agua del río (ver nota página 8), por lo que lo retó: “Que me diga a dónde y cuándo paso por él para ir juntos al río Santiago, con un notario, para que se tome su buche de agua”.

En tanto se define quién o quiénes son los responsables de contaminar el río Santiago y de la muerte de Miguel Ángel, María del Carmen Rocha Mendoza ya planea mudarse de La Azucena, por el temor a que la contaminación del afluente le quite a otro de sus hijos.

Quieren proteger Colomos de obra

Sergio Hernández - MURAL

Vecinos de los alrededores del Bosque Los Colomos están promoviendo una manifestación para el domingo, a las 8:30 horas, para expresar su inconformidad por el desmonte de un terreno que está dentro del parque y que es urbanizado para la construcción de vivienda.

La marcha saldrá de la Glorieta Minerva y continuará por la Avenida Juárez, hasta el Centro de la Ciudad, siguiendo la ruta de la vía recreactiva.

Los promotores señalan que están indignados por la falta de autoridad para evitar que un predio de 15 mil metros cuadrados pase de ser área verde a habitacional.

"Somos un grupo de ciudadanos afectados por la tala [...], por unos supuestos dueños que aparecieron ahí y no se cómo pudieron meter unas máquinas a Los Colomos por la puerta de entrada sin que les dijeran nada y en menos de una semana talaron esa parte porque supuestamente van a hacer unos edificios ahí, siendo que el Plan Parcial de Desarrollo incluye que ahí no se puede construir nada porque es una zona protegida", comentó Jorge Tostado Farrera.

"Estamos verdaderamente alarmados de que ninguna autoridad haya hecho nada por impedir, eso entonces va a haber una marcha pacífica el domingo a las 8 y media hacia el Palacio Municipal, y pedirle ahí al Presidente Municipal que nos oiga, que nos ayude porque somos unos ciudadanos que queremos conservar ese patrimonio que es para toda la ciudad, es un pulmón que se lo están comiendo".

La edificación del terreno se realiza luego de años de juicios que le dieron la razón a los particulares, quienes, según el Poder Judicial, resultaron ser los legítimos dueños, aunque los vecinos creen que se quedaron con el área mediante documentos apócrifos.

Marcela Escoto comentó que esa área verde que se está perdiendo para la Ciudad no se puede cambiar por otra, porque no más espacios en la zona metropolitana.

"Estoy cerca de ese lugar, me pude dar cuenta del abuso, no estoy conforme, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a trabajar porque haya justicia", dijo Miriam Padilla Fajardo.

El gobierno “hostigó” al comisariado para firmar

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El truco del gobierno de Jalisco fue presionar al comisariado de bienes comunales y obligarlo a firmar un acta espuria, ante las prisas o la falta de capacidad de sus negociadores para hablar y convencer al pleno de la asamblea comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán de la conveniencia de permitir en su territorio la nueva carretera pavimentada Bolaños-Huejuquilla.

Esa es la defensa que ofrecieron ante la asamblea del pueblo wixaritari Felipe Bautista Carrillo y Daniel Medina de la Rosa, respectivamente presidente y tesorero del comisariado hasta noviembre de 2007, quienes estamparon su rúbrica en los documentos que la Secretaría de Desarrollo Urbano exhibió a Público como demostración de que el “derecho de vía” para el proyecto, que afecta 19 kilómetros de Tuapurie, había sido legalmente otorgado.

Es un relato escrito en tercera persona. La historia comienza en la cabecera municipal de Mezquitic, “el día 18 de marzo de 2007, estaban en los portales enfrente de la plaza, cuando llegó el presidente municipal Ernesto de la Torre Martínez, junto con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano [Sedeur]; ahí les presentaron el croquis del proyecto y les propusieron que firmaran el convenio, pero no lo hicieron”.

Días después,“los encontraron en una tienda de abarrotes y los invitaron a la Presidencia Municipal o al restaurant bar El Lobo a una plática y a que firmaran el documento de cambio de uso de suelo; se negaron a firmar, argumentando que con la pavimentación iban a aumentar los maltratos y arbitrariedades de la policía a los peregrinos a Wirikuta y a los que realizan los ritos de la cacería del venado, y que la asamblea estaba proponiendo que se indemnizara a la comunidad antes […] ya de regreso, en la Cuesta de los Huesos, fueron molestados y esculcados por la policía estatal de Jalisco”.

Luego, en Las Latas, el 9 de septiembre, los agentes del gobierno arribaron en helicóptero “presionando a la poca gente reunida a que firmaran los convenios del megaproyecto con el argumento de que traería grandes beneficios y desarrollo […] que si no firmaban en ese momento podríamos perder la oportunidad de crecer…”. Fracasaron otra vez.

El 15 de septiembre, “sin previo aviso, llegaron a Santa Catarina Cuexcomatitlán los presidentes municipales de Huejuquilla, Mezquitic y Bolaños, personal de las diferentes secretarías del gobierno, acompañados de varios policías, y les pidieron que se reunieran en la oficina del gobernador Aurelio Torres, porque era urgente firmar […] como no los dejaban en paz, decidieron firmar el comisariado y el tesorero los papeles que llevaban, previamente redactados en computadora; el secretario estaba ausente […] los presidentes se comprometieron a hacer un convenio con el gobernador del estado sobre la peregrinación a Wirikuta y los rituales de la cacería de venado, cosa que no se ha cumplido […] se les pidió que hicieran llegar copia de cada uno de los documentos firmados por ellos, cosa que nunca cumplieron…”

Al otro día, obtuvieron en Pueblo Nuevo la firma de Pedro Hernández Torres, secretario, a quien no le quedó de otra. Y lograron el objetivo sin necesidad de consultar a la asamblea.

Así se configuró el acta espuria, lo cual “es ofensa grave para la comunidad, porque se hizo a espaldas de la asamblea”.

Por eso el plantón sigue. Y el proyecto de comunicar la Sierra Madre Occidental está a punto de irse al caño de las aparentes buenas intenciones.


“No hubo falsificación”

Ignacio Pérez Vega - Público

• Ante la inconformidad de los huicholes, el gobernador Emilio González Márquez, anunció que los recursos destinados este año para la construcción de la carretera Huejuquilla-Bolaños, se utilizarán en otro tramo que no esté en conflicto y rechazó que se haya falsificado el acta de anuencia para efectuar la obra.

“Hubo un acuerdo previo que ahora se está desconociendo, pero el acuerdo existió. A nosotros nos toca seguir actuando, por medio del convencimiento, yo estoy seguro que llegaremos a acuerdos. Esta carretera trae 500 años de retraso y no estamos dispuestos a que tarde otros 500 años, pero somos pacientes”, aseveró.

“Todas las obras grandes tienen grandes complicaciones […] respetamos las creencias, pero consideramos que este quehacer del gobierno del estado no vulnera su idiosincrasia y que, por el contrario, les puede llevar beneficios importantes”. González Márquez señaló que las pláticas con la etnia seguirán.

Inadmisibles, las condiciones de trabajo de Caabsa en el tiradero de Los Laureles: Semades

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

El descontento por la contaminación que sufren los municipios de El Salto y Juanacatlán, tanto en tierra, agua y aire, continúa irritando a los habitantes de estas localidades, separados, y unidos a la vez, por las aguas negras del río Santiago.

Luego de la muerte del menor Miguel Angel López Rocha el pasado 14 de febrero –tras vivir una agonía en coma por 19 días-, a causa de una intoxicación por arsénico, cerca de 200 personas, oriundas de El Salto y Juanacatlán, se manifestaron ayer por la tarde afuera del tiradero Los Laureles.

El contingente salió de la presidencia municipal de El Salto y recorrió cerca de 2 kilómetros para llegar al tiradero. Niños, mujeres, ancianos, discapacitados marcharon con una sola consigna: “¡Queremos El Salto sin basura!”.

Al frente, un grupo de menores exigían con cartulinas rosadas y amarillas, el cierre definitivo de Los Laureles. Pequeños de 6, 10, 12, 8 años, como la edad que tenía Miguel Angel cuando murió. Atrás de ellos, otros menores un poco más cercanos a la mayoría de edad: estudiantes de la preparatoria que portaban un listón negro en alguna manga de la playera. El luto sigue vivo en El Salto y Juanacatlán.

Cerca de las 16:30 horas, los vecinos del río Santiago –del que en sus últimos momentos de lucidez, Miguel Angel había comunicado a los médicos que había estado en sus aguas–, se ubicaron frente a las puertas del tiradero en el que se descargan diariamente, unas 2 mil toneladas de basura provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La directora de regulación y disminución de la contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Dulce María García Bugarín, al ver a los inconformes exigió: “si no se controlan no entramos”. La orden fue dirigida hacia un grupo de representantes de organizaciones civiles de El Salto. La funcionaria de la Semades, sirvió de enlace entre Graciela González, de la asociación Un Salto de Vida y la titular de la dependencia, Martha Ruth del Toro Gaytán. González acabó por convencer –vía telefónica– a Del Toro Gaytán: “sólo vienen a manifestarse para apoyar”.

Mientras, ante los gritos que pedían el cierre de Los Laureles, una empleada de la Semades, cuestionaba a un grupo de vecinos: “a ver, ustedes, ¿separan la basura? ¿cómo la separan?”, con un tono de voz que deja entrever a quienes pertenecen a la alta clase social, o al menos eso aparentan.

Ante los fuertes rayos del sol de entre las 4 y las 5 de la tarde, el coraje se alzó con el polvo ante la insistencia de algunos operadores de los camiones de la empresa Caabsa Eagle que insistían con entrar al tiradero.

“Compañeros, bloqueen la entrada”, gritó un hombre. Lo hicieron. Con sus lentes de sol, García Bugarín, insistía a Graciela González controlar la situación. La “maestra” como suelen decirle a González, tomó el micrófono y recordó que desde noviembre se acordó con Semades la revisión del sitio.

“Yo sé que existe una situación de rabia y coraje que sienten y que permanece en los ciudadanos de El Salto, Juanacatlán e incluso de Tonalá”, dijo González.

La respiración fue calmándose en los manifestantes y al final concordaron en un punto: por 15 minutos no dejarían entrar ni salir ni un solo camión de basura.

Pasado un cuarto de hora, seis representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales fueron designados para entrar con las autoridades a revisar el lugar: José Luévanos, Víctor Martínez, Santiago Márquez, Ernesto Baltazar y Enrique Encizo. Por parte de Semades: García Bugarín y un puñado de empleados de comunicación social de la dependencia.

Luego de casi dos horas de recorrido, Semades concluyó que era “inadmisible que Caabsa laborara en esa situación”, según comentaron algunos ecologistas de El Salto que estuvieron presentes.

Reconocieron que la postura de Semades es de puertas abiertas y que durante el trayecto, empleados de la dependencia fotografiaron y recogieron muestras de los lixiviados.

“Nos dijeron que durante esta administración (encabezada por Martha Ruth del Toro), se le han apretado las tuercas a Caabsa”, dijo uno de los activistas.

Así, hubo un compromiso de 11 puntos a realizarse a partir de hoy entre Semades, Caabsa y las agrupaciones locales.

Como primera actividad, Semades entregará hoy a los grupos ecologistas de El Salto y Juanacatlán, un estudio de impacto ambiental “que ya tenían hecho”. Se trata de una investigación hecha en la zona “muerta” del tiradero donde conviven lixiviados desde hace unos 10 años. Es un espacio de unas 11 hectáreas en las que se alzan montañas de basura de entre 12 y 15 metros. La zona “muerta” además, se ubica frente al río Santiago.

De igual forma, se harán estudios de permeabilidad del suelo; de mecánica de suelos, de monitoreo de aguas del Santiago en los puntos anterior y posterior a Los Laureles; se efectuará un estudio de monitoreo de pozos, presas, arroyos aledaños la basurera; otro estudio más de suelos de zonas afectadas unos 10 años atrás; estudios también de la calidad de aire; análisis CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, infeccioso y biológico, por sus siglas), de los lixiviados y un estudio de vientos debido a los malos olores que llegan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán.

A la vez, Caabsa se comprometió a realizar una campaña de cultura de separación de residuos en la región así como pagar los estudios de un laboratorio electo por los grupos locales. También se solicitó la creación de un bosque espeso entre la basurera y la población a efecto de contrarrestar los malos olores.

Por lo pronto, hoy, a las 17 horas, la minuta de los acuerdos será dada a conocer a los lugareños frente a la presidencia municipal de El Salto, donde esperan los activistas, acuda el alcalde, el priísta Joel González.

Documentan contaminación del suelo de La Ciudadela

El terreno sufrió efectos del uso de Motorola y SCG, revelan escrituras.

Esperanza Romero - PÚBLICO

Hay pruebas fehacientes de que el terreno donde se edifica el megadesarrollo inmobiliario La Ciudadela está contaminado, informó Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias, quien señaló que el daño proviene del uso industrial que hicieron del predio las empresas Motorola de México y SCG México.

Dijo que es urgente que cesen las obras de construcción y se lleve a cabo una completa remediación del terreno, “con apego a todas las normas aplicables y con toda honestidad y transparencia, respondiendo a los intereses de salud de los ciudadanos”.

Ayer, en rueda de prensa, el también presidente de Jardines del Sol dio a conocer el resultado de una exhaustiva investigación en torno a las operaciones de compraventa del predio, de la que se desprende, según escrituras, que desde 2002 había indicios de la contaminación, pero en 2003, cuando Alejandro Sánchez Garza vendió una parte del inmueble a la Universidad del Valle de México (UVM), se confirmó el daño.

Asimismo, reveló que 85 por ciento del terreno fue adquirido, a través de un fideicomiso, por una empresa extranjera, a cuyos accionistas contactarán en breve los colonos para darles cuenta de la situación y de sus acciones legales para que se cancele el proyecto.

“Lo que no podemos saber es la magnitud y la peligrosidad de los materiales contaminantes, pero lo que es un hecho es que la Universidad del Valle de México, AC, al conocer los estudios de fecha 25 de septiembre y 14 de octubre de 2003 y cuando por el costo del plan de remediación Alejandro Sánchez Garza decidió no pagarlo, la UVM decidió vender su parte e instalarse en un terreno mucho más costoso por su ubicación”, resaltó Kellner.

Mostró preocupación porque, con el movimiento de tierras que se ha hecho, en aras del proyecto La Ciudadela, los contaminantes se han diseminado: “La situación ambiental se agravó cuando a partir de enero de 2007 y hasta la fecha se han extraído toneladas de tierra contaminada y ha sido esparcida por la zona metropolitana. Ahora, además del inmueble contaminado, existen muchos lugares desconocidos también contaminados”.

Lamentó que las autoridades municipales de Zapopan, en la Administración pasada, no solicitaran a los promotores el estudio de impacto ambiental, indispensable para la expedición de licencias y que, con base en actos administrativos ilegales, los desarrolladores avanzan en un proyecto que entraña riesgos a la salud.

Según la investigación, el primer indicio de una posible contaminación del terreno se encuentra en la carta de intención que se suscribe el 2 de mayo de 2002, en la cual SCG México pretende vender el inmueble a Grupo Fracsa, SA que a su vez pretendía comprar. En ésta se detalla que “no obstante cualquier disposición contenida en la presente carta de intención, el vendedor no otorga ni otorgará declaración, garantía o indemnización alguna en relación con la contaminación ambiental y ecológica del inmueble”.

Posteriormente, en la escritura 3,042, mediante la cual SCG México vende a Alejandro Sánchez Garza el 29 de agosto de 2003, se asienta que “el comprador adquiere del vendedor el inmueble en el estado en el que se encuentra y con los defectos y vicios ocultos que pudiera presentar”, y renuncia a ejercer cualquier acción que le pudiera corresponder de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, “incluyendo sin limitación el derecho de presentar cualquier denuncia o ejercer cualquier clase de acción que tenga por objeto reclamar del vendedor la responsabilidad ambiental en la que pudiera haber incurrido por contaminar o deteriorar el ambiente o por afectar los recursos naturales o la biodiversidad”.

Sánchez Garza se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al vendedor de cualquier daño, perjuicio, reclamación, ejercicio de acciones, multas, sanciones u obligaciones de restituir, que se le impongan o se le intenten imponer ya sean de carácter administrativo, civil o penal y sin importar si se trata de una autoridad federal, estatal o municipal, administrativa o judicial, derivado del estado ambiental del inmueble por condiciones que surjan con posterioridad a la fecha de firma del presente instrumento”.

Los huicholes nos dirán el ritmo para construir la carretera: Emilio

Su posición es muy respetable, nos toca convencerlos de los beneficios de la nueva vialidad, indicó

Momentáneamente se continuará el trazo de la vía en otros lugares, señaló el mandatario

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

El gobierno de Jalisco no desalojará a los cientos de indígenas huicholes que acampan desde el lunes 11 de febrero en el paraje conocido como Ciénaga de los Caballos, en el trazo de la carretera Bolaños-Huejuquilla que cruza por su territorio comunal al norte de Jalisco, el cual mantienen bloqueado al oponerse a la construcción de la vía debido a que cruza por zonas sagradas para ellos y lastimaría severamente el medio ambiente al dividir el corredor ecológico que ha logrado mantenerse a salvo virtud a la baja densidad poblacional y la ausencia de vías de comunicación.

“Ellos defienden una posición con base en lo que creen, lo que es respetable, a nosotros nos toca convencerlos de los beneficios que para ellos tiene esta carretera, que es de beneficio sobre todo para la zona huichol. Ellos han sido perseguidos, hostigados, discriminados, no tienen antecedente de por qué confiar en los mestizos, vienen a nuestras ciudades y son despreciados ¿por qué habrían de ser amables cuando va la autoridad de esos mestizos a incursionar en sus tierras? Ellos están en lo correcto, creemos que podemos ayudarles mucho a través de esa carretera y otras cosas, los vamos a convencer porque son temas positivos”, dijo el gobernador Emilio González Márquez.

Afirmó que de ninguna manera el gobierno estatal los timó con el convenio a que se llegó para hacer la carretera, pero que de cualquier manera aceptan su decisión. Además, consideran que la inversión millonaria que ya estaba en proceso de ejecución bien puede cambiarse a otro lugar del estado o continuar con el trazo de la carretera en otras zonas, ya que el tendido de cemento será muy largo, lo que permitirá llegar en tanto a una solución definitiva con los indígenas.

“Hubo un acuerdo previo que ahora se está desconociendo, pero existió. A nosotros nos toca seguir actuando a través del convencimiento, ésa es la herramienta principal y estoy seguro que llegaremos a acuerdos. Esta carretera trae 500 años de retraso, no estamos dispuestos a que tarde otros 500 años, pero somos pacientes para avanzar en las zonas donde no hay conflictos, finalmente una carretera que una a dos comunidades ya de por sí está aportando un beneficio. Es tan grande el tramo que se tiene que construir en los próximos años que lo que estaremos haciendo es reubicar los recursos a donde podamos avanzar este año, en espera de poder convencer a las comunidades que esta infraestructura no viene a lastimar su cultura, sino que viene a abrirles otras posibilidades”, agregó.

Dijo que serán los propios indígenas quienes “nos dirán el ritmo” al cual se trabajará y que están dispuestos a aceptarlo y continuar las negociaciones, porque es un hecho que “todas las obras grandes tienen grandes complicaciones y esta no es la excepción”.

“Por cuestión cultural hay personas que creen que en su comunidad no debe haber agua en las casas, que no debe haber electricidad, que no debe haber carreteras, que no debe haber la presencia de mestizos a través de maestros o de doctores. Nosotros respetamos las creencias, las manifestaciones culturales, pero consideramos que este quehacer del gobierno del estado no vulnera su idiosincrasia y que por el contrario, les puede llevar beneficios importantes”, agregó.

–¿Eso quiere decir que se suspendería la construcción de la carretera?

–Continuará la negociación, no tenemos este año recursos para toda la carretera, esos ciento y tantos millones, más lo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) los podemos aplicar en cualquier otro tramo, es muy grande la carretera, y seguirán las pláticas con ellos, a través de CDI, de la parte agraria del gobierno del estado y a través de quien sea necesario. Creo que habiendo de nuestra parte el solo deseo de llevar progreso a la zona huichol, son ellos los que nos dirán el ritmo.