Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO
El descontento por la contaminación que sufren los municipios de El Salto y Juanacatlán, tanto en tierra, agua y aire, continúa irritando a los habitantes de estas localidades, separados, y unidos a la vez, por las aguas negras del río Santiago.
Luego de la muerte del menor Miguel Angel López Rocha el pasado 14 de febrero –tras vivir una agonía en coma por 19 días-, a causa de una intoxicación por arsénico, cerca de 200 personas, oriundas de El Salto y Juanacatlán, se manifestaron ayer por la tarde afuera del tiradero Los Laureles.
El contingente salió de la presidencia municipal de El Salto y recorrió cerca de 2 kilómetros para llegar al tiradero. Niños, mujeres, ancianos, discapacitados marcharon con una sola consigna: “¡Queremos El Salto sin basura!”.
Al frente, un grupo de menores exigían con cartulinas rosadas y amarillas, el cierre definitivo de Los Laureles. Pequeños de 6, 10, 12, 8 años, como la edad que tenía Miguel Angel cuando murió. Atrás de ellos, otros menores un poco más cercanos a la mayoría de edad: estudiantes de la preparatoria que portaban un listón negro en alguna manga de la playera. El luto sigue vivo en El Salto y Juanacatlán.
Cerca de las 16:30 horas, los vecinos del río Santiago –del que en sus últimos momentos de lucidez, Miguel Angel había comunicado a los médicos que había estado en sus aguas–, se ubicaron frente a las puertas del tiradero en el que se descargan diariamente, unas 2 mil toneladas de basura provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La directora de regulación y disminución de la contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Dulce María García Bugarín, al ver a los inconformes exigió: “si no se controlan no entramos”. La orden fue dirigida hacia un grupo de representantes de organizaciones civiles de El Salto. La funcionaria de la Semades, sirvió de enlace entre Graciela González, de la asociación Un Salto de Vida y la titular de la dependencia, Martha Ruth del Toro Gaytán. González acabó por convencer –vía telefónica– a Del Toro Gaytán: “sólo vienen a manifestarse para apoyar”.
Mientras, ante los gritos que pedían el cierre de Los Laureles, una empleada de la Semades, cuestionaba a un grupo de vecinos: “a ver, ustedes, ¿separan la basura? ¿cómo la separan?”, con un tono de voz que deja entrever a quienes pertenecen a la alta clase social, o al menos eso aparentan.
Ante los fuertes rayos del sol de entre las 4 y las 5 de la tarde, el coraje se alzó con el polvo ante la insistencia de algunos operadores de los camiones de la empresa Caabsa Eagle que insistían con entrar al tiradero.
“Compañeros, bloqueen la entrada”, gritó un hombre. Lo hicieron. Con sus lentes de sol, García Bugarín, insistía a Graciela González controlar la situación. La “maestra” como suelen decirle a González, tomó el micrófono y recordó que desde noviembre se acordó con Semades la revisión del sitio.
“Yo sé que existe una situación de rabia y coraje que sienten y que permanece en los ciudadanos de El Salto, Juanacatlán e incluso de Tonalá”, dijo González.
La respiración fue calmándose en los manifestantes y al final concordaron en un punto: por 15 minutos no dejarían entrar ni salir ni un solo camión de basura.
Pasado un cuarto de hora, seis representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales fueron designados para entrar con las autoridades a revisar el lugar: José Luévanos, Víctor Martínez, Santiago Márquez, Ernesto Baltazar y Enrique Encizo. Por parte de Semades: García Bugarín y un puñado de empleados de comunicación social de la dependencia.
Luego de casi dos horas de recorrido, Semades concluyó que era “inadmisible que Caabsa laborara en esa situación”, según comentaron algunos ecologistas de El Salto que estuvieron presentes.
Reconocieron que la postura de Semades es de puertas abiertas y que durante el trayecto, empleados de la dependencia fotografiaron y recogieron muestras de los lixiviados.
“Nos dijeron que durante esta administración (encabezada por Martha Ruth del Toro), se le han apretado las tuercas a Caabsa”, dijo uno de los activistas.
Así, hubo un compromiso de 11 puntos a realizarse a partir de hoy entre Semades, Caabsa y las agrupaciones locales.
Como primera actividad, Semades entregará hoy a los grupos ecologistas de El Salto y Juanacatlán, un estudio de impacto ambiental “que ya tenían hecho”. Se trata de una investigación hecha en la zona “muerta” del tiradero donde conviven lixiviados desde hace unos 10 años. Es un espacio de unas 11 hectáreas en las que se alzan montañas de basura de entre 12 y 15 metros. La zona “muerta” además, se ubica frente al río Santiago.
De igual forma, se harán estudios de permeabilidad del suelo; de mecánica de suelos, de monitoreo de aguas del Santiago en los puntos anterior y posterior a Los Laureles; se efectuará un estudio de monitoreo de pozos, presas, arroyos aledaños la basurera; otro estudio más de suelos de zonas afectadas unos 10 años atrás; estudios también de la calidad de aire; análisis CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, infeccioso y biológico, por sus siglas), de los lixiviados y un estudio de vientos debido a los malos olores que llegan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán.
A la vez, Caabsa se comprometió a realizar una campaña de cultura de separación de residuos en la región así como pagar los estudios de un laboratorio electo por los grupos locales. También se solicitó la creación de un bosque espeso entre la basurera y la población a efecto de contrarrestar los malos olores.
Por lo pronto, hoy, a las 17 horas, la minuta de los acuerdos será dada a conocer a los lugareños frente a la presidencia municipal de El Salto, donde esperan los activistas, acuda el alcalde, el priísta Joel González.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario