Caabsa Eagle ha incumplido sus contratos con distintos municipios

El conflicto con Tonalá por la clausura del vertedero Los Laureles, sólo uno de los caso

Al menos 39 faltas cometió la empresa en el contrato con el Ayuntamiento de Guadalajara


Empleados de Caabsa Eagle manifiestan su inconformidad con la clausura del vertedero Los Laureles. Imagen de archivo

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

El conflicto que se vivió el jueves en Tonalá entre el Ayuntamiento y la empresa Caabsa Eagle por la clausura del vertedero Los Laureles, es sólo una muestra de la forma en que desde hace años la empresa incumple los contratos con diferentes municipios y éstos poco hacen por resolver la situación.

Desde 2006, en Guadalajara se presentó una iniciativa para revocar el contrato con Caabsa por incumplimiento; el documento presentado por el entonces regidor Martín Márquez Carpio, da cuenta de al menos 39 faltas al contrato.

“En 1993, la concesión del aseo público del Municipio de Guadalajara fue otorgada a la empresa Simon Waste Solutions, Inc., pero a causa de irregularidades legales de la empresa, se dejó sin efecto esta decisión, notificándosele debidamente a la antes señalada. Ante esta situación, el H. Congreso del Estado convocó a la presentación de propuestas para otorgar la concesión a otra empresa o proyecto. Debido a esto, las empresas Caabsa y Eagle Energy, motivados por su interés de prestar el servicio de aseo público municipal, manifestaron su intención de obtener la concesión presentando una propuesta, misma que en sesión de Ayuntamiento de fecha 22 de noviembre de 1994 fue autorizada a la sociedad que formaron dichas empresas, denominada Caabsa Eagle SA de CV”, señala el documento a manera de antecedente.

Temas como la recolección de basura en aceras seis días a la semana, la compra de equipos nuevos y suficientes para garantizar al 100 por ciento el servicio, la construcción y rehabilitación de plantas de transferencia y separación, son algunos de los puntos que se tocan en el dictamen que enumera las obligaciones a las que ha faltado la empresa y que incluso hoy sigue sin cumplir.

Según el diagnóstico jurídico sobre el incumplimiento del convenio de ejecución, operación y reinversión, celebrado entre el municipio de Guadalajara y Caabsa Eagle, SA de CV, que se presenta en la iniciativa rechazada en aquella ocasión, da cuanta de los retrasos de más de un año en las obras que la concesionaria debía realizar tanto en el vertedero de Matatlán como en Los Laureles.

A pesar de demostrarse los incumplimientos al contrato en aquella ocasión, el Ayuntamiento decidió seguir operando con Caabsa Eagle, que a la fecha sigue incurriendo en este tipo de incumplimientos.

Durante la presente administración, el regidor Leobardo Alcalá promovió una iniciativa para revisar el contrato de concesión con la empresa en cuestión; el asunto sigue detenido en la comisión que se creó para tal fin.

Reforestación en Tlaquepaque

Mauricio Ferrer- LA JORNADA JALISCO


Cerca de 5 mil árboles fueron plantados en 55 hectáreas del Parque Central del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente y como parte de los compromisos del alcalde Hernán Cortés Berumen. El proyecto de reforestación continuará con los 40 millones de pesos provenientes del fondo del Consejo Metropolitano de Colaboración que ya fueron autorizados, dijo el munícipe FOTO: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Zapopan carece de un depósito para residuos peligrosos

EL INFORMADOR

Debido a la falta de un depósito para residuos peligrosos, la Dirección de Ecología del municipio de Zapopan, suspendió la expansión del Programa de Recolección de Pilas usadas.

Según información de Notisistema, el director de la dependencia, Justo Osorno Vizcaíno, admitió la que existe un retraso en el cumplimiento del programa porque aún no se decide dónde se depositarán los residuos.

“Había planes de expandirlo y de incluso meter en todos nuestros camiones recolectores un compartimiento especial para pilas y empezar… bueno, eso fue lo que se detuvo, no lo crecimos el programa hasta tener asegurado qué vamos a hacer con todo ese material”.

El funcionario agregó que la dependencia se encuentra analizando la posibilidad de establecer un convenio con la Compañía Siderúrgica de Guadalajara para que reciba las baterías y reutilice algunos elementos de las mismas, como el metal.

La falta de agua amenaza el futuro de La Manzanilla

Leopoldo Loza, encargado del sistema de agua potable y alcantarillado de La Manzanilla, ve un panorama difícil. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO
La Manzanilla Enviado

Enclavada al final de un vasto territorio dominado por la selva estacional (o seca), con lluvias que suelen ser inferiores a 600 milímetros anuales, el desarrollo inmobiliario que se ha desatado en La Manzanilla enfrentará pronto los predicamentos de la falta de agua. La deforestación, con una de las tasas más elevadas del país (3 por ciento anual), y los patrones de consumo desbordados, explican la inminente crisis

“Se está acabando el agua de los mantos más superficiales, todo lo que son norias, y ha sido necesario traer el agua de zonas más profundas, hasta 80 metros”, explica don Leopoldo Loza, encargado del sistema de agua y alcantarillado.

El abastecimiento de la comunidad, golpeada por un tsunami en 1995 —violencia que parece haber dado a conocer sus playas de ensueño, que desde entonces son cada vez más visitadas por extranjeros—, se ha hecho precario también por la creciente salinidad de los pozos (fenómeno denominado “intrusión salina”), pero además, está la fuerte competencia por el recurso.

Mientras crece el número de fincas en la próspera localidad, el vecino desarrollo exclusivo El Tamarindo, situado al otro lado de las montañas que enmarcan la bahía, utiliza pozos de esta cuenca para irrigar su campo de golf y su demandante consumo “de Primer Mundo”. Ya en el pasado, los manzanillenses debieron enfrentarse a esos poderosos intereses, y lograron recuperar el pozo principal para el abastecimiento de la antigua aldea de pescadores.

Por si eso no bastara, la Comisión Nacional del Agua (CNA) no les quiere otorgar el título de concesión de agua, pues el ayuntamiento ha pretendido quedarse con el sistema, lo cual es un riesgo porque se llevaría las recaudaciones y podría colapsar financieramente el sistema.

Don Leopoldo, apodado Morgan entre los ejidatarios, señala que de seguir las tendencias de crecimiento y las extracciones hacia fuera de la zona, será inevitable la escasez. “Mire, con esta bomba y aquella, y la que tenemos allá [en otro pozo], es agua suficiente por ahora; no sé, tal vez un año o dos…”.

La Manzanilla tiene mil tomas de agua y ronda los tres mil moradores. Sólo paga el servicio 60 por ciento de las cuentas; “otros se atrasan y luego van pagando, y a veces es un problema que nos den lo que deben, porque de ese dinero sale todo, el mantenimiento, la cloración, la energía eléctrica para el bombeo […] tengo ya doce años en esto y nunca he pedido prestado un centavo, lo hemos hecho rendir”, se ufana Morgan.

Y vaya que se paga poco. “Acabamos de incrementar, subimos a 35 pesos por mes, pero pueden ser 120 pesos por año completo adelantado, y si todos pagaran, yo siento que fuera suficiente; pero como hay gente que debe de tres o cuatro años atrás, pues no se puede […] el gasto más fuerte es la energía, tenemos un tope de gasto mensual, si lo pasamos se va a otro costo, por eso siempre doy ocho horas de agua en el día, que es suficiente”.

—¿No cree que los pozos se merman por la deforestación?

—Uh sí, muchísimo […] hay un pueblo que se llama Los Ingenios, al otro lado de la carretera, en que la mayoría de la gente se dedica a la madera para hacer casas de palma, y con permiso o sin permiso el árbol se corta, y el daño se hace.

—¿En doce años ha notado cambios en la recarga de agua?

—Sí, han bajado muchos los niveles, y también las lluvias […] este año que pasó se llenaron los mantos freáticos porque hubo unas lluvias fuertes, lluvias de tres o cuatro días, y luego ya no llovió igual; los buenos años son, por ejemplo, cuando llueve una o dos veces por semana de julio a octubre.

—¿Hace cuánto que no ve esos buenos años?

—El último bueno fue 1998; después, como siete años de sequía.

Morgan dice que si a estos factores ambientales se agrega el crecimiento poblacional, la cosa se agrava. “Pues cada día somos más; todos necesitamos el agua, y si aquí en el pueblo se aplicaran multas, tal vez se hiciera más […] toda la gente se la vive echando agua a la calle, porque hay mucho polvo, pues las calles son de tierra…”.

Por si fuera poco, hay privilegiados eximidos del pago del servicio. “Recientemente me dijeron que les cobrara a los Testigos de Jehová, pero mire usted, no es justo, porque la Iglesia [católica] no paga, se trata de que sea parejo para todos”.

Don Leopoldo teme por el futuro, y aunque parezca extraño, prefiere que sea El Tamarindo el que compre las tierras ejidales que de unos años por acá están como en barata (Público, 18 de mayo de 2008). “El Tamarindo anda queriendo comprar tierras para asegurar sus reservas, nosotros [en el ejido] tenemos mucho terreno, un cerro que se está vendiendo arriba […] a los compañeros ejidatarios yo les digo que nos conviene venderle a El Tamarindo, porque no lo van a desarrollar tan fuerte, ya están instalados; si vendemos a otra persona, va a necesitar agua, y no tenemos de dónde darles”.

Y si a este dilema se agrega el muy posible retorno de la sequía, en muy poco tiempo se colapsará la zona. “Yo pienso, de acuerdo con la experiencia que tengo, que si dejara de llover este año y el otro año, tendríamos agua para unos cuatro años, racionándola mucho. Pero nada más”

Brecha social, principal limitante en materia ambiental en el estado: Curiel Ballesteros

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Los problemas prioritarios en la agenda ambiental de Jalisco deben ser aquellos que están generando impactos y consecuencias en la salud de las personas, en el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio, pero mientras a nivel municipal y estatal siga existiendo la gran brecha que hay entre los actores sociales, no se lograrán generar esquemas de desarrollo sustentable que logren equilibrar las decisiones de gobierno a este respecto, aseguró el director del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH) de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, quien el jueves pasado, y a nombre del Instituto, recibió el Premio al Mérito Ecológico 2008.

“Los que detentan el poder son las autoridades y las empresas, siendo que en un esquema de desarrollo sustentable tienen que estar empoderados todos los actores para tener un mejor equilibrio en las decisiones. Como ejemplo está Zapopan, donde las empresas inmobiliarias son los grupos más empoderados y las organizaciones sociales están en el lugar 23; mientras esto siga así, no habrá buenas decisiones para determinar los cambios de uso de suelo. Si no se genere un capital social y se acorte la brecha, esta situación seguirá siendo la principal limitante en materia ambiental en el estado”, señaló.

Según datos de Curiel Ballesteros, en Jalisco hay menos de 30 municipios que trabajan en ordenamiento territorial; el investigador explica que uno de los problemas graves del estado consiste en que aunque hay varios municipios donde se muestra un interés para planear en materia de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, después lograr una propuestas bien estructurada los alcaldes no la someten a votación del cabildo o simplemente no la operan.

“En el gobierno del estado sucede lo mismo, el ordenamiento territorial que trabajó el Instituto ya está publicado en el Diario Oficial del estado pero no se le ha dado el seguimiento que determina el reglamento. No hay programas de restauración o conservación porque no se maneja este marco. Lo principal es que haya un capital social para la participación y que se tenga la percepción de que la información que generamos no es una ocurrencia científica”, afirmó.

El director del IMACH recordó que una de las principales dificultades a las que se enfrenta el Instituto tiene que ver con el rechazo de las autoridades a los trabajos que realiza: “somos el único instituto cuyas investigaciones han sido juzgadas por un gobernador que dice que las investigaciones que hacemos y los resultados que tenemos no son ciertos; eso es difícil”, recuerda en referencia a la posición de Francisco Ramírez Acuña respecto al estudio en que se demostraron los daños que causa la contaminación a la salud.

En su opinión, la agenda ambiental del estado debe contemplar cuatro ejes fundamentales: contaminación (que en Jalisco registra todos sus tipos: de suelo, de agua, de aire y de alimentos), degradación de los recursos, biodiversidad y cambio climático.

“Un problema grave es que la base de los recursos naturales se está degradando muy rápidamente, y esto nos pone en situación de vulnerabilidad en términos de competitividad y bienestar al estado.

“Más del 54 por ciento de los suelos de Jalisco tienen un grado de erosión muy fuerte, ya llevamos más de la mitad de la pérdida del patrimonio y los costos de una falta de actuación para detener y revertir esto van a ser cada vez más grandes”, señaló.

En lo que respecta a la biodiversidad, Curiel Ballesteros recordó que la posición de Jalisco es única porque en él termina un corredor biológico que viene desde Canadá y comienza otro que llega hasta Colombia.

“Pero para mantener esa riqueza debemos mantener esos corredores y los estamos fragmentando a través de obras de infraestructura y con los constantes incendios. Somos el segundo estado con más incendios forestales y el único que pone alambradas en sus áreas naturales protegidas”, explicó.

Por alguna razón –indicó el director del IMACH, creado en 1995– Jalisco no reconoce el gran patrimonio natural que tiene y le apuesta a cosas que se pueden hacer en cualquier lado en vez de hacer cosas donde se aproveche la unicidad de cada sitio. Ejemplificó el caso con el Lago de Chapala, que cuenta con todos los parámetros de valores intangibles que puede tener un bien natural y los proyectos de carácter turístico que se desarrollan ahí no los toman en cuenta.

“El estado debe reconocer esa gran riqueza y los planes de desarrollo tienen que basarse en su conservación y promoción. No se detona el valor económico que pueden tener todos los sitos del patrimonio natural que tenemos”, opinó el investigador.

Insistió en que el cambio climático es un tema que debe entrar en la agenda del estado, pues sus efectos ya se presentan en la producción de alimentos, en la salud de las personas y en el deterioro de área naturales protegidas de alto valor.

“Es un tema que no está en la percepción de problemas prioritarios, al igual que no lo están el sobre pastoreo, el alto consumo de energía y el alto consumo del agua”.

El premio al Merito Ecológico 2008 que recibió el IMACH es un reconocimiento que se otorga a propuesta de organizaciones internacionales, nacionales y estatales.

En este caso, a nivel nacional quien hizo la propuesta a favor del Instituto de la UdeG fue la UNAM, mientras que a nivel estatal fue la Benemérita Institución de Geografía y a nivel internacional la oficina regional para Mesoamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Buscan que, por Los Colomos, Auditoría Superior investigue a funcionarios

Condominios La Reserva, que invaden los terrenos públicos de Los Colomos

Gilberto Franco – EL INFORMADOR

La Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos solicitará ante el Congreso local, que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), investigue a los funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que no comparecieron ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), para defender ocho mil metros cuadrados de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos en el municipio de Zapopan.

Raquel Gutiérrez Nájera integrante de la agrupación y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), señaló que la intervención de la ASEJ es necesaria en este caso, ya que los servidores públicos omisos, pudieron haber incurrido en un delito al no defender el patrimonio de los jaliscienses.

Gutiérrez Nájera además recalcó que según información del Sistema Intermunicipal Agua Potable y Alcantrillado (SIAPA), el Bosque Los Colomos abastece de agua aproximadamente a 17 colonias a través del rebombeo de los manantiales la Campana, El Barreno, El Torreón, El Amarillo y la Culebra.

“El que se siga cercenando a Los Colomos puede implicar una pérdida de agua drástica para 17 colonias de acuerdo con el Siapa, tales como Italia en sus cinco secciones, Providencia primera sección, Mezquitán Country, Country Club, Lomas del Country”.

Para evitar que el área siga siendo asediada por constructores, la Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos, también solicitará al Congreso del Estado que el bosque sea elevado a la categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica. También pedirá que se integre una mesa de trabajo intersectorial y ciudadana, para elaborar una estrategia de conservación y recuperación de la Cuenca Hidrológica.

Para saber

• La propiedad estatal del Bosque Los Colomos estaba integrada originalmente por 248 hectáreas. Hoy en día únicamente se reconocen 116 hectáreas en el municipio de Guadalajara y 81 en el municipio de Zapopan, de las cuales 41 le fueron cedidas en comodato.

• Actualmente sólo se encuentran protegidas bajo la categoría de Área Municipal de Protección Hidrológica alrededor de 90 hectáreas de Guadalajara.
• Todos los pozos y manantiales de la zona de Colomos pertenecen a la microcuenca del Arroyo de Atemajac.

Ataques al bosque Nixticuil

Ozono, para limpiar al río Santiago

La contaminación del río mantiene a raya a los vecinos de los municipios conurbados. Foto: Público

Vanesa Robles - PÚBLICO

Una empresa privada comenzará hoy a realizar pruebas de las aguas y lodos del canal El Ahogado, en la comunidad La Azucena, con el fin de proponer un método de limpieza parcial al río Santiago con base en ozono y bioenzimas, informaron ayer los representantes del organismo ciudadano Un Salto de Vida, AC.

No se trata de librar por completo al río Santiago del daño que tiene, después de casi 30 años de descargas indiscriminadas de aguas industriales y domésticas sin tratamiento, sino de limpiarle algunos contaminantes degradables y quitarle el mal olor, lo cual paliaría la pésima calidad de vida que tienen las cerca de 120 mil personas que diario conviven con el torrente.

Si la propuesta funciona y la empresa Ecología y Biotecnología Natural a tu Servicio, corporativo Ecobyonat, comprueba que, con las muestras de líquido tóxico que recogerá durante siete días continuos, logra obtener agua menos sucia que cumpla la Norma Oficial Mexicana-001-SEMARNAT-1996, la compañía ofrecerá la limpieza parcial del Santiago por 138 millones de pesos, que el gobierno del estado podría pagarle a cinco años.

Graciela González, de Un Salto de Vida, informó que lo de las pruebas fue una decisión de los habitantes de El Salto y Juanacatlán, quienes desde marzo pasado han realizado asambleas en las plazas de ambos municipios.

Añadió que al principio la Comisión Estatal del Agua (CEA) reaccionó con desconfianza y enojo, pero al final la institución debió ceder a la presión de los pobladores de ambos municipios, entre quienes las enfermedades crónicas son un mal común.

A una de las asambleas más recientes, celebrada durante los últimos días de mayo pasado, se invitó a los representantes del corporativo Ecobyonat. Como los pobladores desconfían por sistema, ellos mismos acudieron por dos muestras de agua al río Santiago. En una, sin tratamiento, se dejó a un pez beta (una especie doméstica famosa porque soporta pocos cuidados), que murió en segundos. La otra recibió ozono y el pez que se depositó en ella sigue vivo.

La campaña de recolección de agua durará siete días continuos. Los organismos ciudadanos vigilarán que las muestras de agua se tomen del canal El Ahogado, a la altura de la comunidad La Azucena. Ahí el canal se entronca con el río Santiago y se considera que la contaminación está muy concentrada.

Graciela González explicó que, si los resultados de la aplicación del ozono y las bioenzimas son positivos, la siguiente lucha será para que el gobierno del estado costee los costos de la limpieza parcial del río Santiago.

El Código Urbano, un ensayo del caos

Urbanistas, juristas, ambientalistas y colonos expusieron las anotaciones que llevarán el lunes al Congreso. Foto: Luz Vázquez

Vanesa Robles - PÚBLICO

El Código Urbano que aprobarían en unos días los diputados de Jalisco propicia el crecimiento anárquico de las metrópolis del estado, pone los intereses de los constructores sobre el bienestar de los ciudadanos y limita la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de la urbe: ésas fueron algunas conclusiones de los integrantes y asesores del Parlamento de Colonias.

El colectivo, que agrupa a unos 200 representantes vecinales, hizo su tarea. En dos semanas, estudió cada artículo del dictamen del código que por estos días discute el Congreso del Estado, consultó a especialistas en distintas materias, lanzó convocatorias a los académicos y gente común y organizó una mesa de diálogo horizontal. Ayer, se reunió durante cinco horas para exponer sus observaciones al documento que se aprobaría este junio, con el fin de ordenar el crecimiento de la ciudad y la dotación de servicios, en sustitución de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Los especialistas opinan que es la misma ley, pero mal revolcada. Los juristas piensan que los ciudadanos comunes tendrán menos herramientas y enfrentarán más burocracia para defenderse si los afecta una obra. Los especialistas en conservación añaden que hacen falta reglas claras que definan cuáles inmuebles deben ser intocables. Los sociólogos, que sigue sin tomarse en cuenta la voz de la sociedad civil en la conformación de las ciudades. Los ambientalistas, que el medio ambiente no se toma en cuenta con seriedad…

En todo ese contexto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Iván Argüelles Sánchez, declaró hace unos días a un diario local que los ciudadanos deben quedarse en su lugar y dejar que los políticos —él y sus colegas— hagan lo suyo.

Resulta que los ciudadanos piensan distinto. Si el Código Urbano se aprueba tal como está hoy, el Parlamento de Colonias recurrirá al amparo, adelantó ayer el presidente del colectivo, Ludger Kellner.

“Causa gran desilusión, son los mismos medios, instrumentos y/o instituciones contenidos a la Ley de Desarrollo Urbano vigente”, que tiene once reformas, pero ha sido ineficaz para frenar las construcciones que afectan a los ciudadanos, concluyó ayer el Bufete Jurídico Especializado, integrado por especialistas en desarrollo urbano

Otra observación, del coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano del Parlamento, Alejandro Cárdenas: el nuevo ordenamiento indica que al gobierno del estado le corresponde coordinar el equipamiento urbano, pero el gasto por las obras de infraestructura lo realizarán… los ciudadanos. “El código sólo está pensado en franco apoyo a los intereses inmobiliarios y sólo legaliza lo ilegal”, añadió.

La mayoría coincidió que el código debe regresar a comisiones. El Congreso del Estado tiene la última palabra.

Y el problema es que...

¿Qué defectos tiene el Código Urbano que sustituirá a la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco?

Imagínese que regresa de vacaciones y se entera de que las primeras bardas de un nuevo edificio de departamentos —autorizado por un funcionario municipal corrupto— invaden la mitad del patio de su casa. Según el código, usted tendría que acudir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) con la esperanza de que la obra se suspenda de inmediato. Pero ahí usted sólo recibirá palmaditas en la espalda: el mismo documento indica que la Prodeur tiene atribuciones para opinar, no para suspender, igual que hoy. Usted acude al ayuntamiento para que los regidores emitan una medida de seguridad… una vez que se reúnan en la sesión de Cabildo, les dé la gana tratar el asunto y se pongan de acuerdo. Mientras el edificio de departamentos fue terminado y comenzó a ser vendido, “gana” el caso: no hay quien le tumbe el edificio vecino y el servidor corrupto conserva su empleo, pues la nueva ley no lo sanciona.



Observaciones

Algunos señalamientos del Parlamento de Colonias:

No se trata de un código, pues no es una compilación de leyes en la materia —lo cual facilitaría su aplicación—, sino sólo la reforma de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco

La Prodeur tiene las mismas atribuciones que hoy: no puede interponer demandas penales y no puede dictar medidas de seguridad: actos urgentes para la suspensión o clausura de una obra que afecte intereses particulares o colectivos

Señala que los indicados para poner orden son la Prodeur y el ayuntamiento. En el primer caso no es cierto (puesto que no le da atribuciones a la dependencia). En el segundo caso, las obras dañinas pueden seguir creciendo mientras se reúne el Cabildo

No establece sanciones para los funcionarios que por corrupción, ignorancia y/o negligencia aprueban obras o urbanizaciones —como las que rodean la zona industrial de El Salto—

Limita la participación ciudadana al derecho de petición y a las consultas, igual que hoy. No hay espacio para proposiciones activas de la sociedad civil

Incluye a tres universidades en el Consejo de Desarrollo Urbano —el organismo que vota algunas decisiones en ese tema—, lo cual se considera positivo. Pero ahí, de casi 30 sillas, la mayoría es para empresarios y representantes del gobierno y hasta sindicatos. Las organizaciones ciudadanas tienen sólo dos asientos

Deja la existencia, la estructura y el reconocimiento de los consejos regionales y municipales de desarrollo en las manos y al libre albedrío de las autoridades municipales

Señala que hay trece zonas primarias, desde la agropecuaria hasta la industrial, pero no define qué características y límites tendrá cada una de ellas. Borra las zonas de recargas acuíferas e ignora las zonas de amortiguamiento ecológico.

Cae 85% polución de grandes empresas

Instalaciones de la tequilera González González, empresa que hace un par de semanas fue multada por verter descargas fuera de norma en el drenaje de la ciudad. Foto: Felipe Salgado

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Hace diez años, todavía era común que los colectores de la colonia del Fresno quedaran destrozados en pocos minutos, luego de una descarga masiva y puntual de materia orgánica a alta temperatura y PH (acidez) proveniente de la vieja fábrica de alimentos de Arancia CPC, una de las 20 principales contaminadoras de agua de la ciudad. Eventos similares se vivían en otras zonas con grandes factorías, y eran dolor de cabeza habitual para el organismo operador.

La historia ha cambiado espectacularmente a favor del medio ambiente, pero no del todo. El 27 de mayo pasado, la destiladora de tequila González González, también del grupo de las 20 grandes, derramó melaza a los colectores y produjo 100 por ciento de explosividad en cien metros de alcantarillado de la colonia Circunvalación Belisario Domínguez, lo que motivó la clausura de las instalaciones y un largo trabajo de limpieza en la red de la zona.

A fin de cuentas, la empresa pagó una multa de 150 mil pesos y se debió comprometer a restaurar la red. Aunque el susto a los vecinos quién se los quita.

En realidad, el pico más alto de contaminación que vertieron esa veintena de empresas enclavadas en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) se registró en 1999, cuando en conjunto emitían hacia los colectores poco más de 90 toneladas diarias de contaminantes medidos como demanda química de oxígeno (DQO), es decir, alrededor de 22 por ciento del volumen total de la ciudad (que ronda desde entonces 400 toneladas diarias de DQO).

Para 2006, el éxito en la reducción de sus descargas era notable: apenas doce toneladas diarias, 3 por ciento del total generado por la urbe.


El resultado es fruto de un intenso programa de trabajo coordinado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que ha significado inversión millonaria en plantas de tratamiento, adopción de esquemas de reutilización de aguas residuales en los procesos de las fábricas, así como una política de sanciones a todo el que rebase las “condiciones particulares de descarga” fijadas por el organismo operador.

“Estamos aplicando un proceso de vigilancia que nos lleva a muestrear casi 400 empresas dos veces por año, las cuales son seleccionadas por la carga de contaminantes o bien por el volumen, entre giros industriales, comerciales y de servicios”, señala la bióloga María de Lourdes Ávalos Vaca, jefa de la sección de vigilancia de descargas, adscrita a la gerencia de saneamiento del SIAPA.

La DQO es la cantidad de oxígeno que necesita cualquier organismo para “oxidarse” o descomponerse, es decir, integrarse al ecosistema acuático que lo recibe. Como es lógico, a mayor demanda de oxígeno por parte de la materia extraña recién descargada, los organismos vivos que habitan el cuerpo de agua tendrán menos oxígeno disponible y pueden morir de asfixia. Básicamente, un cuerpo de agua poco oxigenado está “contaminado”, aunque hay otro tipo de desechos, que no son orgánicos y no se pueden descomponer tan rápido, que también son contaminación.

Los totales

De cinco mil establecimientos que se estima existen en la ZMG, hay en total casi cuatro mil giros registrados en el área donde el SIAPA da los servicios de agua y alcantarillado (90 por ciento del territorio de la ciudad); hace diez años, eran apenas 2,400 las empresas regulares, y fue entonces que se identificaron los 20 principales emisores, responsables en esas fechas de 65 por ciento de lo que arrojaban los usuarios no domésticos a la red de alcantarillado (Público, 18 de enero de 1999, y 28 de abril de 2000).

Para María de Lourdes Ávalos, el descenso de más de 85 por ciento del DQO en esa élite de 20 factorías demuestra que los controles crecientes han tenido frutos; admite que la exigencia de procesos de calidad, sobre todo para empresas que compiten en el mercado global, ha sido otro elemento aliado para avanzar en la disminución del daño a los ecosistemas naturales.

Estas grandes empresas corresponden a diversos giros, desde procesadoras de alimentos (Arancia CPC, que invirtió cerca de cinco millones de dólares en sus procesos de saneamiento) hasta aceiteras, cerveceras, refresqueras y pasteurizadoras (ver gráfico anexo).

El accidente que le sucedió a la destiladora de tequila González González, SA, revela que no se puede bajar la guardia en materia de monitoreo e inspección, pues de otro modo, los avances son siempre precarios y provisionales.

Jorge Santoyo Ornelas, jefe de la sección de monitoreo, agrega que a diez años, se tienen mejores condiciones para garantizar información oportuna que permita disminuir el riesgo de eventos como el del 22 de abril de 1992, cuando una explosión en el colector oriente ocasionó la muerte de 208 personas en el sector Reforma. Además de las inspecciones periódicas a las empresas que concentran la mayor parte de las descargas, se tiene el sistema automático de monitoreo sobre 28 puntos de la red de colectores citadina, a lo que se suman una creciente tendencia ciudadana a la denuncia y la experiencia acumulada, como factores que refuerzan la prevención.

Ahora, ¿por qué la ciudad no redujo emisiones pese a este recuento de reducciones de descargas? Si bien se dejaron de arrojar en promedio 78 toneladas de DQO, la creación de nuevas industrias, la ampliación de la zona donde brinda el servicio el SIAPA y el crecimiento constante de la ciudad se han encargado de que las cifras totales de hace diez años se mantengan más o menos estables. Esto quiere decir, sin duda, que si la historia de controles no fuera exitosa, Guadalajara estaría produciendo hasta 20 por ciento más volumen de contaminantes.

No obstante, la estadística que acredita ese recuento exitoso de controles, demuestra que pueden darse variaciones en las descargas: en realidad, fue 2004 el año en que se generaron menos descargas: ocho toneladas de DQO. Desde entonces, la contaminación volvió a crecer. Esto obliga a una constante vigilancia del cumplimiento de las normas, reconoce el organismo.

Los domésticos

Del otro lado, el SIAPA tiene registradas más de 900 mil cuentas de “usuarios domésticos”, que producen más de 300 de las 400 toneladas diarias de DQO generadas por la ciudad. En este caso, no ha habido desde hace diez años más que un modesto principio de solución: el de la planta de tratamiento existente en río Blanco, en Zapopan, que entró en operación hace seis años y en el nuevo proceso de saneamiento integral de las aguas negras de la ciudad, será necesario ampliarla y modernizarla, pues los asentamientos humanos siguen creciendo en aquel extremo citadino.

Este proceso de cambio es urgente en lo ambiental y lo legal. Las normas oficiales mexicanas en materia de descargas planteaban para 2000 el inicio de los procesos de saneamiento en las ciudades con más de 50 mil habitantes. En el Plan Nacional Hidráulico, las dos metas primordiales del sexenio son que la ciudad de México y Guadalajara al fin viertan aguas tratadas a los ríos, mientras la industria está obligada a sus propios procesos. 400 toneladas diarias de DQO, o cerca de diez mil litros por segundo de aguas contaminadas, es el tamaño del problema.

La tarea de controlar aguas grises en el drenaje de la zona metropolitana

El SIAPA mantiene un programa de monitoreo permanente sobre casi 400 empresas que tiene detectadas como principales fuentes de emisiones a los colectores, sea en materia orgánica (como las 20 gigantes consumidoras de agua) o sea en desechos tóxicos. Estas factorías son inspeccionadas dos veces al año, y corresponden a giros industriales, comerciales y de servicios, para determinar si cumplen con la norma oficial mexicana NOM-002-ECOL-2003

Aparte de este programa, existe también de forma permanente otro de atención a denuncias y de monitoreo que incluye los 22 puntos de la red automática (en servicio hace más de diez años), que permite detectar anomalías en la calidad de las descargas y prevenir daños o desastres

Una empresa que maneja descargas debe tener un sistema de tratamiento, trampas de grasas, fosas de sedimentación y otros aditamentos técnicos. El SIAPA exige a los giros que el “pozo de visita” se ubique afuera de la compañía para facilitar las inspecciones

Las “empresas-problema” cuentan con un historial armado con base en lo que se detecta de emisiones constantes y accidentales al drenaje, denuncias de colonos y sanciones acumuladas

Para el SIAPA, la clave es que la empresa en cuestión no puede rebasar los límites fijados en sus “condiciones particulares de descarga”, que es lo máximo permitido por el organismo operador para que ingrese a la red. Rebasar las condiciones particulares lleva a la destrucción de infraestructura o problemas de explosividad

La compañía que rebasa sus límites, entra en “índice de incumplimiento”; el cual contempla que a más descargas aumentan las sanciones, lo mismo si se trata de desechos peligrosos, como los metales pesados, según lo establece el propio tabulador de sanciones

Alrededor de 25 por ciento de las descargas al drenaje de la zona metropolitana de Guadalajara, medidas como “demanda química de oxígeno”, proviene de giros no domésticos

Los giros que manejan más volumen de agua, y son responsables de emitir más DQO, son las procesadoras de alimentos, de refrescos y cerveza

A los anteriores se suman las industrias destiladoras; los centros comerciales, tiendas de autoservicio y hoteles: los autobaños, las lavanderías, los laboratorios, los rastros

Desechos peligrosos pueden provenir de la industria metal-mecánica, de las tenerías, las fábricas de pintura y en general las que tienen procesos químicos. Las gasolinerías y los talleres mecánicos pueden ser peligrosos, pero son los giros más vigilados a escala municipal y por Protección Civil

De cualquier modo, las plantas de tratamiento que se construirán para sanear las aguas negras de la ciudad, que se contempla terminar para dentro de unos tres años, deberán estar preparadas para recibir eventuales emisiones de descargas de la industria; su caracterización incluye la posibilidad de tratar esos desechos de forma adecuada, para evitar daños al ambiente.