En el agua, "falta un debate más informado"

Director del Consejo Consultivo del Agua pide "desideologizarlo"

Falta de cultura de participación no ha permitido madurar a los críticos

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El debate sobre los problemas del agua en México está profundamente "ideologizado", a juicio del director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Eduardo Vázquez Herrera.

El representante del organismo ciudadano subraya que los pendientes en el tema están tanto por el lado de las instancias gubernamentales, que no terminan de entender la necesidad de información, transparencia y participación social, como del lado de la propia sociedad organizada, que en términos generales se sale poco de la mera descalificación como contraargumento.

"Para llegar a una maduración hay varias cosas que se deben tomar en cuenta, como la transparencia, la apertura a la revisión de cuentas para la sociedad, y que la misma sociedad se informe", pone en relieve en entrevista con este diario.

- Es evidente que hay más apertura institucional hacia la participación social, pero ¿hasta donde es mero maquillaje y hasta dónde es genuina?

- Falta, falta, pero es que depende de los casos también; habrá casos donde hay una participación real, otros con maquillaje, y otros donde ni los pelan [a los miembros de la sociedad civil]; lo cierto es que falta participar más y hay que ir hacia allá; es más, las mismas autoridades deberían de ser las más interesadas pues con esto legitimarían sus acciones, y en el país la participación debería ser propositiva y proactiva.

- ¿Pero no cree que aún falta una cultura sólida para eso?

- Sí, absolutamente; es un proceso que tiene que madurar. Lo que tenemos ahora muchas veces parece una mera oposición por sistema a todo lo que viene del gobierno, y es un escenario donde todos pierden; primero, la autoridad debe de sensibilizarse de que es fundamental tener apertura, entender que ellos están para rendirle cuentas al ciudadano, que están para escucharlo; la autoridad no sólo fue electa para tomar decisiones y hacer cosas, y así es como pasa; también hay que entender que cuando toma una decisión nunca va a dejar contenta a 100 por ciento de la población; hay que ver cuál es el bien común, para eso está la autoridad, y bloquearle cualquier cosa que deba hacer, pues lleva a que todos pierdan.

- Uno quisiera ver que las instituciones publicas apostaran por la cultura del agua y no lo ven como prioridad, al menos de acuerdo al recurso que le dedican…

- Es cierto, el año pasado hubo un encuentro de la cultura del agua en Durango, y el comentario que les dije fue: "señores, las prioridades están en los presupuestos; crear un departamento de cultura del agua, para sacar fotocopias, demuestra que no es una prioridad, lo siento pero no es admisible". Efectivamente, se tiene que profesionalizar, pero falta mucho.

A juicio del entrevistado, que participó en la recién clausurada XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), los mensajes en la materia deben ser claros y hacer entender a la sociedad que el problema del agua no es algo lejano en espacio y tiempo.

"Por eso queremos trasmitirle a la gente que todo lo que haga cuenta, cualquier cambio que hagan tiene una gran incidencia, compartirles que el problema ya llegó, que es un problema que se puede agravar; eso de qué mundo le voy a dejar a mis hijos es falso, es qué mundo es el que estoy viviendo con mis hijos; es un problema que debemos enfrentar todos con información, con responsabilidad, con sensibilidad; el hecho de que una persona se esté lavando lo dientes con la llave abierta significa que alguien más no va tener ese recurso, esa es la línea que queremos reflejar", enfatiza.

- Hay un tema en el debate público sobre el agua como derecho o el agua como negocio, ¿qué opina?

- Creo que hay que disociar; a nadie le debería quedar duda de que el agua es un derecho humano, por una razón muy sencilla, porque sin agua nadie vive; ya extenderse más allá de esta discusión es un poco gastado.

- ¿No tiene sentido?

No tiene sentido discutirlo […] saquemos este tema porque se contamina fácilmente la discusión por factores ideológicos; el agua es un derecho humano, y se le debe dar agua a todos, ahí no hay duda; el segundo punto es cómo se le da el agua a esa gente, estamos en un país donde todavía doce millones de personas no tienen agua, ahí hay varios temas: el cobro de tarifas a precio real y sin subsidio indiscriminado, porque debe salir de allí el dinero para dar agua a todos.

Es decir, agrega, se debe buscar "un sistema operador que sea eficiente", con todos los elementos que eso trae consigo.

- ¿Y no importa que sea privado o público?

- Exacto; lo que importa es que rinda cuentas, que sea transparente; los organismos operadores son empresas, y deben ser eficientes, tener utilidades dando un buen servicio, esa es su lógica, entonces si es público o privado a mi no me interesa; lo que importa es que todos los mexicanos tengan agua en calidad y cantidad.

Las megapresas "no son capricho"

Luege asegura que Arcediano y El Zapotillo dejan beneficios ambientales

El titular de la CNA reconoce debate mundial en contra de esas obras

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Las megaobras de Arcediano y El Zapotillo, que aprovecharán las aguas de las cuencas de los ríos Verde y Santiago y abastecerán a las ciudades de Guadalajara y León, segunda y sexta del país en población, así como catorce localidades alteñas, no son "capricho" e incluso generan beneficios ambientales, aseguró el titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo.

Entrevistado en su reciente visita a esta ciudad, a la que acudió a inaugurar la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), el funcionario reconoció que hay un debate vigente en el país e incluso en otras naciones sobre el tema de la gran infraestructura.

- Hay una tendencia en la opinión publica contra la construcción de presas para abastecimiento o la generación de energía; aquí en Guadalajara hace poco se reunieron y señalaron que primero debería resolverse la enorme pérdida de caudales en la red, antes que incentivar altos consumos con más agua, ¿usted qué piensa?

- Sí, es un debate que vemos con mucha seriedad, y que se da principalmente en Europa, donde las condiciones son completamente distintas; en la construcción de una presa el tema mas importante es la evaluación del impacto ambiental, porque en efecto tu fraccionas ecosistemas, pero si la evaluación está bien hecha, todas las acciones de mitigación compensan el impacto que tu puedas afectar al medio ambiente.

Y mencionó: "si ponemos en la balanza los beneficios ambientales que se tienen, estos son altísimos en el caso de Arcediano; por ejemplo, tu vas a dejar de extraer de Chapala cerca de ocho metros cúbicos por segundo, y vas a dejar de extraer del subsuelo mas de tres m3 por segundo; esto va a aliviar acuíferos, va a balancear la sobreexplotación de algunos acuíferos en la zona, fundamentalmente de El Bajío, pero también de la zona metropolitana de Guadalajara, y esto ambientalmente también tiene un beneficio que hay que sopesar…".

Respecto a la mención de los daños a la flora y fauna y determinados ecosistemas, advirtió que "no están valorando el beneficio directo en cuanto a evitar sobreexplotación de acuiferos y no toman en cuenta lo que significa para el futuro de México recuperar Chapala, es decir, dejar de extraer agua de allí en sí mismo tiene un valor ambiental incalculable, que si lo tradujéramos en recursos serian miles y miles de millones de pesos".

Consideró que si la crítica no ve todos los aspectos de una obra, pierde su valor como crítica sólida.

Proponen "nuevo pacto por el agua" en México

A los pobres, cobrar tarifa cero, pero suprimir subsidios "ciegos" que dañan el sector

Retomar grandes inversiones públicas, pide Fernando González Villarreal

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

México demanda un nuevo "pacto por el agua" que permita crecer a coberturas universales de agua y saneamiento, con costo cero para los más pobres más no permanencia de los subsidios "ciegos" que imperan en la actualidad, pues de otro modo no se logrará la sustentabilidad económica y ambiental a largo plazo, sostuvo el ex director de la Comisión Nacional del Agua (CNA) e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Fernando González Villarreal.

Al participar en la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que se realizó en esta ciudad, el experto puso en relieve que los principales retos del sector agua en la actualidad son "la gestión integrada de recursos hídricos, la sustentabilidad ambiental, la gobernabilidad, la ampliación de infraestructura, la creación de un sistema financiero del agua y el desarrollo de capacidades", esto último, sobre todo entre gobiernos locales y organizaciones ciudadanas.

Como logros, reconoció la creación de consejos de cuenca y de un plan hídrico nacional; la apertura de seis millones de hectáreas de riego, el manejo de los distritos de riego por los usuarios, que se haya alcanzado el servicio para 90 millones de personas (con agua potable) y 80 millones (con alcantarillado); el haberse generado un registro público de concesiones, un incipiente mercado de derechos de agua y un igualmente naciente sistema financiero del agua.

Sin embargo, dijo a su auditorio, es fundamental "avanzar hacia una verdadera sustentabilidad en el uso del agua", lo que conlleva "cambiar las bases de la gobernabilidad del recurso, hacer realidad la gestión integral de los recursos hídricos, retomar el ritmo de construcción de la infraestructura, reformar el sistema financiero del agua y reconstruir las capacidades de las instituciones públicas y aumentar las capacidades de las privadas".

En cuanto al tema de la gobernabilidad, abundó que se debe construir con un fuerte componente de corresponsabilidad social, lo que obliga a reformar la estructura de la autoridad federal, alcanzar acuerdos de delegación a los estados y acrecentar y fortalecer las capacidades municipales; fortalecer las asociaciones de usuarios y los consejos de cuenca, y alcanzar la real "transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas", todo esto base para la solución de conflictos.

Sobre la sustentabilidad ambiental, subrayó que el reto es "lograr un balance entre la conservación del agua y sus usos benéfico, que se traduzca en mejor calidad de vida para la sociedad", lo cual exige "detener y revertir la sobreexplotación de aguas subterráneas; recuperar la calidad del agua para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas; aumentar seguridad hídrica para disminuir los riesgos y los impactos del cambio climático que amenazan a la población más pobre y vulnerable, que ocupa con frecuencia los cauces y llanuras de inundación".

Otro aspecto es la urgencia en retomar el ritmo de inversiones en infraestructura hidráulica, lo cual incluye "abatir rezagos en agua potable, alcantarillado y saneamiento; apoyar con infraestructura el desarrollo de las zonas tropicales donde existe potencial que puede beneficiar a regiones marginadas; dar seguridad a la infraestructura hidráulica a la luz de los fenómenos extremos recientes, del posible cambio climático".

También es necesario invertir para "modernizar o reemplazar infraestructura obsoleta o insegura; mejorar la eficiencia y competitividad de las zonas de riego; conciliar la construcción de infraestructura con los criterios ambientales y sociales que hoy demandan los objetivos de sustentabilidad".

El experto se refirió al sistema financiero del agua, el cual debe establecerse bajo los siguientes axiomas: "lo del agua al agua"; "el que la usa o contamina la paga"; protección a los pobres, mediante "tarifa cero" para cubrir necesidades básicas; estructura tarifaría diferenciada y política de subsidios explícita y racional; "transparencia y rendición de cuentas en la prestación de los servicios y los sistemas públicos de riego", así como "organismos bien administrados [que logren una certificación de calidad], que puedan acceder al mercado de capitales", sin olvidar "una mayor efectividad y eficiencia de la banca de fomento".

"Hay más apoyos desde que se rescató la reserva"

La Conanp se compromete a consolidar área protegida del río Ameca con apoyo de los dueños

Sostiene que régimen de protección ayuda a mejorar producción forestal

Guadalajara. Agustín del Castillo

Para el gobierno federal, el rescate del área de protección de recursos naturales del antiguo distrito de riego 043 no será el viejo expediente de imposiciones que tanto temen los propietarios de bosque. Hay una colaboración estrecha con ellos y los resultados en financiamiento de proyectos ya se están dando, advierte el director de la reserva, Juan José Llamas

"Son varias la acciones que realizan para compensar el hecho de que los propietario se encuentren dentro de un área protegida, este año aunque es el primero, se realizaron inversiones por alrededor de 500 mil pesos en proyectos productivos y alternativos en comunidades marginadas -se espera crecer esta inversión-; se realizan acciones de sensibilización para reducir los incendios forestales y el cuidado del medio ambiente [talleres, actividades de educación ambiental, el próximo año se implementará una campaña, etcétera] entre otras cosas".

A su juicio, "no todo gira alrededor de la producción forestal; hay otros temas no atendidos como la sanidad forestal, el cambio de uso del suelo, la contaminación del río, la marginación", donde también hay personas con derechos que deben ser atendidas, pues un proyecto de área protegida atañe a todos los niveles de la vida social, económica y natural.

Da más cifras: "45 por ciento del área protegida ha ingresado como zona elegible para el esquema del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; sé que por lo menos tres ejidos has sido beneficiados con varios millones de pesos, aunque posiblemente hay más, como La Estancia y San Sebastián […] estas acciones no ha sido coincidencia, es el resultado de la sinergia institucional".

Por si fuera poco, "existe potencial para que en el marco del ANP se puedan generar mecanismos a largo plazo de compensación con ciudades como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas", las cuales reciben valiosos servicios ambientales de los cuales está pendiente traducirlos a su equivalencia en dinero.

Llamas juzga relevante "que los actores involucrados nos centremos en temas comunes como la elaboración del programa de manejo y posibilidades de compensación futuras, ya que todos sabemos de los problemas ambientales pendientes de resolver en la zona; considero que en estos momentos hay una acuerdos importantes con el sector forestal y es posible hacer cosas juntos", añade optimista.

Esto lo complementa el propio titular de la Conanp, Ernesto Enkerlin Hoeflich: "lo único que pide la Conanp es que intentemos esto juntos y que no nos juzgen por los preservacionistas de antaño. Los productores rurales progresistas están concientes de su responsabilidad y de la conveniencia de la conservación para lograr la sostenibilidad. Nosotros somos una nueva generación en la conservación y estamos para apoyarlos. No es una pelea como algunos quisieran, sino una interdependencia y complementariedad".

No obstante, "el trabajar juntos no les quita a ellos el derecho de inconformarse o ampararse en su momento si así lo consideran adecuado", pone en relieve el funcionario federal.

CLAVES

El área natural protegida del río Ameca y sus problemas

El área de protección de recursos naturales denominada "Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043", que incluye las subcuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños, Grande de Santiago, Juchipila, Atengo y Tlaltenango, abarcaba un millón 711,219 hectáreas de los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango y Aguascalientes, y fue creada por el presidente Miguel Alemán en 1949.

Dicho decreto, según la Conanp, permanece en vigor, en virtud del acuerdo del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de octubre de 2002, en que dicha zona fue recategorizada a su actual rango de protección.

La superficie total rescatada en la actualidad se redujo a 714,255.85 ha, en cuatro polígonos, de los cuales el polígono dos, subcuenca del río Ameca, consta de 354,849.11 ha, de las cuales, 250,917 ha se encuentran en Jalisco, en los municipios de Ameca, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Hostotipaquillo, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Tomatlán; 103,931.41 ha corresponden a Nayarit, en los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río y San Pedro Lagunillas

Otro polígono corresponde a la sierra Huichola, pero no ha sido aún rescatado ni hay trabajo gubernamental en ese sentido.

Dentro del polígono dos hay 6,058 habitantes en 24 centros de población; todas las cabeceras municipales y las poblaciones mayores están fuera del polígono, además de los valles y terrenos de cultivo en planicies; la mayor parte del área protegida pasa por las partes altas, montañosas, con pendientes elevadas, que son zonas de captación de agua, recarga de mantos acuíferos y afluentes de ríos con alta diversidad biológica. Las áreas de protección de recursos naturales "son áreas destinadas a la protección de recursos forestales, suelos y aguas".

Los opositores a la reserva señalan que en 1971 y 1976, el presidente Luis Echeverría canceló las vedas forestales del estado, lo que habría echado abajo la vigencia del área protegida. Este argumento lo pretenden hacer valer ante los tribunales.

Fuentes: Conanp / propietarios rurales

"Conservar le cuesta al dueño, no al gobierno"

Propietarios de bosques, inconformes con políticas sobre reservas ecológicas

El establecimiento de áreas naturales protegidas es un tema polémico porque trae regulaciones al uso de propiedades legalmente constituidas; los dueños reclaman ser escuchados e incluidos en los procesos, pero hay posturas más enconadas que consideran las reservas como violación a sus derechos constitucionales

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

No es para menos: si un decreto gubernamental va a cambiar la vida y la forma de ganársela de quien tiene el dominio de un pedazo de bosque o selva, lo menos que se puede exigir es que las autoridades se tomen la molestia de explicar y convencer, de justificarlo legalmente, de ofrecer compensaciones y garantías suficientes, de disipar ese fantasma de "perdedor" que para muchos propietarios es todo aquél que habita las áreas naturales protegidas.

Lo cierto es que "conservación de naturaleza a la mexicana es en terrenos de personas, familias y grupos [comunidades, ejidos]. A las personas no se les pregunta si quieren conservar; si tienen posesión y dominio de tierras legalmente rurales están obligados a conservar si les tocó estar en cualquier modalidad de área natural protegida. La gente conservará lo que esté a su alcance y medios, sea o no suficiente para lograr lo que se desea", señala el profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Martín Alfonso Mendoza Briseño.

Este experto, con estudios en las universidades de Chapingo, Idaho y Washington, ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales del país, en el sector forestal, pero en esta ocasión apoya a los productores forestales de la región Sierra Occidental, quienes han pasado de una oposición inicial a la recategorización de una vieja reserva ecológica en la zona del río Ameca (protección del distrito de riego 043), a una recelosa colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), bajo la promesa de que intervendrán en la elaboración del programa de manejo de la nueva área de protección de recursos naturales.

Mendoza Briseño es considerado por muchos madereros de la región Ameca-Mascota como el vocero ideal que refleja las posiciones del sector.

Se trata "no de oponernos rotundamente por todos lo medios a la recategorización, sino intentar cambiar el sistema obsoleto que actualmente rige el manejo y administración de las áreas naturales protegidas en el país, por uno más participativo y proactivo con índices y mediciones internacionales", señala por su parte Alejandro Lovera Ruiz, productor forestal de San Sebastián del Oeste y ex vicepresidente de esa demarcación últimamente famosa por sus bosques y su patrimonio cultural.

En otras áreas de Jalisco, como la sierra Huichola, hay también a futuro la tentativa de recuperar el área protegida del distrito de riego 043. Marco Montaño, propietario en Bolaños, considera el hecho una imposición violatoria de las garantías individuales: "no puedo considerar aceptable que el gobierno me diga lo que yo debo hacer con mis bienes, como si fuera una expropiación […] por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo", exclama irritado.

Las inconformidades han hecho eco en diversas organizaciones de los propietarios. Julián Orozco González, ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales (adscrita al PRI), advierte que se están analizando los caminos legales adecuados para enfrentarlo, porque aparte de la "resurrección" del área protegida del distrito de riego 043, hay varios expedientes nuevos como la reserva ecológica El Edén (Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán), la reserva del bosque de arce (en Talpa y Tomatlán), o la de los cañones de los ríos Verde y Santiago (en diez municipios al norte y poniente de Guadalajara).

Orozco González coincide con Marco Montaño en la necesidad de acudir a los tribunales para definir de una vez la controversia, "porque como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada".

El experto

Martín Alfonso Mendoza Briseño envió a este diario su reflexión sobre el tema de las áreas protegidas, bajo la advertencia que es su punto de vista sobre una "discusión colectiva" que se ha susucitado en la región Sierra de Occidental de Jalisco a raíz de que la Conanp anunció que retomaba el decreto de 1949, publicado por Miguel Alemán Valdés (recategorizado en 2002 como "área de protección de recursos naturales).

"Conservación de la naturaleza en el mundo [excepto México] es algo que es responsabilidad de los gobiernos, generalmente cumplida mediante tierras de propiedad gubernamental donde una burocracia hace lo que puede por cumplir las metas imposibles de darle gusto a todo mundo sin poner en peligro lo natural del terreno".

Sin embargo, en México "le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subidios a la conservación pero no son ni compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final que goza de los beneficios producto de la conservación no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios [al menos no paga más que los que no son usuarios o beneficiarios]", añade.

El experto forestal destaca que para el área protegida del río Ameca (ver Público, 8 a 11 de julio de 2007) "los propietarios y otras agrupaciones e instituciones han ofrecido a la Conanp colaborar con la elaboración y ejecución de los programas de conservación y estamos por definir detalles concretos de esta participación […] la política deseable en el proceso de puesta en marcha de esta y otras ANP es informando y permitiendo participación abierta de pobladores, propietarios, poseedores, industria, afectados, interesados, academia y autoridades locales.

Esta postura ha sido recibida con buenos ojos por la Conanp, pero no se ha pasado aún a emprender acciones de este tipo en forma oficial. Los hechos recientes hacen prever que se logrará materializar este tipo de propuestas, y estamos atentos para facilitarlo".

Mendoza Briseño reconoce que un proyecto de esta envergadura (la reserva recategorizada se extiende sobre 354 mil hectáreas de Jalisco y Nayarit) podrá tener resultados diversos y no dejará contentos a todo. "No es razonable esperar un éxito universal satisfactorio a todo mundo ni habrá situaciones acabadas a las que no se pueda responder o modificar después. Tener mentalidad plural, favorecer la diversidad de posturas, la tolerancia y convivencia entre todos los involucrados en este asunto es algo abiertamente sano y deseable que todos debiéramos imaginar como posible", señala conciliador.

El problema legal

Martín Mendoza también profundiza en el problema legal de las reservas.

"La constitución mexicana dice que las tierras [y por cierto también los recursos naturales] en territorio nacional son propiedad de la Nación […] la Nación tiene el derecho de otorgar en concesión las tierras a los particulares; eso en castellano significa otorgar dominio y posesión de la tierra a dueños o poseedores".

Derivado de esto, "un problema gordo de la justicia agraria y la ambiental es que la Nación se reserva el derecho de imponer modalidades a la tenencia de la tierra, como por ejemplo reglas de zonificación llamadas áreas naturales protegidas. Esta reserva es incondicional y sin responsabilidades, excepto en caso de expropiación. El Estado no tiene obligación de actuar con justicia, o sea de compensar su "impacto nomativo" [taking se llama en derecho internacional]".

Entonces, agrega, "no da igual estar adentro o afuera de un ANP. Personas que tienen derechos pueden estar adentro, otras afuera y se les trata esencialmente igual; incluso los subsidios se dan adentro más que afuera, pero sin ser obligación darlos. Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva por ese solo hecho baja de valor en todo sentido de la palabra valor, de donde nace la noción de impacto normativo, y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello. Esta desventaja no ocurre con los que estaban afuera y quedaron afuera al establecerse nuevas ANP".

A juicio del experto del Colegio de Postgraduados, "moralmente el Estado está obligado a compensar su impacto normativo para poner en condiciones de equidad a los que están adentro respecto a los que están afuera de cada nueva ANP. Además, se deduce que si el impacto normativo fuese superior al valor del predio, el Estado está obligado moralmente -con leyes o sin leyes- a ofrecer comprar el predio a precio de mercado previo a la declaratoria de ANP, a quien no quiera entrar o a quien se quiera salir de un ANP y no encuentre comprador que pague ese precio desregulado".

Y enumera otra serie de problemas que arrastra el diseño de las áreas protegidas mexicanas, "como el valor marginal de las prácticas de conservación de uno o de otro tipo y tecnología, y el problema de la variabilidad natural inseparable de la variación causada por los efectos de las acciones de personas sobre los terrenos que se desea conservar".

También "hay confusión entre lo que es un terreno con ambiente natural, y los efectos de este terreno sobre el ambiente de las personas, y eso da lugar a poner objetivos irracionales a muchos programas de conservación mexicanos […] suena técnico y confuso, pero su resultado es simple, no cualquier programa de conservación y manejo de ANP da igual".

Sin embargo, señala que en el caso de la reserva del río Ameca se espera evitar estos problemas porque "existe la voluntad de autoridades e involucrados de la zona de llegar a trabajar juntos las propuestas para manejar el ANP en formación; en ese espacio de decisiones se podrán poner en la mesa las propuestas tecnológicas que mejor resultado pudieran tener en conservar de verdad y no solo en apariencias o en papel: midamos lo que hay ahora, midamos lo que pase con el tiempo y separemos lo atribuible a las acciones y previsiones conscientes de manejo responsable de los espacios naturales".

Seguro tardará en madurar, "mientras, propongo dos hipótesis por demostrar: uno, conservación pasiva es demagogia, conservación activa es manejo responsable; dos, en cualquiera de los dos casos, el villano es el gobierno federal [especialmente el poder Legislativo], por su negligente actitud al evadir la responsabilidad de ofrecer a la sociedad servicios públicos de alto interés nacional, como el poseer y manejar directamente al menos unos pocos lugares del territorio mexicano que sean los más frágiles, menos fértiles, o más importantes que aún hay […] los particulares, personas, familias y comunidades hacen lo que pueden, pero las condiciones ecológicas objetivas dicen que eso no es suficiente", concluye el asesor de los propietarios.

Frases

"Como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada"

Julián Orozco González

Ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales

"Por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo"

Marco Montaño - Propietario en Bolaños

"Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva, por ese solo hecho, baja de valor en todo sentido de la palabra valor, […] y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello"

"[En México] le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subsidios a la conservación, pero no son compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios"

Martín Alfonso Mendoza Briseño

Profesor investigador del Colegio de Posgraduados