Angélica Enciso - Raúl Torres . La Jornada Jalisco
El Salto, 30 de mayo.- Comunidades que defienden sus recursos naturales y expresan su rechazo a proyectos que afectan su entorno, hoy enfrentan represión y órdenes de aprehensión. Esto es lo único que han obtenido como respuesta de las autoridades cuando demandan resolver conflictos ambientales; los casos más recientes son los de La Gloria, en Veracruz, Ocotlán, en Oaxaca y Azumiatla, Puebla, donde hay 17 detenidos.
La cuarta Asamblea de Afectados Ambientales, a la cual asisten representantes de comunidades que tienen este tipo problemas en al menos 12 estados del país, se desarrolla en esta localidad enmarcada por los malos olores y la contaminación que despide la espuma del río Santiago en la caída de su cascada verdosa.
Provenientes de decenas de comunidades, 174 delegados expusieron las diferentes circunstancias que enfrentan ante la proliferación de obras habitacionales que pretenden desplazarlos de sus localidades y quitarles el agua; la construcción de presas que inundarán sus pueblos; planes carreteros que deforestarán bosques y reducirán la recarga de agua. Un recuento de casos similares, en gran parte de los cuales la salida de la autoridad ha sido la vía judicial contra los pobladores.
Los habitantes de la comunidad La Gloria, ubicada en Perote, Veracruz, que saltó a la palestra internacional porque ahí ocurrió uno de los primeros casos conocidos de influenza A/H1N1, no sólo han enfrentado problemas de salud, sino que cinco de ellos tienen órdenes de aprehensión porque presuntamente participaron, el 10 de enero de 2007, en el bloqueo de la carretera Alchichica-Puebla.
Verónica Hernández, quien está en libertad bajo fianza, explicó que a ella, quien ya no vive en la comunidad, y a cuatro personas más los acusaron del hecho y ni siquiera estuvieron ese día en el lugar. Sin embargo, la maestra de telebachillerato, desde hace cinco años acumula tres órdenes de aprehensión en su contra, entre ellas una por difamación presentada por la empresa Granjas Carroll, a la cual se le atribuye contaminación del aire, agua y suelo desde que se instaló en la zona en 2004.
La profesora dijo que “si algo me pasa, responsabilizo a la empresa, porque tiene tanto poder que a pesar de los daños evidentes ahí se mantiene”. Actualmente vive en la comunidad Las Vigas, muy cerca de La Gloria. De acuerdo con versiones de asistentes a la asamblea, Granjas Carroll acosa con llamadas telefónicas a la gente afectada por sus operaciones.
La resistencia contra la operación de la Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Ocotlán, ubicado en valles centrales de Oaxaca, llevó a que el 24 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, hicieran un operativo en el cual las viviendas fueron cateadas. Buscaban detener a Agustín Ríos, cuyo padre se niega a vender terrenos a la empresa, explicó su esposa, Sue Madelaine Ochoa.
En San Andrés Azumiatla, Puebla, empresas inmobiliarias buscan hacerse de 560 hectáreas para construir una zona habitacional con un centro comercial y vías de comunicación. El pasado 17 de abril, topógrafos que estaban trabajando en la localidad despertaron las sospechas de la comunidad, lo cual provocó una gresca que llevó a la detención de 17 personas, entre ellas una mujer embarazada, un niño y una persona con problemas mentales; todos permanecen en prisión, explicó Juan Linares, integrante del Frente por Defensa del Agua y la tierra de Puebla y Tlaxcala. Estos son sólo algunos de los casos que se expusieron este día.
Los asistentes precisaron que su lucha “es para detener la destrucción, el despojo y la privatización que los capitalistas han causado a nuestros territorios, recursos naturales, a nuestra vida misma”.
Consideraron que los empresarios “han decidido acabar con la riqueza natural a costa de millones de personas”. En esta estrategia participan los constructores, asesores ambientalistas, un sector de académicos y las instituciones del Estado “para operar esta guerra de conquista”.
Mientras, aquí en El Salto, con problemas de contaminación por décadas, la situación no cambia y la gente sigue resintiendo los fétidos olores y la espuma que emana del río Santiago, las nubes de mosquitos que proliferan en la zona y los problemas de salud que ocasiona la concentración de descargas de agua residual que llegan desde la Zona Metropolitana de Guadalajara a través del canal de El Ahogado, entubado recientemente y cuya salida se ubica justo bajo la cascada que divide esta comunidad de la de Juanacatlán.
El caso de El Salto es emblemático en Jalisco debido a que fue en este municipio donde se documentó, en febrero de 2008, la muerte de un menor de edad, Miguel Angel López Rocha, que cayó al río Santiago e ingirió sus aguas, lo que le provocó 15 días de agonía por intoxicación. Hasta el momento, aunque las autoridades estatales han reconocido el problema de contaminación del río, no aceptan que la muerte del menor se deba a esto e insisten en que este cuerpo de agua, sobre el que se pretende construir la presa de Arcediano para alimentar a la ciudad de Guadalajara, puede sanearse con dos macroplantas de tratamiento.
