Eliminarán lirio, no polución en el Santiago

Pretenden utilizar glifosato en 5.5 kilómetros del río para erradicar los mosquitos, olores y mejorar el paisaje, pero no la contaminación


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

La Comisión Estatal del Agua (CEA) está tramitando un permiso para aplicar glifosato en la parte más contaminada del Río Santiago para eliminar las altas concentraciones de lirio, pero que no mejorará en ningún momento la calidad de las pestilentes aguas negras.

La intención es rociar el polémico químico en 5.5 kilómetros del cauce, para que en la represa que se forma entre las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, dejen de incubarse los zancudos que por años han padecido los habitantes de estos municipios y que sienten con mayor intensidad durante la temporada de calor.

Héctor Castañeda Nañez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, admitió que los beneficios de utilizar el glifosato no se verán reflejados en el descenso de la contaminación que existe en el Santiago, sino en la eliminación de mosquitos, un mejor paisaje y la disminución de malos olores.

“Los beneficios de retirar el lirio no están necesariamente en mejorar la calidad del agua, sino más bien en la posibilidad de quitarle una incubadora natural a los vectores (mosquitos) que tanto molestan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán. Otro beneficio, yo diría en que estaría justamente en la parte paisajística, es diferente ver un embalse completamente lleno de lirio a uno libre de lirio, y el tercer beneficio, está por la parte de olores, porque acelera y propicia que haya un mal olor”.

El pasado 26 de febrero, la CEA ingresó un documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), bajo el nombre de “Control de Maleza Acuática en el Río Santiago: Zona de El Salto y Juanacatlán” a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), tan sólo unos días después de que el niño Miguel Ángel López Rocha, muriera presuntamente al caer al río y resultara intoxicado con arsénico.

Estos 5.5 kilómetros del Río Santiago en los que será fumigado el glifosato —un herbicida sistémico, no selectivo que mata cualquier tipo de planta— equivalen a 75 hectáreas y de las cuales, 45 están invadidas de la maleza.

El lirio es una planta que vive entornos altamente contaminados y en ríos como el Santiago, encuentra el alimento necesario para seguir reproduciéndose como son el fósforo y nitrógeno, provenientes de productos agroquímicos y metales pesados que absorbe con facilidad para su crecimiento.

De aprobarse la autorización de impacto ambiental, no sería la primera vez que el Gobierno de Jalisco aplica este químico, lo hizo en 2007 en el Lago de Chapala, a lo que se opusieron grupos ambientalista por los posibles daños y recientemente en la Presa La Vega.

Sin embargo, la CEA no sabe con precisión cuándo podría rociarlo en el Santiago, pues no es igual de efectivo cuando se usa en temporada de lluvias, además de que la MIA todavía no ha sido aprobada por la Semarnat, dependencia federal que le solicitó información adicional como parte de la evaluación que está realizando.

La Manzanilla: a la venta, hasta las zonas federales

Un desarrollo urbano totalmente desordenado ha marcado los últimos diez años de esta aldea de pescadores de la costa de La Huerta, que se hizo famosa tras ser devastada por un maremoto en 1995.


Un jovencito camina en el estero de La Manzanilla. Cerca de él, justo a sus pies, un gran cocodrilo se encuentra descansando en este bello lugar. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO
La Manzanilla municipio de La Huerta
ENVIADO

Adán Brambila era un niño cuando vio aparecer por la playa de La Manzanilla, entonces aislada en una geografía abrupta y mal comunicada, a un hombre como jamás imaginó que pudiera haber. “¡Es el diablo!”, gritó despavorido, y puso sus pequeños pies morenos en polvorosa, en busca de la efigie protectora de su madre.

Pero el individuo de tatuajes multiformes, cabello largo con rastas, ojos azules como mar, piel caucásica, lengua extraña y risa estentórea, no era el querubín caído que entre llamas disputa feroz con el arcángel justiciero en las portadas de los viejos catecismos de Ripalda; se trataba apenas del primer gringo del que se tenga memoria contemporánea en estas tierras. Después llegarían más. Muchos más.

A unos 30 años, ya hay casi 800 residentes de quince distintas nacionalidades, muchos de ellos, jubilados que buscan el calor tropical y vivienda barata para huir de lo que piensan es la civilización adulterada. Así, de ser una rústica aldea de pescadores pobres, que fueron incluso asolados por un tsunami en 1995, esta pequeña ensenada se transformó en un modelo de comunidad internacional. Eso sí, muy a la mexicana: desordenada, mal atendida, caótica, sin una clara vigencia de la ley. Y donde casi todo tiene un precio.

Una residencia de extranjeros construida en plena zona federal en La Manzanilla.

Paradojas de la cultura. Los extranjeros vinieron en busca de la inocencia, pero piensan que su dinero ha ido corrompiendo las mentalidades. Para los ejidatarios, en cambio, su llegada es la redención con que Dios los compensó de tantas décadas de abandono y de un evento natural desastroso pero incruento.

Hay construcciones de medio millón de dólares pero ni siquiera tienen drenaje. El acceso al agua es precario, los ciclones pueden dejar sin energía eléctrica a la zona, los ríos son borrados sin preguntar por qué estorban, y la basura reina indiscutida en los sitios más insospechados, sólo superada por la música de banda, pues se vive una eterna y aletargante fiesta en honor a quiensabequé, y sobre todo, por el ubicuo y a ratos inicuo calor, que, como cosa del diablo, parece universal.

Los daños

En abril de 2007, los ambientalistas locales, asesorados por el Instituto de Derecho Ambiental, promovieron una denuncia popular ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “En la playa que colinda con el estuario y el manglar, entre La Manzanilla y Boca de Iguanas, se están llevando construcciones de casas habitacionales que provocan la destrucción de la duna costera y la afectación del hábitat de la tortuga marina y del cocodrilo americano”, señalaban entonces. La Profepa no actuó, se quejan.

El proceso de deterioro no se detuvo, y en él señalan la responsabilidad del propio presidente ejidal, Osvaldo Suazo, también regidor de Ecología de La Huerta. “¿Cómo va a frenar la destrucción si se beneficia de ella con las ventas y hasta mete su maquinaria a los trabajos?”, reclamaron.

Leopoldo Loza, encargado del agua, alerta sobre el problema de la urbanización sin ton ni son: abrir fincas por todos lados hará muy pronto que sea insuficiente el agua de que se dispone. Pero la presión de las compraventas no cede.

En realidad, algunos daños vienen de más atrás. Como efecto de tres décadas de ganaderización extensiva, en la microcuenca de 2,500 hectáreas, que alimenta al estero de La Manzanilla (hoy elevado a categoría de sitio Ramsar como humedal prioritario internacional), la deforestación alcanza ya 65 por ciento del territorio, lo que parece condenar a la pérdida irremisible de la frágil selva caducifolia, incluidas las frescas cañadas, y de un importante número de especies vivas. La propia construcción de la carretera, y eso está bien documentado, cortó el flujo de agua dulce hacia los esteros y propició su mayor salinización.

Una vista del poblado de La Manzanilla tomada desde lo alto de una casa viendo hacia la bahía.

Pero además, como es lógico ante tanta presión, el agua está sobreexplotada. Y ya no para los quehaceres agropecuarios; los usos urbanos y suntuarios (como el campo de golf de 19 hoyos de El Tamarindo, que es regado desde pozos de la cuenca) se quedan con casi todo; el drenaje de la comunidad es pésimo porque fue la especulación la que impulsó el crecimiento, y las fosas sépticas contaminan fácilmente los cuerpos de agua y aun las tuberías de agua potable; otro efecto nocivo es la intrusión salina, por el descenso local de las lluvias, otra vez, efecto de la deforestación masiva. Todo un círculo vicioso.

Las tierras silvestres están en regresión: al estero lo afectan las invasiones, y los palmares son talados para las lujosas casas de descanso. En las playas deambulan vehículos con motor y la basura. Los cocodrilos se abren paso entre el mar de humanos que presionan su medio, y otras especies menos apacibles han ido desapareciendo, aunque los aires aún son dominados por decenas de aves migrantes y no, como sus vecinos terrestres.

¿Quién regula el caos? El gobierno federal, responsable de las playas y de todas las servidumbres de los cuerpos de agua, no. El Ayuntamiento de La Huerta lucha con sus escasos recursos para gestionar más control. El ejido se mueve entre la pulsión por el negocio y el cuidado de la casa, y ejerce así una especie de control. Los extranjeros plantean reducir la contaminación, salvar el paisaje y los servicios ambientales, aunque colonizan laderas con fincas ostentosas y encarecen los servicios básicos como la luz y la propia agua con sus costumbres civilizadas de uso de energía.

¿Irremediable?

Osvaldo Suazo contesta amablemente las preguntas sobre el desbarajuste de su ejido. Reconoce que hay terrenos que se rematan a 30 millones de pesos la hectárea (los que están cerca de la playa, del estero o en los desfiladeros rocosos con vista al océano Pacífico), pero otros no dan más de cien pesos por metro. El destino será casi la venta de todo, pero no se puede culpar a los campesinos, que nunca recibieron ningún género de apoyo gubernamental para hacer tierras de verdad productivas.

A lo que sí se ha abocado el núcleo agrario es a la creación de un ordenamiento territorial donde se establezcan reservas pero también zonas protegidas, así como un plan rector del desarrollo urbano que permita la introducción gradual de los servicios básicos, sobre todo la recolección de basura, de las aguas negras y su tratamiento. Hay que pensar, añade, que el agua existente no puede ser suficiente para crecer demasiado.

“El Tamarindo se lleva una buena parte, y sería importante que ellos metieran su desalinizadora para liberar estos pozos para necesidades más importantes que un campo de golf […] creo que eso sí puede provocar a unos diez años una crisis de abastecimiento”.

Advierte que las zonas de manglar “de ningún modo” serán tocadas y que la selva debe salir a fin de cuentas bien librada de este ensayo-error. “Queremos impulsar todos los desarrollos que sean ecoturísticos, ese es el único futuro deseable”.

¿Cómo fue de la súbita fama mundial de La Manzanilla? “Yo creo que con el maremoto se difundieron mucho las imágenes y entonces se dejaron venir muchas personas de fuera; para mí eso fue como algo con lo que Dios nos compensó luego de ese gran problema […] hoy, tenemos capacidad rebasada en fechas como Semana Santa, Navidad o verano, pero en invierno, hay mucho extranjero que deja dinero y apoya la economía local”.

A su juicio, los gobiernos anteriores de los tres ámbitos no tuvieron la visión de entender el desarrollo que se venía, y por eso se puede hablar de un retraso de infraestructura de hasta 20 años. “Sabemos que todo va a la venta, pero ya hemos establecido normas para prever cuando una tercera persona, que no sea miembro del ejido, se quede con un terreno: deberá respetar doce metros de servidumbre a partir de la zona federal del estero, para que allí nada construya y se proteja la naturaleza […] creo que se va a vender casi todo”.

—Dicen que usted es juez y parte, que se da solito permisos para vender tierras sin control…

—Como regidor no participo en los permisos de obras públicas, y las playas son responsabilidad federal. No es nuestra culpa que otros no hagan nada.

Lo cierto es que los primeros extranjeros que llegaron a estas playas, hace 20 o 25 años, y aún transitan cada invierno, no pueden olvidar el edén que se perdió. “Hace quince años vine por primera vez, y puedo decirte que había una lluvia cada tarde, y puros árboles grandes, mojotes de 20 metros, tescalamas”, señala Joseph Rutherfod. “[…] hace poco, venía de Vallarta y fue curioso: llovía solamente donde se veía arbolado, y en cambio, se detenía la lluvia en los llanos, donde hay ganado y deforestación; ya cerca, en Chamela, lleno de agua, pero luego te acercas a las zonas sin árboles, y cómo va a llover. Ahora sólo llega agua por acá en tiempo de ciclones”.

Estos diablos de gringos tal vez se queden con lo más valioso de la región, como consecuencia de la ley de la oferta y la demanda, pero muchos de ellos no lo quieren a cualquier precio ni están dispuestos a sacrificar el entorno, pues eso sería como matar la gallina de los huevos de oro. Dorrance Woodward, canadiense, por eso se compró una pequeña reserva ecológica al interior de la selva: 5.5 hectáreas es su granito de arena para salvar lo que para muchos es imposible.

Lo que no parece tan difícil de discernir es lo que producirá este presente: el ejido perderá sus dominios, admite el presidente Osvaldo Suazo; algunos campesinos se harán ricos y otros no tanto, y las tierras más valiosas quedarán en manos extrañas. Si tienen éxito el plan de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial que el núcleo agrario busca, un poco tarde, es posible que siga siendo una tierra de gringos, pero habitable y cálida. De lo contrario, sus páramos engrosarán la Waste land (Tierra baldía) que crece por un mundo para algunos condenado.

El viacrucis en Tenacatita

En El Rebalse de Apazulco, pescadores y restauranteros ancianos tienen 18 meses bajo proceso penal, acusados de despojo por la empresa Rodenas,concesionaria de la zona federal.


Domingo Ramírez López narra su odisea de los últimos días de noviembre de 2006. Al lado, sus socios de desgracia, puros hombres mayores que aún pagan sus penas. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Domingo Ramírez López es uno de los hombres más viejos de Tenacatita, pero ni eso impidió que enfrentara hace 18 meses una detención con engaños, prisión y el consecuente agravamiento de la diabetes de su esposa María, la cual falleció “del coraje”. Hoy, el viejo pescador debe acudir cada quincena, junto con otros ancianos de la localidad, hasta el penal de Puente Grande, a firmar por una libertad condicional que ha resultado muy costosa.

—¿Cómo fue lo de su esposa?

—Es que ella estaba enferma de diabetes; yo me vine aquí hace 22 años por la salud de ella, se ponía cada vez más mal y el doctor nos recomendó que nos viniéramos a la orilla del mar, y afortunadamente estos amigos me colocaron en un pedacito de terreno […] ahora que me llevaron a la cárcel ella se me agravó y luego se me fue, se me murió; mientras, yo sigo viviendo aquí, tengo un pedacito que según el enemigo es un terreno federal que tiene concesionado, y nos demandó, y estamos en un juicio penal, esa es la historia de este lugar y de nosotros, todos, porque todos fuimos al bote, fue un engaño muy feo…

—¿Los citaron a otra cosa?

—Fue la Policía Judicial la que vino por nosotros, nos mandaron llamar a Autlán, que ya estaba el enemigo que para hacer un convenio con él […] caímos como palomitas, y de ahí hasta Puente Grande, esa misma noche, esa es la historia real.

Don Domingo toma un respiro para sacudirse un poco el calor sofocante del atardecer, a la orilla de este mar que alguna vez estuvo casi en abandono, cuando él apenas llegaba de El Grullo y nadie los peleaba por estas posesiones tan precarias. Ya existían las palapas, los pequeños restaurantes, la pesca intensiva en la vena y en la bahía, y el turismo local. Pero en 1991, la viuda del gobernador Jesús González Gallo, Paz Gortázar, vendió el predio que le quedaba al empresario José María Andrés Villalobos, dueño de la inmobiliaria Rodenas. Al año siguiente, los pescadores vieron sus casas quemadas por una partida de rurales presuntamente al servicio de su adversario. En dos ocasiones más, “nos sacaron nuestras cosas hasta la carretera”, lo secundan Leocadio Torres y Rosario Alvarado, otros de la lista de procesados.

La clave para lo que padecieron es que en el año 1993, la zona federal marítimo-terrestre, que los comerciantes tenían en posesión desde casi 25 años antes, le fue otorgada al empresario inmobiliario, por ser propietario de los predios colindantes, pero haciendo caso omiso de una concesión otorgada a Francisco Montelongo Aguayo, uno de los restauranteros del sitio. Con base en ese elemento, Rodenas denunció a los posesionarios y provocó esos aciagos hechos del 30 de noviembre de 2006, que han marcado todas sus vidas sencillas.

“…y salimos en televisión —continúa el viejo Domingo narrando la impensada Odisea en el penal— y me vieron muchos amigos que tenemos en Guadalajara y donde quiera […] luego nos movieron al juzgado que para sacarnos confesiones y huellas; al otro día nos metieron a las cuatro de la mañana a la cárcel; a las ocho salimos, estaban los abogados ya arreglando nuestra fianza. Entonces, en total duramos dos días y una noche, sin comer y sin beber nada, y yo estoy enfermo señor, ahí me pegó un infarto, chiquito, dentro de la cárcel, que me revivieron tres de mis compañeros, no sé cómo le harían, porque yo no traía mis pastillas para el corazón, pues se supone que cuando la policía vino por nosotros, era nomás un mandado, para qué me las llevaba…”.

A la causa penal se incorporaron más indiciados. La libertad condicional obligaba a acudir cada semana a firmar; los abogados consiguieron alargar el plazo a cada quincena, pero es pesado para hombres y mujeres que ya pasaron hace mucho sus mejores años de vigor físico. “Y hay señores que están más malos que él [que Domingo] y hay que llevar oxígeno para que respiren”, añaden sus acompañantes. La brisa trae un repentino alivio a este breve purgatorio. Las almas en pena relatan otras historias infaustas: Crescencio Vera y Sabino Barragán, “también están muy enfermos”. Junto con doña María, también murió Dionisio Rosas, encorajinado de tanto abuso y plagado de dolencias propias de la edad. La desconfianza cunde.

Bajo el proceso 277/2006-2 se encuentran, entre vivos y muertos, Óscar Armando Ortega García, Jovita Sánchez Valeriano, Socorro Amador Pérez, Sabino Barragán Salgado, Blas Carrizales Vargas, Leocadio Torres Godínez, Crescencio Vera González, Domingo Ramírez López, Rafael Torres Godínez, Francisco Epigmenio Barragán Amador, Catalino Alvarado Flores, Francisco Alvarado, Juan Román Figueroa Rodríguez, Dionisio Rosas Meza, Rosario Alvarado Flores, según reportan los propios afectados.

Lo primero que piden es que su causa se traslade a Autlán, a Cihuatlán, a Tomatlán o a cualquier sitio más cercano, porque ir a Puente Grande cada dos semanas es un calvario. Pero el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal no ha dado su brazo a torcer. Lo otro es que se reconozca que el primero en tiempo es primero en derechos. Y ellos ya van para 40 años asentados a la orilla de la suave bahía de pliegues azules.

Concesión de zonas federales, el gran conflicto

La playa de Tenacatita, llena de palapas desde hace tres décadas. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Todos los sitios valiosos ambientalmente de la región Costa Sur de Jalisco están ahora en disputa. Los usos tradicionales: pesca, restaurantes, pequeños balnearios locales, están en riesgo de ser completamente desplazados ante el enorme peso de intereses privados que se empeñan en crear en esta región de acantilados y ensenadas un nuevo paraíso para el jet set.

“La cosa es que la política de la Secretaría de Medio Ambiente [y Recursos Naturales] es a favor de ellos, y no nos toman en cuenta nuestra larga presencia cuando nadie se interesaba en la costa. Quien llega a la dirección de zonas federales con dinero e influencias, diciendo que compró tierras y quiere una marina o un campo de golf, obtiene lo que busca, porque les dan las concesiones de espaldas a nosotros”, se queja amargamente el pescador Francisco Javier Romero Segura, secretario de la cooperativa pesquera de La Cruz de Loreto, en conflicto con una empresa alemana denominada Cruzeto, en Tomatlán.

Estero La Manzanilla, con una casa californiana encima.

En cuanto a La Huerta, donde es mayor la superficie potencial para desarrollos turísticos de lujo, 70 por ciento de las tierras que lindan con el mar estaría ya privatizado, según el presidente del Consejo Consultivo de Pesca y Acuacultura de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz. “[…] yo tampoco entiendo por qué el gobierno les permite tener elementos de seguridad que no respetan los derechos de los pescadores, que obligadamente debemos ir porque es nuestra actividad; al grado que cuando ves a un uniformado, mejor te das la vuelta y te regresas”.


Sánchez Ruiz cuenta una historia que ya es conocida en el medio: cómo los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula, la cual tiene una concesión para 4,160 metros cuadrados de la playa de Careyes, fue despojada del derecho ante el mayor peso de los intereses de la familia Brignone. En este caso, la Dirección de Zona Federal de Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat), de la Semarnat, pretende aplicar el criterio de que el dueño del predio colindante con la playa tiene la preferencia, y de hecho así se prevé en la propia norma oficial mexicana en la materia, diseñada para favorecer a inversionistas sobre usos tradicionales.

“Así fue creada la norma, y Zofemat se ha limitado a aplicarla, sin considerar los conflictos sociales que se van a arrastrar con eso”, señala un ex alcalde de Cabo Corrientes.

Una bahía con tierras y recursos en disputa

La bahía de Tenacatita, la quinta más grande de México según datos de la Universidad de Guadalajara, sería la sede de uno de los experimentos más excesivos del “desarrollismo” que promueve el gobierno estatal de Emilio González Márquez para la costa: la creación de un centro de “turismo masivo” que pudiera alojar alrededor de 150 mil habitantes, como en el caso de Puerto Vallarta

Esta pretensión, que hasta ahora no se ha convertido en proyectos y planes de obra específicos, ha sido ampliamente descalificada por científicos de todo el orbe, como José Sarukhán y Paul Ehrlich, debido al golpe a la biodiversidad regional que esto acarrearía, pero sobre todo, a la escasez relativa de recursos básicos, especialmente el agua

En sus condiciones actuales, la bahía ya presenta problemas muy serios de deforestación, que se acercan a 65 por ciento del área original. También, al enclavarse en ella una selva seca caducifolia con apenas cuatro meses de temporal, tiene una limitada presencia de agua superficial y de agua subterránea, lo cual condiciona fuertemente la vida silvestre y los desarrollos económicos, y es un freno completo para los megadesarrollos

Entre las disputas por estos recursos importantes, está el caso de La Manzanilla, la cual sostuvo por más de diez años un enfrentamiento con el desarrollo de lujo El Tamarindo por los pozos de agua de la zona. El litigio se resolvió cuando la empresa de Roberto Hernández cedió uno de los aprovechamientos de la comunidad, la cual cuenta con su propio sistema de abastecimiento



No obstante, los responsables del sistema advierten que si sigue el crecimiento anárquico, el agua no alcanzará a dotar las nuevas fincas que el ejido de La Manzanilla está permitiendo construir, las cuales son propiedad de inversionistas fundamentalmente extranjeros

En Boca de Iguanas hay un nuevo desarrollo que aprovecha las viejas instalaciones de otro núcleo turístico, pero en su alrededor, la compraventa de terrenos ejidales o federales se está llevando también de forma descontrolada

En El Rebalse de Apazulco o Tenacatita propiamente dicho, el conflicto por la zona federal tiene desde 1993, y actualmente ha derivado en el proceso penal para una quincena de pescadores y restauranteros ancianos que ostentan la posesión de facto desde los años setenta, pero que al aplicar la norma oficial mexicana vigente para zonas federales, fueron afectados por la prioridad que se dio a la empresa Rodenas, que tiene los terrenos colindantes al mar. Este conflicto ya motivó un desalojo violento en 1992 y la quema de las palapas

Este conflicto tiene antecedentes: el 30 de junio de 1991, se otorgó por parte de la Sedue la concesión de zona federal a Francisco Montelongo, un pequeño restaurantero; el 5 de enero de 1993, ya con Sedesol se otorgó una concesión sobrepuesta a Inmobiliaria Rodenas. El 29 de enero de 2002

La Semarnat confirmó la concesión de Rodenas, pese al atraso en pagos que denunciaba el Ayuntamiento de La Huerta. En noviembre del mismo año, fue la detención de los pequeños restauranteros, cuya experiencia está reseñada en la página anterior, de boca de ellos mismos.

Suman 236 clausuras y cuatro retiros de espectaculares en Zapopan

Luis Herrera - EL INFORMADOR

El programa que el Ayuntamiento de Zapopan comenzó para retirar 250 anuncios espectaculares durante la presente administración, tiene otra vertiente con respecto a las vallas publicitarias y ya presenta avances con la clausura de 236 de estas estructuras.

En 15 días de funcionamiento del programa, se han retirado cuatro anuncios espectaculares.

La última estructura se encontraba en el Anillo Periférico, cerca de su cruce con Acueducto, y a decir del presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, formaba parte de los 45 espectaculares con origen irregular por carecer de una licencia municipal.

“Pretendemos que tanto sociedad como Gobierno y publicistas empecemos a ordenar el tema de la imagen urbana, de tal forma que en las principales avenidas como Avenida Patria empecemos con el distanciamiento entre espectaculares hasta llegar a 500 metros. Esta situación debe ser consensuada para que los mismos publicistas reconozcan que está demasiado suturada la ciudad de publicidad”.

El director de la Coordinación de Sindicatura de Zapopan, Francisco Uribe Tapia, informó que están en trámite para retirar otros 12 anuncios de una misma empresa; 10 de otra y están bajo revisión 15 con distintas compañías.

Ninguna de las 236 vallas clausuradas ha sido retirada aún, respecto a lo cual el funcionario explicó que “hemos tenido acercamientos con cuatro empresas que están de acuerdo con retirarlas; una de ellas retirará 70 y se le pidió que retirara otras 20 y está dispuesta a hacerlo. Estuvimos con otra empresa que tiene 80 y retirará la mitad de manera voluntaria”.

En las comisiones edilicias del Ayuntamiento de Zapopan ya se encuentra en estudio la propuesta presentada por Sánchez Aldana y el síndico Ricardo Anguiano Apodaca para la reglamentación de la imagen urbana en el municipio, lo que permitiría, señaló el alcalde, que el retiro de los anuncios continúe en próximas administraciones.

Sánchez Aldana también comentó que el objetivo es liberar de anuncios espectaculares las avenidas Patria, López Mateos y Américas en su totalidad. Todo el municipio de Zapopan cuenta con aproximadamente 700 de estas estructuras.

Los retiros realizados hasta el momento se han realizado de manera consensuada con los empresarios, refirió Uribe Tapia, lo que ha permitido que los gastos no fueran cubiertos por la autoridad municipal.

El alcalde afirmó que en caso de que algún retiro corra a cuenta del Ayuntamiento, la estructura del anuncio será retenida hasta que la empresa pague por los gastos. Desmontar cada anuncio puede representar una erogación de 40 mil pesos.

Mayorga “continúa en la dirección” de La Primavera

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Salvador Mayorga Castañeda sigue apareciendo en el portal oficial del Bosque La Primavera como director ejecutivo. En el organigrama que se difunde en la página de internet (www.bosquelaprimavera.com/equipo) aparece como actual director del bosque, pese a que hace más de una semana fue destituido.

Mayorga Castañeda estuvo por más de 11 años al frente del área protegida, pero al no contar con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y de los propietarios, fue despedido con una liquidación de entre 300 y 400 mil pesos.

Por su parte, el recién nombrado director de La Primavera, José Luis Gámez Valdivia, prefiere llevar la fiesta en paz con los propietarios del área protegida, al resistirse a fijar una postura sobre si presionará para que sean derribadas las fincas construidas de manera irregular dentro del bosque.

Para no meterse en problemas con los dueños de predios en La Primavera —que finalmente fueron los que le dieron el triunfo— Gámez Valdivia se limitó a decir, minutos después de ser electo, que analizará jurídicamente la situación de las construcciones y que se apegará a lo que señala la ley.

A finales del año pasado se identificó la construcción de tres casas, que han sido denunciadas a través de los medios de comunicación; también se evidenció la instalación de mallas ciclónicas para delimitar las propiedades.

Una de las casas corresponde a la familia del actual director de Mercados del Ayuntamiento de Zapopan, José Ángel Contreras Orozco, en el predio conocido como La Cebada.
La segunda finca, que también se ubica en el terreno de La Cebada, es de un particular de nombre José Luis Delgadillo, mientras que la tercera finca se construye en una zona denominada El Tecuán.

Aunque las tres fincas fueron clausuradas en enero pasado por la Profepa en Jalisco, los procesos legales siguen abiertos. En los más de cuatro meses que han pasado, no hay una resolución definitiva de sanción ni de derribo, pese a que atentan con la conservación del bosque.

Las construcciones de este tipo o mallas que funcionan como muros, obstruyen el paso de la fauna y erosionan el suelo, que luego de este impacto difícilmente vuelven a recuperarse.

El Bosque La Primavera cuenta con 30 mil 500 hectáreas protegidas, que están fuertemente sometidas a la presión de los intereses inmobiliarios, pues la mayoría de los terrenos es propiedad privada. Sin embargo, por ley, no está permitido levantar este tipo de construcciones, al ser un área protegida que se rige con normas federales.

José Luis Gámez, quien aún no toma protesta de su nuevo puesto --antes fungía como director de Sustentabilidad de la Seder--, se manifestó abiertamente el año pasado contra algunas políticas de conservación implementadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida (Conanp) en la creación de la Cuenca del Ameca.

Jalisco, segundo lugar en incendios

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

En menos de un mes, el Bosque La Primavera engrosó las frías estadísticas de incendios reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor): mil 725 hectáreas quemadas, que representan 10% del total de la superficie siniestrada en todo el Estado en lo que va del año, que es de 16 mil 666 hectáreas.

El primer incendio fuerte se presentó en el bosque el pasado 24 de abril, en donde la falla en uno de los helicópteros que por aire combatirían el fuego, provocó que las labores de los brigadistas se extendieran durante la madrugada. El saldo fue rojo: mil hectáreas afectadas.

No pasaron más de tres semanas cuando un nuevo siniestro forestal, provocado presuntamente por una quema agrícola irregular, arrasó con otras 725 hectáreas. Las llamas duraron más de 20 horas en ser extinguidas por los más de 200 combatientes que padecieron la falta de víveres como agua y alimentos, ante la desorganización de las autoridades.

Si bien en su mayoría el fuego dañó arbustos, pastizales y matorrales, La Primavera no se salvó de que 10% de arbolado adulto resultara dañado —que es la vegetación más difícil de recuperar—.
Se estima que para tener árboles en estas condiciones de permanencia, luego de una reforestación tardarán más de 10 años en crecer, sin contar los que durante el proceso de crecimiento se mueren. De acuerdo con expertos, sólo 50% de las plantaciones logran conservase.

De enero a la fecha se han presentado en Jalisco un total de 400 incendios, que afectaron ocho mil 251 hectáreas de pastizales, siete mil 165 de arbustos y matorrales, 573 de renuevo y 676 de arbolado adulto, según los datos reportados por la Conafor.

Con este grado de afectación, la Entidad se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con mayor superficie afectada, sólo por debajo de Coahuila, donde los daños suman poco más de 18 mil hectáreas.

Será hasta el próximo 15 de junio cuando se declare oficialmente iniciada la temporada de lluvias, que automáticamente baja la incidencia de incendios. En Jalisco se supera 17% el área quemada del año pasado.

LOS DAÑOS EN EL ESTADO:
2008
Superficie quemada: 16 mil 666 hectáreas.
Incendios: 400.

2007
Superficie quemada: 14 mil 936 hectáreas.
Incendios: 436.

Guadalajara, en falta ambiental por la carencia de personal

Accionar de pipas municipales implica desperdicio de agua y más contaminación.


Pipas regando en el día, una imagen cotidiana de desperdicio de agua. Foto: Humberto Muñiz

Dolores Reséndiz - PÚBLICO

Son las diez de la mañana y una pipa del ayuntamiento tapatío riega el camellón de avenida Federalismo. Atrás, una fila de vehículos circula a vuelta de rueda, el que les permite la unidad municipal que encabeza la hilera, mientras que el sol cae intenso sobre los hombros del empleado que va dirigiendo la manguera a las áreas verdes del centro de la calle, que si durara un poco más en el lugar vería cómo se evapora gran parte del agua por la acción del astro rey.

La imagen es una constante en esta temporada de calor en distintas avenidas del municipio, y al mismo tiempo una evidente violación a los programas acordados entre estado y municipios para mejorar la calidad del aire en la ciudad y las políticas de cuidado del agua.

El director de Ecología en Guadalajara, Francisco Javier Ochoa Covarrubias, reconoce el riego en horarios inconvenientes, pero al mismo tiempo justifica la falta: no hay personal que trabaje en turnos nocturnos, horario idóneo para el riego del pasto.

“Lamentablemente no tenemos, por cuestiones sindicales y laborales, personal suficiente en Parques y Jardines para que atienda estas actividades en el turno nocturno. Es cierto, tenemos considerado que los riegos deben ser en las primeras horas de la mañana si no se puede en la noche, pero a veces no hay disponibilidad de unidades o personal”, argumentó Ochoa Covarrubias.

Y aunque se trata de un argumento gastado por varias administraciones municipales, hasta la fecha es un problema sin solución y violatorio al Plan de Estiaje y al Programa Mejor Atmósfera, propuestos por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) y avalado por los ayuntamientos de la zona metropolitana.

María Elena Zúñiga Alvarado, coordinadora de Enlace Intersectorial de la Dirección de Auditoría y Monitoreo Ambiental en la Semades, confirma el daño que provoca la negligencia del ayuntamiento.

“Los municipios y los órdenes de gobierno estatal y federal han llegado a estos acuerdos dentro del Cemaire [Consejo para el Mejoramiento de la Calidad del Aire]: ya lo saben todos los municipios. En este caso, se trata de una falta ecológica, tanto por la generación de emisiones por congestionamiento vial, como por la evaporación del agua que, todos sabemos, es mayor cuando hay presencia de calor”, explicó la funcionaria estatal.

Los programas mencionados obligan a los ayuntamientos a evitar el uso de vehículos municipales durante lapsos en los que el tráfico se incrementa en las calles. Además, entre los acuerdos, está el que los municipios acaten que el riego de áreas públicas deberá aplicarse en itinerarios donde el agua tenga mayor aprovechamiento.

Zúñiga Alvarado refiere que no existen sanciones para aplicarlas entre los ayuntamientos que incumplen los acuerdos citados; sin embargo, en los casos donde se confirma que el municipio falta a sus compromisos, la Semades sí puede emitir extrañamientos.

Para la última semana de mayo se espera el reporte de los municipios y la propia Semades sobre el seguimiento al Plan de Estiaje 2008. Será cuando se conozca si los ayuntamientos están llevando a cabo las acciones dispuestas y, en caso contrario, se presente el extrañamiento por los acuerdos vulnerados.

Tras muerte de niño, en El Salto sólo promesas

Sólo una cerca y un montón de tierra separan a los habitantes de La Azucena del río contaminado. Foto: Tonatiuh Figueroa

Vanesa Robles - PÚBLICO

Después del niño intoxicado enrejan el río. Así lucen las cosas en el fraccionamiento Bonito Jalisco, en la comunidad La Azucena, de El Salto; si antes los habitantes no podían ver la contaminación del río Santiago porque los constructores lo ocultaron tras un monte de tierra, ahora menos, una reja separa al caserío del torrente.

El niño muerto se llamaba Miguel Ángel López Rocha y tenía ocho años de edad. Murió intoxicado por arsénico, aunque las autoridades juran que murió al tragar aguas negras domésticas. La cruz que los vecinos levantaron a la orilla del Santiago, junto a unos sauces llorones, fue enterrada por un montículo de tierra.

En La Azucena, parece que también quedó enterrada la memoria. Los primeros días de marzo pasado, un poco después de la muerte de Miguel Ángel, en la colonia abundaban los letreros de protesta y las invitaciones a juntas vecinales para protestar por la contaminación. Incluso, los habitantes amenazaron con suspender los pagos de sus créditos a 30 años, por unas viviendas de menos de 30 metros cuadrados.

“Todo se calmó”, dice con resentimiento María del Carmen Rocha, la madre de Miguel Ángel.

Entre ese “todo” está su propio drama. Las demandas a las dependencias federales por la muerte de su hijo no han avanzado. La despensa que le ofrecieron las autoridades de El Salto durante la agonía de Miguel Ángel se suspendió sin más. La Secretaría de Salud Jalisco no ha dado a conocer los exámenes que hizo a los niños del barrio, con el fin de saber si alguno de ellos aloja en su cuerpo cantidades importantes de metales pesados.

María del Carmen y su esposo, Raúl Mendoza, decidieron no aceptar un peso de las autoridades después la muerte de Miguel Ángel. Menos, cuando comenzaron a correr las versiones, elaboradas por el gobierno del estado y desmentidas después por éste, de que el niño había sido violado y maltratado por su familia.

Sin embargo la tumba de Miguel Ángel se quedó sin cripta porque la familia no tenía para mandarla hacer y, ante la próxima temporada de lluvias, María del Carmen y Raúl decidieron aceptar el trabajo de un par de albañiles municipales que les había ofrecido el día de los funerales el alcalde de El Salto, Joel González. Apenas tres meses más tarde, la respuesta fue: “Los albañiles no tienen tiempo. Están muy ocupados”.

Y la constructora HIR volvió a hacer confianza. El viernes, estaban destapadas todas las bocas de registro de la calle Azucenas Poniente, hambrientas de niños distraídos. Más adelante, cerca del río, había dos o tres pozos artesanos a cielo abierto, con agua filtrada del oficialmente muy contaminado Santiago. “La usamos para llenar las pipas y regar las áreas verdes”, dijo un trabajador de la inmobiliaria.

Una vecina de la calle Guamuchil narró que desde la muerte de Miguel Ángel, la mayoría de los padres de familia no permite que sus hijos salgan a la calle —lo cual los condena a permanecer en una casa de duendes—, pero algunos se escapan y juegan cerca de las alcantarillas abiertas y de los pozos.

María del Carmen tampoco deja salir a sus tres hijos menores. La diferencia es que ella no olvida por qué. El recordatorio lo colgó de una de las paredes de su casa: una foto de un Miguel Ángel sonriente en uniforme escolar con la leyenda: “Siempre te recordaré”.

Ella preferiría que sus vecinos y el resto de los habitantes de Guadalajara hicieran lo mismo: “Que sigan acordándose de mi hijo y luchen. ¿Por qué? Porque tienen hijos. Y ahora fue el mío, mañana quién sabe”

Las denuncias contra Guízar se seguirán de oficio

Multa de 1 a 8 días de salario mínimo, o cárcel hasta de un año: Código Penal.


Manifestación contra Javier Guízar. El político deberá presentarse a la PGJEJ. Foto: Tonatiuh Figueroa

Jaime Ramírez - PÚBLICO

En breve, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier Guízar Macías, recibirá una orden de presentación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), por las amenazas que profirió el político priista tras matar a un perro, ya que este delito contra las personas se persigue de oficio y no basta el desistimiento de las partes agraviadas para eliminar la acción penal.

El Código Penal de Jalisco establece, en el título decimocuarto, sobre los delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas en su capítulo primero, en el artículo 188, que se impondrán de quince días a un año de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario mínimo, al que de cualquier modo anuncie a otro su intención de causarle un mal futuro en su persona, honor, prestigio, bienes o derechos, o en la persona, honor, prestigio, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado el ofendido por algún vínculo.

Asimismo, el ordenamiento indica que cuando las amenazas sean leves, se exigirá caución de no ofender, pero si el responsable se niega a otorgar la caución, se le impondrá la pena prevista en el párrafo anterior. Si cumple la amenaza, se le impondrán además las penas que procedan por los delitos que resulten.

Javier Guízar fue demandado por Luis Rodrigo Mendoza Zúñiga y otras personas que, en el marco de una reunión en Ahualulco de Mercado, presenciaron cómo el político mató a balazos con una pistola calibre .380 a un perro que presuntamente atacó a su hijo y luego con el arma amenazó a los presentes que le reclamaron, con exclamaciones como: “A ver, ¿quién sigue?, y “quien la va a hacer de tos”, según se asienta en la denuncia 891/2008.

Mientras tanto, las protestas en contra de la actitud del presidente del partido tricolor continuaron. Ayer, sobre el puente de la glorieta de la Normal, y en el cruce de la avenida Constituyentes y 16 de Septiembre, se podían observar mantas colgadas con leyendas como: “Las armas son pendejas en manos de peligrosos”.

Respecto a la averiguación previa 891/2008, trascendió que de los cuatro querellantes en contra de Guízar Macías, por los menos tres ya habrían retirado sus acusaciones y sólo una, Mónica Zúñiga, mantiene su denuncia por amenazas en contra del político.

Y ahora quien sigue?, dijo Guizar.

Mantiene denuncia Mónica Zúñiga Vargas contra el dirigente tricolor

Denis Rodríguez - MURAL

"¿Y ahora quién sigue?", espetó Javier Guízar Macías, arma en mano. "¿Quién le entra?", dijo apuntándole en el pecho al dueño de "Rufo", el pequeño perro que acababa de matar.

La historia la cuenta Mónica Zúñiga Vargas, la única persona que mantiene en pie la denuncia por amenazas que interpuso ante la fiscalía en contra del líder estatal del PRI. Otros tres se desistieron, pero ella asegura que seguirá firme, en defensa de su integridad y la de sus hijos.

Ella conoce bien a Guízar Macías —una hermana de Zúñiga Vargas está casada con el cuñado del priista— y hoy se dice arrepentida de haberlo apoyado en sus campañas.

El relato de Zúñiga Vargas está lleno de detalles, que los otros denunciantes confirmaron en sus querellas.

El domingo 11 de mayo un grupo de seis adultos y seis menores de entre 2 y 15 años se reunieron desde las 13:00 horas en Ahualulco de Mercado, en el patio de la casa de Servando Camacho Gudiño —cuñado de Guízar Macías— para celebrar el cuarto cumpleaños de su hija.

El priista, que no estaba invitado, llegó con su esposa Cristina Camacho e hijos alrededor de las 15:00 horas al lugar, pues su casa comparte el patio con la de su cuñado. En esos momentos los otros niños jugaban en una alberca de plástico y con "Rufo", que corría de un lado a otro tras un balón.

Uno de esos pelotazos fue a dar donde estaba el hijo de Guízar Macías, del otro lado del patio. El niño, que no convivía con el resto de los menores, se asustó y propició que el perro le hiciera un rasguño en el brazo. Al verlo, el priista pateó a "Rufo" y llevó al niño con Rodrigo Guízar, su hermano, que es médico.

El dirigente del tricolor regresó unos 15 minutos después, cuando "Rufo" ya estaba amarrado en un cancel, y comenzó a vaciar su arma contra él. El perro se soltó, pero aun así terminó abatido bajo una escalera.

Ante la consternación de los presentes, que con los balazos corrieron a proteger a los demás niños, Guízar Macías los enfrentó, encolerizado. Ahí los amenazó, principalmente a Luis Rodrigo Mendoza Zúñiga, de 24 años, quien en la reunión decidió regalarle el perro a la festejada.

Aunque el hermano de Guízar intentó borrar las evidencias, los presentes lo evitaron y denunciaron ante el Ministerio Público.

Hay escasos recursos para mitigar daños en nuevos sitios Ramsar: Semades

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Resarcir los daños que la presión humana ocasionó a lo largo de varios años en siete humedales costeros de Jalisco, que desde febrero pasado fueron considerados como de importancia internacional, será el trabajo más difícil para autoridades.

Se trata de las lagunas Barra de Navidad, Agua Dulce-El Ermitaño, Xola-Paramán y Chalacatepec, así como los esteros El Chorro, Majahuas y La Manzanilla, que ayer, en un evento realizado en el Municipio de La Huerta, se dio entrega del mismo número de certificados que los acreditan como sitios Ramsar.

El problema es que no hay recursos necesarios para dar paso a su pronta recuperación que requiere cada uno, pero sí el compromiso de mantenerlos en buen estado, ante la invasión de asentamientos humanos y desarrollos turísticas que los han impactado.

Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades), reconoció que si bien no hay dinero presupuestado, cuentan con todo el apoyo de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder), Desarrollo Urbano (Sedeur) y de los propios ayuntamientos para la disposición de maquinaria.

“En muchos casos tan sólo es la utilización de maquinaria, sólo necesitamos ponernos trabajar; en muchos otros, probablemente se requiera algún tipo de inversión, que ya veremos de qué programas saldrán los recursos”.

El jueves y viernes pasados, en La Manzanilla, Municipio de La Huerta, se reunieron autoridades de los tres órdenes de Gobierno con especialistas, académicos, ejidatarios y habitantes de comunidades aledañas para diseñar las acciones que llevarán a cabo para sostener las condiciones naturales de estos humedales.

“Por ejemplo, en la Laguna de Paramán tenemos una autorización de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para hacer una apertura, derribar parte de una duna y hacer que se comunique el estero con agua salada, que fue interrumpido completamente por la acumulación de arena. Y así, en cada uno de los sitios ya estamos identificando de manera muy puntual las acciones que llevaremos a cabo. Todo quedará enmarcado en un documento”.

La intención es elaborar los planes de manejo de los siete nuevos sitios Ramsar, que delinean cada una de las medidas que deben implementarse.

En el evento estaba programada la visita del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Briseño Torres, quienes un día antes cancelaron su presencia.

Las protecciones…

La Convención Ramsar, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, prevé la protección de pantanos, marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas; estuarios, deltas, bajos de marea, zonas marinas próximas al litoral, manglares, arrecifes de coral y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas, que son lugares importantes para la conservación principalmente de especies catalogadas en peligro de extinción.


Sitios distinguidos:

1: Sistema Estuarino-Lagunar-Agua Dulce-El Ermitaño.
2. Estero El Chorro.
3. Estero Majahuas.
4: Laguna Xola-Paramán.
5. Laguna Chalacatepec.
6: Estero La Manzanilla.
7: Laguna Barra de Navidad.