Domingo Ramírez López narra su odisea de los últimos días de noviembre de 2006. Al lado, sus socios de desgracia, puros hombres mayores que aún pagan sus penas. Foto: Marco A. Vargas
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Domingo Ramírez López es uno de los hombres más viejos de Tenacatita, pero ni eso impidió que enfrentara hace 18 meses una detención con engaños, prisión y el consecuente agravamiento de la diabetes de su esposa María, la cual falleció “del coraje”. Hoy, el viejo pescador debe acudir cada quincena, junto con otros ancianos de la localidad, hasta el penal de Puente Grande, a firmar por una libertad condicional que ha resultado muy costosa.
—¿Cómo fue lo de su esposa?
—Es que ella estaba enferma de diabetes; yo me vine aquí hace 22 años por la salud de ella, se ponía cada vez más mal y el doctor nos recomendó que nos viniéramos a la orilla del mar, y afortunadamente estos amigos me colocaron en un pedacito de terreno […] ahora que me llevaron a la cárcel ella se me agravó y luego se me fue, se me murió; mientras, yo sigo viviendo aquí, tengo un pedacito que según el enemigo es un terreno federal que tiene concesionado, y nos demandó, y estamos en un juicio penal, esa es la historia de este lugar y de nosotros, todos, porque todos fuimos al bote, fue un engaño muy feo…
—¿Los citaron a otra cosa?
—Fue la Policía Judicial la que vino por nosotros, nos mandaron llamar a Autlán, que ya estaba el enemigo que para hacer un convenio con él […] caímos como palomitas, y de ahí hasta Puente Grande, esa misma noche, esa es la historia real.
Don Domingo toma un respiro para sacudirse un poco el calor sofocante del atardecer, a la orilla de este mar que alguna vez estuvo casi en abandono, cuando él apenas llegaba de El Grullo y nadie los peleaba por estas posesiones tan precarias. Ya existían las palapas, los pequeños restaurantes, la pesca intensiva en la vena y en la bahía, y el turismo local. Pero en 1991, la viuda del gobernador Jesús González Gallo, Paz Gortázar, vendió el predio que le quedaba al empresario José María Andrés Villalobos, dueño de la inmobiliaria Rodenas. Al año siguiente, los pescadores vieron sus casas quemadas por una partida de rurales presuntamente al servicio de su adversario. En dos ocasiones más, “nos sacaron nuestras cosas hasta la carretera”, lo secundan Leocadio Torres y Rosario Alvarado, otros de la lista de procesados.
La clave para lo que padecieron es que en el año 1993, la zona federal marítimo-terrestre, que los comerciantes tenían en posesión desde casi 25 años antes, le fue otorgada al empresario inmobiliario, por ser propietario de los predios colindantes, pero haciendo caso omiso de una concesión otorgada a Francisco Montelongo Aguayo, uno de los restauranteros del sitio. Con base en ese elemento, Rodenas denunció a los posesionarios y provocó esos aciagos hechos del 30 de noviembre de 2006, que han marcado todas sus vidas sencillas.
“…y salimos en televisión —continúa el viejo Domingo narrando la impensada Odisea en el penal— y me vieron muchos amigos que tenemos en Guadalajara y donde quiera […] luego nos movieron al juzgado que para sacarnos confesiones y huellas; al otro día nos metieron a las cuatro de la mañana a la cárcel; a las ocho salimos, estaban los abogados ya arreglando nuestra fianza. Entonces, en total duramos dos días y una noche, sin comer y sin beber nada, y yo estoy enfermo señor, ahí me pegó un infarto, chiquito, dentro de la cárcel, que me revivieron tres de mis compañeros, no sé cómo le harían, porque yo no traía mis pastillas para el corazón, pues se supone que cuando la policía vino por nosotros, era nomás un mandado, para qué me las llevaba…”.
A la causa penal se incorporaron más indiciados. La libertad condicional obligaba a acudir cada semana a firmar; los abogados consiguieron alargar el plazo a cada quincena, pero es pesado para hombres y mujeres que ya pasaron hace mucho sus mejores años de vigor físico. “Y hay señores que están más malos que él [que Domingo] y hay que llevar oxígeno para que respiren”, añaden sus acompañantes. La brisa trae un repentino alivio a este breve purgatorio. Las almas en pena relatan otras historias infaustas: Crescencio Vera y Sabino Barragán, “también están muy enfermos”. Junto con doña María, también murió Dionisio Rosas, encorajinado de tanto abuso y plagado de dolencias propias de la edad. La desconfianza cunde.
Bajo el proceso 277/2006-2 se encuentran, entre vivos y muertos, Óscar Armando Ortega García, Jovita Sánchez Valeriano, Socorro Amador Pérez, Sabino Barragán Salgado, Blas Carrizales Vargas, Leocadio Torres Godínez, Crescencio Vera González, Domingo Ramírez López, Rafael Torres Godínez, Francisco Epigmenio Barragán Amador, Catalino Alvarado Flores, Francisco Alvarado, Juan Román Figueroa Rodríguez, Dionisio Rosas Meza, Rosario Alvarado Flores, según reportan los propios afectados.
Lo primero que piden es que su causa se traslade a Autlán, a Cihuatlán, a Tomatlán o a cualquier sitio más cercano, porque ir a Puente Grande cada dos semanas es un calvario. Pero el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal no ha dado su brazo a torcer. Lo otro es que se reconozca que el primero en tiempo es primero en derechos. Y ellos ya van para 40 años asentados a la orilla de la suave bahía de pliegues azules.
1 comentario:
pobre gente, pero la union hace la fuerza, adelante...
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