martes, 5 de febrero de 2008

Investigarán “anomalías” en planes parciales aledaños a La Primavera


Hay afectaciones como la desaparición de Áreas de Transición, asentamientos humanos y severos daños en flora y fauna.


La ASEJ espera información de Zapopan para revisar presuntos cambios irregulares

Luis Herrera – El Informador

ZAPOPAN, JAL.- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) investigará los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Zapopan, que son colindantes con el Bosque La Primavera. Incluirá los procesos de modificación para esclarecer presuntas alteraciones efectuadas de manera irregular, así como afectaciones a la zona natural protegida.


El pasado 22 de enero, el Ayuntamiento de Zapopan recibió el oficio 0232 que emitió Alonso Godoy Pelayo, titular de la ASEJ, que está dirigido al alcalde Juan Sánchez Aldana. En éste solicita los documentos en formato digital y en copias certificadas, en un plazo no mayor a cinco días.

El primero de febrero la Dirección de Obras Públicas todavía no concluía el proceso de certificación de los planes.

La ASEJ también solicitó el Plan Parcial de Urbanización del Centro de Cultura, Convenciones y Negocios JVC, por considerarse una de las autorizaciones originadas a partir de las modificaciones “dudosas” en los planes durante la administración municipal 2001-2003, encabezada por Macedonio Tamez Guajardo.

La intervención de la ASEJ se debe al acuerdo legislativo 1071/05 que expidió el Congreso del Estado en la sesión del 4 de agosto de 2005, en el cual instruye para ejecutar una “auditoría especial” para verificar la observancia a la legislación en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, “con la intención de que se esclarezca si hubo irregularidades en la modificación de los planes”.

La historia...


Todo comenzó con la iniciativa que presentaron el 11 de marzo de 2004 los entonces diputados locales Luis Alejandro Rodríguez y Jesús Casillas Romero (hoy regidor en Zapopan), para que Arturo Zamora Jiménez, que fungía como presidente municipal, ordenara una revisión detallada a seis planes parciales vecinos a La Primavera que fueron modificados bajo la gestión de Tamez Guajardo. El plan parcial del Centro JVC también se contemplaba en la revisión.

Esta iniciativa fue estudiada por las comisiones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, dando como resultado el acuerdo legislativo 207/04, que fue aprobado por el pleno el 20 de mayo de 2004.

En el documento, los integrantes de las dos comisiones mencionadas elaboran una lista de las irregularidades que fueron detectadas en los procesos de modificación de planes parciales englobados en los distritos ZPN-5 Vallarta, ZPN-7 Colli, ZPN-8 Santa Ana Tepetitlán y ZPN 9 Valle de Tesistán.

Entre las “anomalías” que se pueden considerar de mayor gravedad, se puede mencionar la desaparición de Áreas de Transición (AT) en los límites del polígono del bosque. Según el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, las AT se definen así:

“Fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo… En estas áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias”.

En estas zonas imperaban, hasta antes de los cambios, las categorías como Granjas y Huertos y Turístico Campestre, con terrenos de una extensión mínima de cuatro mil y mil 600 metros cuadrados respectivamente. Después de las modificaciones, se autorizaron densidades habitacionales más altas, llegando en ocasiones hasta terrenos de tan sólo 300 metros cuadrados, así sucedió en el ZPN 9/13 Pinar de la Venta.

El acuerdo legislativo también específica los casos en que los planes parciales fueron modificados sin que la autoridad municipal cumpliera con la realización de una consulta pública, dejando excluida la voz de los habitantes del municipio, como en el ZPN 9/12, La Venta del Astillero. Además de otros procesos en los que la consulta sí se hizo, pero de manera sigilosa, “según denunciantes”.

También se menciona que las expresiones recogidas a través de las consultas públicas no siempre fueron implementadas en la versión definitiva de los planes parciales, debido a que no fueron atendidas “en tiempo y forma (debidamente fundamentadas) algunas de las observaciones y peticiones hechas por la ciudadanía en el período de la consulta”.


Finalmente, señala, se autorizaron asentamientos humanos “en zonas de recarga de acuíferos y en cauces de arroyos”. No se tomaron en cuenta los microsistemas ecológicos en cuanto a flora nativa y corredores de fauna, y “se modificó la poligonal del área protegida del bosque”.
Recurren a la ASEJ

Con base en estos resultados de las comisiones del Congreso local, en el acuerdo 207/04 se solicitó a Arturo Zamora Jiménez tres cosas: la revisión de los planes parciales vecinos al bosque, la suspensión de las obras de urbanización otorgadas con base en el Plan ZPN-9/13 Pinar de la Venta, así como el análisis de los actos de la administración que lo antecedió, con la intención de comenzar procedimientos de responsabilidad administrativa, en caso de ser necesario.

El 31 de mayo de 2004, Zamora Jiménez dio contestación al Congreso, indicándole que de momento no tenía elementos para una suspensión de las obras en el plan citado, pues no existía ninguna intervención del Tribunal de lo Administrativo. Y sobre el análisis de los actos de los servidores públicos, respondió:


“El Ayuntamiento no tiene facultades para cumplir la petición de iniciar el procedimiento de fincar responsabilidades a los funcionarios que hubieran incurrido en alguna falta”.

La Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, “ante la poca respuesta y el gran desinterés” que encontró en la autoridad municipal, presentó el 14 de octubre de 2004 una nueva iniciativa para que fuera la ASEJ quien investigue los planes. Sin embargo, permaneció sin dar cumplimiento a la instrucción del Congreso del Estado.

Manuel Villagómez Rodríguez, hoy regidor de Zapopan y quien formó parte de la Comisión de Medio Ambiente como diputado, buscó en los últimos días del año 2007 al auditor superior para conocer los resultados de la investigación. Entonces se enteró que la ASEJ no había cumplido con la auditoría especial del acuerdo legislativo 1071/05, la cual ya está próxima a dar comienzo. Sólo resta que el Ayuntamiento de Zapopan entregue toda la documentación solicitada.

Pedirán urgencia ambiental en El Salto

El senador priista afirmó que es un tema que ya no pueden resolver ni los municipios ni el gobierno del estado. Sonia Serrano – PÚBLICO La solución a los problemas de contaminación del río Santiago, a su paso por los municipios jaliscienses de El Salto y Juanacatlán, ya rebasó las posibilidades de los ayuntamientos y del propio estado, por lo que es necesario que a escala federal se declare emergencia ambiental, señaló ayer el senador por Jalisco Ramiro Hernández García. En entrevista, el legislador federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que este mes llevará el tema a la tribuna de la Cámara de Senadores, en virtud de que la Comisión de Medio Ambiente no actuó sobre el tema. Hernández García recordó que ya se había presentado un punto de acuerdo para que se integrara una comisión de senadores que hiciera una visita a la zona y “pudieran corroborar los daños ambientales que existen”. La iniciativa corrió la suerte que tienen normalmente estas propuestas: se turnó a la comisión respectiva, que tendría que pedir información a las autoridades estatales y ambientales y posteriormente integrar un pronunciamiento. El proceso ni siquiera se ha concluido porque las dependencias no han respondido. Ramiro Hernández dijo que no está satisfecho con el trato que se dio al punto de acuerdo, por lo que este mes insistirá en la tribuna que se tienen que realizar los estudios necesarios para que esa zona se declare emergencia ambiental. El senador priista afirmó que es un tema que ya no pueden resolver ni los municipios ni el gobierno del estado, por lo que sólo mediante la declaración se puede obligar al gobierno federal a que lo considere una prioridad, “por los daños que se han causado y por los niveles de contaminación y la afectación a la población”. Afirmó que tiene que darse un rescate urgente del río y solucionar todos los problemas que generan su contaminación. La contaminación en el río Santiago es generada por las descargas industriales de empresas que vierten sus aguas sin tratar, de manera ilegal; por el paso de una parte de las aguas negras que genera la zona metropolitana y por el escurrimiento de lixiviados del basurero de Guadalajara, entre otros aspectos.

Critican al Patronato de Colomos

Los integrantes del comité pedirán retomar la obligación de que el bosque cuente con un patronato que sea organismo público y no un órgano descentralizado, como actualmente ocurre. Dolores Resendis - PÚBLICO Integrantes del Comité Pro Defensa del Bosque Los Colomos visitarán hoy al alcalde Alfonso Petersen Farah, para solicitarle la anulación del reglamento del Patronato Bosque Los Colomos, aprobado apenas el 21 de septiembre. De acuerdo con ellos, el documento no obliga al estricto control de parte del gobierno municipal para administrar lo relativo a los bienes naturales, situación por la que se han perdido algunos predios, como el área del bosque junto a la entrada por la calle Torreón. En la propuesta que presentarán en la reunión prevista para hoy a las 10:00 am, los integrantes del comité pedirán que el pleno tapatío solicite al Congreso del Estado que busque la creación de una iniciativa de ley donde obligue a los gobiernos municipal y estatal a salvaguardar las especies naturales, pero, además, retomar la obligación de que el bosque cuente con un patronato que sea organismo público y no un órgano descentralizado, como actualmente ocurre. Los integrantes del comité le recordarán al primer edil tapatío cuál fue la intención principal de la creación de un patronato en 1988: “Tenía dos finalidades: allegarse de recursos y recaudaciones particulares y administrar los ingresos del parque que el ayuntamiento les daba. Ahora el parque está mutilado, intentan permitir la entrada de un proyecto inmobiliario”, opinó Jorge Martín del Campo, uno de los miembros del grupo. El patronato también lo integran representantes de clubes privados. Por ello, una de las quejas del comité es que el área del bosque que correspondía a la superficie zapopana ya ha sido entregada a algunos de los representantes de los clubes privados, lo que pone en riesgo el resto de los terrenos.

La Profepa hará inspecciones en La Primavera por anomalías

Según Díaz Morales, La Primavera fue definida como zona prioritaria de inspección de la Profepa en el estado.


Agustín del Castillo - PÚBLICO


La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció ayer que esta semana hará un “peinado” al área natural protegida bosque La Primavera, entre otras cosas, para inspeccionar el camino en la zona de río Caliente, presuntamente abierto por un particular sin permisos ambientales.

Juan Carlos Díaz Morales, vocero de la dependencia, dijo que, con base en los elementos de la publicación aparecida ayer en este diario, se tratará de localizar el predio donde todavía la maquinaria realiza obras en medio del bosque, y se revisará la legalidad de las obras que, según los vecinos, están sustentadas en recursos aportados por el Ayuntamiento de Zapopan, pero sin permisos de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo forestal emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según Díaz Morales, La Primavera fue definida como zona prioritaria de inspección de la Profepa en el estado.

El ayuntamiento aportó recursos vía el Coplademun (Comité de Planeación Municipal), pero sin trámites resueltos de la autoridad federal. Esto motivó que los vecinos denunciaran los hechos, pues la máquina abrió brecha en una pendiente pronunciada y existe riesgo de que se incremente la erosión, además del daño al paisaje.

El predio es de la familia Pedroza, que desde años atrás ha pugnado por licencia para esa obra, a pretexto de facilitar el combate de incendios; los caminos generan un alto impacto en las zonas boscosas y por eso no se pueden autorizar sin ton ni son. La construcción llevará a una parte del terreno donde se harán unos baños y podrían construir cabañas.

Por tratarse de un área natural protegida, la autoridad responsable debe correr las notificaciones a la institución que se encarga del gobierno de la reserva; sin embargo, en los últimos meses ha habido una creciente desvinculación entre el gobierno estatal vía la Secretaría de Desarrollo Rural, los ayuntamientos, el gobierno federal vía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la propia dirección ejecutiva.

Si la apertura del camino no cuenta con autorización federal, deberá ser clausurada.

En San Blas, buscan playa pública y pesca bajo control

Una ley estatal de pesca obligará a regular a los camaroneros de Sinaloa


Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.

Agustín del Castillo - PÚBLICO


Mantener el acceso público a las playas —en peligro bajo los esquemas privatizadores que trae Riviera Nayarit—, controlar los excesos de la pesca comercial del camarón y regular la producción del crustáceo bajo cultivo en los esteros, son objetivos que se han trazado los miembros del Grupo Ecológico Manglar.

“Vamos a defender lo que es de nosotros, lo que es de todos; o sea, tradicionalmente, ir a la playa, para la gente de Tepic o la de Guadalajara, aquí a San Blas, es algo importante, y debemos cuidar que se pueda seguir dando. Por otro lado, imagina que los inversionistas compren todo lo que está alrededor de La Tobara, pues ahí se van a chupar toda el agua porque hasta ahora no hay frenos; nosotros estamos pidiendo que se respeten lugares estratégicos, la selva, el manglar, los palmares, los manantiales, los arroyos, y por supuesto las playas… eso no se negocia”, dice Juan Francisco García Rodríguez, popularmente conocido como Juan Bananas.

Pone en relieve que aun en la actualidad, con todo un historial de daños a cuestas, “somos suertudos en el aspecto del medio ambiente, porque todavía hay muchísima agua, mucha vida, mucha comida, muchos árboles […] estamos todavía en el paraíso”.

Señala que, si bien el Ayuntamiento de San Blas fue el único que se inconformó con las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit, aprobadas fast track por el Congreso del Estado entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre de 2007 (Público, 3 de febrero de 2008), si ganan la controversia constitucional 81/2007 (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación), sus efectos se extenderían a todos los municipios donde ahora prevalecen los grandes intereses desarrollistas, razón que explica “la prisa que se están dando” para aprobar desarrollos a nivel de ayuntamientos, pese a las graves violaciones al equilibrio ambiental que entrañarían.

No obstante, García Rodríguez subraya que “lamentablemente [el desahogo de la controversia] puede tardar mucho, y de ahí el silencio del gobernador [Ney González Sánchez], que a toda costa está tratando que esto no salga a la luz pública; pero, por otro lado, han llegado a San Blas los mismos inversionistas del sur [Bahía de Banderas y Compostela], y como ven que aquí no se puede lograr eso que buscan, se van rápido”.

Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.

“La pesca ha disminuido notablemente; cuando yo llegué, hace 37 años, San Blas tenía poco más de dos mil habitantes y pescábamos en un lance de diez a quince kilos, y ahora no sacas más de dos kilos y tenemos como trece mil personas […] Esto demuestra que ha bajado la productividad de los esteros, que además fueron dañados por la presa Aguamilpa, que bajó el aporte de sedimentos y nutrientes que traía el río; luego se abrieron muchas granjas de camarón, hay más de 20 en la actualidad, y por si fuera poco, unos 200 barcos camaroneros de Sinaloa sacan con redes de arrastre, prohibidas por la ley, el camarón en el mar, y se llevan todo…”.

La esperanza es hacer la versión estatal de la Ley de Pesca, en la cual se prohibirán los abusos tanto en el manglar como en la costa, puntualiza.

Ignora Semades área protegida en Los Colomos



La secretaria del Medio Ambiente negó que el predio sea área protegida, aunque el Congreso dio esta categoría a todo el bosque metropolitano.

Para el Poder Legislativo de Jalisco, el bosque Los Colomos, en sus tres secciones, es Área Natural Protegida. Para el Poder Ejecutivo no es así

Esperanza Romero - PÚBLICO


El predio Charcos Azules, ubicado en Colomos III o El Polvorín, tiene nuevos dueños, quienes han echado a andar estrategias jurídicas para construir un edificio en la zona, rica en manantiales, haciéndose valer del cambio de uso de suelo que en forma indebida otorgó la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU) en la pasada administración, y la ayuda de la propia Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).

“El predio antes mencionado no se localiza dentro de una zona de protección de recursos naturales, ni existe decreto alguno que establezca una regulación distinta a la que contempla del Plan Parcial de Desarrollo”, informó Martha Ruth del Toro, la secretaria estatal del Medio Ambiente, al representante de los nuevos propietarios hace cinco meses.

No obstante, el Poder Legislativo de Jalisco acordó el 11 de octubre de 2005 que se decretara como Área Natural Protegida la zona del bosque Los Colomos, en sus tres secciones.

Este diario tiene copias de las gestiones realizadas por Gabriel Gallo Álvarez, secretario general del Congreso en la LVII Legislatura, quien informó a Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador, acerca de la aprobación del acuerdo 1232/05, en que se le solicita “se promuevan y lleven a cabo las acciones necesarias para que se emita el decreto de declaratoria de Área Natural Protegida para la totalidad del polígono que contiene la zona del Bosque Los Colomos, lo que implica sus secciones I, II y III, esta última también llamada como Arroyo de la Campana”.

El 18 de octubre de 2005, Alfredo Rocha Muñoz, subsecretario de Asuntos Jurídicos, comunica por escrito a Gallo Álvarez que se solicitó a la Semades y a los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara la información y documentación necesarias “para poder resolver en consecuencia a lo planteado por esa soberanía”. Firmó el oficio en ausencia temporal del secretario general de Gobierno.

El terreno en cuestión hace un año fue devuelto por el gobierno del estado a la empresa que en marzo de 2005 lo vendió a sobreprecio (ver aparte). Luego pasó a una constructora, que hizo el trámite para el cambio de uso de suelo y, a su vez, vendió a los actuales desarrolladores.

Efecto dominó

El gobierno del estado compró el terreno para permutarlo por un edificio del Poder Judicial Federal para la edificación del Palacio de Justicia, proyecto que no prosperó, porque los legisladores consideraron que la zona debe ser protegida y más de 30 colonias se opusieron a su urbanización, entre otras razones.

Para limpiar la operación y resarcir el daño al erario, porque se pagaron 41 millones de pesos de más, según avalúos, la compraventa fue rescindida, sin que el Congreso se enterara, pero se compensó a la empresa que regresó el dinero (con factor de actualización) con la devolución del mismo terreno, aunque pero en condiciones diferentes y con valor superior, ya que se podría construir allí vivienda vertical.

La CTDU de Zapopan, que era presidida por Ismael Orozco Loreto, presidente municipal, autorizó un cambio de uso de suelo a fin de construir vivienda de alta densidad, con la posibilidad de edificar torres de departamentos de 26 pisos. Esto, a pesar de que contraviene el Plan Parcial de Desarrollo y que la Dirección de Obras Públicas Municipales dictaminó la improcedencia del trámite por ser una zona de recarga de mantos acuíferos.

A petición de Jesús Casillas Romero, coordinador del PRI en el cabildo, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el pleno en mayo de 2007, para que no se otorguen permisos ni licencias en la actual administración. Es una especie de congelamiento de trámites, en tanto que la comuna promueve un juicio (de lesividad) ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para que se decrete la nulidad del cambio de uso de suelo aprobado por la CTDU.


Un cambio de uso de suelo, que fue aprobado en Zapopan, complicó la situación del terreno.

Con la confianza puesta en el oficio 303/2774/2007 firmado por Del Toro Gaytán el 8 de agosto pasado, del que Público tiene copia, Alejandro Báez Meza, promovió ese mismo mes un juicio de nulidad ante el TAE, que cayó en la Primera Sala Unitaria, y su titular concedió la suspensión para que Central Park Residences, empresa que acreditó la propiedad del predio, pueda hacer los trámites para la construcción.

Horacio León Hernández, presidente de la Primera Sala Unitaria, corroboró que en agosto de 2007 la empresa impugnó la negativa de Zapopan para otorgar el alineamiento y número oficial solicitado respecto al predio Charcos Azules, y contra la disposición emitida para que la Dirección de Obras Públicas se abstuviera de expedir cualquier permiso en la zona.

Consultado sobre su fallo, el juzgador fue claro al señalar que actuó con base en los documentos presentados por los actores y con el derecho de éstos de obtener una medida cautelar para evitar “la consumación de los actos y daños y perjuicios de difícil reparación”. “Para acreditar y obtener la medida cautelar, cualquier actor debe tener el interés jurídico, y se acreditó con el título de propiedad y un dictamen de Semades”, que influyó en la decisión de otorgar la medida cautelar.

“Si el motivo determinante con que se emitió ese acuerdo del ayuntamiento, que además se instrumentó por la Dirección de Obras Públicas, fue la serie de elementos que apuntaban que había una violación a disposiciones ambientales, cuando se presenta esta demanda se adjunta como prueba de carácter documental público, donde se señala en forma categórica que el predio en cuestión no se localiza en zona de protección de recursos naturales”.

Esa determinación de la autoridad administrativa, dijo, dio un elemento jurídico suficiente “para decretar una medida cautelar en el sentido de que no se impidiera la continuación de los trámites”.

No obstante, en la entrevista, aclaró que el tema de fondo en el juicio no tiene que ver con las cuestiones ambientales, sino con el acuerdo aprobado por el pleno municipal “para inhibir la consecución de un trámite”.

—Si al final, al acreditarse que la zona sí es de protección ecológica y usted resuelve que el punto de acuerdo es legal, ¿habría que demoler lo que construyan en Charcos Azules?

—Sí. La Ley de Desarrollo Urbano prevé medidas hasta de esa naturaleza.

—Entonces los desarrolladores correrían ese riesgo.

—Por supuesto: todos los constructores que fincan el desarrollo urbanístico en una tramitología previa deben saber y estar ciertos de que está apegada a las normas aplicables.

León Hernández otorgó la suspensión el 14 de septiembre de 2007. El ayuntamiento presentó el recurso de reclamación contra la medida cautelar concedida y el pleno resolvió hace unos días en forma adversa a los propietarios del predio, de tal forma que fue revocada.

Las partes están por ser notificadas.

El TAE ya echó atrás la suspensión que permitía construir


Los magistrados sí fallaron con base en el decreto a favor del bosque Los Colomos. La decisión manda mantener detenidos los permisos de construcción.

Esperanza Romero - PÚBLICO


El pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) revocó la suspensión otorgada por la Primera Sala Unitaria a favor de la empresa Central Park Residences para que pudiera tramitar los permisos correspondientes para construir en el terreno Charcos Azules, ubicado en Colomos III.

Así, se mantiene la decisión de los ediles zapopanos de suspender la expedición de permisos de edificación en la zona, que, se supone, la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) declararía área de protección ecológica.

El Ayuntamiento de Zapopan presentó un recurso de reclamación respecto a la suspensión otorgada, toda vez que, en sesión de pleno del 11 mayo de 2007, los regidores aprobaron un punto de acuerdo para que la Dirección de Obras Públicas de la comuna se abstenga de expedir licencias y cualquier autorización o acto jurídico tendiente a la construcción en el predio, ubicado en avenida Patria sin número, esquina Manuel Longuín, en el fraccionamiento Atlas Colomos, “con motivo de que el polígono en que se ubica se encuentra en estudio por parte de la Semades para ser declarado Área Natural Protegida”.

Los magistrados señalaron que, conforme al acta del pleno del Ayuntamiento de Zapopan, cuyo acuerdo se aprobó por unanimidad de votos, se trata de un acto prohibitivo o emitido en sentido negativo, “en cuanto a que impone una prohibición o abstención de conceder permisos, licencias o autorizaciones para realizar obras de construcción”, y el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido claro en cuanto a que las suspensiones en estos casos no proceden.

También se da cuenta de que el 11 de octubre de 2005 el Legislativo aprobó que se extendiera la declaración de Área Natural Protegida en las tres secciones de Los Colomos.

“Los magistrados que esto resuelven concluyen que ha lugar a revocar el acuerdo recurrido, emitido por la Primera Sala Unitaria dentro del juicio administrativo 153/2007 con fecha de 14 de septiembre del año próximo pasado, ya que, tal como lo arguye la autoridad demandada [...], el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta ser un acto negativo, y, por tanto, su naturaleza impide que proceda la medida cautelar en cuestión”. Se trata del expediente de pleno 6664/2007, que fue remitido a la Secretaría General para su engrose.



- Claves
Historia de un terreno

• En marzo de 2005, el gobierno del estado adquirió 23,445 metros cuadrados de terreno en las inmediaciones del Club Atlas, en el bosque Los Colomos, tercera sección, también conocido como Colomos III o El Polvorín

• Pagó 98 millones 471,604 pesos por el predio, denominado Charcos Azules, que se ubica en una zona de recarga de agua del bosque

• El Ejecutivo pagó el metro cuadrado de terreno, sin urbanizar y sin servicios, a 4,200 pesos, cuando su valor, de acuerdo con avalúos oficiales, era de 1,125 y 1,600 pesos por metro

• Unió la superficie con un terreno de 16,554.3 metros para ofrecer “una unidad topográfica” de 40 mil metros cuadrados para la construcción del Palacio de Justicia Federal

• El plan era ofrecer el terreno a cambio del edificio de la ex glorieta Colón, pero el Congreso no autorizó la permuta

• En junio de 2007, Público informó que en una operación “inusual”, el gobierno del estado “rescindió” las escrituras respectivas a la compraventa irregular y a sobreprecio de Charcos Azules. Según algunas voces, la operación al parecer fue orquestada para librar de cualquier responsabilidad a Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco (a esa fecha secretario de Gobernación del gobierno federal), y Héctor Pérez Plazola, ex secretario general de Gobierno y senador jalisciense por el Partido Acción Nacional (PAN)

• El predio regresó a manos de Consorcio Agroindustrial Camapef, pese a que esta empresa entró en proceso de liquidación un mes después de que se realizó la compraventa original

• Una semana antes de que el gobierno del estado firmara el convenio de colaboración con Consorcio Agroindustrial Camapef para rescindir las escrituras, un particular (del Grupo Braico) hizo la solicitud a la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU) para construir edificios de departamentos

• Apenas una semana después, la respuesta fue favorable, a pesar de que la Dirección de Control de Ordenamiento Territorial de Zapopan emitió un dictamen en que declara improcedente tal petición
• Fuente: Centro de Documentación de Público

Alistan terreno para edificar Los Colomos

El Informador
 
GUADALAJARA, JAL.- Los preparativos para construir un complejo habitacional con capacidad para 40 viviendas en las inmediaciones del Bosque Los Colomos, dieron comienzo.
 
En el terreno ubicado en Retorno al Torreón 1815 –que colinda con la masa arbórea– se puede apreciar maquinaria pesada que ha iniciado con excavaciones ligeras y movimientos de tierra, situación que ha provocado la molestia generalizada de la asociación vecinal de Colinas de San Javier, que el
pasado sábado reunió a 70 colonos para tomar cartas en el asunto.
 
María García, integrante de dicho grupo, explicó que durante la asamblea se tomó la decisión de integrar una comisión que se encargará de promover un amparo ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).
 
Precisó que en caso de que el Ayuntamiento no muestre disposición para frenar la construcción en el bosque, los colonos tomarán las medidas necesarias para que el Gobierno municipal tome en cuenta su opinión.
 
Cuestionó la pasividad con la que ha actuado el Ayuntamiento de Guadalajara para defender el Área Natural Protegida del Bosque Los Colomos, pues señaló que hasta el momento las acciones prometidas por el alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah, no se han cumplido.
 
Explicó que desde hace dos semanas, las personas que se ostentan como dueños legítimos del terreno obtuvieron una sentencia favorable en la cual acreditan la propiedad del predio.
 
Dijo que la inmobiliaria que promueve el desarrollo ha solicitado a la asociación vecinal de Colinas de San Javier, que se encargue de los servicios públicos como el agua y el aseo. No obstante, advirtió que el organismo no respaldará el complejo hasta concluir los procesos legales que emprenderán en contra de la construcción.
 
Al interior de la asociación vecinal existen fuertes sospechas de que el regidor tapatío, Juan Pablo de la Torre Salcedo "defiende sus propios intereses", pues recientemente adquirió una propiedad contigua al lugar donde se pretende edificar.



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