Ejidatarios preparan denuncia contra empresa minera
Lino Roblada, propietario del predio saqueado recientemente por la Comercializadora Internacional de Minas. Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Entraron sin avisar y metieron sus máquinas, acusan nahuas; alistan la lucha
“Antes llegaban con marros, ahora destrozan todo con máquinas, por eso los detuvimos”
RAUL TORRES (Enviado) – LA JORNADA JALISCO
Ayotitlán, 21 de enero.– Don Lino camina por su parcela, baja por la brecha que la Comercializadora Internacional de Minas construyó para llegar hasta la veta de oro, plata y cobre que se encuentra junto al río que la cruza, lleva sus incontables años a cuestas y a la espalda su “defensa”, un machete enfundado en un trozo de cartón; mientras patea el polvo del camino explica cómo, desde 1955, han llegado diferentes personas a saquear la cueva que cuelga de un pequeño risco, “pero antes llegaban con barras y marros, no con máquinas”.
Ahora el río está prácticamente bloqueado por las obras de construcción de un puente que se pretende llevar hasta la boca de la mina “fue por eso que decidimos pararlos, ya hasta el río están tapando”, dice Lino Roblada Flores, quien ahora, con la autorización y el consenso del Consejo de Mayores de Ayotitlán interpondrá una denuncia por despojo contra quien resulte responsable de trozar los candados del alambrado que delimita su predio y trazar un camino derribando árboles para permitir la entrada de grandes camiones.
A la salida de la cueva se ven los restos de lo que se ha estado sacando, algunos materiales para la obra del puente y la devastación que, aún sin comenzar labores formalmente, provoca el trabajo de una mina a cielo abierto: árboles caídos, laderas llenas de arena y rocas que sepultan la vegetación.
“Llegaron sin avisar y metieron las máquinas”, señala Lino mientras muestra el camino por donde se llega a la parte del río donde hasta la noche del sábado 19 estaba la maquinaria pesada que la empresa prefirió llevarse después de que los miembros de la comunidad ejercieron su derecho a suspender las obras ante la falta de una autoridad que explique por qué se otorgó una concesión minera dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biosfera de Manantlán y por qué la compañía entró sin establecer contacto y solicitar permiso de los dueños de la tierra.
Es el mediodía del domingo 20 de enero, la gente comienza a bajar o subir desde sus poblados para reunirse en Tiroma, sede del Consejo de Mayores; en la reunión se tratarán temas relacionados con la salud, la educación, los derechos humanos y por supuesto el conflicto con la minera (pesa la sombra de lo que ha ocurrido con Peña Colorada al hablar de este problema), que ocupa el primer sitio en la orden del día.
Se han reunido alrededor de 60 personas y el presidente del Consejo, Gaudencio Mancilla, toma la palabra, junto a él está el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y el grupo de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, que viene trabajando en la región desde hace más de 13 años.
La toma de los vehículos se llevó a cabo pacíficamente el miércoles 16 de enero para “llamar la atención de los mineros”, explica Mancilla y recordó que en diciembre, durante un recorrido con la CEDHJ y otras instituciones de gobierno por algunas de las comunidades de la zona, la gente de Plan de Méndez, La Piedra, Rancho Viejo y Las Mojoneras se quejó de que ya no podían usar el agua del río Marías porque venía contaminada con los desechos de minera, como el cianuro que se utiliza en el proceso de separación de los metales preciosos.
En la parte trasera de la casa donde se lleva a cabo la asamblea, algunas mujeres preparan tortillas, frijoles, algo de carne y agua para compartir al final de la reunión; en tanto, la molestia por la situación de la mina parece general y todos están de acuerdo en iniciar con la denuncia por despojo, pues sospechan que los dueños de la mina intentarán acusarlos de robo por la toma de los vehículos.
En cada intervención se nota la indignación y el enojo por sentirse de nuevo hostigados, saben que las empresas que llegan a intentar adueñarse de las riquezas naturales de ese territorio no comparten su visión de las cosas y los miran como un obstáculo, saben que luchan contra gente con dinero y por lo tanto con poder, tienen claro que hay que defenderse por todos los flancos y hacer uso de todos los mecanismos que tengan a mano para ello, pero también son conscientes que un error les puede costar caro, que quienes pretenden aprovecharse de lo que por derecho les pertenece no dudarán en utilizar cualquier situación para apartarlos del camino.
Por eso, aprovechando la visita del representante de la CEDHJ piden que el organismo se pronuncie de forma inmediata respecto a este conflicto, pues hasta donde saben, el gobierno federal otorgó en 1997 la concesión de 25 hectáreas para explotación minera a Juan Catarino Michel Victoria y Juan Enrique Michel Arámbula, quienes a su vez (y al parecer de forma irregular) la traspasaron a la empresa Comercializadora Internacional de Minas (kilómetro 1.3 de la carretera Manzanillo-Minatitlán), quien hasta el momento no cuenta con ningún permiso del ejido que avale el trabajo en la mina.
“Ahí están los vehículos de los mineros –dice Gaudencio Mancillas al visitador– y cuando quieran pueden pasar por ellos, pero para eso queremos que nos muestren el acuerdo con el que se comprometen a pagar una indemnización por todo el daño que nos han hecho”.
Los mineros dejaron en el atrio del templo, donde hasta ese domingo permanecían los vehículos detenidos en garantía, una oferta para la gente de Ayotitlán; aseguran que brindarán trabajo a la comunidad y el pago de 80 mil pesos al año por el derecho a explotar el yacimiento. Pero la comunidad tiene claro que mientras el amparo que interpuso hace décadas por el desacato de la Secretaría de la Reforma Agraria al negarse a entregar las más de 50 mil hectáreas que conforman su territorio (de las cuales sólo se les han otorgado 34 mil), no venderán ni un ápice de su tierra.
Pero el problema no es sencillo, pues la autoridad moral de Ayotitlán (el Consejo de Mayores) necesita que la autoridad legal (el Comisariado Ejidal) se mantenga firme en esta decisión y no acepte ningún acuerdo con la minera y complique el proceso.
“Aquí lo que pasó es que los que tenían la concesión original eran los Juanes, y los que se le metieron a Lino fueron unos chinos, incluso quisieron que firmara un contrato por 30 años en idioma chino; eso no se puede hacer, la empresa se metió ilegalmente e incurre en el delito de despojo. Hay que señalar las irregularidades que han sucedido con esta minera, pues si bien la concesión ya está dada, no se ha discutido este tema en ninguna asamblea de ejidatarios y por lo tanto la empresa no cuenta con una autorización de la máxima autoridad del ejido. Han estado haciendo las cosas al revés, primero se mete la mina, despojan y después el comisariado lo pone a consideración de la comunidad”, explica Jaime Hernández, abogado de la UACI que trabaja junto con los nahuas de Ayotitlán en la defensa de su territorio.
Tras la reunión y los acuerdos los asistentes compartieron la comida y realizaron otra acción en su defensa: asistieron junto con el visitador de la CEDHJ a ver los vehículos para que éste diera fe de que no presentan signos de violencia, pues lo único que hicieron el miércoles 16 fue defender por la vía de los hechos sus derechos constitucionales.
Con esto Ayotitlán comienza otro capítulo de su compleja historia de desencuentros y conflictos territoriales, historia que al menos ha provocado la muerte a traición de uno de sus defensores, Aristeo Flores Rolón, ejecutado de un tiro el 20 de abril de 2007.
