miércoles, 23 de enero de 2008

Excesiva presencia policial en zona de conflicto limítrofe inhibe el libre tránsito de pobladores

Gaudencio Mancilla Roblada (de pie), representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán

En recorridos por la región, la CEDHJ constató la falta de infraestructura y servicios básicos

No quieren trasladarse de una comunidad a otra por temor a ser detenidos: tercer visitador

Raúl Torres – LA JORNADA JALISCO

AYOTITLAN, 22 de enero.- La excesiva presencia policial en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco ha provocado una situación de tensión entre los pobladores de esas comunidades, que se muestran recelosos de transitar por las veredas y caminos de la región por temor a un abuso policial, señala el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, quien afirmó que mañana, en compañía de algunos pobladores de estos territorios, acudirá ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado para dar cuenta de ésta y otras situaciones.

Los mismos habitantes de Ayotitlán, que deben desplazarse varios kilómetros de un poblado a otro, señalaron que se inhibe el libre tránsito por sus caminos debido al exceso de presencia policial, situación que constató la Tercera Visitaduría de la CEDHJ: “esto es real y creemos que enrarece el ambiente y no permite que la gente goce a plenitud de sus derechos; hay quienes ya no quieren ir de una comunidad a otra por temor a ser detenido porque han participado en la defensa de sus comunidades. Esto no lo debemos permitir y demuestra que mientras los gobiernos pelean el pueblo está sufriendo”.

Recordó que la Comisión ya emitió un pronunciamiento por la situación que priva en la zona y aseguró que el organismo tiene una mesa de trabajo permanente con algunas autoridades para verificar lo que está sucediendo en esta región.

La CEDHJ viene teniendo presencia en estas comunidades desde hace ya varios años (…) y hemos diseñado una estrategia para el abordaje de la problemática a través de un diagnóstico, de tal manera que convocamos a varias autoridades para hacer una gira de trabajo en el terreno; nos ha acompañado personal de la Secretaría de Salud, de Promoción Económica, Secretaría de Turismo, Vialidad o la Procuraduría de Justicia”, refirió Hernández Barrón tras la reunión con el Consejo de Mayores de Ayotitlán, donde escuchó algunas de sus demandas.

Adelantó que en los recorridos se han encontrado comunidades prácticamente abandonadas, pues no existe ni infraestructura ni servicios suficientes, por lo que claramente se ve vulnerado su derecho al desarrollo.

“Hay hostigamiento por parte de autoridades y particularmente este conflicto de límites ha hecho más vulnerables a muchas comunidades, y aunque (mañana) no nos pronunciaremos por la cuestión de límites con Colima, sí lo haremos por la situación de derechos humanos que priva en la región”, declaró.

Las historias que detalla la gente de Ayotitlán son nuestra clara de lo que pasa en muchos sitios de la franja fronteriza con el estado vecino: falta de medicamentos en los centros de salud, abusos en escuelas que pretenden cobrar cuotas especiales para dejar entrar a los alumnos o falta de atención por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

“Hemos constatado que hace falta más atención de la Secretaría de Salud, hacen falta ambulancias, caminos, empleos, apoyos para quienes estudian; por eso iremos el jueves a presentar este diagnóstico ante la Comisión de Gobernación en compañía de algunos pobladores para que esto genere otras acciones del Poder Legislativo, pues esta indefinición está generando violaciones de derechos humanos de las personas aquí”, dijo.

El visitador lamentó que no se haya entregado presupuesto suficiente para el trabajo de la CEDHJ, pues es imperante ejercer recursos para hacer trabajo de observación y vigilancia en estos territorios apartados y de difícil acceso.

Entre las investigaciones y asuntos pendientes que tiene la Comisión de Derechos Humanos en la región de conflicto de límites con Colima está el esclarecimiento de varios asesinatos de personas que luchaban por la defensa de su territorio, como el de Aristeo Flores Rolón, ejecutado de un tiro el 20 de abril de 2007.

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