martes, 17 de junio de 2008

Denuncian delito ambiental en Colomos


EL INFORMADOR

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y el Colectivo Ecologista de Jalisco, interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de quien resulte responsable por las afectaciones que sufrió el predio ubicado en Retorno al Torreón 1815 que colinda con el Bosque Los Colomos.

El documento fechado el 28 de marzo, al cual tuvo acceso EL INFORMADOR, establece que según testimonios de vecinos aledaños al parque, el 26 de enero se efectuaron actividades de tala, destrucción y remoción de árboles en el predio que comprende 15 mil 131 metros cuadrados.

"En este sentido, se trata de una acción de tala ilegal de árboles y de remoción de suelos en un área forestal como es el Bosque de Los Colomos, es decir, que independientemente que se haya realizado dentro del polígono del área protegida o no, esta tala se realizó dentro del área del Bosque Los Colomos. En este sentido, la destrucción de esta vegetación no solo trae consecuencias directas para la fauna y la flora, sino que también amenaza la capacidad de recarga y de captación de agua de los acuíferos y mantos freáticos que se encuentran en el bosque", advierte el cuerpo de la denuncia.

Los grupos ecologistas además solicitan que se efectué una inspección ministerial en Arroyo "El Chochocate" para verificar los posible daños al cuerpo de agua, toda vez que los desechos de la remoción de suelos y materia vegetal fueron vertidos en el cauce sin ninguna autorización, ni estudio de impacto ambiental.

"Esta situación es particularmente grave porque se trata de actividades de desecho de materiales o residuos que sin duda alguna afectaron al arroyo "El Chochocate", a la cuenca de la que forma parte, y respecto del cual puede existir también un daño a las aguas subterráneas que se encuentran en el mismo. Estas actividades de desecho de materiales de despalme, entre otros, tampoco contó con ninguna autorización en materia de impacto ambiental".

Dentro de las irregularidades señaladas por los denunciantes, destaca la instalación de una malla ciclónica para demarcar la propiedad privada de los particulares que se ostentan como dueños.
Al respecto, en el oficio 237/06/2008 del Patronato del Bosque Los Colomos fechado el 22 de mayo de 2008, David Gutiérrez Champion, director administrativo del parque explica:

"Ante la falta de atribuciones y facultades para poder negar el paso a propiedad privada, o en su defecto detener la limpieza del terreno mencionado, se emitió un oficio permitiendo el acceso al terreno ubicado en Retorno al Torreón 1815. En el oficio 008/01/2008 emitido por la Dirección del Bosque Los Colomos, se exhorta al Sr. Tomás Colsa Chalita a realizar las gestiones necesarias para la solicitud de licencias que pudiesen ser necesarias para llevar a cabo las actividades que fuese a realizar".

Sin embargo, en un oficio previo fechado el 23 de abril de 2008 la propia Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, reconoce que los particulares no cuentan con autorización alguna para realizar obras de construcción o instalar una malla ciclónica en el terreno.

"Aprovechamos este conducto para saludarlo y en atención a su oficio DJM/DJCS/DH/1069/2008 recibido en esta dependencia el 15 de abril del año en curso, donde se solicita información si se han expedido permisos de construcción en el Bosque Los Colomos en el área que nos hacen referencia. Al respecto le informamos que con relación a la instalación de malla ciclónica, se realizó una búsqueda en el archivo y no se localizó antecedente alguno hasta esta fecha", indica el documento firmado al calce por Gilberto Toscano García de Quevedo, titular de Obras Públicas.

¿Qué dice el Código Penal Federal?

Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa."

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:
I. Desmonte o destruya la vegetación natural;
II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o
III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.

Dentro de las irregularidades señaladas por los denunciantes, destaca la instalación de una malla ciclónica para demarcar la propiedad privada de los particulares que se ostentan como dueños.

Pierden la batalla contra los pendones


En Zapopan, el nuevo Reglamento de Publicidad Exterior prohíbe los anuncios en puentes peatonales, pasos a desnivel y cualquier columna. Foto: Renee Pérez

MURAL

Como si fuera un juego de quién se cansa primero, las autoridades de los Ayuntamientos metropolitanos no han logrado limpiar la Ciudad de anuncios, pues a pesar de que los pendones en algunos municipios están prohibidos, los siguen instalando.

En Guadalajara, entró en vigor en el 2007 las modificaciones al Reglamento de Anuncios que prohibe la colocación de los banners y a pesar de ello, en los primeros cinco meses del 2008 se quitaron de las vialidades tapatías 120 mil 255 anuncios.

La dirección de Padrón y Licencias inició el diálogo para convencer a las operadoras de espectáculos, principal contenido de los pendones, para que no contraten este servicio de publicidad, todavía sin resultados.

La dirección de Inspección y Vigilancia, implementó además un operativo previo al temporal de lluvias para retirar los banners, además de levantar la infracción correspondiente. Sin embargo, muchas veces no se aplica la multa bajo el argumento de que la dirección de la empresa que los coloca, está en otro municipio como Zapopan, por ejemplo, aunque instale los anuncios en Guadalajara.

En Tlajomulco se atribuye el problema de la saturación visual con plásticos a la construcción de fraccionamientos, pues aprovechan este tipo de publicidad para anunciar los nuevos espacios habitacionales.

Avenidas como López Mateos, Adolf B. Horn y Pedro Parra Centeno son de las preferidas para instalar los impresos tipo banner en los que promueven los desarrollos, describen las características e informan la ubicación de los mismos.

María Magdalena Hernández García, oficial mayor de Padrón y Licencias de Tlajomulco explicó que aunque los reglamentos municipales determinan que algunas de estas vialidades deben estar libres de publicidad, los desarrolladores no acatan la disposición.

"No tienen permiso los fraccionadores y van y se ponen, y también me incrementan trabajo a mí, porque mando a Servicios Generales a retirarlos", dijo.

"Sí ha habido multas de hasta 70 mil pesos, 80 mil pesos. Cuando solicitan el permiso pues le dices 'no, porque debes aquí; quieres ponerte, paga tus multas', y es la manera de hacer la negociación".

Situación similar es la de Tonalá, en la que unos ponen y el Ayuntamiento quita. El director de Inspección y Reglamentos, Gustavo Aguilar Medina, señaló que para poder colocar este tipo de publicidad se requiere de un permiso de Padrón y Licencias con el visto bueno de Mejoramiento Urbano.

Los operativos de revisión se tratan de realizar de manera conjunta entre ambas dependencias para poder detectar los errores.

La única zona prohibida para la colocación de los pendones es el primer cuadro tonalteca, demarcado por las calles Allende, López Cotilla, Tonaltecas y Matamoros.

Sin embargo es común que se coloquen anuncios sin permiso en las avenidas principales del Municipio anunciando, generalmente bailes de banda.

En Zapopan, el nuevo Reglamento de Publicidad Exterior prohíbe los anuncios en puentes peatonales, pasos a desnivel y cualquier columna. El cuerpo del ordenamiento no señala ningún tipo de autorización para pendones, sin embargo también es común ver este tipo de publicidad en las calles zapopanas.

Suspende la CEA reuniones en Temacapulín

Sergio Hernández - MURAL
 
La Comisión Estatal del Agua (CEA) cambiará de estrategia para convencer a los habitantes de Temacapulín que acepten su reubicación, ante la inundación que sufrirá el pueblo cuando se construya la Presa El Zapotillo, que destinará agua León y a la región de Los Altos de Jalisco.

Héctor Castañeda, Director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, señaló que ahora se intentará tener un acercamiento caso por caso al considerar que las reuniones colectivas, como la que se intentó realizar el domingo, suelen estar influenciadas por personas foráneas.

"Lo que hemos visto es que cada vez que se cita a una reunión con cierto tiempo aparecen una serie de personajes que lo que hacen es complicar las cosas y a mi me parece que el trabajo que tendremos que seguir es justamente a pie, ahora sí casa por casa y ciudadano por ciudadano, de los que nosotros ya tenemos perfectamente identificados que ahí anochecen y que ahí amanecen, que son propietarios de una casa, o que les rentan una casa, finalmente con ellos son con quienes hay que ir a dialogar porque son los directamente afectados", explicó.

"No diría que descartamos las reuniones, porque finalmente en algún momento es necesario tenerlas, pero el trabajo que hay que ir a hacer es mucho más local, es casa por casa, y la intención en todo momento del Gobierno del Estado siempre va a ser nunca cerrar las puertas al diálogo, mostrarles siempre la información a los directamente afectados".

El domingo funcionarios de la Comisión Estatal del Agua encabezados por Castañeda intentaron llegar a Temacapulín para tener una reunión colectiva con los habitantes de esta población, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, pero la reunión fue boicoteada.

Según el Censo de Población del 2005 en esta comunidad habitan 343 personas, mientras que en el año 2000 el INEGI contabilizó 402 personas, siendo evidente el fenómeno migratorio.

Debido a la construcción de la presa, el Gobierno del Estado les ofrece reubicarlos muy cerca del sitio donde se ubican, edificando un poblado con todos los servicios que ahora no tienen, entre ellos teléfono y Centro de Salud.

Miguel Ángel Casillas Báez, presidente del Consejo de Cronistas de Los Altos de Jalisco, una de las personas que encabeza la defensa de Temacapulín, señaló el domingo a MURAL que la gente quiere negociar directamente con el Gobernador, Emilio González Márquez.



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Instalarán tres ductos en Las Rosas


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

El colapso que sufrió el colector López Mateos en el túnel de Las Rosas será resuelto con la instalación de tres ductos: uno central y dos laterales, adelantó Jorge Monreal Rocha, gerente de Agua Potable y Alcantarillado del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Con esta alternativa, aseguró, no se reducirá el área hidráulica existente --de 7.21 metros cuadrados-- para no provocar que el flujo de agua se “estrangule”.
“El tipo de tubo que se utilizará está diseñado para trabajar a presión, en independencia de si tiene o no la protección que tenía antes el colector. Los tubos que se coloquen tendrán un área equivalente para no estrangular el flujo que trae el colector de atrás de Plaza de Sol, y zonas donde se inunda y provocáramos un mayor problema”.

La intención es introducir un colector central circular que sustituya el actual de herradura (en el mismo trazo); además, se agregarán dos tubos laterales para soportar las cantidades de agua que en su totalidad transporta el ducto dañado.

“El colector actual no es circular, es como una herradura hacia abajo, pero ensanchada; tiene 3.50 de ancho por 2.45 de altura actualmente, y el nuevo tendría lo que tiene de altura, pero ya no llegaría a todo lo ancho, por eso necesitamos meterle áreas complementarias (los dos tubos laterales)”.
El pasado martes, el túnel de Las Rosas se inundó tras las primeras lluvias del temporal, lo que provocó fracturas en el colector. Esta situación llevó a que tanto el SIAPA como la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) intervinieran con una serie de estudios y desde entonces lo cerraron al paso vehicular.
Luego de realizar el diagnóstico, se descartó la opción de rehabilitar el tubo existente. Encontraron que 220 de los 350 metros del colector, estaban colapsados. Incluso, se desechó la alternativa de introducir un sólo ducto central, al argumentar que se dificultaba su rápida entrega.

Monreal Rocha aclaró que para conectar la infraestructura hidráulica, tendrán que construir dos cajas de transición a la salida y entrada del túnel de Las Rosas.
Las obras que realizará la Sedeur con presupuesto estatal, costarán cerca de 50 millones de pesos; se estima que duren hasta tres meses, tiempo en que permanecerá bloqueado el túnel a la circulación y para lo cual se habilitaron rutas alternas en los alrededores.

Insuficiente “encofrado”

Expertos consultados por EL INFORMADOR coinciden en que el “encofrado” (recubrimiento) en el colector actual, cuando se construyó el túnel de Las Rosas, no fue del espesor suficiente, lo que provocó las fracturas.

A juicio de especialistas, el ducto debió ser desviado desde un inicio por la lateral poniente de López Mateos, con la intención de aprovechar y aumentar la sección de mismo, para evitar los riesgos con la presión del agua y en consecuencia los daños.

Insistieron en que se trató de “un error de cálculo”, ya sea de parte de las empresas contratadas o de las autoridades.
Desde ayer, arrancaron las primeras maniobras para la instalación de los nuevos tres ductos, con la demolición de la bóveda del colector.
Aunque se han realizado estudios en la zona, éstos continuarán con la introducción de cámaras en otras dos tuberías, diseñadas para la captación de agua pluvial, para descartar que no estén dañadas.

Nuevos ductos:

Longitud de colector a sustituir: 350 metros.
Colector central: 2.45 metros de diámetro.
Colectores laterales: 1.52 metros de diámetro cada uno.

Fuente: SIAPA

Yo te avisé

Los Colomos: narco, mentiras y terrenos



Simulación de escrituras, compraventas fraudulentas y lavado de dinero forman parte del historial de una propiedad pública en la zona más codiciada de la ciudad, que ahora el gobierno hace intentos por recuperar.



El área de avenida Acueducto. La zona tenía un alto valor por sus recursos hídricos; hoy depende principalmente del mercado inmobiliario. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melquíades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 hectáreas.

Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.

Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.

Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del Ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces, a la agrupación criminal resultante de esa migración se le llamaría cártel de Guadalajara.

Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.

De forma insospechada, pocos años después, estos baldíos regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los diez mil pesos, los más elevados de la metrópoli.

La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada; la de las invasiones a la propiedad pública, no.


• Una investigación del gobierno estatal señala varios negocios como casos de posesión ilegal.
Foto: Marco A. Vargas



1895: protección de cuencas

En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.

El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).

Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero, vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).

Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.

A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).

Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.

Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.

El primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.

En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.

Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo fueron invadidas. Los intentos gubernamentales para poner orden y detener las invasiones fueron, en el mejor de los casos, tímidos.


• El panorama de Acueducto luce un notorio éxito de los comercios.
Foto: Marco A. Vargas



1962: las invasiones

La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquíades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.

Melquíades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2,354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).

19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.

El 5 de diciembre de 2003 (escrituras públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.

De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.

Pero los descendientes de Melquíades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.

Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que sólo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Masías, Plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.

Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.

En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.

La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado

Entrevista con Ángel Meulenert

Ángel Meulenert aclara que no fue del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara de donde salió la información que habría una tormenta catastrófica el fin de semana pasado como lo pronostico Fernando Guzmán Pérez Pelaez, Secretario General de Gobierno, quien ha insistido en culpar de su error a los meteorólogos de la UdeG.