De la selva al Ahogado

Ana Montaño Centeno - PÚBLICO Un viaje a la selva Lacandona cambió la vida de Raúl Muñoz Delgadillo. Fue en 1994 cuando llegó a la reserva ecológica de un millón 550,200 hectáreas, para apoyar voluntariamente a los campamentos que trabajaban por la paz en esa zona de conflicto. Se quedó por siete años admirando la cultura de los lugareños para proteger el medio ambiente, “a pesar de la devastación, la capacidad que tienen los indígenas para cuidar sus reservas naturales es asombrosa”. En 1994 regresó a Jalisco, en donde su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de la apatía y el ánimo de los jaliscienses por destruir, contaminar y destrozar el medio ambiente. “Cuando yo regresé, me impresionó ver la devastación que existía, cómo la mancha urbana seguía creciendo y cómo los habitantes del estado estábamos acabando con nuestro ecosistema”. Decidió dedicarse férrea y activamente a defender el medio ambiente de la entidad. Nacido el 19 de diciembre en la ciudad de México, radicado en Jalisco desde hace más de 17 años, Muñoz Delgadillo asegura que su lucha por la preservación del ecosistema no se va a detener. “Es urgente contrarrestar esa apatía que existe por el tema del medio ambiente, se trata de proteger la vida, nuestro ecosistema y aun así a la población no le interesa, y hablo de todos los estratos sociales”. Padre de cinco hijos y casado desde hace 29 años con María Leticia, asegura que son las propias autoridades las que desprecian el tema, “para ellos no es redituable ni política ni económicamente, solamente en campaña, para ganar adeptos hacen sus promesas y en eso quedan, en sólo promesas incumplidas una vez que llegan al cargo de elección”. Raúl vive en la colonia El Castillo y sus padres habitan en La Azucena, dos de las colonias más afectadas por las inundaciones en El Salto. “Todo este tipo de problemas, de inundaciones, contaminación, deforestación es parte de la falta de cultura ambiental”. El activista es fundador y dirigente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, organización integrada por más de 23 ciudadanos voluntarios que luchan como él contra las injusticias y atropellos al ecosistema. La labor de Raúl ha sido en las bases sociales, sin distingos de ninguna índole ni afiliaciones a alguna dependencia. “Desde un principio no quisimos registrarnos como asociación civil, por eso sólo somos un comité ciudadano independiente”. El lunes pasado, Raúl recibió un auto de formal prisión en el Juzgado Séptimo de Puente Grande por la supuesta posesión de enervantes con fines comerciales, delito que no se ha comprobado, pues el activista no se ha careado con los policías que lo detuvieron el 9 de julio pasado. Fue el día que él y otros vecinos de La Azucena y El Castillo planeaban bloquear la carretera para hacerse notar contra las constructoras que edificaron en los terrenos de la cuenca del Ahogado. Los policías que lo detuvieron acusaron al activista de portar 42 gramos de mariguana en envoltorios; a decir de Muñoz, el enervante se lo mostraron en las instalaciones de la PGR después de diez horas detenido. Hoy vence el plazo para impugnar la decisión del juez, de lo contrario, Muñoz Delgadillo podría ir a prisión. “Tengo la esperanza de que la justicia sea imparcial, aunque el panorama no es nada alentador por cómo se maneja últimamente la impartición de justicia”.

CEDHJ pide no hostigar a habitantes de Temacapulín

Maricarmen Rello - PÚBLICO La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) realizó un pronunciamiento público y dictó nuevas medidas cautelares solicitando a las autoridades del estado “abstenerse de realizar actos de molestia y hostigamiento contra pobladores y propietarios de fincas de Temacapulín”, el cual se pretende inundar para alzar ahí la presa El Zapotillo. El organismo instó al gobernador Emilio González a realizar la consulta pública que prometió para conocer la opinión de los habitantes de este poblado sobre este proyecto, petición que de hecho fue también una medida cautelar solicitada el año pasado al titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), César Coll Carabias, así como al director del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y que no se dio por cumplida, y a lo que de nueva cuenta se le llama a cumplir con la palabra empeñada por el gobernador Emilio González. El titular del organismo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, indicó que en visitas recientes a esta zona del municipio Cañadas de Obregón, “se advirtieron acciones de presión” que afectan la calidad de vida de los habitantes del poblado, en una gran mayoría personas de la tercera edad, y que incluyen medidas coercitivas “como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo”. El ombudsman negó que se hubiera reportado la presencia de elementos del Ejército; sin embargo sí se ha recurrido a estrategias como difundir entre la población “que quienes no apoyen el proyecto ahora se quedarán sin indemnización, sin posesiones, sin nada”, advirtió por su parte el tercer visitador general, Alfonso Hernández Barrón, a cargo de la indagatoria. El visitador general añadió que además se han iniciado excavaciones y hay maquinaria pesada, por lo que se requirió “en caso de tener participación en dichas obras, ordenen la suspensión inmediata” o en su defecto, presentar las denuncias correspondientes y gestionar la suspensión de las obras. Por su parte, Emilio González respondió que las conversaciones con pobladores de Temacapulín están en proceso. En entrevista por separado y al término de su gira por Jalostotitlán el mandatario conversó con los habitantes del lugar a quienes les dijo que éste es un proyecto de largo plazo “muy importante para la región”

En Bugambilias denuncian acoso vs opositores a tala de La Primavera

El PRD anunció que apoyará a los colonos que buscan frenar el proyecto inmobiliario que afecta al área de amortiguamiento del bosque La Primavera. Foto:Foto: Público Vanesa Robles - PÚBLICO Un grupo de moradores del fraccionamiento Bugambilias, en Zapopan, se dice acosado por el presidente y el vocal de seguridad de la asociación de colonos, Rafael Padilla Siurob y Martín González Márquez —hermano del gobernador Emilio—, respectivamente, mientras el que podría ser réferi, el director de Participación Ciudadana municipal, Carlos Alberto Rendón Valdés, respalda al comité vecinal cuestionado. Ayer, Gladys Martínez, una de las dos vecinas opositoras a Padilla y a la urbanización del cerro de Bugambilias que hace quince días sufrieron el estallido de bombas molotov a domicilio, denunció que el presidente de los colonos emprendió una campaña de distribución de volantes que la desprestigian, y que la seguridad privada impide a los quejosos informar de las irregularidades administrativas de la mesa directiva. Ésta fue destituida por los colonos a principios de 2008 y restituida por Carlos Alberto Rendón casi enseguida. Ayer, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco, Raúl Vargas y el regidor perredista en Zapopan, Manuel Villagómez, manifestaron su respaldo al grupo de inconformes y afirmaron que solicitarán la intervención de las autoridades estatales y federales en el caso. El caso se divide en varios. Uno, las acusaciones de corrupción contra Rafael Padilla. Otro, los proyectos de urbanización de 150 hectáreas del cerro, que han permitido la tala de árboles en el área de amortiguamiento del bosque La Primavera y borrado del mapa cañadas —áreas de protección federal que por su importancia ecológica son intocables—. La urbanización, es posible por los cambios de uso de suelo, que comenzaron en el gobierno municipal de Macedonio Tamez (Partido Acción Nacional), siguieron con licencias irregulares durante el de Ismael Orozco (Partido Revolucionario Institucional) y se consolidaron en los últimos meses. Unos y otros, respaldados con la firma de Padilla. Y en la Administración actual, la voz del director de Participación Ciudadana de Zapopan protege tanto al dirigente vecinal como a los que le ponen cemento al bosque. En un video publicitario de la constructora DASA, Rendón afirma: “La Asociación Civil que tenemos reconocida está comandada por Rafael Padilla. Los planes parciales son aprobados por los regidores del ayuntamiento y [los constructores] tienen un aprobado”.

Activistas denuncian que los criminalizan

Carlos Martín - PÚBLICO Ciudadanos de El Salto y distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) se manifestaron en El Salto para denunciar la presión oficial contra las actividades de los activistas sociales en Jalisco y exigir la exoneración del luchador ambiental Raúl Muñoz Delgadillo, quien fue encarcelado tras acusársele de posesión de mariguana, que se asegura le plantó la policía. “Denunciamos ante la opinión pública los actos de criminalización de la lucha ciudadana que el estado, a través de sus autoridades, está implementando para inhibir la defensa de nuestros derechos”, dijeron en un comunicado. Raúl Muñoz fue detenido el 9 de julio pasado por la policía municipal de El Salto por la presunta posesión de mariguana. Esa mañana se dirigía, junto con otros ciudadanos, a Guadalajara para exigir solución a los problemas ambientales y de construcción del fraccionamiento El Castillo, de donde es vecino, y La Azucena. El hombre salió bajo fianza, pero el proceso judicial sigue: “Lo he acompañado cada lunes a firmar a la penal” comentó Margarita Sierra, compañera activista de Raúl. Agregó que el careo con los dos oficiales que lo detuvieron no se ha dado debido a que “uno de los policías estaba de vacaciones”. Ayer mismo, Raúl ratificó su denuncia contra la policía de El Salto y contra quien resulte responsable. “Demandamos al gobierno que no aceptamos esta situación amañanada [sic]; a los líderes nos quieren criminalizar”. De la reunión que sostuvieron los ciudadanos y las ONG, exigieron la “inmediata exoneración de Raúl Muñoz, castigo a los responsables, alto a la impunidad”, además de denunciar “los actos de criminalización de la lucha ciudadana que el estado, a través de sus autoridades”, realiza. Invitaron a la ciudadanía a denunciar y no permitir que este proceso convierta a Raúl Muñoz en preso político.

CEDHJ: el gobierno del estado debe abstenerse de hostigar a los pobladores de Temacapulín

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

El gobierno del estado debe abstenerse de realizar “actos de molestia y hostigamiento” en contra de los pobladores de Temacapulín –donde se lleva a cabo la construcción de la presa El Zapotillo–, en tanto no se concrete una consulta pública entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los pobladores del lugar, así como dos proyectos alternativos a la obra que promueven las autoridades de la entidad, según lo señaló ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, en el pronunciamiento 5 de 2008.

“El derecho humano al desarrollo forma parte de los derechos conocidos como de la tercera generación. El progreso sostenible, sustentable, equitativo y participativo se logrará a través de un trabajo serio y democrático que favorezca no sólo a las grandes ciudades o a las grandes corporaciones, sino que impulse a las pequeñas comunidades, salvaguardando sus derechos”, fue el preámbulo de Alvarez Cibrián.

Se trató de un pronunciamiento a las autoridades estatales, no así de una recomendación: “no se ha concluido la investigación. Es una revisión del procedimiento y, con el espíritu de prontitud es por ello que nos pronunciamos. Si nos esperamos (a una recomendación) sería lamentable y podrían presentarse violaciones a los derechos humanos”, aclaró.

La CEDHJ inició un acta de investigación por las posibles violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en virtud de que, mediante la firma de un acuerdo por parte del gobierno del estado se había adquirido un compromiso con Guanajuato y con la Conagua para construir la presa El Zapotillo. Dicho proyecto implica inundar por completo a Temacapulín.

“Esta acción, en caso de llevarse a cabo, vulneraría, además de sus derechos a la propiedad, posesión, patrimonio cultural y antropológico, el derecho a la participación ciudadana en proyectos que implican una afectación a toda una comunidad”, señaló Alvarez Cibrián.

Narró que se le solicitaron medidas precautorias al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el panista César Coll Carabias, y al director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que consistían en una convocatoria abierta a la sociedad para que ésta externara sus puntos de vista.

La respuesta de las dependencias fue que dichas consultas se habían efectuado. En la primera que sostuvieron con los lugareños ambas instituciones se llegó al acuerdo de programar la recepción de ponencias y de preguntas de los interesados. Pero no había para tal labor, un comité encargado, según documentó la CEDHJ. En esa misma reunión, todavía no había surgido la propuesta de la ampliación de la cortina de la presa.

Posteriormente, se celebraron reuniones con los habitantes de Temacapulín y de Cañadas de Obregón los días 4, 5 y 22 de septiembre de 2007. Las sesiones sólo fueron informativas, así lo declararon al organismo defensor los lugareños quienes, mediante las mismas, supieron que se verían afectados en su patrimonio.

“Incluso algunos asistentes, entre ellos un sacerdote oriundo de Temacapulín, manifestaron que el tono utilizado por las autoridades fue amenazador y no de diálogo. Agregaron que en una reunión sostenida en Casa Jalisco, a pesar de que los habitantes manifestaron su oposición con la ampliación del proyecto inicial, que era realizar la presa a una altura no mayor de 75 metros, les dijeron que el proyecto era definitivo y que no se daría marcha atrás”, relató el ombudsman.

De acuerdo con el titular de la CEDHJ, se le hizo hincapié a Coll Carabias de que las reuniones informativas no atendían a lo que promueve la Carta Magna de México, las eyes general y estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la legislación de Aguas Nacionales ya que no recabaron la opinión de los interesados.

Así, en diversas ocasiones, personal de Derechos Humanos acudió al poblado. Ahí, recibió un escrito de queja firmado por 171 personas quienes manifestaron su oposición a El Zapotillo. Los argumentos que expresaron fueron desde “la falta de respeto a la vida, a la historia, a la cultura de la comunidad, además del perjuicio que se provocaría en diversas edificaciones con valor histórico y antropológico, entre ellas el templo de la Virgen de los Remedios, que, según documentos presentados por los quejosos, fue concluido en 1759”.

Ante esto, la CEDHJ solicitó información al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dicho instituto contestó que no se había autorizado la reubicación del centenario templo.

“Esta Comisión se ha percatado de que las autoridades del gobierno del estado intentan evadir su responsabilidad y participación en el proyecto”, apuntó el ombudsman.

Más: “de las últimas acciones realizadas en torno al proyecto de El Zapotillo se advierte que el gobierno del estado y la Conagua han ejercido acciones de presión hacia los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, las cuales confunden a sus habitantes y provocan incertidumbre no sólo de trascendencia jurídica, sino social y moral, con consecuencias más allá de las materiales, que han afectado su vida y salud, sobre todo de personas de la tercera edad, cuyo porcentaje es alto en esa región”.

Para tales afirmaciones, Alvarez Cibrián se basó en que han sucedido “acciones coercitivas como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo, hacen ver que han sido relegados, en lugar de ser escuchados y de que se les hayan facilitado los medios para promover su participación en el proyecto”.

La presencia de maquinaria pesada a las orillas del río Verde, sitio donde se pretende erigir la cortina de la presa, es otra prueba que presentó el ombudsman.

“Esto significa un acto de arbitrariedad, contrario a los principios democráticos que prevé nuestra legislación”, concluyó.

Vecinos de Bugambilias denuncian hostigamiento de hermano de Emilio

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Martín González Márquez, hermano del gobernador Emilio González Márquez, y el presidente de colonos de Bugambilias, Raúl Padilla Siurob, fueron acusados ayer de hostigamiento por vecinos de esta zona residencial ante las revelaciones públicas que han hecho éstos del cambio de uso de suelo en el fraccionamiento y con el que se han depredado cerca de 8 hectáreas del bosque La Primavera para la construcción de un desarrollo comercial.

De igual forma, la empresa de seguridad privada que labora en Ciudad Bugambilias se ha prestado para frenar las acciones de resistencia de los colonos disidentes de la asociación vecinal, según relató Gladis Martínez Forbona, quien a principios de agosto fue víctima de una bomba molotov que le aventaron a su casa unos desconocidos. El explosivo quemó las cortinas de la habitación de sus hijas. Al de Gladis se suma otro similar con molotov: el de Rosario Bretón. A ella, le arrojaron el explosivo en su camioneta el 7 de febrero, según consta en la página de Internet de Transparencia Bugambilias (www.transparenciabugambilias.com.mx), organismo que nació tras la denuncia que hicieron los vecinos en torno a las irregularidades de Padilla Siurob.

Todo comenzó hace unos dos años. Vecinos de Bugambilias, se inconformaron con la Asociación de Colonos por problemas relacionados con el tandeo de agua, de cobros indebidos del mismo líquido, de invasión de áreas verdes, de cambios de uso de suelo para la construcción de giros comerciales así como por la depredación de La Primavera. Para entonces, Padilla Siurob, ya ejercía se segundo periodo al frente de la asociación, la cual consta de tres consejos: dos autónomos, el de Honor y Justicia, el de Vigilancia, y el Directivo. Es el de Vigilancia al que pertenece precisamente el hermano del mandatario estatal.

Con argumentos provenientes del mismo Plan Parcial de Desarrollo de Zapopan, que aluden que la zona de Bugambilias es de baja densidad poblacional, los habitantes solicitaron información a la asociación para que les informara sobre los problemas que ya vivían. Como respuesta, les dijeron que era el Ayuntamiento el que había otorgado las licencias de construcción. Ante tal situación, pidieron información al municipio. La autoridad les contestó: uno de los requisitos para la licencias de construcción fueron las cartas de anuencia otorgadas por Padilla Siurob, en su carácter de presidente vecinal.

Posteriormente, el hombre negó lo que dijo el ayuntamiento. Pero los vecinos le refutaron su actuación con una carta que él mismo había firmado para el cambio de uso de suelo. Con ello, Padilla violó el artículo 27 del reglamento del Plan Parcial de Desarrollo Municipal, pues debió haber convocado a una consulta pública, lo cual no ocurrió.

Con el cambio de uso de suelo se han ido construyendo desarrollos habitacionales hacia la parte alta de Bugambilias.

En una foto que los vecinos mostraron ayer en rueda de prensa, acompañados del presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López y del regidor perredista en Zapopan, Manuel Villagómez, se nota cómo se creó un camino sobre una cañada, propensa a los deslaves y a inundaciones, según comentó Vargas.

Los desarrollos habitacionales se han ido construyendo en la zona de La Primavera que hace tres años fue devastada por un incendio.

Villagómez aseguró además, que los tres incendios que se han presentado en el bosque en lo que va de 2008, “fueron provocados”.

El último desarrollo habitacional que se encuentra en construcción, abarca unas 8 hectáreas. En estas, se pretende erigir un edificio de 90 locales y 400 cajones de estacionamiento con funcionamiento las 24 horas del día.

Tanto los colonos afectados como los dirigentes del PRD señalaron que el director de Participación Ciudadana de Zapopan, Carlos Rendón, es cómplice de estos hechos: “faltando al reglamento, no ha convalidado las asambleas de los colonos inconformes; envía información de los inconformes al señor Padilla y además promueve a la constructora que vende los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales en la televisión”, aseguró Vargas López.

Sus palabras fueron acompañadas en un video que se proyectó. En este, se escucha al funcionario hablar de las bondades del proyecto y de cómo reconoce solamente a la asociación que dirige Padilla.

De la intervención del hermano del gobernador, Vargas López dijo que éste, junto con Padilla, contrataron a una empresa de seguridad que “se ha pasado hostigando a los colonos inconformes, incluso coartándoles su libertad de expresión, al impedirles la distribución de volantes informativos”.

A decir de Vargas, el PRD hace responsables a las autoridades municipales por los posibles daños a los vecinos inconformes. De igual manera, el partido solicitará la inmediata intervención de las autoridades federales y estatales a fin de evitar una mayor depredación en La Primavera.

Provocan polémica cobros del SIAPA

Sergio Hernández, Alonso Torres y Vania de Dios - MURAL Los avisos mediante lonas plásticas que se están colocando para echar de cabeza a quienes deben el servicio de agua fueron cuestionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y defendidos por el SIAPA. El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ofreció ayer en una rueda de prensa un largo argumento en el que calificó como el asunto como lamentable y grave pues considera que se están vulnerando los derechos humanos de las personas, al afectar su honra. De acuerdo con el titular de la Comisión, la Carta Magna protege a los ciudadanos para que no se vean afectados en su buen nombre. En caso de comprobarse que el SIAPA manda colocar los avisos, la Comisión de Derechos Humanos solicitará la suspensión de estas acciones. "Pediremos al director del SIAPA un informe al respecto sobre lo que está pasando para determinar si esas mantas las están fijando por instrucciones del SIAPA o las están fijando particulares por su propia iniciativa", comentó Álvarez Cibrián. El domingo 10 de agosto MURAL publicó que el SIAPA había iniciado a implementar tres estrategias para cobrar a los morosos: la contratación de despachos de abogados, la colocación de avisos en las fincas y la reducción o el corte del servicio de agua. Ante los cuestionamientos de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, argumento que están actuando dentro de lo que marca el artículo 244 de la Ley de Hacienda Municipal, el cual permite la colocación de avisos en las fincas. Por ello pidió a la Comisión no actuar a favor de quienes no pagan el agua. "Estoy convencido que no hay ninguna violación, ni a ninguna garantía ni a ninguna ley, si fuera así no lo estaríamos haciendo. Estoy seguro que estamos actuando conforme a derecho y que el juicio social tendría que estar sobre aquellos que han decidido no pagar por un servicio que están recibiendo y no sobre quien trata de hacer más eficiente al organismo", comentó Rodolfo Ocampo. "Para mí, lo importante es garantizar que cada vez se cuente con un mejor servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara y yo estaré aplicando todas las herramientas que estén dentro de la ley y a mi alcance para poder garantizar un mejor servicio de agua potable". Juan Sánchez Aldana, Alcalde de Zapopan y presidente del Consejo de Administración del SIAPA, solicitará que se revise la decisión de colgar mantas afuera de las casas de los morosos. "Hay que revisar la forma en que se está haciendo, yo siempre he creído que lo mejor es llegar a acuerdos, llegar a convenios, platicar y acercarnos con la gente que debe y que estos solamente sean casos extremos", consideró. ...Y cobran 50 pesos Además de la quemada, los morosos del SIAPA deben pagar 50 pesos por cada notificación de adeudo que se deja en las fincas. El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo, argumento que los 50 pesos por aviso se consideran como gastos de ejecución, dinero que va para el pago de los notificadores y, si sobra, a una bolsa común del organismo. Saúl Estrada Navarrete, un usuario del SIAPA que consume en promedio 50 pesos al mes de agua, consideró como injusto que por dejar que se acumulen uno o dos meses antes de pagar luego tenga que enfrentar cobros de 50 pesos por gastos de ejecución en notificaciones que pueden llegar hasta dos por mes, como asegura ocurrió en su caso.