jueves, 26 de marzo de 2009
Este viernes vuelve el ecotianguis
Director del Diario de Los Altos presentó denuncia por amenazas
Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO
Por amenazas y robo de documentos electrónicos, el director editorial del Diario de Los Altos, Miguel Angel Casillas Báez, presentó denuncia penal en la Procuraduría General del Estado (PGJE), en contra de quien resulte responsable por los delitos, y presume que el autor intelectual de los hechos es un diputado local, “las sospechas recaen en el diputado José Luis Iñiguez Gámez, quien tiene razones fundadas para estar dolido con lo que he escrito”, señaló el afectado.
El sello de la agencia del Ministerio Público adscrita a la región de Los Altos y recibida por Jorge Castellanos el pasado 18 de marzo, formalizó la denuncia pública que hiciera a los medios de comunicación el director del diario horas antes, tras recibir a través de su celular y de su correo electrónico amenazas por el trabajo realizado (sobre la Presa El Zapotillo) y por algunas notas periodísticas donde criticaba abiertamente el actuar del legislador que lo representa en esas latitudes.
En la ampliación de la denuncia externa que las advertencias se volvieron amenazas de muerte, mismos hechos que se plasmaron en una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Enumera estudio las 27 amenazas contra la diversidad en la entidad
Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
La introducción de especies invasoras, el uso de fuego como técnica en algunos procesos, los cambios de uso de suelo y la utilización de agroquímicos son parte de las 27 amenazas contra la diversidad del estado enumeradas en el diagnóstico La Biodiversidad en Jalisco: Estudio de Estado, cuyo avance se presentó ayer en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades).
El estudio, integrado por 10 capítulos, fue presentado en un foro abierto, en el que se destacó un avance del 80 por ciento y que arrojará resultados finales preliminares el próximo mes de mayo, para luego ser publicado.
Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Semades, señaló que para lograr este trabajo se realizó una serie de reuniones con investigadores, instituciones y organizaciones que aportaron sus conocimientos.
“De manera tentativa se presentará ya integrado a la sociedad aproximadamente en el mes de agosto, pero antes, en mayo, tendremos ya los resultados finales preliminares de este estudio y en forma paralela la estrategia a seguir, que es finalmente el elemento de planeación que nos va a permitir insertar toda la interacción de los factores sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de las diferentes poblaciones o sitios, donde se encuentra repartida la biodiversidad en el estado”, dijo.
Este trabajo, que inició en el mes de junio, consiste en la elaboración de las políticas públicas que sirvan como base para la toma de decisiones respecto a los recursos biológicos del estado. En el documento participaron investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente (CIESAS Occidente).
Andrea Cruz Angón, coordinadora de Enlace y Estrategia de Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), dijo que se está dando un paso importante, porque se tienen compromisos adquiridos en el Convenio de Diversidad Biológica, firmado por México en 1992, que hasta el momento no se ha cumplido.
Son tres los objetivos establecidos en dicho convenio: Conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos.
Precisó que sólo México, Canadá y la India están elaborando estrategias estatales, las cuales lideran los gobiernos de cada estado.
En el estudio están involucradas la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el INEGI, la Comisión Estatal del Agua (CEA), las secretarías de Planeación y de Desarrollo Rural del Estado, así como las asociaciones civiles Mabio y Nuestra Tierra.