Sergio Hernández - MURAL
La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), con sede en Montreal, Canadá, aceptó la sugerencia de analizar el caso de La Ciudadela , ante las presuntas omisiones a aplicar la legislación ambiental vigente, cometidas por el estado mexicano.
Como un primer paso, la CCA oficializó, en su página de Internet, el inicio del estudio del expediente promovido por el Instituto de Derecho Ambiental, la Asociación Vecinal Jardines del Sol, y Colonos de Bosques de San Isidro.
Al expediente le fue asignado el nombre “SEM-08-001 Proyecto Ciudadela”.
“Los Peticionarios afirman que las autoridades ambientales omitieron asegurar la restauración de un sitio contaminado con metales pesados, incluyendo talio, cadmio, níquel y plomo, entre otros, en el que durante más de 30 años se desarrollaron actividades de producción de componentes electrónicos”, señala el comunicado emitido ayer martes por la CCA.
“Señalan que el predio seleccionado por SSC Inmobiliaria para la construcción del proyecto La Ciudadela , sigue contaminado con metales pesados, aun cuando dicha empresa realizó la disposición final de suelo contaminado con talio”.
La Comisión para la Cooperación Ambiental fue creada para que los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, no tuvieran ventajas económicas de la falta de aplicación de leyes ambientales.
Una vez que el organismo internacional compruebe que se cumplieron todos los requisitos en la solicitud de intervención que hicieron los vecinos, se pediría al Gobierno mexicano sus argumentos de defensa.
El secretariado técnico de la CCA analizaría estos argumentos y, si fuera el caso, decidiría abrir una investigación que oficialmente se le conoce como Expediente de Hechos.
La denuncia de los vecinos señala que, en el caso de La Ciudadela , las autoridades omisas de aplicar la ley son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Dirección de Manejo Integral de
Contaminantes.
También señalan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, un órgano desconcentrado de la propia Semarnat.
Si bien los peticionarios mencionan que el sitio de La Ciudadela pudo haber sido objeto de remediación por tener talio fuera de norma, argumentan que no hay constancia de que el suelo ya no tenga otros contaminantes.
Dicen que la autoridad olvidó la aplicación de la ley desde dos perspectivas: la primera se refiere a garantizar el abandono adecuado de un sitio que dejó de tener actividades industriales y que era generador de residuos peligrosos, a pesar de existir normatividad suficiente.
“En segundo término el no resolver el fondo de las preocupaciones ciudadanas planteadas respecto a la remediación del sitio a pesar de estar consciente de que el predio la Ciudadela es un predio contaminado y declarar este predio ‘libre de contaminantes’ sin ser totalmente cierto, ya que el que esté dentro de norma no significa que esté libre de contaminantes”.
¿Petición inútil?
La Comisión para la Cooperación Ambiental padece de fuertes obstáculos para intervenir en asuntos de contaminación en México, situación fomentada desde el mismo Gobierno federal.
De acuerdo con la normatividad de la CCA , aunque existan los elementos técnicos y jurídicos suficientes, el organismo no puede iniciar una investigación sin el voto favorable de los ministros de Medio Ambiente de al menos dos de los tres países que lo conforman.
Pero hay un acuerdo no escrito para que una indagatoria inicie siempre y cuando acceda el país señalado.
México, por ejemplo, ha frenado desde hace tres años el inicio de la indagatoria de la contaminación del Río Santiago, a pesar de que el secretariado técnico de la CCA asegura que hay elementos para revisar la falta de aplicación de la ley ambiental que padecen los habitantes de El Salto y Juanacatlán.
Lo mismo pudiera pasar con el caso de La Ciudadela.
Lo mismo pudiera pasar con el caso de La Ciudadela.
