Carretera viola cuatro decretos de protección en la sierra

Anomalías: no autorizaron cambiar uso de suelo forestal en la vía que construye el gobierno estatal en el norte de Jalisco, ni se ha pedido la esencial opinión de la Conanp para estas obras.

El plantón en el paraje conocido como La Ciénaga de los Caballos persiste, pues los wixáricas de Tuapurie se oponen a la carretera. Fotos: Iván García

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Al construir la ruta pavimentada Bolaños-Huejuquilla, el gobierno de Jalisco violó cuatro declaratorias que protegen los recursos naturales de la sierra huichola, al no obtener permisos de cambio de uso de suelo forestal en ningún punto de sus 137 kilómetros de longitud, concluye una investigación de Conservación Humana, AC, organismo asesor de las comunidades wixáricas.

Se trata por un lado del área federal de protección de recursos naturales Distrito de Riego 043, creada desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés y recategorizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2003, lo cual demuestra su vigencia legal.

Por otro lado, existen las designaciones para amplias porciones territoriales de la zona como región terrestre prioritaria número 60, región hidrológica prioritaria número 22 y dos áreas de importancia para la conservación de aves: C-55 y NE-37; calificación que les dio entre 1997 y 1998 la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), entidad del gobierno mexicano (ver los mapas anexos).


Otra omisión importante es que, según el reglamento federal sobre áreas protegidas, la Conanp debe opinar sobre cualquier obra que se realice al interior de una reserva ecológica, como es este caso. Además, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) está obligada a considerar los valores y fragilidades naturales que señalan los expedientes de las regiones prioritarias de Conabio, para determinar la viabilidad de algún proyecto.

Conservación Humana, AC, presidida por Humberto Fernández Borja, realizó una investigación en el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ifai) para recabar información de las autorizaciones emitidas por el gobierno federal a favor del proyecto carretero en la sierra.

“Explícitamente, la Semarnat informa que no existe la autorización de cambio de uso de suelo. Estos documentos probatorios tienen validez legal. Como sabrán, el uso de suelo en terrenos forestales es uno de los instrumentos básicos en la legislación ambiental federal. Así que lo que ya se ha hecho en todo el tramo carretero constituye un delito señalado en el Código Penal de la Federación. Esto es válido desde Bolaños hasta Huejuquilla”, señaló Fernández Borja, en un correo electrónico dirigido a Público.

Añadió: “En la MIA [manifestación de impacto ambiental] del tramo que va del kilómetro 29 al 61, una de las condicionantes clave es justamente el que se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo; de otra manera no es válida la MIA”.

Por si fuera poco, “una buena porción del tramo Bolaños-Tenzompa se encuentra en un área protegida federal, el Distrito de Riego 043 [área de protección de recursos naturales]; también atraviesa diversas regiones prioritarias según la Conabio. Esto del área protegida federal es importante, ya que los delitos ambientales que ocurren en ella tienen mayor castigo, de acuerdo con el Código Penal Federal”.

• Los indígenas ven riesgos y oportunidades con la carretera, pero el gobierno les falsificó una asamblea para pasar la obra por allí.

El especialista consideró que “la delegación Jalisco de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] —y en general, toda la Profepa en sí— está encubriendo estos delitos, ya que todas las irregularidades son de su conocimiento; incluyendo el hecho de que no hay autorización de cambio de uso de suelo, de que las MIA no son válidas, y de que tampoco hay permiso de aprovechamiento forestal, lo que implica una tala ilegal” al abrir la servidumbre de la carretera.

A su juicio, la propia Profepa estaría cometiendo otro acto delictivo “al encubrir los delitos referidos”.

Los huicholes de Tuapurie (Santa Catarina) se oponen a las obras porque destruyen sus sitios sagrados y sus bosques, y han montado un plantón desde el 11 de febrero pasado en el paraje denominado Ciénaga de los Caballos.

También se irritaron ante la falsificación, por el gobierno, de una asamblea de comuneros presuntamente a favor de las obras (ediciones de este diario del 16 y 20 de febrero de 2008). Son dueños de 19 de los 137 kilómetros de la carretera, y aunque la Profepa les dio en parte la razón y la justicia federal les brindó una “suspensión de plano” contra las obras en el juicio de amparo 596/2008, persisten en su plantón hasta que el gobierno de Jalisco les reintegre a plenitud los derechos presuntamente violentados.

Los informes

El 5 de diciembre de 2006, la delegación Jalisco de la Semarnat emitió de forma condicionada la autorización de impacto ambiental, en modalidad particular, del proyecto de carretera estatal Bolaños-Huejuquilla, entre el kilómetro 29.14 y el 61.

“Esta delegación […] condiciona la realización del proyecto a que la promovente, previo al inicio de las actividades contempladas, obtenga la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales. En caso de que realice cualquier tipo de actividades […] sin haber dado cumplimiento a este término, la promovente [el gobierno de Jalisco] se hará acreedora a las sanciones establecidas por el título sexto capítulo IV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. Por ello, la autorización surtirá efecto legal sólo con el permiso de cambio de uso de suelo, señala el oficio SGPARN.014.02.01.01.1230/06.

El resto de los tramos carreteros no cuentan con MIA autorizada, se supone que debido a que no afectarían superficie forestal, aunque la realidad demostró ser diferente: la Profepa clausuró el 28 de febrero pasado el tramo 70.4 km a 89.58 km, correspondiente a la comunidad de Santa Catarina, debido a que allí se derribaron de forma ilegal 437 árboles (Público, 29 de febrero de 2008).

Conservación Humana, AC, hizo gestiones ante el IFAI para saber el estado de las gestiones en toda la carretera; a su vez, la Semarnat informó de este procedimiento.

“En respuesta a su solicitud: copia de la autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgada al proyecto carretera Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla el Alto, Jalisco; proyecto que se pretende desarrollar en los municipios de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla el Alto, todos ellos en el estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Finanzas/Sedeur [Secretaría de Desarrollo Urbano] […] la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos [de la Semarnat] notificó a esta unidad de enlace lo siguiente: le informo que no se han emitido autorizaciones para el proyecto de que solicita información. No obstante, se recibieron dos solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para distintos tramos de carretera, en los municipios de Bolaños-Huejuquilla [sic], respecto de los cuales no se emitieron autorizaciones” (folio 0001600041008 enviado el 26 de febrero de 2008).

• Un amparo ante la justicia federal y una clausura total temporal de las obras ha logrado Tuapurie en 40 días de plantón.

El 4 de marzo de 2008, el documento con folio 0001600040808, de la Semarnat al IFAI, reitera la no existencia de alguna autorización en la materia.

Pese a estas evidencias, hace dos días, en la costera Tomatlán, el gobernador Emilio González Márquez, en entrevista con diversos medios, descalificó la oposición a la carretera huichola: “Evidentemente hay cosas que están pasando que no tienen que ver con cuestiones ambientales, hay intereses de algún tipo —no los logro identificar—, pero hay interés en que esa región no esté bien comunicada ¿Quién puede tener interés? No lo sé” (La Jornada, 20 de marzo de 2008).

- Claves
Una región que se debe proteger

• El área de protección de recursos naturales denominada “Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043” incluye las subcuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños, Grande de Santiago, Juchipila, Atengo y Tlaltenango; abarca un millón 553,438 hectáreas de los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango y Aguascalientes, y fue creada por el presidente Miguel Alemán en 1949 (decreto fechado el 3 de agosto de 1949)

• Dicho decreto permanece en vigor, en virtud del acuerdo del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de octubre de 2002, en que dicha zona fue recategorizada

• En el caso del norte de Jalisco, están involucrados los municipios de Chimaltitán, Bolaños y Mezquitic, aunque el rescate de la vieja reserva ecológica sólo ha comenzado en 354,849.11 ha correspondientes a la cuenca del río Ameca. Allí se tiene el “laboratorio” de experiencias que posteriormente se pretende aplicar al rescate del polígono de la Sierra Madre Occidental, donde se ubican los huicholes

• Sin embargo, de derecho, se trata de una auténtica área natural protegida, y debe observarse la legislación especial existente para éstas: los proyectos de infraestructura deben ser consultados con la Conanp y las sanciones a la ley son más severas

• La zona alberga también la región terrestre prioritaria 60, “sierra los Huicholes”, sobre 1,852 kilómetros cuadrados de Jalisco y Nayarit, por donde surca casi 80 por ciento del trazo carretero. “El proyecto tiene como objetivo general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental [...] que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación”, señala la Conabio

• Es también parte de la región hidrológica prioritaria “Río Baluarte-Marismas nacionales”, de 37,768 kilómetros cuadrados. “En mayo de 1998, la Conabio inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo”.

• Además, se ubican dos AICAS (áreas de importancia para la conservación de las aves), las C-55 y NE-37. “El programa surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves [Cipamex] y BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves”

• Los dos mapas anexos, elaborados por Conservación Humana, AC, revelan la ubicación de las zonas protegidas sobre la zona por donde pasa la carretera

Riqueza forestal y minera terminó con un siglo de convivencia pacífica entre Jalisco y Colima

Indígenas nahuas denuncian que el Senado ha tomado decisiones sin escucharlos


Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Gaudencio Mancilla, del Consejo de Mayores de Ayotitlán, muestra un mapa sobre los límites territoriales del pueblo nahua

Jorge Covarruvias - LA JORNADA JALISCO

La riqueza forestal y la minera Peña Colorada, en el municipio de Cuautitlán de García de Barragán, acabaron con un siglo de pacífica convivencia entre los pueblos de Jalisco y Colima, es el diagnóstico que hace el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, cuyo organismo fue creado en septiembre de 2006 por las víctimas del conflicto de límites territoriales para defenderse de los gobiernos de ambos estados, empresas y cacicazgos.

En un documento extenso que entregaron a diversas autoridades estatales y federales desde el pasado mes de enero, comenzando por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador del estado, Emilio González Márquez, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, la asociación civil manifestó lo siguiente: “Por cerca de un siglo, los pueblos de Jalisco y Colima vivimos en pacífica convivencia, hasta que la riqueza forestal del Cerro Grande y la minera Peña Colorada, así como las ricas y hermosas playas La Culebra y San Francisco, movieron la codicia de políticos colimenses que trataron de extender su frontera, alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima”.

Jesús Hermenegildo García, Esteban Guzmán Pulgarín, Pedro Enciso Cortés, Francisco Javier Aguilar Roblada, Félix Monroy Rutilo y Plácido Villa Ruiz, indígenas de la Sierra de Manantlán avecindados en las comunidades nahuas de San Antonio, Las Pesadas, Plan de Méndez, El Platanar, Los Potros y Changavilán, en la zona de conflicto limítrofe, refirieron que los miembros que integran la Comisión de Límites Territoriales de las Entidades Federativas (CLEF) en el Senado de la República han tomado diversos acuerdos sin escucharlos a ellos, que son los propietarios legítimos de un territorio entregado en 1757 por el rey Carlos III de España, reconociendo como suyas 424 mil hectáreas que actualmente abarcan los municipios de Tolimán, Tuxcacuesco, Autlán, Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán.

“¿Por qué ese trato tan indigno y despectivo hacia nosotros? Estamos de acuerdo que en las ciudades es lo más frecuente hacia nosotros los indígenas, pero en nuestras propias tierras, montañas, casas y escuelas, levantadas por nosotros, venir a tratar de imponer obras de relumbrón para aparentar que hay progreso y que no faltan los servicios públicos a fin de seguir dándole largas al problema de fondo, es un trato injusto, cruel e inhumano que nos resulta inaceptable además de incomprensible”.

De acuerdo con los inconformes, fue en la administración del hoy secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, que el asunto cobró relevancia cuando el entonces mandatario demandó, en 1997, al estado de Colima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –derivado de una queja-denuncia interpuesta por el poblado de Las Pesadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1991– iniciándose el trámite de la Controversia Constitucional num. 3/1998, en que se reclama una extensión de 406.8 kilómetros cuadrados del territorio que les pertenece, pero que es disputado por Jalisco y Colima.

Después de ocho años de tramitarse en la primera sala de la Suprema Corte la controversia, iba ganando terreno a favor de Jalisco; sin embargo, el gobernador en turno, Francisco Ramírez Acuña, abandonó el litigio e incluso se mostró indiferente a la contrarreforma constitucional que transfirió la responsabilidad del máximo órgano de justicia de la nación, al Senado de la República, cuya instancia ni siquiera ha aprobado la Ley Reglamentaria que permitirá resolver alguno de los cuatro expedientes jurídicos del conflicto.

Manifiestan que Héctor Pérez Plazola, quien fuera secretario general de Gobierno en el pasado sexenio, ahora como senador de la República ha mantenido su postura de indiferencia, y ejemplo de ello es que no asistió a la reunión de la Comisión de Límites Territoriales en septiembre del año pasado, donde se presentó el caso de manera informal.

Una historia de matanzas

Los enfrentamientos e incidentes de violencia entre los ayuntamientos de Cihuatlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, aunque tienen varios años de suscitarse con decenas de nahuas muertos, heridos y desplazados de sus poblados, señalan los afectados, durante 2007 hubo dos momentos especialmente graves y violentos en que las corporaciones policiacas de ambos estados estuvieron a un paso de “chocar y medir la fuerza de su armamento”: la detención, el 13 de junio, de ocho ejidatarios de Plan de Méndez por policías de Colima que trabajaban en la renovación de un puente colgante sobre el río Marabasco, que permite el libre tránsito de personas, servicios y mercancías entre ambas entidades, y la suspensión en el mes de noviembre de una obra para abastecer de servicios públicos a los habitantes de la cuenca del Marabasco.

Lo anterior se suma al asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán, el 15 de julio de 2006 en una emboscada “artera”, pues fue el único funcionario que nunca llegó a arreglos con la minera Peña Colorada y que reclamó en varias ocasiones a Ramírez Acuña su “tibieza, falta de congruencia y su tolerancia a las violentas incursiones del estado de Colima contra los predios agrícolas y forestales de los nahuas”, y el 20 de abril de 2007 el homicidio de Aristeo Flores Rolón, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, sin que hasta la fecha se conozcan resultados de investigaciones, ni los nombres de los asesinos.

Ambos asesinatos se suman al de Nazario Aldana Villa, el 31 de diciembre de 2003, también integrante y refundador del Consejo de Mayores; así como el de Concepción Gabiño Quiñónez, a mediados de 2006, perteneciente a la comunidad indígena de Cuzalapa, en la Sierra de Manantlán. Quiñónez encabezaba la lucha de su comunidad contra la corrupción de la Procuraduría Agraria que, a base de trampas, pretendía imponer el Programa de Certificación de la Tierra (Procede) en la comunidad.

A puerta cerrada

El 12 de diciembre del año pasado, los gobernadores de Colima y Jalisco, además de los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, así como el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se reunieron a puerta cerrada en la escuela primaria intercultural bilingüe Kuikakalco, en el poblado de Plan de Méndez. Los afectados exigen que se muestren las actas de los acuerdos tomados, ya que los altos funcionarios llegaron en helicópteros, sin mediar la mínima consulta ni diplomacia a un territorio que les pertenece.

El Frente Regional Pro Manantlán puntualizó que los acuerdos pactados en dicha reunión no son suficientes, pues el tema de fondo está en desactivar el apartheid o segregación racial con que una minoría de personas trata a su cultura y territorio, lucran desde hace décadas mediante recursos ilícitos y criminales, y la explotación despiadada de su trabajo, los recursos acuíferos y forestales y minerales de la región.

Por lo anterior, la asociación civil emplazó al gobierno federal a reconocerla como gobierno civil o ciudadano e instar a un referéndum en caso que se niegue, pero sin la participación de ningún partido político.

“Nosotros nacimos aquí, las tierras son nuestras, los ríos y aguas nos pertenecen, no nos negamos a compartir los recursos dentro de un consenso o pacto social razonable y justo, donde no sigamos siendo las víctimas predilectas de la riqueza ajena, sino socios y actores dignos del desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad”

Defiende senadora iniciativa para que la SCJN resuelva conflictos de límites

Eva Contreras critica que intereses protagónicos puedan estar detrás de la oposición de Pérez Plazola

No hay justificación para despojar al Senado de una facultad que acaba de obtener: Comisión de Límites

JUAN CARLOS G. PARTIDA - LA JORNADA JALISCO

La senadora panista Eva Contreras defendió la iniciativa presentada para que los casos de problemas limítrofes entre entidades federativas puedan ser resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los gobernantes estatales o la composición política del propio Senado impida llegar a acuerdos.

Criticó que intereses particulares y protagónicos de su copartidario panista y también senador jalisciense, Héctor Pérez Plazola, pudieran estar detrás de su postura contraria a la mayor parte de los actores políticos jaliscienses metidos en el tema.

“Ya se presentó la iniciativa por mi parte, a título personal, hace 15 días, lo hice en las comisiones de Puntos Constitucionales porque es una reforma constitucional y en la de Gobernación”, dijo la representante jalisciense, quien señaló que tanto ella como el secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, hablaron antes con los coordinadores de cada partido representado en el Senado para que hicieran suya la iniciativa y la planteen a sus grupos parlamentarios en busca de obtener el consenso necesario para que progrese.

Dijo que tal cabildeo, de entrada, obtuvo el acuerdo de que sería lo mejor que pudiera ocurrir en el tema, pues aún no se cuenta con una ley reglamentaria que permita asumir a los senadores la función de jueces en cuestión de litigios territoriales, aunque existe la oposición manifiesta de parte de los legisladores que conforman la Comisión de Límites, porque señalan que no hay justificación para despojar al Senado de una facultad que recién obtuvo.

“En mi iniciativa dice que donde no haya convenios ni acuerdos entre los estados, entonces sí, que puedan acudir a la controversia constitucional y a la SCJN. Pero ellos tienen ese celo –entre ellos Héctor Pérez Plazola, hay que decirlo– porque todavía su ley reglamentaria no ha sido aprobada”, subrayó.

Urgió a que se tome de una vez la decisión que permita solucionar más rápidamente el conflicto que viven Jalisco y Colima desde hace años y que “ya ha ocasionado muertes”, pues el proceso que se sigue en el Senado con la falta de ley reglamentaria permite que ahora los miembros de esa comisión únicamente puedan atender, escuchar, pero no pueden resolver y “por eso a mí me urgía presentar mi iniciativa y conté con todo el respaldo de mi coordinador, a pesar que la presenté a título personal”.

Reconoció que su iniciativa, al ser ingresada a título personal, no llega con la fuerza de apoyo de toda la bancada panista, pero que decidió hacerlo así porque era la “única forma en la que iba a procesarse” al interior de su propio grupo partidista y lograr el consenso para ingresarla más tarde con el respaldo de todo el PAN, a pesar de la oposición de los 10 senadores, entre “ellos don Héctor (Pérez Plazola)”.

–¿Por qué cree que hay oposición del senador jalisciense Pérez Plazola, quien además está muy bien enterado del tema al haber sido secretario de Gobierno en Jalisco?

–Por la cuestión de que está en la Comisión de Límites y cree que lo correcto es que se les deje procesar a ellos su trabajo y después, si no se procesa nada, entonces sí que se regrese a la SCJN. Pero en ese inter pueden pasar otros seis o siete meses y yo quise presentar mi iniciativa a título personal, aunque sé que traigo el respaldo de la mayoría de los senadores del PAN.

Gastará Semades 1.5 MDP en nuevo “edificio verde”

Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Las adecuaciones del nuevo edifico al que se trasladará la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) de Jalisco, costarán 1.5 millones de pesos (MDP).

Esta cantidad, que representa 10% del presupuesto asignado este año a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), servirá para que las instalaciones cuenten con captadores de energía solar, calentadores solares, sistema de regulación térmica, entre otros materiales biodegradables.

Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Semades, negó que estos recursos sean onerosos porque los beneficios serán mayores.

“Como está actualmente es un edifico normal, pero le habremos de implementar todos lo necesario para que sea un ‘edificio verde’. Lo ideal es construirlo, porque así desde el principio le puedes poner capitación de agua de lluvia, reciclado de aguas grises. Haremos todo lo que sea posible, hay mucha tecnología.

“Sí nos van a costar un poco todas las adecuaciones, pero con lo que te ahorras de energía eléctrica, nada más lo inviertes anticipadamente porque dejas de pagar después grandes cantidades a la Comisión Federal de Electricidad. Es un esquema que se invierte y después no se gasta”.

El nuevo “edificio verde”, al que también se trasladará el personal de la Proepa, se ubica en la confluencia de las avenidas Plan de San Luis y Circunvalación.

Anteriormente, la Semades estaba situada en la calle Cubilete, donde desde febrero pasado trabaja la Procuraduría Ambiental, sin oficinas específicas.

Además del gasto en la implementación de tecnología ambientalmente sustentable, la dependencia estatal erogará 120 mil pesos cada mes en renta, mientras que la actual dirección paga 115 mil pesos.

Esto significa que la Semades, una de las secretarías que menos recursos le fueron asignados por el Poder Ejecutivo para este año, desembolsará poco más de un millón 400 mil pesos al año.

“Lo vamos a rentar porque es un precio inmejorable, prácticamente lo mismo que estamos rentando acá (en Cubilete), pero también entra la Proepa. Son 120 mil pesos mensuales, es casi lo mismo, actualmente estamos pagando 115 mil pesos. No se afecta en nada nuestro presupuesto”.

El contrato de renta ya fue firmado desde la semana pasada con el dueño del nuevo edificio, por lo que en unos meses más podría estar en operaciones.

¿Qué tendrán las instalaciones?

Captadores de energía solar.

Calentadores solares.

Material biodegradable.

Capitación de agua de lluvia.

Reciclado de aguas grises.