Revela estudio de la CEDHJ violación cotidiana de derechos humanos en Cihuatlán y Cuautitlán

Comuneros del municipio de Ayotitlán Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Solicitó a la PGR investigar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en la zona

En sus recorridos, ha documentado cateos, allanamientos de morada, homicidios y despojos

Raúl Torres – LA JORNADA JALISCO

En la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, que se recrudece en los municipios de Cihuatlán y Cuautitlán, ambos gobiernos permiten la violación diaria de al menos 16 de los derechos fundamentales, según el informe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entregó al Congreso local durante su encuentro el jueves pasado con las comisiones de Gobernación, Justicia y Asuntos Indígenas.

Debido a esta situación es que la CEDHJ solicita la intervención de la Procuraduría de General de la República para que haga “una amplia investigación para determinar si hay elementos que acrediten crímenes de lesa humanidad contra los indígenas de Ayotitlán y la cuenca del Marabasco”, las dos comunidades más golpeadas por la situación que hasta ahora no puede resolver el gobierno federal.

El diagnóstico que desde el 2 de agosto de 2007 comenzó a hacer la CEDHJ señala que “no obstante que durante el último año se incrementó la atención a estas comunidades al dotarlas de algunos servicios y obras de infraestructura, la mayoría de los pobladores sufre de manera permanente la vulneración de los siguientes derechos humanos: el derecho a la legalidad, a la libertad, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad, a la propiedad, a la vida, al trato digno, a la educación, a la protección de la salud, al trabajo, a la vivienda, a la paz, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo”.

Entre las situaciones que ha logrado documentar la CEDHJ durante sus recorridos por la zona, se encuentran cateos y allanamientos de morada, homicidios y despojos cuyos procesos no concluyen y generan impunidad, los intimidatorios retenes hechos por policías de diferentes municipios en una misma comunidad, discriminación por parte de las autoridades al no brindar los mismos servicios en todas las zonas, tortura, amenazas y lesiones.

El documento de la Comisión explica que aunque son siete municipios de Jalisco los que colindan con tres localidades de Colima, la zona de conflicto se centra en la frontera donde se ubican Cihuatlán, Manzanillo, Cuautitlán y Minatitlán.

Esta situación no es casual para la CEDHJ, pues en el diagnóstico que ya tienen en sus manos los diputados locales se hace referencia a que “dentro de la zona de conflicto se encuentran diversas áreas ricas en recursos naturales, entre las que destacan parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán y cinco kilómetros de playas con altas posibilidades de desarrollo turístico”.

La investigación realizada por la CEDHJ indica que las mayores carencias se encuentran en el municipio de Cuautitlán, al que pertenecen los ejidos de Ayotitlán y Plan de Méndez, además de la comunidad indígena de Chacala; en esta región, Colima y Jalisco se disputan una extensión territorial de 21 mil 686 hectáreas que se encuentran bajo los regímenes de propiedad ejidal y comunal.

Al hacer una comparación entre las comunidades que se encuentran en la zona de conflicto, la CEDHJ determinó que en Cuautitlán los gobiernos de Colima, Jalisco y el propio gobierno federal ejercen discriminación porque ninguno ofrece condiciones de desarrollo similares a las que (aunque escasas) hay en Cihuatlán.

“La discriminación contra las comunidades se hace patente en los acuerdos parciales para la dotación de servicios. Un ejemplo es el reciente acuerdo para que el gobierno federal dote de servicios e infraestructura al poblado de Plan de Méndez, pero deja fuera de sus alcances a otras comunidades como El Platanar, Las Pesadas o El Rebalse”, precisa el documento.

Es en 18 comunidades de Cuautitlán donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó “las situaciones más dolorosas”.

En términos de salud “persiste la falta de infraestructura; los pocos centros de salud no cuentan con las áreas necesarias para brindar un servicio integral; no existe un solo hospital en la zona serrana; debido a las grandes distancias entre las localidades, resulta indispensable la dotación de ambulancias, en estos momentos sólo los pobladores de Telcruz cuentan con un vehículo habilitado para el transporte de enfermos y es proporcionado por los ejidatarios, la Secretaría de Salud incluso ha negado la habilitación de algunos vehículos aportados por el ejido de Ayotitlán con el argumento de que ‘no cumplen los requisitos técnicos’; en la actualidad la gente mueve a sus enfermos a lomo de bestia o en carretilla”, indica el análisis de la CEDHJ.

Este tipo de situaciones se desgranan en decenas y de forma detallada del informe que además aborda las carencias en materia educativa, de infraestructura, desarrollo, seguridad pública y acceso a la justicia.

En este último rubro la Comisión hace hincapié en la imperiosa necesidad de esclarecer los homicidios de Nazario Aldama Villa, Paulino Monroy Cobián (acaecidos el 31 de diciembre de 2004), Concepción Gabino Quiñónez (ocurrido el 20 de marzo de 2006), Raúl Delgado Benavides, Francisco Javier Nogales (ejecutados el 15 de julio de 2006) y Aristeo Flores Rolón (asesinado el 20 de abril de 2007), como condición para frenar la impunidad.

En opinión de la CEDHJ, “no se ha valorado la magnitud del problema y lamentablemente prevalece un clima de enfrentamiento que atenta contra la paz y la integridad física de las personas”, de ahí el llamado de la CEDHJ para que todas las entidades de gobierno involucradas para determinar la solución del problema de límites entre Jalisco y Colima no la aplacen más, pues “mientras los gobiernos se confrontan, la población sufre la carencia de servicios primarios indispensables”, asegura el diagnóstico.

Antonio Serratos Puga (foto), agente municipal de El Platanar, en Cuautitlán, huyó de esa comunidad debido a que el gobierno de Colima giró una orden de aprehensión en su contra “por defender la tierra” que posee de especuladores inmobiliarios e invasores que se dicen legítimos propietarios, denuncia.

Los ejidatarios a los que representa enfrentan un litigio para recuperar la posesión de las 400 hectáreas que, afirma, les fueron arrebatadas Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

Como los dólares devastan selvas

“San Pancho debe crecer para algún lado”, advierte director de empresa. La Profepa los sancionó, pero desarrolladora niega la tala de árboles.

Faurest Montenegro, el polémico director de Emerald Coast, en sus oficinas. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La firma Emerald Coast se hizo famosa entre los ambientalistas de Nayarit por dos hechos contradictorios: mientras sus directivos apoyaban las mejoras del pueblo de San Pancho y estrechaban vínculos con las autoridades locales, su maquinaria penetraba el “bosque protegido” ubicado al otro lado de la carretera, abría calles empinadas y ascendía las laderas hasta la cumbre desde la que se atisba el mar.

Estas obras se realizaron sin contar con un solo permiso de impacto ambiental o para cambiar el uso de suelo forestal (que debe emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y sin tener autorizaciones municipales. Sería muchos meses después, a finales de 2007, ya con una multa federal a cuestas, que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas aceptaría que la zona dejó de ser “bosque protegido” y emitiría los permisos, con protesta ecologista de por medio.

El 12 de marzo de 2007 se presentó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular anónima en la que se señala “el desarrollo inmobiliario que surgió súbitamente en el cerro […] una brecha que antecedió a una tala y quema de la zona forestal, misma que fue subdividida, promovida y vendida como lotes con vista al mar…”.

El quejoso, después de hacer un recuento de las omisiones legales, agrega: “la situación de ser, o haber sido antes de la quema, una zona forestal no susceptible a aparcelamiento o subdivisión en una zona prioritaria para la conservación, y que esté siendo urbanizada y vendida muy cara a extranjeros, ha despertado en otros propietarios la intención de seguir esos pasos: deforestar y subdividir para urbanizar la sierra de Vallejo con casas vendidas como ranchitos ecológicos”. Alarmante, dice, pues la Riviera Nayarit trae las tasas de crecimiento urbano más altas del Pacífico mexicano.

El 20 de abril siguiente, se realizó la inspección, “observándose los hechos denunciados, generando acta de inspección con irregularidades al C. Pablo Hernández Virgen, ya que durante la inspección no mostró el permiso y/o autorización correspondientes para los trabajos”, indica un oficio del organismo federal.

Hernández Virgen es el ejidatario que vendió a Emerald Coast ese pedazo de tierra, dicen que a 100 mil dólares por hectárea, cosa que el campesino ni niega ni acepta, pero a quien dude de su nuevo estilo de vida, ya posee una Hummer de más de medio millón de pesos aunque sigue vendiendo cocos en la avenida Tercer Mundo de San Francisco.

Si la Profepa procedió en su contra es porque no se ha realizado la transferencia del terreno del régimen ejidal al de pequeña propiedad. Esto dejó limpia a la empresa de Faurest Montenegro Vázquez [o Vaugham Taylor] y Erik James Loguerquist, pero se debió pagar una multa. Según la versión que dio Montenegro Vázquez a Público, su error fue confiar en terceros.

- Cuestionan muchos ambientalistas el modo en que han obtenido autorizaciones municipales y han logrado retirar la zonificación de “bosque protegido”…

- Qué te puedo decir, yo no estaba en esa junta [del ayuntamiento], el argumento lo he escuchado y básicamente es una equivocación, no está ninguno de los terrenos dentro de lo que es sierra de Vallejo, que es un bosque protegido a nivel federal y a nivel estatal…

- Pero es municipal.

- Yo creo que vieron [en el ayuntamiento] la necesidad de ampliar en San Pancho el crecimiento que se está dando […] habrá quince mil personas, pues en dónde las pones […] aunque lo tenían como bosque protegido, pues ve, en dónde están los árboles, lo tenían muy a uso agricultural [sic], por muchos años, entonces lo tenían que arreglar...

- Pero entonces, si no había bosque, ¿por qué Profepa los sancionó?

- Nomás habíamos puesto accesos o calles, vialidades donde siempre había accesos y vialidades aunque no tenían empedrado, pero sin tener que tumbar un árbol, por equivocación de nuestra parte, y lo reconocemos.

- ¿Entonces no tumbaron árboles?

- Ni un árbol se tumbó.
- ¿Pero en qué consistió la sanción de Profepa si no tumbaron árboles?

- Por entrar sin permiso de cambio de uso de suelo […] hubo una gran falta de comunicación con la empresa [contratada por Emerald Coast] que llevaba a cabo todo esta tramitología y que las sanciones a través de la Profepa van contra ellos.

- ¿La empresa era la responsable de sacar los permisos?

- Así es.

- ¿Cómo se llama la empresa que ustedes contrataron?

- No lo puedo decir, hay sanciones contra ellos por la Profepa y denuncia y demandas por parte nuestra, entonces hasta que salga esto.

- ¿Pero seguirá trabajando con ustedes esa empresa?

- No, por supuesto, están demandados por nuestra parte y los representantes, igual como fraude, con denuncias importantes y fuertes.

El 22 de noviembre de 2007, en sesión del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano Rural, se aprobó apoyar los tres desarrollos en zona de selva que planteaba Emerald Coast, aunque la representante de la Secretaría de Turismo en el área, Georgina Rodríguez Martínez, se levantó de la reunión como protesta, y los ecologistas, abanderados por Erik Saracho, de la Alianza Jaguar, protestaron por el procedimiento fast track.

Haciendo caso omiso de las quejas, los regidores de Bahía de Banderas aprobaron los dictámenes el 21 de diciembre siguiente.

Buscarán pobladores de “Temaca” ampararse contra Presa El Zapotillo

Lo harán antes de que inicien los trabajos de la obra

Evelyn Águila – EL INFORMADOR

Los pobladores de Temacapulín, comunidad del municipio de Cañadas de Obregón, están decididos a ampararse contra la construcción de la Presa El Zapotillo, para no perder sus tierras, ni viviendas.

El delegado de la localidad, Clemente Torres Yáñez, aclaró que hasta el momento no se han defendido por la vía legal, porque aún no inician los trabajos de la obra, pero antes de que eso suceda se ampararán.

“Tendríamos que ver qué tan avanzado está el proyecto para ampararnos, porque es muy desgastante. Si nos amparamos ‘ahorita’ y de aquí a dos o tres años empiezan apenas la construcción de la cortina, ya no tendríamos ningún dinero”.

— ¿Pero de continuar con el proyecto recurrirán al amparo?

—Claro que sí nos ampararemos y a lo mejor lo hacemos en grupo.

Hasta el momento, únicamente una persona de “Temaca” está amparada contra la presa, luego de que en la pasada administración —encabezada por el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña— se anunciara la realización de este proyecto hidráulico que también dejará bajo el agua las comunidades de Acasico y Palmarejo.

El funcionario reprobó la falta de atención de parte de las autoridades estatales y federales, al no informales lo que pasará con los afectados y la cercanía de la obra: “Todos estamos inconformes, hemos ido a manifestarnos y no nos han escuchado. Estamos en contra del proyecto porque saldremos perjudicados, no estamos en contra de que lo hagan, sabemos que el agua es un líquido que se necesita, pero lo que no queremos es que el pueblo se pierda”.

La Presa El Zapotillo anegará cuatro mil hectáreas, para dotar de agua a 14 localidades alteñas y paralelamente abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) y la ciudad de León, Guanajuato.

“Sabemos que perjudican un pueblo y se benefician dos o tres millones de personas, pero a nosotros nos importa nuestro pueblo. No es que seamos egoístas, pero no se vale que porque se van a beneficiar millones de personas, tengamos que acceder a perderlo”, reprochó Torres Yáñez.

Ante la promesa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de reubicar a los afectados a un nuevo centro poblacional localizado a menos de un kilómetro de Temacapulín, el delegado negó que puedan cumplirlo.

“Prometer no empobrece. El gobierno te va a prometer pero no te va a cumplir, a nosotros qué nos pueden prometer aquí en la parte de La Pastoría, donde ellos pretenden reubicarnos si nosotros conocemos el suelo, lo que es, y sabemos la parte de suelo de aquí abajo (Temacapulín), entonces el irnos a otro lado nos perjudica, no salimos beneficiados en nada”.

— ¿Por qué considera que los perjudicarían al cambiarlos de lugar?

— Por el espacio, la amplitud del terreno. Supongamos, aquí tienes tú casa y tienes dos o tres hectáreas más para trabajar, ahí nos van a dar casa, pero serán más pequeñas y no tendremos espacio para sembrar o engordar ganado: ¿dónde nos van a comprar ese terreno si no hay de la misma calidad? es pura piedra y ladera.

— ¿Está convencido de que a final de cuentas saldrán perdiendo?

— Sí. A final de cuentas saldremos perdiendo y eso no nos lo van a decir. Nosotros lo sabemos, y como te digo, el prometer no empobrece. Ahora nos dicen algo, pero al final será otra cosa. Por eso no vamos a acceder en ningún momento a que el pueblo sea reubicado.

La semana pasada, el director en la región de la Conagua, Antonio Iglesias Benítez, confirmó que la edificación de la presa es inminente, por lo que intensificarán las negociaciones con los indemnizados, que hasta el momento se mantienen en contra de la obra.