Solicitó a la PGR investigar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en la zona
En sus recorridos, ha documentado cateos, allanamientos de morada, homicidios y despojos
Raúl Torres – LA JORNADA JALISCO
En la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, que se recrudece en los municipios de Cihuatlán y Cuautitlán, ambos gobiernos permiten la violación diaria de al menos 16 de los derechos fundamentales, según el informe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entregó al Congreso local durante su encuentro el jueves pasado con las comisiones de Gobernación, Justicia y Asuntos Indígenas.
Debido a esta situación es que la CEDHJ solicita la intervención de la Procuraduría de General de la República para que haga “una amplia investigación para determinar si hay elementos que acrediten crímenes de lesa humanidad contra los indígenas de Ayotitlán y la cuenca del Marabasco”, las dos comunidades más golpeadas por la situación que hasta ahora no puede resolver el gobierno federal.
El diagnóstico que desde el 2 de agosto de 2007 comenzó a hacer la CEDHJ señala que “no obstante que durante el último año se incrementó la atención a estas comunidades al dotarlas de algunos servicios y obras de infraestructura, la mayoría de los pobladores sufre de manera permanente la vulneración de los siguientes derechos humanos: el derecho a la legalidad, a la libertad, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad, a la propiedad, a la vida, al trato digno, a la educación, a la protección de la salud, al trabajo, a la vivienda, a la paz, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo”.
Entre las situaciones que ha logrado documentar la CEDHJ durante sus recorridos por la zona, se encuentran cateos y allanamientos de morada, homicidios y despojos cuyos procesos no concluyen y generan impunidad, los intimidatorios retenes hechos por policías de diferentes municipios en una misma comunidad, discriminación por parte de las autoridades al no brindar los mismos servicios en todas las zonas, tortura, amenazas y lesiones.
El documento de la Comisión explica que aunque son siete municipios de Jalisco los que colindan con tres localidades de Colima, la zona de conflicto se centra en la frontera donde se ubican Cihuatlán, Manzanillo, Cuautitlán y Minatitlán.
Esta situación no es casual para la CEDHJ, pues en el diagnóstico que ya tienen en sus manos los diputados locales se hace referencia a que “dentro de la zona de conflicto se encuentran diversas áreas ricas en recursos naturales, entre las que destacan parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán y cinco kilómetros de playas con altas posibilidades de desarrollo turístico”.
La investigación realizada por la CEDHJ indica que las mayores carencias se encuentran en el municipio de Cuautitlán, al que pertenecen los ejidos de Ayotitlán y Plan de Méndez, además de la comunidad indígena de Chacala; en esta región, Colima y Jalisco se disputan una extensión territorial de 21 mil 686 hectáreas que se encuentran bajo los regímenes de propiedad ejidal y comunal.
Al hacer una comparación entre las comunidades que se encuentran en la zona de conflicto, la CEDHJ determinó que en Cuautitlán los gobiernos de Colima, Jalisco y el propio gobierno federal ejercen discriminación porque ninguno ofrece condiciones de desarrollo similares a las que (aunque escasas) hay en Cihuatlán.
“La discriminación contra las comunidades se hace patente en los acuerdos parciales para la dotación de servicios. Un ejemplo es el reciente acuerdo para que el gobierno federal dote de servicios e infraestructura al poblado de Plan de Méndez, pero deja fuera de sus alcances a otras comunidades como El Platanar, Las Pesadas o El Rebalse”, precisa el documento.
Es en 18 comunidades de Cuautitlán donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó “las situaciones más dolorosas”.
En términos de salud “persiste la falta de infraestructura; los pocos centros de salud no cuentan con las áreas necesarias para brindar un servicio integral; no existe un solo hospital en la zona serrana; debido a las grandes distancias entre las localidades, resulta indispensable la dotación de ambulancias, en estos momentos sólo los pobladores de Telcruz cuentan con un vehículo habilitado para el transporte de enfermos y es proporcionado por los ejidatarios, la Secretaría de Salud incluso ha negado la habilitación de algunos vehículos aportados por el ejido de Ayotitlán con el argumento de que ‘no cumplen los requisitos técnicos’; en la actualidad la gente mueve a sus enfermos a lomo de bestia o en carretilla”, indica el análisis de la CEDHJ.
Este tipo de situaciones se desgranan en decenas y de forma detallada del informe que además aborda las carencias en materia educativa, de infraestructura, desarrollo, seguridad pública y acceso a la justicia.
En este último rubro la Comisión hace hincapié en la imperiosa necesidad de esclarecer los homicidios de Nazario Aldama Villa, Paulino Monroy Cobián (acaecidos el 31 de diciembre de 2004), Concepción Gabino Quiñónez (ocurrido el 20 de marzo de 2006), Raúl Delgado Benavides, Francisco Javier Nogales (ejecutados el 15 de julio de 2006) y Aristeo Flores Rolón (asesinado el 20 de abril de 2007), como condición para frenar la impunidad.
En opinión de la CEDHJ, “no se ha valorado la magnitud del problema y lamentablemente prevalece un clima de enfrentamiento que atenta contra la paz y la integridad física de las personas”, de ahí el llamado de la CEDHJ para que todas las entidades de gobierno involucradas para determinar la solución del problema de límites entre Jalisco y Colima no la aplacen más, pues “mientras los gobiernos se confrontan, la población sufre la carencia de servicios primarios indispensables”, asegura el diagnóstico.
Antonio Serratos Puga (foto), agente municipal de El Platanar, en Cuautitlán, huyó de esa comunidad debido a que el gobierno de Colima giró una orden de aprehensión en su contra “por defender la tierra” que posee de especuladores inmobiliarios e invasores que se dicen legítimos propietarios, denuncia.
Los ejidatarios a los que representa enfrentan un litigio para recuperar la posesión de las 400 hectáreas que, afirma, les fueron arrebatadas Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
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