Nadie se muere por un buche de agua del Río Santiago: CCIJ

Guillermo Cortés - NOTISISTEMA Por ingerir un buche de agua del Río Santiago nadie se muere, asegura este miércoles el líder de los industriales en Jalisco Javier Gutiérrez Treviño, quien descarta que la contaminación del cauce haya ocasionado la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha: “Con un buche de agua ahí de seguro nadie se envenena, tiene eso años, o sea, yo creo que esto lo están politizando y es desgraciadamente como somos los jaliscienses para que no camine el Estado… ¿Usted está dispuesto? Pues sí, yo creo que sí me lo echo… ¿Lo acompañamos a ver si se lo echa? Sí, sí me lo echo, claro que sí, qué le pasa a uno con eso, cuando quieran ustedes, no pasa nada”. Agrega que se sataniza a las industrias al señalar que son las responsables de la contaminación del Río Santiago.

Rechazan emergencia sanitaria

La declaratoria ha sido solicitada por pobladores de Juanacatlán y El Salto; Gobierno del Estado y Congreso dicen no a las propuestas.

Evelyn Aguila y Leticia Fonseca – EL INFORMADOR

Al tiempo que los diputados del Congreso local rechazaron declarar emergencia sanitaria en Juanacatlán y El Salto, el Poder Ejecutivo negó la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en este mismo sitio, pese a que la semana pasada falleció el niño Miguel Ángel López Rocha intoxicado por arsénico, presuntamente proveniente del contaminado Río Santiago.

Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, aseguró en rueda de prensa que la problemática de contaminación del Río Santiago no está fuera de control, y que las medidas a corto y largo plazo que planean son suficientes para que vuelva a estar limpio.

“La emergencia ambiental está prevista en la legislación federal, pero no hay una regulación precisa de cómo proceder, y aquí no estamos en este momento en una situación que esté fuera de control. Ha habido un problema, hay una contaminación que es indudable, hay un atraso y un rezago histórico que está a la vista.

“El asunto se ha agudizado, pero las decisiones que se han tomado en coordinación del Gobierno del Estado con las instancias federales y estatales involucradas, nos dan para resolver este asunto, no es necesario declarar una emergencia. ¿En qué sentido? ¿Con qué alcance? ¿Para qué?”, cuestionó, al tiempo de subrayar que “las emergencias se declaran para atender una contingencia y resolverla”, situación que a su juicio no se ha presentado.

Ayer, en el Congreso estatal se votó en contra de una propuesta de punto de acuerdo para que se declare zona de emergencia sanitaria en el punto más crítico de polución de Río Santiago, ubicado a la altura de Juanacatlán y El Salto. El rechazo fue de la mayoría panista, 20 diputados, por 16 votos a favor de la oposición.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Salinas Osornio, argumentó que no se justifica la declaratoria de emergencia sanitaria, ya que ésta se solicita cuando el Gobierno del Estado reconoce que no cuenta con los recursos suficientes, o carece de la capacidad operativa para hacer frente al problema (en este caso las consecuencias de la contaminación del Río Santiago), y esto no ha sucedido en Jalisco.

Esta emergencia sanitaria también fue solicitada por expertos integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua, quienes además responsabilizaron a las autoridades de la grave contaminación. Ayer, diversos Organismos No Gubernamentales de Jalisco pidieron —mediante un comunicado— se emitan estas declaratorias.

Desviarán aguas negras

En Casa Jalisco, Fernando Guzmán anunció luego de una reunión con autoridades en materia ambiental de los tres órdenes de Gobierno, que hoy arranca la construcción del colector que correrá de forma paralela al Río Santiago, para desviar las aguas negras del Arroyo El Ahogado, evitando así que la contaminación se acumule en la confluencia de Juanacatlán y El Salto, donde se forma una pestilente represa que provoca la proliferación de lirio y mosquitos.

Esta obra, que tendrá una longitud de 3.5 kilómetros, costará entre 12 y 14 millones de pesos. Originalmente se había establecido una excavación de hasta siete metros, pero luego de una serie de estudios se concluyó que será de dos metros de profundidad. Las aguas negras volverán al cauce del Río Santiago, abajo de la Presa de El Salto, con la misma calidad en como se vierten, es decir, sin ningún tipo de tratamiento.

Piden huicholes indemnización

Exigen el pago de 5 millones de pesos por las afectaciones de una carretera. Piden la destitución de funcionarios Mario Gutiérrez y Sergio Hernández - MURAL La asamblea indígena wixaritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Municipio de Mezquitic, exigirá a los Gobiernos estatal y federal el pago de 5 millones de pesos por la destrucción que provocó en su territorio la construcción de la carretera Amatitán-Huejuquilla, a la cual se oponen. Los wixaritari, conocidos como huicholes, acusan que las autoridades transgredieron sus usos y costumbres al construir la carretera sin su autorización, y que violaron sitios sagrados. En la asamblea, sus integrantes acordaron pedir la cancelación de los trabajos en el tramo que pertenece a la comunidad; volver a colocar los alambrados de los predios que se retiraron; reparar la tubería que la maquinaria pesada dañó en el manantial Los Órganos; dejar el camino de terracería como estaba; reparar los daños ambientales provocados por los cortes y excavaciones, y cancelar el procedimiento de expropiación realizado ante el registro agrario. Además de los daños ambientales provocados valuados en 5 millones de pesos, la asamblea determinó que deberán pagarse 130 mil pesos por saqueo de grava. El 11 de febrero cientos de wixaritari frenaron las obras de la vía que unirá Amatitán con Huejuquilla y llamaron a los Gobiernos estatales, municipales y federales para que explicaran el proyecto y negociaran con la comunidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), que estuvo en el lugar del bloqueo, podría presentar hoy a las autoridades las demandas planteadas por la asamblea wixaritari. Piden renuncias

La asamblea de la comunidad indígena de Santa María Cuexcomatitlán decidió solicitar la renuncia del delegado en Jalisco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Guadalupe Flores, y del titular de la Comisión Estatal Indígena, Francisco Carrillo.

Lo anterior fue informado la tarde de ayer vía telefónica por los indígenas que mantienen tomado parte del tramo carretero en construcción que va de Huejuquilla a Bolaños, y que se mantienen en rebelión en el paraje Ciénega de Los Caballos, en el municipio de Mezquitic.

La asamblea reaccionó así ante la supuesta falsificación de una autorización que habrían otorgado los indígenas para pasar la vía por su territorio, documento que para los wixaritis es un documento falsificado.

El enojo fue parejo y piden también juicio político contra los presidentes municipales de Huejuquilla El Alto, Miguel Ángel Medina López; de Mezquitic, Ernesto Alatorre Martínez, y de Bolaños, Luis Alberto Zamora, a quienes acusan de estar coludidos con autoridades federales y estatales que les han dañado parte de su territorio.

“No obstante que la comunidad no acepta la carretera en su territorio exigimos una auditoria ambiental y financiera de todo el proyecto carretero”, indica el comunicado dado a conocer a MURAL vía telefónica por los indígenas.

“La comunidad se pregunta si la imposición de este tipo de proyectos particulares son parte de las políticas del Gobierno del estado, las instituciones federales y municipales que se coludieron para la realización de esos delitos o fue la actuación de un grupo de funcionarios que estuvieron dispuestos a actuar al margen de la ley con tal de cumplir las metas que sus superiores les estaban exigiendo”.

Los wixariti aseguran que las obras carreteras, iniciadas por la Sedeur la administración pasada, han dañado sus recursos naturales, manantiales y sitios ceremoniales.

Huicholes rompen con el gobierno por falsificar acta

Exigen enjuiciamiento penal a responsables del documento falso sobre asamblea que reveló Público

Maquinaria detenida en la carretera Bolaños-Huejuquilla. Foto: Iván García

Por mentir sobre carretera, piden renuncia y juicio a los representantes. En riesgo, una inversión de más de 400 millones de pesos, admite la CDI.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Ciénaga de los Caballos, Mezquitic – ENVIADO

Si el viento es cólera de dioses, las deidades estaban especialmente molestas la tarde del lunes, en lo alto del cerro de la Guacamaya, de la Sierra Huichola, pues un aire frío bajaba con ímpetu, levantando el polvo y atormentando los ojos de cientos de asistentes a la asamblea de la comunidad de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, donde se dieron curso las iras humanas.

Allí, en el predio conocido como la Ciénaga de los Caballos, acosados por los elementos y un desgastante plantón casi a la intemperie que ya rebasa una semana, los huicholes rompieron con el gobierno.

Engaño, hipocresía, simulación de actos y de documentos son la causa de su irritación, luego de que Público reveló el pasado 16 de febrero la existencia de un documento a su vez proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur): una presunta acta de asamblea en que 486 comuneros habrían aprobado, el 9 de septiembre de 2007, la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, sobre 19 kilómetros de su territorio.

Un día en que no pasó nada relevante. Un día en el cual unos cuantos, que no daban para crear un quórum, se reunieron para discutir aspectos de cultura. Un día en que nadie de los indígenas reconoce haber firmado nada que sea un derecho de vía.

Por eso la irritación; y de ahí, la petición de una investigación que dé con los responsables de falsificar el acta y se les incrimine penalmente; y la exigencia de que la maquinaria sea retirada y de que las autoridades se olviden de “su” carretera, que sólo ven como instrumento de penetración cultural y económica en territorios inmemorialmente resguardados por la accidentada orografía, pero tentación irresistible para el progreso.

“Se imaginaban que habría alguna autorización, legalmente improcedente, de los miembros del comisariado de bienes comunales, pero nunca una autorización evidentemente espuria de toda la asamblea; se pasaron de la raya”, comentó un vocero de los indígenas.

Guadalupe Flores Flores, director regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y Francisco López Carrillo, director de la Comisión Estatal Indígena, escuchaban prudentes la retahíla de acusaciones en contra de los actores públicos, como únicos asistentes a la asamblea, luego de que el resto de los titulares de las dependencias municipales, estatales y federales se excusó de asistir a la convocatoria, o de plano no dijeron por qué no asistirían.

Pero evidentemente, como lo reveló el responsable de la CDI, se debe a que el pasado jueves 14 de febrero casi todos estuvieron, pero no los quisieron recibir.

Irónicos e incisivos, los huicholes cargaron sus baterías sobre los documentos apócrifos donde el descuido es tal que se les dice “ejidatarios” (estos documentos se pueden consultar en www.verdebandera.blogspot.com), y atiborraron de preguntas a los dos funcionarios, que se limitaron a señalar que esos textos eran responsabilidad de la Sedeur y que, si no querían la carretera, no la tendrían, y la inversión de unos 400 millones de pesos (en dos anualidades) se iría del estado.

“Las autoridades del gobierno me piden que les diga que se mantienen disponibles a una negociación, pero piden que no sea aquí [en Ciénaga de los Caballos] sino en alguna cabecera municipal, y no con toda la asamblea, porque es imposible discutir con todos”, añadió Flores Flores.

Los wixaritaris negaron cualquier posibilidad, agraviados con la mentira. “Nos engañan, y eso es lo peor, porque ya no somos niños, somos mayores de edad”. Exigieron un estudio de daños, un pago de indemnizaciones —se maneja una cifra de cinco millones de pesos—, la reforestación y restauración de las laderas abiertas que se están erosionando, la recuperación de lugares sagrados arrasados por la maquinaria, la cancelación de cualquier registro agrario que avale la documentación apócrifa, la rehabilitación de la tubería de casi 25 kilómetros que lleva agua a Los Órganos, y fue dañada por la obra.

A este planteamiento agregaron ayer martes otro: juicio político a los presidentes municipales de Huejuquilla el Alto (Miguel Ángel Medina López), Mezquitic (Ernesto de la Torre Martínez) y Bolaños (Luis Alberto Zamora Zamora), y la renuncia de los representantes de la CI y de la Comisión Estatal Indígena, los únicos que dieron la cara ese atardecer. También esperan que, muy pronto, los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán —los huicholes del sur— se unan al bloqueo a la obra carretera, e incluso los mestizos del ejido forestal de Los Amoles.

Es el invierno boreal, es febrero; mes de los vientos impetuosos, en que los dioses de los wixaritaris parecen llenarse de cólera. Pero como todas las estaciones del año, también es tiempo propicio para traiciones, fingimientos o iras del hombre.

No es el único asunto a atender, asegura Fernando Guzmán

El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, aseguró ayer que las negociaciones con los wixaritaris de la comunidad indígena de Santa Catarina no son la única prioridad del gobierno estatal, razón por la cual no se acudió a la convocatoria del pasado lunes al predio La Ciénaga de los Caballos, donde los indígenas bloquean la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla desde el pasado 11 de febrero.

Entrevistado en el programa Cosa Pública, de Radio Metrópoli, el funcionario aseguró además que no hay ninguna labor de falsificación en el acta de asamblea de la comunidad que dio conocer la Sedeur a Público, la cual sólo tiene el aval de los integrantes del comisariado de bienes comunales en esas fechas, Felipe Bautista Carrillo, Pedro Hernández Torres y Daniel Medina de la Rosa, quienes en noviembre de 2007 dejaron los cargos como presidente, secretario y tesorero de Taupurie.

Según los voceros de los huicholes, los tres fueron presionados por distintos actores gubernamentales, pero su autorización es espuria porque no hay un acuerdo de asamblea.

La carretera Bolaños-Huejuquilla, de 130 kilómetros, es una obra financiada con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), federal, y del gobierno de Jalisco.

El primer año programó una inversión de cerca de 217 millones de pesos y para este año tendría una cantidad similar. Mientras las autoridades locales la ven como una posibilidad de combatir la marginación, los indígenas denuncian el daño ambiental, el riesgo de que la cacería y la tala clandestinas logren entrar con facilidad a sus predios, y que se dé un proceso de apropiamiento de sus recursos naturales por parte de intereses ajenos.

A estos juicios desfavorables, la realización de una “asamblea simulada” fue la puntilla, pues acusan a la Sedeur y al gobierno de incurrir en mentiras para sacar adelante sus proyectos.

Logra Nixticuil la protección

José David Estrada - MURAL Después de dos años y medio de espera, el Bosque del Nixticuil, ubicado al norte de Zapopan y con una extensión de mil 591 hectáreas, fue decretado ayer por el Congreso del Estado como un Área Natural Protegida (ANP). El dictamen aprobado señala que esta zona tendrá la categoría de manejo de área municipal de protección hidrológica, y su extensión abarca las áreas conocidas como El Nixticuil, San Esteban y El Diente; además se aprobó el programa de aprovechamiento del ANP. "Se declaran zonas sujetas a protección hidrológica municipal, para el efecto de destinarlas a la preservación y protección del suelo, las aguas, las bellezas escénicas y en general de los recursos naturales, forestales y de sus cuencas hidrográficas, ya que representa un área prioritaria a proteger por los valores ambientales que tienen y los servicios ambientales que prestan, no solo al Municipio de Zapopan, sino a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara", señala el documento aprobado. El decreto establece dos diferentes zonas de protección, las zonas núcleo de protección, que son las que han sufrido muy poca alteración o alojan ecosistemas relevantes o frágiles, por lo que requieren de un cuidado especial; y las de uso restringido, en donde se podrán realizar excepcionalmente actividades que no modifiquen los ecosistemas y estén sujetas a estrictas medidas de control. Habrá zonas de amortiguamiento en las que podrán realizarse actividades orientadas al aprovechamiento sustentable, en donde podrán haber desarrollos habitacionales sólo si existían antes de esta declaratoria. El 31 de julio del 2005 se propuso en el Ayuntamiento de Zapopan declarar como área protegida el Bosque del Nixticuil y la aprobación del Congreso representa la culminación del proceso. Además de la declaratoria de protección municipal aprobada por el Congreso, la semana pasada se publicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inició el 1 de febrero una consulta pública para declarar otra zona protegida en la que está incluido el Nixticuil. Se trata del área natural de la Barranca del Río Santiago y del Río Verde, con una extensión total de 56 mil 782 hectáreas, la cual incluye territorio de los municipios de El Salto, Juanacatlán, Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo, Acatic, Tepatitlán de Morelos, Cuquío, Ixtlahuacán del Río y Zapopan.

Estudia CNDH actuar; exigen ONGs acciones

Piden informe sobre la contaminación del Río Santiago. Asociaciones civiles proponen cancelar la Presa de Arcediano e indeminizaciones

Mario Gutiérrez y Sergio Hernández - MURAL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) un informe sobre la contaminación del Río Santiago, pues evalúa iniciar una queja sobre los daños medioambientales en Juanacatlán y El Salto, en donde estarían involucradas autoridades federales.

Mientras, organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades acciones inmediatas para combatir los daños en la zona.

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la CEDHJ, explicó ayer que la CNDH habrá de conocer primero la participación que tiene el Gobierno federal en el problema de la contaminación que presenta la cuenca hidrológica, para después evaluar si es necesario iniciar una investigación y una posterior queja.

El Ombudsman estatal manifestó que además las comisiones estatales de derechos humanos de Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Nayarit pondrán especial vigilancia en la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y atenderán las quejas sobre el daño que existe al medio ambiente.

Álvarez Cibrián agregó que el fin de semana la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de los Derechos Humanos emitió un punto de acuerdo en el que respalda la postura e informes de la CEDHJ respecto a la contaminación del río.

Piden acciones urgentes

Organismos no gubernamentales exigieron ayer a las autoridades la realización inmediata de una serie de acciones tendientes a devolverle la sustentabilidad ambiental y sanitaria a la zona afectada por la contaminación del Río Santiago en cuatro puntos.

Algunos de los organismos que hacen la solicitud son la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (Imdec), el Instituto Vida, Internacional Rivers, y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.

Entre las peticiones están declarar a Juanacatlán y El Salto zona de emergencia ambiental y zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general; cancelar definitivamente la construcción de la Presa de Arcediano sobre el Río Santiago; desarrollar, en esfuerzo conjunto con especialistas y sociedad civil un plan de saneamiento integral para la cuenca del Alto Santiago, incluyendo la del Ahogado y regulando tanto las descargas industriales como las municipales.

La cuarta de las demandas es indemnizar a la población afectada por la contaminación, incluyendo la familia de Miguel Ángel.

La Asociación de Industriales de El Salto se defendió de las sospechas y señalamientos que los ponen como los contaminadores del río, por lo que solicitaron que, en su caso, la autoridad sancione a quien no cumpla con la ley ambiental.

El representante de la Comisión Nacional del Agua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, aseguró que no han encontrado algún caso extraordinario de violación a los parámetros de descarga autorizados.

Piden industriales actuación de la autoridad

Sergio Hernández - MURAL

La Asociación de Industriales de El Salto salió a defenderse de las sospechas y señalamientos que los ponen como los contaminadores del Río Santiago, por lo que solicitaron que, en su caso, la autoridad sancione a quien no cumpla con la ley ambiental.

Rubén Reséndiz vicepresidente de la asociación, señaló que para eso está la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, dependencias que, además de los Ayuntamientos, saben de lo que manejan las empresas y cuáles son sus descargas.

“Que se investigue, las autoridades tienen todos los elementos, toda la información, saben perfectamente que es lo que hacemos. Se han hecho investigaciones de qué productos manejamos, peligrosos, no peligrosos, químicos, no químicos y entonces si alguien no está cumpliendo con la ley, bueno, que simplemente se aplique la ley”, expresó.

“Si la ley no es suficiente, pues que se modifique la ley a través de los Congresos para que realmente exista una exigencia pero que ya no caigamos en el punto de la impunidad de que cualquiera pueda contaminar, y no me refiero nada más a la parte industrial sino también a la parte agrícola, y me refiero también a que los municipios están obligados a tener sus plantas de tratamiento de agua y no se ha hecho”.

Aceptó que las aguas residuales de las empresas de la zona del corredor industrial terminan en la Presa del Ahogado. Calculó que 50 por ciento de las empresas integrantes de la Asociación que suma a 150 empresas, sí tienen planta de tratamiento, aunque no sabe si funciona o no el proceso de limpieza de esas aguas residuales.

“Las empresas de esta zona estamos también de alguna forma efectivamente tirando nuestras aguas a la Presa del Ahogado porque no existe drenaje en esta zona y obviamente de alguna forma tienen que salir”, mencionó.

“Una gran mayoría de empresas ya tienen plantas de tratamiento pero de todos modos al final quedan ciertos residuos de agua que tienen que salir ya tratados o bien las aguas pluviales tiene que salir, tiene que irse a algún lado y esto ha sido la Presa del Ahogado”.

De la Presa del Ahogado el agua corre al Río Santiago.

Coordinarán municipios acciones de descargas

Prevén cambios a la infraestructura de drenajes en toda la zona metropolitana. Dolores Reséndiz - PÚBLICO Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara apurarán acciones junto con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para evitar que las aguas contaminadas de las colonias se vayan a los arroyos. El acuerdo fue firmado por la Asociación Intermunicipal que integran los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, informó Juan Sánchez Aldana, alcalde zapopano y presidente del organismo. Este último adelantó que desde este lunes el municipio comenzó a trabajar en la zona conocida como Las Mesas (Mesa Colorada oriente y poniente y Mesa de los Ocotes, colindantes con la carretera a Saltillo), ya que se trata de una de las áreas con mayores conflictos por la descarga de aguas contaminadas a las cuencas del valle de Atemajac. No obstante, esta zona, que es efectivamente alta aportadora de contaminación al río Santiago, no perjudica a la cuenca El Ahogado (donde se ubica El Salto), pues se localiza casi 20 kilómetros al norte, entre las cuencas de San Juan de Dios-Atemajac y la del río Blanco. “Supervisar las descargas, cada presidente municipal es lo que está trabajando en su zona; nosotros [Zapopan] trabajamos principalmente en la zona de Las Mesas que es la que arroja más cantidad de aguas contaminadas a los arroyos”, apuntó Sánchez Aldana, que explicó que el acuerdo implica el trabajo en sincronía con el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua (CEA) para conseguir que las aguas negras sean tratadas y separadas de las de lluvia, para evitar que las residuales contaminen los ríos. “Estuvimos con funcionarios municipales y gente del SIAPA para que por lo menos toda el agua negra vaya por los drenajes y no corran por los arroyos”, explicó. El trabajo que sugiere el alcalde zapopano implicaría un cambio a toda la infraestructura de la ciudad, ya que los colectores actuales son mixtos y llevan al mismo tiempo agua residual y de lluvias, además de que no existe un drenaje que separe las aguas ni plantas de tratamiento para estos residuos. Sobre el tema, dijo que existe el proyecto de la CEA para la instalación de una planta de lodos que beneficiará a la zona norte de Zapopan y el oriente de Guadalajara, con la intención de arrojar aguas limpias al río Santiago.

Ayuntamiento de El Salto colocará malla en la orilla del río Santiago

Joel González Díaz expresó que su municipio no tiene la infraestructura ni los recursos económicos para solucionar el problema de la contaminación. Rocío Ramos - PÚBLICO Colocar una malla a lo largo del río Santiago es la acción que llevará a cabo el Ayuntamiento de El Salto como medida contra la contaminación del afluente. Joel González Díaz, presidente municipal, señaló que pondrá el enmallado para que no pase otra desgracia como la del pequeño Miguel Ángel López Rocha, que falleció la semana pasada por intoxicación por arsénico tras presuntamente caer e ingerir agua contaminada del río. Indicó que unas quince mil personas viven en las orillas del río en la parte de El Salto, pero que ya no se autorizarán fraccionamientos en la zona hasta que se revise el ordenamiento, “ahora sí”. Aunque dijo que tenerlos ha ayudado al municipio a salir de un retraso de 25 años en servicios públicos. Según González Díaz, desde el año pasado que arrancó su Administración pidió, vía oficio, a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) que mandara inspectores de ecología para que vigilaran de día y de noche las descargas de aguas residuales. Pero no le hicieron caso. Agregó que esa acción no fue lavarse las manos, y que valorarán el desvío del cauce. A la par, expresó que su municipio no tiene la infraestructura ni los recursos económicos para solucionar el problema de la contaminación, y agregó que los municipios colindantes también tienen responsabilidad en el asunto. Por otra parte, mencionó que hoy ratificará una demanda que interpuso en octubre contra quienes contaminen el río: “Nunca es tarde para empezar, bueno, no hubo las acciones pertinentes, pero ratifico una demanda ante la PGR que puse en contra de [la industria] que resulte responsable”. Hay 150 empresas en el corredor industrial de El Salto y apenas van cinco días de inspecciones en la zona y de la investigación de la Procuraduría Ambiental estatal, las cuales pretenden averiguar cuales industrias contaminan.

La UdeG urge a sanear el río para construir la presa

El rector prefirió no entrar en lo que llamó el juego de las culpas, aunque sí señaló a la industria tequilera como una de las que más contaminan. Rocío Ramos - PÚBLICO La Universidad de Guadalajara (UdeG) urgió a limpiar el lecho del río Santiago y a instalar las plantas de saneamiento necesarias, como una condición prioritaria para que pueda construirse la presa Arcediano. El rector general Carlos Briseño Torres opinó ayer que “el sitio [para la construcción de la presa] es adecuado pero se requiere todo un proceso previo de saneamiento de la cuenca del Santiago”. Nada está escrito y menos ahora, agregó el titular de la casa de estudios, que explicó que es necesario un tratamiento adecuado de las aguas del río Santiago, así como controlar los lixiviados del tiradero de Matatlán y otros residuos que contaminan el afluente. En el marco de acusaciones mutuas entre autoridades, partidos políticos e industriales por la falta de saneamiento del río, aunque culpó al gobierno federal por no vigilar que las industrias no viertan sus residuos en el río Santiago y dijo que no exonera al local, el rector prefirió no entrar en lo que llamó el juego de las culpas, aunque sí señaló a la industria tequilera como una de las que más contaminan y que los residuos de industrias evaden a toda luz la norma oficial mexicana 001 y 002: “Se han vertido en la noche sustancias peligrosas que contaminan y es responsabilidad federal el cuidado de esa norma”. A la par, anunció que hoy la UdeG volverá a presentar su estudio sobre lodos y aguas, que realizaron investigadores hace tres años a solicitud de la entonces Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS); en el cual se determinó que había presencia de metales pesados en el río, como lo son: arsénico, cobre y cadmio. “Desde entonces se mencionaba que el problema no se solucionaba ni haciendo ductos para desviar la contaminación a otros sitios [como hará el gobierno del estado] o con el tratamiento de las aguas residuales”, recordó Briseño Torres, quien recalcó que, tal y como opinaron los investigadores de la casa de estudios, lo mejor es evitar la descarga de residuos industriales a lo largo de toda la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y sus afluentes.

ONG exigen un plan integral para sanear cuenca del río Santiago

Plantearon “indemnizar a la población afectada por la contaminación del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, incluyendo la familia de Miguel Ángel López Rocha”.

PÚBLICO

Organizaciones no gubernamentales demandan “declarar los municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, zona de emergencia ambiental y zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general”.

En un comunicado de prensa emitido este martes, también pidieron “cancelar definitivamente la construcción de la presa Arcediano sobre el río Santiago, en aras de garantizar el derecho a la salud de una población de más de tres millones de personas”, así como “desarrollar, en esfuerzo conjunto de investigadores especialistas, sociedad civil y gobierno, un plan de saneamiento integral para la cuenca del Alto Santiago, incluyendo El Ahogado, con acciones a corto, mediano y largo plazo y regulando tanto las descargas industriales como las municipales”

Finalmente plantearon “indemnizar a la población afectada por la contaminación del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, incluyendo la familia de Miguel Ángel López Rocha”, el niño fallecido hace una semana por intoxicación por arsénico, el que se presume ingirió tras caer al río y beber agua contaminada.

Los organismos destacaron que “el río Santiago es receptor de los efluentes de más de 250 industrias, de un corredor donde se asientan empresas transnacionales como IBM, Roche, Nestlé y Celanese. Además, la ciudad de Guadalajara arroja aquí más de 815 litros por segundo de aguas residuales municipales sin tratamiento. Ya en 2004, un estudio de la Universidad de Guadalajara advertía la presencia de metales pesados como plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico en sedimentos del Santiago”.

Además, fue “calificado de severamente contaminado por estudios de la Comisión Estatal del Agua [CEA] desde 2003, hay una cascada de 20 metros entre los poblados de Juanacatlán y El Salto, sitio antes conocido como el ‘Niágara mexicano’. Hoy día, es fuente de gases tóxicos desprendidos de la descomposición del agua, situación que el Tribunal Latinoamericano del Agua, ente que juzgó este caso en octubre de 2007, determinó ha llevado a la existencia de enfermedades respiratorias, dérmicas, dolores de cabeza, fatiga, insomnio y niveles inferiores en el flujo respiratorio máximo, en un buen número de los pobladores de El Salto y Juanacatlán”.

O sea, la información era abundante desde hace mucho tiempo.



- Claves
Los firmantes de las cuatro peticiones

• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
• Espacio de Coordinación de OSC sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
• Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), AC
• Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA), AC
• Internacional Rivers
• Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mampder)
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT)
• Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)

Autoridades, sin idea del impacto de la polución: experto

Rocío Ramos - PÚBLICO El gobierno de Jalisco no tiene una idea mínima del impacto que puede provocar la contaminación de las aguas del río Santiago y es muy iluso si cree que en tres años, y sin apoyo federal, puede cambiarse la situación de la cuenca, aseguró Javier García Velasco, director del laboratorio de Salud Ambiental de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“No hay un estudio para saber qué pasa si riegas con ella, si te bañas o si te la tomas. Se sabe que hay una fuerte contaminación [el río Santiago], pero no los riesgos” para la gente, flora y fauna.

La presencia de arsénico en el río tampoco es novedad: “Eso se sabía desde que hicimos el estudio de impacto ambiental de [la presa] Arcediano, vimos que había una acumulación muy importante de metales tóxicos”, apuntó el también presidente de los Biólogos Colegiados de Jalisco.

Ante este panorama, es alarmante que las diferentes instancias gubernamentales no hayan tenido la preocupación de actuar, pese a que ya se tenían estudios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) sobre la gran degradación de la cuenca desde 2006 (Público, 18 de febrero de 2008) e incluso antes, pues recordó que la UdeG, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), ya había lanzado la voz de alerta desde 2005, en su estudio sobre el impacto a El Salto y Juanacatlán.

Lo cierto es que urge “atacar la fuente del problema. Hay alguien que está vertiendo contaminantes y alguien que está dejando que lo hagan”.

Por el momento, se necesitan urgentemente estudios toxicológicos, para los que se requiere una fuerte inversión de recursos económicos, tanto estatales como federales, y mucho tiempo para reparar los daños: “Probablemente ni en tres años podamos. Se requieren bastantes años, no se hace en tres meses, ni en tres años. El problema rebasa cualquier presupuesto institucional de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable… es algo ilusorio”.

Una de las grandes trabas que no ha permitido hacer algo en concreto para el río Santiago, desde su punto de vista, es “que no exista una normativa concreta, no se sabe quién debe actuar”, por lo que debe elaborarse una. A la par, sugirió ir generando una adecuada educación ambiental e industrial y dijo que a los vecinos se les debe informar a detalle de la problemática, para que no se acerquen al río y sean concientes de las consecuencias que les puede traer a su salud.

García Velasco agregó que desde hace dos meses trabaja con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la consolidación de un equipo de trabajo para realizar estudios en el río. “Se requiere una depuración, existen a escala mundial casos donde se ha logrado. Ésta es una emergencia ecológica para la que se requiere intervención nacional”.

Sancionar al que contamine aguas, piden los industriales

La AISAC admitió que sólo la mitad de 150 empresas en El Salto trata sus aguas, pero indica que el gobierno debe verificarlas y aplicar la ley.

Jesús Estrada - PÚBLICO

La Asociación de Industriales de El Salto (AISAC) convocó ayer a la prensa para afirmar que “no eludimos nuestra responsabilidad” en el caso de la grave contaminación en El Salto y Juanacatlán, pues posiblemente algunas empresas están incumpliendo las legislaciones ambientales. Como dato, reconoció que sólo la mitad de sus agremiados tiene plantas para tratar sus aguas. Pero el gremio apuntó a que las autoridades tienen la obligación de hacer verificaciones a las fábricas, y deben saber quiénes son los principales emisores de descargas al río Santiago, y en caso de encontrar responsables, debe sancionarlos.

En la rueda de prensa, una reportera le preguntó al vicepresidente de la AISAC, Rubén Reséndiz, cómo está la conciencia de los industriales ante la muerte de Miguel Ángel López Rocha, el pequeño que murió la semana pasada por intoxicación por arsénico, presuntamente ingerido tras caer a las aguas del río Santiago, y respondió que “lamentablemente tuvo que suceder esto para que las autoridades reaccionaran. Pero éste es un tema que nosotros hemos venido denunciando desde hace años, esto no es nuevo para nosotros. No puedo decir que haya conciencia tranquila o no […] nuestra responsabilidad es cumplir con la ley. Si alguien no está cumpliendo, que se aplique la ley y ahí cada quien con su conciencia”.

El también director de Administración de la planta de Honda dijo que las autoridades “tienen todos los elementos, tienen toda la información, saben perfectamente qué es lo que hacemos”.

Reséndiz dijo que es “injusto” que en estos momentos “solamente se acuse a la industria” por la contaminación, porque “hay muchos responsables”, y entonces enumeró a la zona industrial del Estado de México, puesto que el Santiago arrastra agua que viene desde allá, pasando por varias entidades de El Bajío e incluyendo los desechos urbanos e industriales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, reconoció que las empresas de El Salto “de alguna forma efectivamente [están] tirando nuestras aguas a la presa de El Ahogado porque no existe drenaje en esta zona”. Según dijo, cerca de la mitad de las 150 compañías asociadas a la AISAC tiene plantas para tratar sus aguas, pero no pudo precisar cuántas funcionan correctamente. “Al final quedan ciertos residuos de agua que tienen que salir ya tratados o bien las aguas pluviales en época de lluvia, toda esa agua tiene que salir [de las fábricas], no hay drenaje y tiene que irse a algún lado y ha sido a la presa El Ahogado”.

Respecto con el estudio patrocinado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), que en diciembre de 2006 identificó 217 fuentes de contaminación en los ríos Santiago y Zula, y nombra a empresas responsables (Público, 18 de febrero de 2008), reconoció que varias de esas compañías pertenecen a la AISAC, “pero hay que investigarlas, hay que checarlas, vuelvo a repetir, la autoridad tiene la información, si las empresas no están cumpliendo es su responsabilidad”.

Reséndiz incluso reconoció que algunas de las empresas allí identificadas, como Quimikao, que aparece como con toxicidad aguda significativa, están certificadas como empresas limpias por autoridades como la Profepa.

A pesar de estar identificadas las fuentes de contaminación, reconoció que todavía ninguna fábrica de la AISAC ha sido sancionada. “Si no hubo ninguna acción negativa de las autoridades en contra de las empresas quiere decir que las cosas se están haciendo bien”.

Además de Quimikao, algunas de las plantas identificadas en el estudio del CEA han recibido certific aciones como industrias limpias, entre ellas Ciba, fábrica química ubicada en Atotonilquillo.

Reséndiz también dijo que desde hace dos semanas, es decir, después de que el niño López Rocha enfermó tras caer a las aguas del río, se intensificaron las visitas de las autoridades ambientales a las empresas de El Salto.

El arsénico, de varias fuentes

• El vicepresidente de la AISAC, Rubén Reséndiz, dijo que las empresas que manejan arsénico en sus procesos, metal relacionado con la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, son principalmente compañías que elaboran productos metálicos, “e inclusive se llegó a hablar por ahí de la industria de autopartes y de otro tipo de industria que también maneja productos metálicos o de fundición”.

También habló de las fábricas que utilizan pinturas. Respecto con las empresas de la industria electrónica, afirmó que el arsénico se usa en bajas cantidades, pero el metal es también utilizado en algunas actividades agrícolas.

“Habrá que hacer una investigación muy exhaustiva [para ver] de dónde vienen esas cantidades que aparecen tan grandes” y en qué parte del río Santiago están sus orígenes. Además, afirmó que la AISAC ha denunciado a más de 50 empresas que trabajan clandestinamente en El Salto.

Comienza hoy entubamiento de 3.5 kilómetros del canal del Ahogado

JUAN CARLOS G. PARTIDA - LA JORNADA JALISCO

Funcionarios estatales y federales anunciaron que como paliativo temporal a la grave polución del río Santiago entubarán el canal de aguas residuales e industriales que viene de la Zona Metropolitana de Guadalajara y descarga en el cauce para terminar de convertirlo en uno de los más contaminados del país.

La medida, que daría el margen necesario para que se construya una planta de tratamiento que costaría la astronómica cantidad de 6 mil 233 millones de pesos –superior al presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo–, la cual supuestamente solucionaría de fondo el problema, se tomó después de años de posponerla hasta que se tornó inevitable luego de que el pasado 13 de febrero murió el niño Miguel Angel López Rocha tras caer accidentalmente al río e intoxicarse con una dosis mortal de arsénico.

El ramal que entubará los desechos que a través del canal del Ahogado llegan al río de todo el sureste de la Zona Metropolitana, su zona industrial y el corredor de maquiladoras, fábricas y talleres en El Salto, el más grande del estado, tendrá una longitud de 3.5 kilómetros y descargará finalmente sobre el mismo río todas sus aguas crudas, a 150 metros de la zona más densamente poblada de los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Ayer, en rueda de prensa conjunta de seis funcionarios cabeza de dependencias que tienen que ver con el tema, el secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, señaló que la obra costará de 12.5 a 14 millones de pesos. Raúl Antonio Iglesias, delegado regional de la Comisión Nacional del Agua, dijo que la dependencia federal absorberá la mitad con la condición de que luego, una vez terminadas las plantas de saneamiento que hagan innecesario el desvío, los tubos puedan ser reaprovechados en otros proyectos. El desvío estaría listo en dos meses.

También se anunció que en abril próximo iniciará la licitación para una planta de tratamiento capaz de dar cabida al gran flujo de aguas negras de la Cuenca del Ahogado, el proyecto multimillonario que estaría listo hasta 2011 y tras el cual ya no sería necesario el ramal de tubería de 1.02 metros de diámetro que comenzará a instalarse hoy.

¿Sanciones a quién?

Interrogados respecto de si el incremento en las inspecciones a las empresas del corredor industrial de El Salto y de la zona industrial tapatía fue motivado por la muerte de Miguel Angel, y si previo a este terrible suceso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la estatal del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) tenían operativos de vigilancia que hubieran derivado en sanciones concretas, el delegado de la primera dependencia, José de Jesús Alvarez Carrillo, y la titular de Semades, Martha Ruth del Toro, señalaron que los trabajos de inspección y monitoreo son permanentes pero no dieron a conocer a qué empresas se les ha supuestamente sancionado. Ambos también reconocieron la dificultad para demostrar que alguna de esas empresas desecha fluidos notoriamente contaminantes.

“Las descargas, cuando se ven, en el sitio en donde se encuentran no tienen ninguna conexión con empresas, tendrían que caminar y generar una gran cantidad de investigación para saber de dónde provienen. Son furtivas, no son descargas que estén a la vista o que provengan de un sitio determinado, esa es la dificultad, que tú vez que brotan sin ningún control de sitios que no tienen conexión con empresas. Esa información con toda seguridad los municipios la tienen, ellos deben saber por el conocimiento local, o alguna acción que les haya tocado verificar en su momento, sobre todo en el tema de licencias, que los ayuntamientos, en este plan integral de acciones se comprometieron a otorgarnos toda esa información de la que carecíamos, en los siguientes días. Ellos saben mucho más que nosotros y en la medida en que nos lo aporten, igual, las organizaciones no gubernamentales, les hemos solicitado información muy puntual, específica en cuanto al tema, y esperemos tener con ello un espectro de inspección mucho más amplio”, reconoció Del Toro Gaytán.

Luego de que Alvarez Carrillo dijo simplemente que lo que la delegación Jalisco de la Semarnat ha hecho es pasar su base de datos con las empresas registradas ante ellos para que entre el grupo propuesto para vigilar ahora “podamos tener alguna determinación de descargas que no pudieran estar siendo notificadas”, entró al quite el director de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias, quien dijo que el año pasado se entregaron 15 multas por estar fuera de las condiciones de descarga, pero no dio nombres.

Al contrario, Iglesias prefirió señalar que lo que han encontrado hasta el momento de descargas de esas empresas sancionadas no significa que “descarguen cosas extraordinariamente contaminantes” y que los principales materiales encontrados en los muestreos que se realizan se refieren a nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos totales. “En arsénico no encontramos ninguna descarga fuera de norma”.

700 hectáreas de cultivo contaminado

En la reunión con los medios, los funcionarios también reconocieron que 700 hectáreas de cultivos de caña y frutales del distrito 13 en La Aurora, que tienen una cuota de agua que se les surte de lo represado en el embalse de El Salto, sufrirán durante los dos o tres meses próximos en que se construya el canal de desvío de las aguas negras debido a que continuará el desfogue de las aguas río abajo impidiendo que el canal que va hacia La Aurora pueda contar con el líquido con el que regaba sus sembradíos.

Se prevé que durante el tiempo de construcción del tubo de desvío, desde el lago de Chapala, se pueda soltar parte de la cuota de agua a que tienen derecho los campesinos de La Aurora, en descargas que durarían un día con el único objetivo de impedir que toda la cosecha pudiera dañarse.

Guzmán Pérez Peláez y Raúl Antonio Iglesias reconocieron que los casi 30 kilómetros del canal de La Aurora siempre se ha alimentado desde la represa de El Salto, a pesar de la contaminación de las aguas recrudecidas de veinte años a la fecha. Que ahora se abastezca de Chapala, que a su vez recibe como afluente al también contaminado río Zula, no empeorará las malas condiciones en la calidad del agua que recibían.

Gobernador podría comparecer

Entrevistado aparte por la mañana, el procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, dijo que no descarta llamar a comparecer al gobernador o secretarios del gabinete estatal por el deceso de Miguel Angel.

“De todos, hay muchas líneas de investigación que pueden ser susceptibles a investigarse y obviamente quien sea necesario tendrá que comparecer a emitir un informe en calidad de testigo o en calidad de indiciado”, dijo cuando se le cuestionó de quiénes se podría esperar comparecencia.

–¿Incluidos el gobernador, los secretarios de su gabinete?–, se le insistió.

–Yo no descarto que se tengan que sacar testimonios de todo tipo, no descarto en ninguno de los momentos que pudieran estar presentes emitiendo información, eso es parte de una integración que tenemos que hacer para la investigación y cerrarla al 100 por ciento.

Aunque cuenta con los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto de Toxicología de Jalisco, que determina que el organismo del niño de ocho años tenía concentraciones de arsénico al menos 400 por ciento por encima de la norma, el procurador Coronado Olmos informó que para guiar la investigación aún faltan los resultados de los exámenes de tejidos orgánicos que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tomó durante la autopsia para determinar el agente químico que le causó la muerte, además del que realiza una institución de supuesto prestigio internacional –así la ha anunciado el gobernador Emilio González Márquez– en Texas, Estados Unidos.

Aseguró que aunque se dará celeridad al caso debido a que se trata de un tema que “ha causado impacto en la sociedad”, no por ello se descuidarán las líneas de investigación que se han abierto para deslindar responsabilidades por la muerte del niño.

“No es de tiempos, es de tener todos los elementos probatorios para ejercitar cualquier acción”, afirmó. “Esto es una investigación que tiene mucha complejidad para determinar un responsable y si hay responsabilidad, ejercitar acción penal”.

–¿Qué delitos podrían configurarse?

–Negligencia, dependiendo de las circunstancias, y lo que se pueda cuadrar por parte de la PGJE en relación con el Código de Procedimientos Penales.

–¿También homicidio?

–No quiero aventurar nada.

Rechazan diputados exhortar a Emilio a declarar emergencia sanitaria en El Salto y Juanacatlán

Si Miguel Angel hubiera sido hijo de un funcionario, la reacción habría sido diferente: Madera


Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO

Con la oposición del grupo parlamentario del PAN, el Congreso local rechazó solicitar a autoridades estatales y federales que declaren una emergencia sanitaria en los municipios de El Salto y Juanacatlán “por la alarmante contaminación del Río Santiago y la cuenca a la cual pertenece, afectando con esto las condiciones de vida y salud de los habitantes de esos municipios”.

La propuesta la presentó el diputado del PRI Jaime Prieto Pérez hace dos semanas, cuando el niño Miguel Angel López Rocha permanecía en estado de coma y ninguno de los legisladores había atendido el caso.

Ayer se vivió una discusión intensa que duró más de una hora, en la que algunos diputados trataron de sacarle provecho político y llevar agua a su molino.

“Nos hemos visto hasta cierto punto lentos en este tema, puesto que tanto sociedad civil, organizaciones de ciudadanos, como el propio Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores, han fijado un posicionamiento y sobre todo han propuesto las medidas que deben tomarse para este caso”, mencionó Prieto Pérez.

El acuerdo iba dirigido al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; a los titulares de la Comisión Nacional del Agua; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como al gobernador del estado, Emilio González Márquez; Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Guadalupe Madera Godoy, legislador de Nueva Alianza, lamentó que el popular dicho de que “ahogado el niño se tapa el pozo” aplique a la actual Legislatura, y resaltó que otra reacción se hubiera tenido si el niño Miguel Angel fuera hijo de alguno de ellos.

“Yo nada más les pregunto, si el niño que lamentablemente falleció fuera hijo de alguno de nosotros, ¿nuestra posición sería la misma?, ¿nuestra opinión sería en los mismos términos? Es tiempo de que tomemos decisiones enérgicas”, recalcó.

Nuevamente subió a la palestra la discusión sobre el crédito japonés que propuso el entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez a la LV Legislatura para la instalación de plantas de tratamiento. El diputado del PAN José Luis Treviño, titular de la Comisión de Salud, responsabilizó a los legisladores del PRI y PRD en aquel momento, incluyendo a Raúl Padilla López, que formó parte de este último partido político.

Ni tardo ni perezoso, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Samuel Romero Valle, que fue diputado en aquella Legislatura, subrayó que la culpa es únicamente de Alberto Cárdenas Jiménez, por su obstinación en realizar un proyecto más complejo e innecesario.

“A nadie le tiene que recriminar Alberto Cárdenas y el presidente estatal de su partido, más que a su propia incompetencia y su falta de sensibilidad política. Ustedes la ven, en cualquier dependencia que está Alberto Cárdenas es un dependencia en donde con toda seguridad habrá conflictos… es un hombre que no tiene formación académica, es un hombre que no tiene formación profesional, es un hombre que no tiene sensibilidad política y es un hombre al que de nada le ha servido ocupar diversos cargos”, fustigó.

El mismo Romero Valle minimizó el punto de acuerdo y en su lugar abogó por una mesa de trabajo en la que estén las autoridades involucradas.

Madera Godoy, antes de finalizar su intervención, propuso que en la iniciativa se adhiriera un exhorto a los ayuntamientos para que apliquen sanciones a las industrias que hacen sus descargas residuales, a la vez que indicó que es el momento oportuno para cuestionar al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, sobre el proyecto de saneamiento del río Santiago y abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En posterior entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Salinas Osornio, mencionó que el punto de acuerdo refleja una ignorancia de los legisladores respecto de las atribuciones del Legislativo y el Ejecutivo; explicó que con o sin declaratoria, el gobernador del estado ya está tomando cartas en el asunto, y en pláticas que ha sostenido con él, le confirmó que existe la capacidad financiera para resolver el problema de contaminación.

“Yo pediría que primero conozcan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la del Legislativo y que de ahí se pongan a trabajar”, aclaró.

En el texto de la iniciativa, cuya lectura fue omitida, se menciona que “hace ya varias décadas, Juanacatlán era un pueblo turístico y agricultor en esencia. Algunos habitantes se dedicaban a la pesca, había una gran variedad de peces en el río, sobre todo pescado blanco y carpa. Las personas que se dedicaban a la agricultura sembraban maíz, frijol, trigo, sorgo, garbanzo y otras hortalizas, jitomate, cebolla, calabacitas, coles, lechugas, zanahorias.

“Hará un poco más de 30 años que un olor fétido invadió al pueblo entero, el cual se generó porque el río llevaba una carga de miles de peces que flotaban sin vida en sus aguas, lo que preocupó a los habitantes porque no se sabía con precisión la causa de dicho evento, que afectaba a las actividades del municipio y por supuesto el impacto que esto generó al medio ambiente”, concluyó.

Se deslindan industrias de la contaminación en el río Santiago; se nos está satanizando: Reséndiz

Las empresas tiramos las aguas residuales en la Presa del Ahogado; tienen que salir por algún lado, dice

La responsabilidad es también de los municipios; tienen la obligación de tratar las aguas y no lo hacen


Rubén Reséndiz, vicepresidente de la Asociación de Industriales de El Salto Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

“Me parece injusto e inapropiado que solamente se culpe a la industria de que se está contaminando, cuando hay muchos responsables en un tema de esta naturaleza”, dijo ayer el vicepresidente de la Asociación de Industriales de El Salto AC (AISAC), Rubén Reséndiz, luego de que el menor de 8 años Miguel Angel López Rocha murió de intoxicación por arsénico la semana pasada tras una larga estadía en coma por haber caído al río Santiago.

“Si hay culpables, que se investiguen; las autoridades tienen los elementos, tienen toda la información, saben muy bien lo que hacemos, se han hecho investigaciones de los productos peligrosos o no peligrosos que manejamos”, dijo el industrial.

El segundo al cargo de la AISAC –asociación que reúne a unas 150 empresas en el corredor industrial de El Salto– pidió que “se aplique la ley” si alguien la incumple. Y sugirió: “si la ley no es suficiente, que se modifique en los Congresos locales para que no caigamos en el punto de la impunidad”, no sólo en la parte industrial, dijo el empresario, sino también en las cuestiones agrícolas, así como en la responsabilidad de los municipios. “Los municipios están obligados a tratar sus aguas y ninguno lo está haciendo”.

A Reséndiz le “llama la atención” que en los medios se hable de más de 200 industrias del corredor industrial de El Salto, cuando la asociación sólo tiene registradas 150.

En los medios a los que alude el industrial se ha hablado de 266 descargas industriales identificadas que son vertidas al Santiago. El mayor flujo corresponde a la industria química farmacéutica. Le siguen en jerarquía la industria de alimentos y bebidas, la textil, la de celulosa y papel y la tequilera. Nombres: Celanese Mexicana, Ciba Especialidades Químicas, IBM, Nestlé, Industrias Ocotlán y Harinera de Maíz de Jalisco, según el Inventario de Descargas en Jalisco de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua, estudio al que han hecho referencia los medios en más de una ocasión.

Reséndiz dijo que el problema de la contaminación en El Salto es antiguo, que incluso ellos (los industriales) se han pronunciado por la “necesidad del saneamiento de la Cuenca del Ahogado”.

“Las empresas de la zona estamos tirando las aguas a la Presa del Ahogado; sigue faltando infraestructura de la zona y tienen que salir las aguas residuales por algún lado; no hay drenaje y tiene que salir a algún lado, eso es, la presa del Ahogado”, reveló el industrial.

Además: de las 150 industrias existentes en la AISAC, sólo el 50 por ciento posee plantas de tratamiento, según el propio Reséndiz.

Pero puso el ojo en “muchas empresas clandestinas que trabajan sin ningún control, que nadie las visita y que estas empresas definitivamente no cumplen con la regulación en materia de protección ambiental”.

¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Tienen pruebas? Fueron algunas preguntas que se le hicieron al industrial sobre estas industrias “clandestinas”. El hombre no presentó una sola prueba de sus declaraciones: “es una situación difícil, pero son las autoridades que tienen esta información… (20, 30, intervino una reportera)… yo creo que son mucho más… (cuánto más)…mucho más”.

De las denuncias que, dijo, han hecho como empresarios de la zona, tampoco mencionó ningún número, pero sí aseguró que “no es suficiente la capacidad de las autoridades para controlar todo esto, es tiempo de hacerlo ya, basta de decir que no hay dinero, que no hay presupuesto, que no se tienen los aspectos técnicos, nos estamos acabando esta zona y está repercutiendo en la salud”.

Rubén Reséndiz lamentó que “se esté satanizando a las industrias cuando también hay una parte de la autoridad para sanear esta parte de la Cuenca del Ahogado y también vigilar que el río Santiago esté en mejores condiciones”.

Investiga PGJE la muerte del niño

Piden recordar quiénes se opusieron a sanear el Santiago. Señalan que hay contradicción en estudios sobre arsénico en el menor

Francisco de Anda y Margarita Valle - MURAL

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deslindará responsabilidades por la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció el 13 de febrero pasado presuntamente a causa de la contaminación del Río Santiago, dijo el Gobernador Emilio González Márquez.

"Ya hay una investigación penal por la muerte de Miguel Ángel, en donde la Procuraduría del Estado está haciendo también su investigación por si resultara responsabilidad de algún tipo", dijo el Mandatario estatal a quien se le preguntó qué instancia del Poder Ejecutivo tuvo responsabilidad por este deceso.

"No podemos adelantarnos al trabajo de la Procuraduría, pero ya existe esta investigación y están siendo objeto de estudio todos los factores que pudieron haber intervenido".

El Mandatario reveló que existen dos estudios relacionados con la muerte de Miguel Ángel: uno confirmó la presencia de arsénico en el organismo del menor y el otro descarta la existencia del químico. Por ello, dijo que solicitaron una tercera opinión a un laboratorio extranjero, cuyo nombre no proporcionó.

El resultado que arroje el nuevo análisis será dado a conocer si la Procuraduría estatal lo autoriza, señaló.

"En la medida que tengamos la autorización por parte de la Procuraduría, estaremos poniendo a disposición de los medios de comunicación los resultados que se tengan de estos análisis", manifestó González Márquez.

El ex Gobernador Francisco Ramírez Acuña, invitó a voltear al pasado para ver quiénes fueron los que se opusieron a los proyectos para el saneamiento del Río Santiago, a fin de exigirles que den la cara a los familiares del niño Miguel Ángel López Rocha.

"Hubo esfuerzos muy importantes en los gobiernos tanto del licenciado Guillermo Cosío Vidaurri como en el Gobierno de Alberto Cárdenas, obviamente pasando por el de Carlos Rivera, y con el gobierno de nosotros en donde se estuvo trabajando fuertemente para hacer el saneamiento", indicó.

"Saquen del archivo por ahí quién se opuso a que se hicieran las inversiones porque a ellos son a los que hay que exigirles que den la cara y que su responsabilidad que en su momento como legisladores lo ejercieron, hoy que no son legisladores también le den la cara a los familiares de este niño que falleció", afirmó.

 
 
 
Revelan denuncia en El Salto
 
Aunque hasta ahora comienzan a hacer caso sobre la contaminación del Río Santiago, el Ayuntamiento de El Salto había denunciado penalmente la contaminación desde el 10 de octubre del año pasado.

El Alcalde Joel González Díaz presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero lamentó que hasta que falleció el pequeño Miguel Ángel López Rocha hubo colaboración por las autoridades.

Aseguró que, incluso, ya habían solicitado apoyo a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Semarnat, Semades y Comisión Nacional del Agua (Conagua) para realizar operativos nocturnos para detectar las empresas que descargan clandestinamente sus desechos al río.

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Ratifican indígenas wixaritaris oposición al proyecto carretero Huejuquilla-Bolaños

Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO Esperaron más de una semana para entablar un diálogo con las autoridades competentes, la última oportunidad se dio ayer y los funcionarios no respondieron. Los comuneros wixaritaris de Santa Catarina Cuexcomatitlan, Mezquitic, se cansaron de esperar y decidieron, este lunes, en asamblea, su oposición rotunda al proyecto carretero Huejuquilla-Bolaños. La gota que derramó el vaso fue la aparición de un documento supuestamente apócrifo que presentó la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), donde se asegura que la comunidad indígena cedió los derechos de vía en una reunión celebrada el 9 de septiembre de 2007. Los inconformes solicitaron ayer al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Guadalupe Flores, y al titular de la Comisión Estatal Indígena, Francisco Carrillo, los únicos que acudieron al paraje conocido como Ciénaga de los Caballos, a un lado del cerro de La Puerta, que explicaran de dónde salió el documento. Al no obtener respuesta, la asamblea acordó rechazar la obra, aunque uno de sus voceros admitió que había toda la disponibilidad para continuar con las negociaciones. "Este documento obliga a que se suspenda la obra, pedimos que ya no se construya la carretera, que ya saquen sus maquinarias", respondió el representante, quien pidió no ser identificado. El pasado jueves se dio el primer encuentro entre funcionarios y comuneros; sin embargo, no eran los titulares que ellos esperaban, por lo que se frustró la negociación. Faltaba el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba; el presidente municipal de Mezquitic, Ernesto de la Torre Martínez, y el delegado estatal de la Semarnat, José de Jesús Alvarez Carrillo. Ayer los esperaban de nuevo; sin embargo, no acudió ninguno de ellos. Guzmán Pérez Peláez compareció ante el Congreso del Estado como parte del proceso de la glosa del primer Informe de gobierno. Al salir del recinto, a pregunta expresa de si se había reanudado la obra, sólo atinó a responder que "estamos en eso" y se negó a más cuestionamientos. El vocero de la comunidad mencionó que en adelante acudirán a las vías jurídicas para evitar que los despojen de sus tierras y obligar a las autoridades al pago de una indemnización por el daño ecológico ocasionado al medio ambiente. Recordó que en su momento, funcionarios del gobierno propusieron que se efectuara una mesa de diálogo en Guadalajara, Mezquitic o el municipio de Bolaños, lo cual no aceptaron porque en estos lugares se perpetró el fraude. Añadió que el ejido de Los Amoles y la comunidad de San Sebastián del Oeste acordaron sumarse a la causa, previendo que también habrá destrucción de sus ecosistemas con el proyecto carretero. Puntualizó que los comuneros permanecerán en la sierra en un frente de resistencia. La Unión de Jóvenes Estudiantes Wixarikas AC solicita el apoyo de la gente con víveres, los cuales se enviarán al paraje donde se efectúa el bloqueo. Frijol, arroz, maseca, harina, soya texturizada, café, azúcar y leche en polvo es lo que necesitan. La Unión de Jóvenes Estudiantes Wixarikas AC se ubica en Juan José Ríos 3466, colonia Lomas de Polanco. El contacto es con Claudio y/o Mauricio, a los celulares 0443312720447 y 0443314631726.

Un Ministerio Público de la PGJE determinará si hay responsabilidad por negligencia u omisión: Emilio

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Será un Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el que defina si existe "la posibilidad de responsabilidad por negligencia o por omisión" en el caso del niño Miguel Angel López Rocha, quien murió intoxicado por arsénico luego de caer al río Santiago, dijo el gobernador Emilio González Márquez.

"Hay una investigación penal por la muerte de Miguel Angel, en donde la PGJE está haciendo también su investigación por si resultara responsabilidad de algún tipo, no podemos adelantarnos al trabajo de la Procuraduría pero ya existe esta investigación, y están evidentemente siendo objeto de estudio todos los factores que pudieron haber intervenido", señaló.

También afirmó que esta semana se recibirán los resultados de los análisis que se enviaron a Estados Unidos para validar los exámenes que se han hecho en Jalisco, pues dijo que existen ahora dos resultados contradictorios, uno certifica la presencia de arsénico en el organismo vía orina y otro lo niega, lo que motivó pedir esa tercera valoración en "una institución seria" del extranjero.

Sin embargo, dijo que para dar a conocer el resultado de los análisis en Estados Unidos se necesitaría la autorización de la Procuraduría de Justicia, porque es la que está llevando a cabo la investigación y esa información estará disponible "cuando la Procuraduría lo autorice".

"Las recomendaciones que ha presentado la Organización Panamericana de la Salud han sido tomadas en cuenta desde el inicio de este gobierno y forman parte del proyecto de la construcción de las plantas de tratamiento y de los colectores en la zona. No es algo nuevo para nosotros, eso estaba ya incluido en la licitación que desgraciadamente fue declarada desierta, y estará sin duda en la próxima licitación lo que ha dicho la OPS, se atiende en la licitación y será una realidad", añadió.

Dijo que también en este momento está por darse a conocer el proyecto para separar las aguas negras que vienen del canal del Ahogado de las que fluyen desde Chapala por el Santiago, lo que permitiría evitar de momento el contacto con las aguas negras de parte de la población de El Salto y Juanacatlán, pero también permitiría que ya no se rieguen sembradíos en la zona con el líquido contaminado.

También reiteró que la solución definitiva es el saneamiento integral, como lo planteó hace diez años el entonces gobernador Alberto Cárdenas y que "por razones políticas no se llevó a cabo". Ahora, dijo, la Secretaría de la Función Pública destrabó el procedimiento y el proyecto de saneamiento podrá ser "partido" en tres proyectos, uno para cada planta de tratamiento y otro para el sistema de colectores.

"Se tiene previsto para el mes de abril la publicación de la convocatoria para esta licitación, con lo que se retoma este proceso, que viene de hace muchos años y que por distintas circunstancias no ha podido iniciar en la práctica", agregó.

El canal de desvío del que habló el gobernador, que podría iniciar esta misma semana, tardará tres meses y estará concluido "antes de que se regularice el temporal de lluvias", lo cual forma parte de una serie de acciones como desazolves, abatización y retiro de lirio como medidas inmediatas.

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7 nuevos vecinos para la Villa

Patricia Martínez - PÚBLICO

Una mujer, seis hombres y una convocatoria desierta. Ayer eligieron a los siete proyectos ganadores para construir edificios de vivienda que se integrarán al conjunto de la Villa Panamericana. De los 76 participantes, los elegidos son: Patricia Roldán Herrera, Héctor Santana Zertuche, Ricardo Agraz Orozco, Marco Antonio Ramírez Torreblanca, Álvaro Salvador Morales Hernández, Pedro José Alcocer Santos y Juan Carlos Gómez Castellanos. Para la Plaza de las Acequias no hubo propuesta adecuada, así que realizarán una segunda convocatoria para el diseño de la futura plazoleta.

De los proyectos saltan ideas como un muro vegetal, azoteas verdes, la planta baja convertida en plaza pública, equipamiento para aprovechar la energía solar, muros de cristal que miran hacia la ciudad. En voz de Juan Palomar Verea, director de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur): "Son edificios de un diálogo contemporáneo, muestran una pluralidad de expresiones de alta calidad", "tienen claridad en la manera como serán habitados", "es arquitectura de vanguardia", "...de personalidad fuerte y definida", "rotundo, pero con sutileza".

• Proyecto de Patricia Roldán Herrera y el Proyecto de Héctor Santana Zertuche

Estos ocho proyectos, los seis de los arquitectos invitados y otros siete sobre intervención de lugares con valor patrimonial y espacios públicos forman parte del conjunto, para el cual el Ayuntamiento de Guadalajara calcula una inversión de 2,200 millones de pesos. Lo siguiente es firmar contratos con los arquitectos ganadores, para que comiencen a trabajar los proyectos ejecutivos y terminarlos en junio próximo.

• Proyecto de Álvaro Salvador Morales Hernández y el Proyecto de Ricardo Agraz Orozco

Paso a paso este proceso será así: los proyectos ganadores, sólo son conceptuales, es decir, el trazo de ideas a partir de una lista de requerimientos; sigue adecuarlos al Plan Parcial de Desarrollo Urbano (que se está trabajando) y los arquitectos deberán cumplir con las recomendaciones del Concejo Ciudadano Consultivo de la Villa Panamericana, para que la arquitectura de los edificios se integre y respete el contexto social y físico. Después, con el plan ejecutivo en mano los constructores seleccionados comenzarán la edificación y los arquitectos, contratados por el ayuntamiento, se encargarán de supervisar la obra.

• Proyecto de Marco Antonio Ramírez Torreblanca y Maqueta general de la Villa Panamericana

"El objetivo es hacer de la Villa Panamericana un hito". Es la frase que repiten en el discurso de promisorias oportunidades. Un hito, según el vocabulario de los urbanistas, es un punto de referencia y visible en la ciudad, como el Ángel de la Independencia por avenida Reforma. Aquí serán trece edificios de vivienda, planeados para 6,500 personas, aproximadamente; habrá viviendas tipo estudio y de una a tres recámaras, el costo será de 800 mil a un millón 600 mil pesos y la oferta estará abierta para quien desee volver a habitar el centro de Guadalajara; según los cálculos mercadológicos, para quienes ganen entre 18 mil y 25 mil pesos mensuales.

La Villa comenzará a construirse en agosto próximo y anuncian que terminarán dos años y seis meses después.

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La SSJ analizará toxicidad del río Santiago

Ya se recogen muestras; se buscan metales pesados y otros contaminantes. Maricarmen Rello - PÚBLICO Se tardó, pero finalmente la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se decidió a analizar la toxicidad del río Santiago. Hará estudios físico-químicos, microbiológicos y de metales pesados, para lo cual ya comenzó el análisis de muestras de agua tomadas en tres puntos del afluente, así como en pozos que abastecen a las localidades de El Salto y Juanacatlán. El objetivo del estudio es determinar la calidad del líquido que corre en el río Santiago y si "éste representa un riesgo para la población", informó Guillermo Ochoa Fernández, jefe de la Región Sanitaria XI de la SSJ, a la cual pertenecen los municipios de El Salto y Juanacatlán. Lo anterior muestra un cambio de dirección en la política de la SSJ, pues su titular, Alfonso Gutiérrez Carranza, siempre había dicho que no tocaba a su dependencia analizar la calidad del agua: "El agua cuando llega a las casas es ya la incumbencia nuestra, porque es cuando se va a utilizar para darle uso, para las personas, ya sea de contacto o de uso para el hogar; entonces, en los ríos, mares, lagunas, Conagua es quien tiene que darle la solución" (15 octubre 2007). Esta posición de la SSJ se sumaba a la del gobierno estatal, que jamás ha reconocido la relación entre la contaminación de este río —grave, según diversas instancias, incluso por organismos internacionales— y el daño a la salud de quienes viven cerca de sus márgenes, versión que está a debate como origen de la intoxicación por arsénico que la semana pasada arrebató la vida al niño Miguel Ángel López Rocha. La SSJ aseveró que este año ya ha levantado varias muestras de agua en el Santiago, pero, para efectos de este nuevo estudio, las pruebas se recolectaron el viernes pasado de tres puntos específicos en el afluente: en el sitio conocido como Miraflores; a la altura del puente que divide El Salto de Juanacatlán y en la colonia La Azucena, donde vivió Miguel Ángel. Detalló que se practicarán varios análisis: físico-químico, microbiológico, análisis para detectar plaguicidas y los respectivos para metales pesados y cianuro. El entrevistado comentó que se tomaron varias pruebas en los puntos citados, así como en nueve pozos que abastecen de líquido a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán (cinco y cuatro respectivamente), y serán analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la SSJ, por un laboratorio local privado de amplio prestigio y por un laboratorio asentado en León, Guanajuato. Los resultados de metales pesados, plaguicidas y cianuro estarán listos en tres semanas. El funcionario indicó que la sola presencia de arsénico y otros metales —develada también por estudios de la Comisión Estatal del Agua (Público, 18 de febrero de 2008)— "no dice nada" y que habrá que determinarse la concentración de estos metales. Hasta entonces se podrá confirmar si hay riesgo para la población.

PRI y PAN piden una intervención urgente en el río

Solicitarán al Ejecutivo mesa de trabajo para resolver crisis en la Cuenca.

Rubén Martín y Jaime Ramírez - PÚBLICO

Javier Guízar Macías, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Eduardo Rosales Castellanos, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), invitaron al gobernador Emilio González Márquez a que a la brevedad posible convoque a los actores de gobierno, legisladores y dirigentes de partido para resolver de fondo la crisis medioambiental que afecta al río Santiago.

La iniciativa surgió primero del dirigente priista Javier Guízar y fue aceptada por Eduardo Rosales del PAN. Ambos coincidieron en que es necesario hacer un lado los conflictos partidistas, por lo que decidieron sumar los apoyos de sus organizaciones y grupos parlamentarios (locales y federales).

Eduardo Rosales puso como condición que esa mesa de trabajo de partidos y legisladores sea encabezada por el gobernador Emilio González Márquez. Ambos quedaron en que le plantearían esa propuesta al Ejecutivo estatal para que lo más pronto posible convoque a los actores políticos para ayudar a resolver la crisis medioambiental en la cuenca del Santiago.

El acuerdo fue expresado al aire en Radio Metrópoli. Luego detallaron a este diario que ayer mismo buscarían al gobernador para ponerlo al tanto de esta iniciativa y de la necesidad de convocar a una mesa especial para atender el tema.

Rosales se dijo convencido de la necesidad de hacer a un lado los conflictos políticos y el reparto de culpas entre las fuerzas políticas y trabajar juntos para atender el problema referido. Dijo que le "preocupó que se empezó a sentir una especie de clima de linchamiento en contra de del gobernador Emilio González".

En su opinión, tanto PRI y PRD son culpables en una parte, pero también admitió que los gobiernos panistas no han sido eficaces, además de la responsabilidad que deben asumir los empresarios que vierten sus aguas en la cuenca. "Se tienen qué apartar las cuestiones políticas y partidistas, dejarlas a un lado y trabajar en estos temas. Hoy lo que necesitamos es trabajar juntos con el gobierno de Emilio González para solucionar esto", expresó.

Guízar, por su parte, dijo que "quien está en la función de gobierno tiene una responsabilidad", pero enseguida dijo estar de acuerdo con la frase del gobernador de que "todos somos culpables, todos los actores de gobierno. Y las empresas también".

En lugar de seguir mirando hacia atrás y buscar culpables, propuso buscar soluciones. "Hemos platicado de cómo trabajar de manera conjunta PRI, PAN y las otras fuerzas políticas, cómo trabajar juntos las fracciones parlamentarias y los tres niveles de gobierno […] Desgraciadamente el niño Miguel Ángel falleció [presuntamente por ingerir agua con arsénico al caer al río], pero cuántos no pueden estar como él. Tenemos qué trabajar todos, pero no hay mucho tiempo". Por eso urgió al gobernador a convocar a las fuerzas políticas para atender la crisis medioambiental que se vive en El Salto y Juanacatlán.


La PGJEJ investiga muerte de Miguel Ángel
(Jaime Ramírez Yánez)

• En cuanto se supo del fallecimiento del niño Miguel Angel López Rocha, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) intervino "de oficio" y puso en marcha una investigación para deslindar responsabilidades. Así lo informó el titular de la dependencia Tomás Coronado Olmos, durante una entrevista al término de su comparecencia en el Congreso local en el marco de la glosa del I Informe de Gobierno.

Explicó que hay varias líneas de investigación, "dependemos de los resultados de los exámenes [practicados al menor fallecido la semana pasada por una intoxicación con arsénico, presuntamente ingerido al caer en el río Santiago], pero si hay alguien, alguna empresa vertiendo los desechos y que esto sea factor fundamental para el deceso del menor, evidentemente tendremos que ejercitar acción penal en contra de ellos".

Tras insistir en que la PGJEJ tiene que hacer su "trabajo con base en elementos probatorios para poder determinar las responsabilidades", Coronado Olmos confió en que la semana entrante recibirán el dictamen de laboratorio de las muestras tomadas al menor que se procesan en Estados Unidos y adelantó que, en caso de ser necesario, cualquier funcionario podría se llamado a declarar.

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Oposición frenó limpieza del río: gobernadores

Aunque el problema de la contaminación y limpieza del río Santiago era prioritario en las tres administraciones panistas, a la fecha no hay avances en la materia; la disculpa de los ex mandatarios y el actual es que la oposición los bloqueó.

Dolores Reséndiz - Salvador y Maldonado - PÚBLICO

• Alberto Cárdenas Jiménez
Gobernador de Jalisco (1995-2001)

Alberto Cárdenas Jiménez dijo recordar "como si fuera ayer" su propuesta de contraer un financiamiento con el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar del gobierno de Japón por 150 millones de dólares, con el cual se buscaba "elevar la productividad del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado [SIAPA], traer más agua a la zona conurbada [de Guadalajara] y sanear las aguas de la zona metropolitana" y que el proyecto fracasó por la falta de apoyo de los diputados opositores de ese tiempo.

Tal proyecto implicaba una inversión total de 300 millones de dólares (la mitad del gobierno federal) "y de último momento, cuando ya estaba todo amarrado, en una sesión del Congreso de Jalisco [29 de marzo de 1998], se echan para atrás algunos diputados y esto se retarda. Ahora vean el tiempo que llevamos de retraso" en cuestión de saneamiento y abasto, resaltó el hoy titular de la Secretaría de Agricultura. Insistió en que tal proyecto, en su momento, tenía como ventaja "el mejor financiamiento a escala mundial [una tasa de alrededor de 4 por ciento]. Retábamos a que nos dijeran si hubiese otro más barato en cualquier parte del mundo".

El también ex secretario de Medio Ambiente dijo confiar que ahora sí se haga realidad el intento frustrado en su Administración, pues tiene conocimiento de que la del gobernador Emilio González Márquez "va por un paquete muy ambicioso de saneamiento de aguas a corto y mediano plazo".

También reconoció que la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua tienen retos pendientes en materia de regulación de distritos de riego que se alimentan con cauces de aguas negras, como es el caso de La Aurora en la cuenca del río Santiago, en los municipios de El Salto y Juanacatlán.


• Francisco Ramírez Acuña
Gobernador de Jalisco (2001-2007)

Al igual que el actual gobernador, Emilio González Márquez, su antecesor, Francisco Ramírez Acuña repartió hacia otros las culpas en el tema del saneamiento de aguas y la muerte de Miguel Ángel López Rocha, el niño que el miércoles pasado murió intoxicado con arsénico, el cual presuntamente ingirió tras caer al río Santiago.

Este lunes, el ex mandatario pidió que los ex legisladores que hace algunos años se opusieron al saneamiento de aguas de la zona metropolitana, den ahora la cara a los familiares del fallecido niño: "Saquen de sus notas quién se opuso a que se hicieran las inversiones, a ellos hay que exigirles que den la cara y la responsabilidad que en su momento tuvieron, que ellos den la cara a los familiares del niño muerto".

No dio nombres, pero como en su Administración los diputados le aprobaron todos los recursos solicitados para los proyectos de abasto y saneamiento (ninguno de los cuales ha cristalizado todavía), se presume que Ramírez Acuña se refirió a quienes eran legisladores durante la gestión de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), época en la que el entonces diputado del PRD Raúl Padilla López, lideraba la oposición a un crédito con el que se pretendía realizar infraestructura para el abastecimiento, distribución y saneamiento de aguas, que fue bloqueado en marzo de 1998 en el Congreso del Estado.

Ramírez Acuña pidió a los representantes de los medios de comunicación que rescaten las notas de hace 18 años, pues recordó que "hubo esfuerzos muy importantes en el gobierno de Guillermo Cosío [Vidaurri], en el de Alberto Cárdenas, en el de nosotros, en donde se estuvo trabajando fuertemente para hacer el saneamiento".


• Emilio González Márquez
Gobernador de Jalisco (2007-2013)

Luego de que la semana pasada desmarcó a su Administración de la muerte de Miguel Ángel López Rocha y la contaminación del río Santiago, al responsabilizar a prácticamente todos los jaliscienses, el gobernador declaró ayer que ya existe una investigación penal sobre el primer tema y que su gobierno "sí ha tomado en cuenta las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud" en materia de saneamiento: "Han sido tomadas en cuenta desde el inicio de este gobierno y forman parte del proyecto de la construcción de las plantas de tratamiento y de los colectores en la zona; no es algo nuevo para nosotros, eso estaba ya incluido en la licitación, que desgraciadamente fue declarada desierta".

Desde su punto de vista, "la solución definitiva a este tema es aquel saneamiento que hace diez años presentó el [gobernador] Alberto Cárdenas y que por razones políticas no se llevó a cabo"; y anunció que tras no prosperar el proyecto heredado por la Administración anterior, se prevé partirlo en tres, "uno para cada planta de tratamiento, y otro para el sistema de colectores, lo que permitirá que pronto inicie el proceso definitivo", pues "se tiene previsto para abril la publicación de la convocatoria para esta licitación, con lo que se retoma este proceso". Asimismo, dijo que su gobierno está abocado a separar las aguas que corren por el río Santiago, de modo que las limpias se utilicen en el distrito de La Aurora.

En cuanto a la investigación penal, dijo que se estudiarán "todos los factores que pudieron haber intervenido" en la muerte del niño (quien murió por intoxicación de arsénico que habría ingerido tras caer al río Santiago) y determinar si hubo responsabilidad de algún funcionario de gobierno.

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