Piden informe sobre la contaminación del Río Santiago. Asociaciones civiles proponen cancelar la Presa de Arcediano e indeminizaciones
Mario Gutiérrez y Sergio Hernández - MURAL
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) un informe sobre la contaminación del Río Santiago, pues evalúa iniciar una queja sobre los daños medioambientales en Juanacatlán y El Salto, en donde estarían involucradas autoridades federales.
Mientras, organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades acciones inmediatas para combatir los daños en la zona.
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la CEDHJ, explicó ayer que la CNDH habrá de conocer primero la participación que tiene el Gobierno federal en el problema de la contaminación que presenta la cuenca hidrológica, para después evaluar si es necesario iniciar una investigación y una posterior queja.
El Ombudsman estatal manifestó que además las comisiones estatales de derechos humanos de Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Nayarit pondrán especial vigilancia en la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y atenderán las quejas sobre el daño que existe al medio ambiente.
Álvarez Cibrián agregó que el fin de semana la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de los Derechos Humanos emitió un punto de acuerdo en el que respalda la postura e informes de la CEDHJ respecto a la contaminación del río.
Piden acciones urgentes
Organismos no gubernamentales exigieron ayer a las autoridades la realización inmediata de una serie de acciones tendientes a devolverle la sustentabilidad ambiental y sanitaria a la zona afectada por la contaminación del Río Santiago en cuatro puntos.
Algunos de los organismos que hacen la solicitud son la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (Imdec), el Instituto Vida, Internacional Rivers, y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
Entre las peticiones están declarar a Juanacatlán y El Salto zona de emergencia ambiental y zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general; cancelar definitivamente la construcción de la Presa de Arcediano sobre el Río Santiago; desarrollar, en esfuerzo conjunto con especialistas y sociedad civil un plan de saneamiento integral para la cuenca del Alto Santiago, incluyendo la del Ahogado y regulando tanto las descargas industriales como las municipales.
La cuarta de las demandas es indemnizar a la población afectada por la contaminación, incluyendo la familia de Miguel Ángel.
La Asociación de Industriales de El Salto se defendió de las sospechas y señalamientos que los ponen como los contaminadores del río, por lo que solicitaron que, en su caso, la autoridad sancione a quien no cumpla con la ley ambiental.
El representante de la Comisión Nacional del Agua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, aseguró que no han encontrado algún caso extraordinario de violación a los parámetros de descarga autorizados.
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