martes, 27 de mayo de 2008

Convoca CONAFOR a postular candidatos a obtener el Premio Nacional al Mérito Forestal 2008





http://www.conafor.gob.mx/PNMF/index.html

Afecta incendio en La Primavera 102 hectáreas

Señalan que los culpables buscaban crecer la frontera agrícola dentro del Área Natural Protegida Segio Hernández - MURAL El crecimiento de la frontera agrícola dentro del Bosque La Primavera fue lo que provocó el incendio presentado entre el domingo y el lunes y que afectó 102 hectáreas, consideró el director del Área Natural Protegida, José Luis Gámez Valdivia. "Al parecer son invasores (los culpables). Hay algunas parcelas que le están ganando terreno al bosque, están haciendo cambio de uso de suelo y nos da mucho coraje ver la impunidad de estas gentes que amparados en un esquema de campesinos o pseudocampesinos, no están haciendo lo correcto", expresó. El Programa de Manejo de La Primavera contempla que de las 30 mil 500 hectáreas protegidas, en mil 989 se pueden realizar actividades de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas. La zona donde inició el incendio se ubica junto a un área caracterizada para actividades agrícolas, pero aparentemente se encuentra fuera del perímetro donde se permite la siembra. En el lugar donde inició el incendio hay dos pequeños cuartos de madera que fueron levantados en los últimos días. El avance del fuego indica que inició junto a uno de estos cuartos y comenzó a extenderse hacia una zona empinada donde prevalecen los encinos. Un rollo de alambre de púas en uno de los cuartos muestra que los agricultores tenían la intención de delimitar la nueva zona de cultivo. Gámez Valdivia dijo que los presuntos culpables son una familia compuesta por cinco varones y un niño, optando por detener a cuatro adultos quienes fueron presentados ante el juez municipal de Zapopan, quien finalmente decidió que no había elementos suficientes para retenerlos, porque nadie vio cuando iniciaron el incendio, a pesar de las pruebas que hay en el lugar de los hechos. "Se agarraron estas personas a 500 metros cuando mucho de ahí del incendio, y no es usual como para pensar que pase mucha gente, son los únicos que estaban ahí, incluso cayeron en contradicciones, y las evidencias que están en el predio de donde salió el incendio denota la seguridad de que ellos fueron los que propiciaron el incendio y desgraciadamente los tuvieron que dejar libres", agregó. En total fueron 102 las hectáreas que se afectaron por el fuego dentro del Área Natural Protegida de las cuales tres fueron de arbolado adulto, participando 155 elementos para su control. El gerente regional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Ignacio Marmolejo, informó que algunas brigadas que combatieron el fuego que se presentó en el Bosque La Primavera se trasladaron a la zona arbolada de Zapotlán El Grande para atacar un incendio que no había podido ser controlado desde el domingo. "El incendio inició en la parte sur sureste del Estado en el pueblo de Atequizayán, hacia la Media Luna. Está afectando también unas plantaciones muy bonitas que iban en su desarrollo desde hace 8 años que se plantaron y esa zona no se había quemado en los últimos 10 años", indicó. Buscan detener fuego por decreto Ante el riesgo que implica cualquier fuego, por menor que sea, durante la temporada de estiaje, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco busca prohibir las quemas agrícolas en esta época. Martha Ruth del Toro, titular de la dependencia, indicó que es evidente la relación entre fuego para limpiar terrenos agrícolas e incendios forestales. "Vean un mapa, en Google lo pueden bajar, inmediatamente se detecta cómo los sitios donde hay incendios forestales están totalmente vinculados con sitios agrícolas", afirmó Del Toro. "Estamos valorando que en periodo de estiaje pudiera venir una prohibición absoluta de fuego; hemos platicando con el sector rural, con Desarrollo Rural y están de acuerdo".

Respaldo federal a huicholes


El Congreso de la Unión pediría al gobierno estatal aclarar todo el proyecto: que informe sobre sus beneficios y todos los permisos que lo soportaron. Foto: Iván García

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza desde el 21 de mayo un exhorto al gobierno de Jalisco para que cumpla con las leyes ambientales y penales que presuntamente ha violado con la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, obra actualmente suspendida.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diego Cobo Terrazas, presentó ante la permanente la propuesta de un punto de acuerdo para expresar la preocupación de los legisladores en torno a las denuncias de violaciones a las leyes ambientales y los derechos individuales y colectivos supuestamente cometidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en el proyecto carretero, sin contar con manifestación de impacto ambiental ni autorización de cambio de uso de suelo forestal, situación similar a otras obras carreteras construidas en la entidad, según ha sido documentado por Público a partir de su edición del 8 de diciembre de 2003.

La propuesta central es que “la Comisión Permanente […] exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para que todas las obras y actividades que se realicen para proyectos carreteros, sean con estricto apego a la normatividad ambiental estatal y federal vigente”.

Además, se pide al gobierno de Emilio González Márquez “informe del análisis costo-beneficio del proyecto en la determinación de impacto, valoración y propuesta de medidas de mitigación y del estudio de factibilidad que se presentaron para el proyecto de ejecución de la obra, así como del documento[s] donde se evaluaron las consideraciones que conforme a su competencia correspondan”.

También debería entregar la “documentación que ampare la legalidad de las obras y actividades desarrolladas hasta la fecha, correspondientes al tramo carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en el que se incluyan los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el [los] permiso de aprovechamiento forestal”. Otro elemento que se debe conocer es “la documentación que acredite las medidas de mitigación y compensación dictadas por la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] en 2005”.

Los legisladores también interpelan a la Semarnat a que “informe a la brevedad las autorizaciones correspondientes”, en caso de que existan, y sus condicionantes.

La Profepa, por su parte, debe entregar “los resultados de las visitas de inspección realizadas por esa procuraduría en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla El Alto, en mayo de 2005 y abril de 2008, que dieron como consecuencia la clausura de obras y actividades. Así como los resultados de los procedimientos administrativos instaurados en contra de la Sedeur del gobierno de Jalisco por este proyecto”.

El diputado Coba resalta que la zona afectada no sólo es posesión inmemorial de los huicholes, sino una superficie serrana protegida desde 1949 como área de protección de recursos naturales (según la recategorización de 2002), lo cual hace más graves los delitos ambientales allí cometidos.

En esta zona, añade, “se localizan más de dos mil especies de plantas vasculares de afinidad holártica y neotropical; 300 especies de aves terrestres, acuáticas y marinas de afinidad neártica y tropical, de las cuales al menos quince son endémicas a nuestro país; más de 800 especies de insectos; cerca de 80 especies de mamíferos, de las cuales más de quince son endémicas y ocho están protegidas por la NOM 059; más de 60 especies de reptiles y 16 de anfibios, y de estas, más de la mitad son endémicas y al menos diez se encuentran amenazadas; alrededor de diez especies de ictiofauna [peces] de las cuales una es endémica”.

Las obras “que hasta la fecha se han realizado se han efectuado contra todo orden legal”, asegura el legislador.


Comunidad rompe con alcalde de Mezquitic

• El pasado fin de semana se realizó la asamblea comunitaria de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) en el predio Ciénaga de los Caballos, en la Sierra Madre Occidental, lo que sirvió de desenlace del enfrentamiento entre los comuneros huicholes y el presidente municipal de Mezquitic, Ernesto de la Torre Martínez.

El saldo: el rompimiento de toda relación entre ambos, pues el alcalde se negó a reparar daños ambientales y a pagar costos de los procesos legales que han debido seguir los wixaritaris para detener la obra carretera Bolaños-Huejuquilla, clausurada por las ilegalidades cometidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano en su construcción (Público, 29 de febrero y 10 de abril de 2008), de la cual el munícipe aceptó corresponsabilidad, aunque “menor”.

La entrevista, realizada el pasado sábado en el paraje que se ubica justo sobre el paso carretero, y que ha sido tomado por los huicholes desde el 11 de febrero pasado, transcurrió tensa, con presencia de policías armados y falta de acuerdos sustantivos. Los indígenas acusan al alcalde de haber participado en la falsificación de un acta de asamblea que realizó la Sedeur para presentarla como aprobación del “derecho de vía” en 19 kilómetros en que la ruta afecta territorio de esta comunidad (ver ediciones del 16 y 20 de febrero de 2008).

Por si fuera poco, el derribo de arbolado, la remoción de vegetación original y el corte de corredores de flora y fauna no están autorizados, lo que lleva a configurar delitos ambientales y contra el patrimonio tipificados en el Código Penal Federal, lo que motivó a entablar una denuncia formal el pasado 22 de abril en la Ciudad de México.

A la asamblea acudió el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí: en el informe sobre los debates, asegura que la carretera es una imposición “a fin de darle acceso a una nueva mina de oro localizada en tierras de la vecina comunidad indígena de San Andrés Cohamiata”.

Precisa que “durante la asamblea se acordó integrar la Pericial de Avalúo Topográfico y Ambiental, que habrá de presentarse la semana próxima en el Juicio de Garantías 596/2008 [el cual tiene una suspensión de plano vigente] para cuantificar los daños forestales, ambientales, arqueológicos, culturales y morales” padecidos por Tuapurie.


- Claves

Empresas a investigar


La averiguación previa 90/UEDIAPLE/DA/23/2008, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la PGR, el 22 de abril de 2008, contra cuatro funcionarios de Sedeur de Jalisco, por las destrucciones ocasionadas en la sierra Huichola con la carretera Bolaños-Huejuquilla, también involucra a 17 empresas, responsables de construir distintos tramos:

• Constructora Jepasa, SA de CV
Del kilómetro 10.7 al 16

• Supercate, SA de CV
Del kilómetro 16 al 21

• Construcciones y Carreteras, SA de CV
Del km 21 al 22.6

• Constructora Industrial Chávez, SA de CV
Dos tramos: del km 22.6 al 24, y del km 123.4 al 130

• Caminos Sierra Madre Occidental, SA de CV
Del km 24 al 28

• Construcret de México, SA de CV
Puente vehicular en el km 22.66

• Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, SA de CV
Del km 61 al 65

• Dinfrasur de México, SA de CV
Del km 65 al 70

• Constructora Tetl, SA de CV
Del km 70 al 75

• Constructora Autlense, SA de CV
Del km 75 al 80

• Urbanizadora 2000, SA de CV
Del km 80 al 85

• Agatso Pavimentos y Construcciones, SA de CV
Del km 85 al 90

• Arrentrac, SA de CV
Del km 90 al 95

• Her-Padi, SA de CV
Del km 95 al 100.26

• Marjov Construcciones, SA de CV
Del km 106 al 111

• Conurmaq, SA de CV
Del km 111 al 117

• José Fernando Purata Campos
Del km 130 al 136.5

“Frustrante”, liberación de sospechosos del fuego


El siniestro del domingo en el bosque La Primavera produjo una mancha de contaminación sobre la ciudad. Foto: Rafael del Río

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Fue el primer intento en años de darle rostro a la responsabilidad de la destrucción del medio ambiente, pero la detención de cuatro acusados del último incendio en el bosque La Primavera terminó de forma desalentadora, admitió ayer el director del área de protección de flora y fauna, José Luis Gámez Valdivia.

“Nos dijeron que, como no había flagrancia, no había modo de demostrar que ellos llevaban la lumbre y esa lumbre fue la que invadió el bosque”, añadió el funcionario. “Ni modo que pongan cámaras en todo el bosque para captar a los posibles infractores: los requisitos legales hacen imposible poder capturar a quienes dañan el ambiente, voluntaria o accidentalmente”, subrayó.

Dijo que está en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el establecer las responsabilidades vía una investigación y dar armas al agente del Ministerio Público Federal para que consigne a los responsables. “Lo que siempre buscamos es que se sienten precedentes para que quien maneja fuego en esta zona sepa que no puede hacerlo de forma imprudente, pero no pudimos hacer nada, es la verdad”.

Al mediodía de ayer fue controlado totalmente el incendio forestal que brotó casi 24 horas antes, en los predios Plan de Milpillas y Pedernal Grande, de La Primavera, informó el Centro Estatal de Prevención, Combate y Manejo del Fuego, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

“Después de un recorrido aéreo, el personal del Centro Estatal determinó una afectación de 102 hectáreas, de las cuales 95 por ciento corresponde a áreas de matorrales, pastos y arbustos, y el 5 por ciento restante a arbolado adulto. La superficie afectada fue determinada con base en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) […] Participaron en el combate 155 elementos pertenecientes a 13 brigadas forestales de la Conafor, la Secretaría de Desarrollo Rural [Seder] del gobierno del estado de Jalisco, el Ayuntamiento de Zapopan y la Unidade Estatal de Protección Civil”, señala un escueto comunicado de la Conafor.

Corrigen e incorporan a priista en análisis de licencias de uso de suelo


El Ayuntamiento designó al regidor José Manuel Correa Ceseña para que verifique con la Sindicatura mil 800 expedientes aprobados en recursos de revisión en la anterior administración

Gilberto Franco - EL INFORMADOR

Ante la desaparición de la Comisión Especial Transitoria para la revisión en licencias de usos de suelo, las fracciones edilicias del Ayuntamiento de Guadalajara acordaron que la síndico, Verónica Rizo López, y el regidor priista, José Manuel Correa Ceseña, sean los encargados de analizar los mil 800 expedientes aprobados por la anterior administración tapatía.

En sesión de Ayuntamiento, el alcalde tapatío Alfonso Petersen Farah presentó el informe final de los trabajos realizados por la disuelta comisión. También anunció la incorporación del edil priista en el análisis de los expedientes, en donde la Sindicatura era la única responsable.

“La información que yo tengo es que las fracciones se reunieron para destrabar un asunto que amenazaba con contaminar los trabajos del Ayuntamiento, por las implicaciones que tiene, entonces deliberaron y de alguna manera salió mi nombre para darle acreditación a los trabajos”, comentó Correa Ceseña.

Aunque el regidor no estaba enterado de que formaría parte de la revisión de los expedientes, asumió la encomienda y aseguró que realizará un análisis “sin tintes partidistas” que defienda los intereses del municipio.
“Haré un trabajo muy serio, sin ningún tinte partidista. Lo que tenga que salir, que salga; si no hay nada, pues no hay nada”.

Acentuó que esta decisión colegiada ayudará a “limar las asperezas” entre las fracciones edilicias por la desaparición de la comisión investigadora, pues aseguró que, en el caso de los priistas, lo único que solicitan es respetar los tiempos reglamentarios de 48 horas para presentar ante el pleno iniciativas de acuerdo con carácter de dictamen.

El edil desconoció si para estos trabajos contratarán a más abogados o si el personal de la Sindicatura será el responsable de coadyuvar en el análisis de los documentos. No obstante, anticipó, por la cantidad de expedientes la Sindicatura se “distraería” de sus funciones por atender este asunto específico.

Verónica Rizo López, síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, señaló que debido a las anomalías detectadas en los expedientes que revisó la comisión transitoria, se interpondrán 28 juicios más contra modificaciones de uso de suelo.

Dentro de las principales irregularidades encontradas, destacó la violación a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU), a la Ley del Procedimiento Administrativo, al Reglamento de Anuncios y a la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco.

Cronología

28 de septiembre de 2006
El entonces síndico del Ayuntamiento, Gustavo González Hernández, acepta que desestima la opinión técnica que emitían la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur) y la Dirección de Obras Públicas para proyectos de construcción o giros comerciales, debido a que existían incongruencias entre los Planes de Centro de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU).

10 enero de 2007
La presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Celia Fausto Lizaola, anuncia que durante su gestión se realizarán revisiones puntuales de las licencias, permisos para construir y cambios de uso de suelo por las irregularidades cometidas en la pasada administración.

2 octubre de 2007
La Dirección Jurídica del Ayuntamiento anuncia que interpondrá tres juicios de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), contra el mismo número edificaciones autorizadas durante la pasada administración, por el entonces síndico Gustavo González Hernández.

22 octubre de 2007
Para abatir el rezago de siete años que existe en los PPDU, la Coplaur y la empresa CID Consultores anuncian un levantamiento de usos de suelo en toda la ciudad. Según el alcalde, Alfonso Petersen Farah, la medida serviría para evitar autorizaciones de usos de suelo que violenten los ordenamientos municipales.

30 octubre de 2007
Se instala la Comisión Especial Transitoria que investigará mil 800 recursos de revisión resueltos como favorables por la Sindicatura en la anterior gestión municipal.
Dentro de los primeros acuerdos, destaca el plazo de 24 horas para que la Dirección Jurídica entregue la totalidad de expedientes resueltos como favorables mediante recurso de revisión por el ex síndico, Gustavo González Hernández, y el ex director jurídico, Francisco Javier Ulloa Sánchez.

13 diciembre de 2007
La Sexta Sala Unitaria del TAE notifica al Ayuntamiento de la resolución favorable que obtuvo en tres juicios de lesividad. Las tres sentencias corresponden a autorizaciones emitidas por el ex director jurídico para instalar anuncios espectaculares a favor de la empresa Intermediación Publicitaria.

7 mayo 2008
La Comisión Especial presenta un primer informe de los 98 expedientes correspondientes al mes de diciembre de 2006: detectaron 52 recursos de revisión con irregularidades.

8 mayo 2008
El Ayuntamiento aprueba la disolución de la Comisión Especial Transitoria, con la votación en contra de las fracciones del PRI y del PRD.

21 mayo
La Dirección Jurídica del Ayuntamiento presenta 20 juicios de lesividad para revertir cambios de uso de suelo autorizados en la pasada administración.

Modificarían acuerdo para “descongelar” permisos en Colomos


El municipio únicamente ejecutó la sentencia derivada de una resolución judicial

Gilberto Franco - EL INFORMADOR

El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, aseguró que la factibilidad de uso de suelo para edificar viviendas horizontales aledañas al Bosque Los Colomos, fue ordenada por un juez.

Precisó que el municipio únicamente ejecutó la sentencia derivada de una resolución judicial, por lo no violentó el acuerdo aprobado por el 13 de marzo por el pleno, para suspender los permisos y licencias en el área protegida.

“Estrictamente hablando, nosotros estamos mandatados por el tribunal para llevar a cabo el otorgamiento de este tipo de permisos. Sin embargo, estamos trabajando con el Gobierno del Estado en lo que creemos que es una duda jurídica razonable sobre la propiedad del terreno”.

En entrevista, el munícipe señaló que las personas que se ostentan como propietarios del terreno ubicado en Retorno al Torreón 1815, tienen el “legítimo derecho” de exigir una licencia de construcción si cumplen con los requisitos que marca el dictamen de trazos usos y destinos específicos, en el que se avala la construcción de viviendas.

Ante esta situación, el primer edil reconoció que el acuerdo aprobado por el pleno para congelar los permisos en el Bosque Los Colomos, podría estar violentado el derecho de los particulares para obtener una autorización por parte de las autoridades.

“Podemos incluso, lo digo con toda claridad, caer en una irregularidad administrativa, por lo que los propietarios del mismo predio, podrían acudir a ciertas instancias legales para demandar la exigencia de lo que es su legítimo derecho”.

Petersen Farah indicó que si los particulares interpusieran una demanda para pedir la licencia de construcción en el terreno, el Ayuntamiento tapatío prácticamente estaría obligado a modificar el acuerdo para cumplir con el laudo que respalda la construcción en la zona.

“En ese caso, la Sindicatura tendría que informar al Ayuntamiento de la resolución emitida por un juez que es una autoridad externa, pero que sin duda es de cumplimiento obligado, para que el pleno lleve a cabo la modificación del acuerdo”.

El alcalde indicó que la administración pasada, en su momento debió alegar la “inejecutabilidad” de la sentencia que ordena otorgar un uso de suelo compatible para vivienda horizontal, ya que con este mandato se viola la autonomía del municipio.

“Lamentablemente no lo hizo de manera adecuada o el juez lo interpreto de manera diferente, pero nosotros lo que recibimos fue un laudo definitivo en tercera instancia”.


Alfonso Petersen Farah reconoció que el acuerdo para negar los permisos en el Bosque Los Colomos, podría estar violentado el derecho de los particulares a obtener una autorización para construir viviendas


Telón de fondo

EL INFORMADOR publicó ayer que el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Obras Públicas, otorgó el 31 de enero de 2008 una factibilidad de uso de suelo para edificación nueva en el predio Retorno al Torreón 1815, que colinda con el Bosque Los Colomos.

La autorización fue recibida por Guillermo Orozco Salido, copropietario del terreno, hasta el 1 de abril, es decir, 42 días después de que el pleno del Ayuntamiento tapatío, aprobara un dictamen presentado por el regidor Leobardo Alcalá Padilla, para que no se emitieran licencias ni permisos en el bosque. La factibilidad de uso de suelo dictamina que el terreno de 15 mil 131 metros cuadrados, es compatible para edificar viviendas horizontales.

UdeG espera censo para determinar cuáles edificios pagarán servicio de agua

Carlos Briseño Torres, consideró que la forma en que cada dependencia debe pagar, “depende de la circunstancia de cada institución”. Javier Espinoza - EL INFORMADOR Ante la intención del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de cobrar por el uso del líquido a edificios públicos, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Briseño Torres, consideró que la forma en que cada dependencia debe pagar, “depende de la circunstancia de cada institución”. Señaló que es una obligación de las instituciones públicas pagar por el consumo de agua, aunque recordó que la máxima casa de estudios y el SIAPA elaboran un censo para determinar qué dependencias universitarias están exentas del pago “por ley”, por lo que aguardarán a que esté listo para “definir los montos de pago”. Reconoció que dotar del servicio de agua a las instituciones, gobiernos y universidades, le cuesta al SIAPA, “es producto de una fuerte inversión”. Sin embargo, “deben entender que en nuestro caso, los planteles están exentos del pago de agua por ley. Así está establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que expidió el Congreso del Estado de Jalisco”. No obstante, enfatizó que no tendrá oposición de pagar por el servicio de las dependencias universitarias que no salgan exentas en el censo, el cual podría estar concluido antes de terminar este año. Por lo pronto, la UdeG no tiene presupuestados recursos para el pago actual del servicio.“Si el SIAPA fija una cantidad por los edificios que no estén exentos conforme a la ley, tendríamos que solicitarle apoyo financiero al Congreso del Estado y al Gobierno federal”.Para que los edificios públicos paguen por su consumo de agua, el SIAPA contempla una nueva tarifa que rondaría los 5.80 pesos por metro cúbico. La estrategia del organismo es que a partir del próximo año, universidades y propiedades de los ayuntamientos y del Gobierno del Estado paguen por lo que consumen de agua, “que no sea subsidiada en su totalidad como hasta ahora”. Rodolfo Ocampo, director del SIAPA, señaló que con la cuota denominada “consumo de gobierno”, se pretende cuando menos cubrir los gastos de producción, es decir, lo que le cuesta al organismo prestarles el servicio, pero con una nueva modalidad. “El dinero recaudado se invertirá en obras pluviales para evitar inundaciones”. Los edificios públicos están exentos de pagar por el agua que consumen, con base en el artículo 115 constitucional, que determina que deben gozar de todos los servicios, además de que los municipios son los que dan origen al SIAPA, cediéndole las atribuciones de administrar el vital líquido. De los mil 600 millones de pesos con que cuenta el organismo de cartera vencida, 40% corresponde a edificios públicos, lo cual significa un adeudo de 400 millones de pesos.

Quemas agrícolas no dan tregua a La Primavera

El tercer incendio registrado en el Bosque La Primavera en apenas un mes, provocó que 102 hectáreas resultaran dañadas por el fuego, que logró ser liquidado luego de 20 horas de combate Evelyn Águila - EL INFORMADOR El tercer incendio registrado en el Bosque La Primavera en apenas un mes, provocó que 102 hectáreas resultaran dañadas por el fuego, que logró ser liquidado luego de 20 horas de combate. De nueva cuenta, una quema agrícola fuera de control propició que las llamas quemaran pastizales, matorrales y en menor grado arbolado adulto, en los predios Plan de Milpillas y Pedernal el Grande, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Sin embargo, a escasos 500 metros de las áreas siniestradas, se detectó a un grupo de agricultores que luego de ser detenidos, fueron liberados tras una resolución de un juez de Zapopan, que negó encontrar elementos para procesarlos, pues no hubo forma de evidenciar su participación en el incendio. En lo que va del año, el bosque ha sido víctima de 36 siniestros forestales que han dejado daños en más de dos mil hectáreas, de las 30 mil 500 protegidas, según estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). En el incendio que inició el domingo, participaron 155 brigadistas, además de la colaboración por aire de dos helicópteros. En esta ocasión, los niveles de contaminación se mantuvieron en el límite de “regulares”, por lo que no fue necesario activar una contingencia ambiental.