Lino Roblada, ejidatario de Ayotitlán. Imagen de archivo Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLORaúl Torres - LA JORNADA JALISCO
A pesar de que desde el 24 de enero la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió la denuncia en la que Lino Roblada Flores, ejidatario de Ayotitlán, dio cuenta de la forma en que la empresa Comercializadora Internacional de Minas SA de CV irrumpió en su predio derribando árboles y causando estrago ambiental, hasta ahora la dependencia no ha enviado personal para verificar el daño y realizar el dictamen técnico que correspondería en este caso.
Según el expediente PFPA/JAL/DQ/78/0014-08, la Profepa turnó desde el 11 de febrero este caso a la Subdelegación de Inspección Industrial para que iniciara las diligencias correspondientes; sin embargo, el día de ayer el encargado de ese departamento, Alejandro Cepeda González, reconoció que hasta ahora no se ha iniciado ninguna revisión en la zona.
El funcionario incluso dijo desconocer el nombre de la empresa que irrumpió en el ejido y puso en duda que ésta fuera una minera, pues –dijo– por la información con que contaba, la denuncia era ambigua.
Cepeda González dijo que en cuanto el expediente llegó se apoyó en la minera Peña Colorada para solicitar alguna información sobre lo que estaba pasando en Ayotitlán y, en su opinión, es difícil que se esté explotando una mina de oro y plata en esa zona.
El expediente de la denuncia interpuesta por Lino Roblada, en la que se menciona a la Comercializadora Internacional de Minas como la responsable de la explotación ilegal, incluye un oficio firmado por el delegado de la Profepa en Jalisco, José de Jesús Becerra Soto, en el que se instruye a efectuar “todas las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de posibles actos, hechos u omisiones constitutivos de infracción a los ordenamientos ambientales vigentes”, para en caso dado proceder conforme lo marca la ley.
En tanto la Profepa resuelve si procede la denuncia puesta por Roblada Flores, que se sustentó con fotografías en las que se observa el derribo de árboles para trazar una brecha, la empresa que había suspendido las obras volvió a entrar en Ayotititlán violando una suspensión otorgado por el Juez Primero en Materia Administrativa, tal como lo denunciaron los ejidatarios el 26 de marzo pasado.
Algunos miembros del Consejo de Mayores de Ayotitlán se han cuestionado seriamente el actuar de la Profepa, pues aseguran que en ocasiones han procedido de forma casi inmediata cuando alguno de ellos es denunciado por talar un árbol para conseguir leña y hacer fuego para alimentar a su familia.
