viernes, 22 de febrero de 2008

Profepa inspeccionó daños por carretera

Falta información de Semarnat sobre las autorizaciones de impacto ambiental.

Los huicholes siguen con su plantón y denuncian hostigamiento oficial. Foto: Iván García


Agustín del Castillo - PÚBLICO


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) culminó este jueves el procedimiento de inspección a las obras del tramo carretero Bolaños-Huejuquilla, luego de diversas denuncias tanto de comuneros del pueblo wixaritari (huichol) como de ejidatarios y pequeños propietarios sobre presuntos daños al entorno ambiental.

La operación, comprometida a los indígenas el pasado 14 de febrero por el delegado estatal, José de Jesús Becerra Soto, comenzó el martes 19 de febrero y terminó ayer, 21 de febrero. El funcionario espera recibir hoy el informe completo de sus inspectores, con base en lo cual se podrían determinar sanciones, informó el vocero de la dependencia Juan Carlos Díaz Morales.

La carretera tiene una longitud aproximada de 130 kilómetros y atraviesa por terrenos de las comunidades indígenas de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Santa Catarina Cuexcomatitlán, además del ejido mestizo de Los Amoles y diversas pequeñas propiedades. Los afectados señalan entre los daños la pérdida masiva de arbolado, la destrucción de hábitat de especies en peligro de extinción, como podrían ser la guacamaya militar (Ara militaris), el ocelote (Leopardus pardalis) y el lobo mexicano (Canis lupus baiyeli); la devastación de zonas de recarga de manantiales y el corte de corredores de fauna y flora.

En particular, los wixaritaris, quienes mantienen un plantón en la Ciénaga de los Caballos para impedir las obras, se han quejado también de la destrucción de sitios sagrados, además de que en los impactos ambientales no se considera la transformación del medio a la alta velocidad que traerá una ruta pavimentada: hostigamiento policiaco a sus peregrinaciones a Wirikuta (San Luis Potosí), arribo de taladores y cazadores clandestinos y una fuerte presión de empresas privadas o públicas para desposeerlos de sus terrenos comunales.

La construcción de esta carretera, que cuenta con un presupuesto de unos 400 millones de pesos entre 2007 y 2008, tiene diversas autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal, pero los indígenas desconocen sus términos; afirman que hay un elevado riesgo de que se hayan concedido sin considerar los impactos regionales, es decir, segmentados de predio en predio, lo que facilita la autorización y no impide daños crecientes.

En Santa Catarina, la protesta se avivó luego de que se conoció una supuesta acta de asamblea fechada el 9 de septiembre pasado —día en que no se realizó nada semejante en todo el territorio comunal—, firmada por los tres titulares del comisariado de bienes comunales de ese entonces, donde se permite afectar más de 76 hectáreas para el derecho de vía. El acta es espuria pero tiene firmas y sellos genuinos, porque señala un procedimiento que nunca se realizó. Los firmantes informaron a la asamblea que estamparon su rúbrica luego de meses de fuerte presión gubernamental (Público, 21 de febrero de 2008).

La Sierra Huichola tiene un viejo decreto de área protegida que data del gobierno federal de Miguel Alemán Valdés: es parte del vasto polígono de la zona de protección del distrito de riego 043, que fue recategorizada en 2002 como área de protección de recursos naturales. Además, forma en su mayor parte una “región terrestre prioritaria” por ser “una zona templada con alta concentración de especies consideradas en riesgo de extinción como la guacamaya enana, la ardilla (Tamias sp.) y el guajolote silvestre, y tiene el último registro del lobo mexicano en la región. Dentro de esta región se incluye vegetación de bosque de pino-encino y de encino con vegetación secundaria”, señala el texto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (www.conabio.gob.mx).

Además, los acuerdos am-bien¬tales de América del Norte ubican en esta geografía dos áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS), que son la C-55 y la NE-37, cuya preservación son un compromiso internacional del gobierno mexicano


Policías deambulan por la zona

• Los cientos de huicholes apostados desde el pasado 11 de febrero en el potrero de la Ciénaga de los Caballos, Mezquitic, para impedir la ejecución de las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, se han debido acostumbrar a la creciente presencia de policías estatales de Jalisco y de soldados del Ejército, lo que los voceros interpretan como una presión más para que levanten su protesta.

“Vienen y preguntan si tenemos armas; la policía se da vuelta con cualquier pretexto”, señaló uno de los voceros de los wixaritaris. El gobernador Emilio González Márquez se comprometió el pasado 20 de febrero a no desalojar a los quejosos.

La Ciudadela está limpia, afirma SSC


En marzo de 2007 Kellner presentó una denuncia ante la Profepa, mostrando su preocupación por los desechos tóxicos que pudieran existir en el terreno, pues antes de ser de uso habitacional era industrial.

Patricia Martínez y Jaime Ramírez - LA JORNADA JALISCO

La empresa SSC Inmobiliaria dio su versión en el caso de La Ciudadela. Ayer, fue la primera vez en que uno de los representantes opinó públicamente. Manuel de Asís Orta, vicepresidente de la compañía, dijo que es falso que el terreno donde se construye el conjunto habitacional y comercial esté contaminado, como argumentó el miércoles Ludger Kellner, presidente de la asociación vecinal Jardines del Sol y del Parlamento de Colonias.

En marzo de 2007 Kellner presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mostrando su preocupación por los desechos tóxicos que pudieran existir en el terreno, pues antes de ser de uso habitacional era industrial. Luego, la empresa recibió la orden de realizar estudios al suelo, para determinar el posible nivel de materiales tóxicos. Los resultados indicaron la presencia de talio, en niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana. La siguiente indicación fue sanear 70.93 metros cuadrados donde se localizó el material: “¡70.93, de 110 mil metros cuadrados que mide el terreno!”, dijo con asombro Manuel de Asís, y explicó que, de 120 muestreos que se hicieron, sólo encontraron talio en cuatro esquinas, en las naves industriales, “y dicho elemento químico es usado habitualmente en productos de control de plagas, como en raticidas. Recordemos que las naves usadas por Motorola estuvieron cerradas durante aproximadamente tres años”. Por lo tanto, “es falso que existan materiales contaminantes” y mostró las constancias de la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para asegurar que el terreno está saneado.

Respecto al desarrollo sustentable del proyecto, declararon que el predio cuenta con dos pozos, los cuales suministran aproximadamente 38 litros por segundo, sus necesidades máximas; por lo tanto, el flujo que sobrará, catorce litros por segundo, serán donados a Zapopan. También donarán 1,200 metros cuadrados para que la Comisión Federal de Electricidad instale una subestación, con la cual podrán dar el servicio de energía a 1,200 casas: “¡También en beneficio de la comunidad!”, subrayaron.

Por ahora, esperan que se resuelva la última traba: el nivel de densidad permitida. Para el Ayuntamiento de Zapopan el límite es construir 400 departamentos, aunque SSC Inmobiliaria tiene permiso para 530. Lo primero que concluirán es el centro comercial, y confían que estará para 2009. Han invertido casi 300 millones de pesos en la obra; la inversión programada es de 1,200 millones para el área comercial y 2,200 para la habitacional.

Harán consulta pública
(Guadalajara•Jaime Ramírez Yáñez)

• El Ayuntamiento de Zapopan hará una consulta pública en Jardines del Sol para evaluar el plan parcial de urbanización sobre el que se autorizaron las licencias de construcción de La Ciudadela.

En entrevista, el alcalde Juan Sánchez Aldana sostuvo que tiene que cumplirse el reglamento y que, en este caso, la consulta pública es parte de un procedimiento que marca la ley de desarrollo urbano en el plan parcial de urbanización. Sin embargo, precisó que el resultado de la consulta podría derivar en un cambio de uso de suelo, pero no detendría el proyecto inmobiliario del que se quejan los vecinos.

El síndico Ricardo Anguiano expuso que a los desarrolladores de La Ciudadela, quienes tienen cuatro procedimientos abiertos en contra y entre ellos uno de anulación de licencias, también les falta cumplimentar los estudios de impacto vial y ambiental ante el ayuntamiento, y que se defina si es procedente construir más departamentos en la zona.


- uno x uno
Las compraventas del polémico terreno

•El inmueble se inscribe por primera vez el 16 de febrero de 1945 y a favor del entonces menor de edad Ignacio García Villaseñor

•Según escritura 322 del 18 de octubre de 1968, ante el notario 63, Miguel Ángel Nuño Ruesga, Ignacio García Villaseñor vende a Semiconductores Motorola de México un total de 122,418.63 m2

•En la escritura 19,315 del 18 de julio de 1999, se asienta que Motorola de México vende a SCG México, ante el notario 181, Miguel Soberón Mainero

•Del expediente 1434/02 del Juzgado 3 Mercantil. Demanda Grupo Fracsa a SCG México, por conducto de Alejandro Moreno Pérez, notario 22 de Zapopan

• Expediente 1656/02 del Juzgado 4 Mercantil. Demanda SCG México, SA, a Grupo Fracsa, SA, y a Mauricio Sánchez Garza

•Escritura 3,042 del 29 de agosto de 2003. SCG México vende a Alejandro Sánchez Garza ante el notario 96, Adrián Talamantes Lobato

•Escritura 10,937 del 29 de agosto de 2003. Alejandro Sánchez Garza vende a la Universidad del Valle de México una parte del inmueble correspondiente a 45.514%, es decir, 50 mil m2, ante el notario 32 Salvador García Rodríguez

•Escritura 557 del 26 de marzo de 2004. Alejandro Sánchez Garza vende a Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, una parte del inmueble correspondiente a 41.865%, es decir, 45,992 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 79,713 del 31 de mayo de 2004. Universidad del Valle de México vende a Cictuvam, SC, 45.514% del inmueble. Es decir, 50 mil m2, ante el notario 137, Carlos de Pablo Serna

• Escritura 715 del 10 de agosto de 2004. Alejandro Sánchez Garza vende a Cictuvam, SC, 8.976% del inmueble. Es decir, 9,860.71 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 1,250 del 7 de septiembre de 2005. Alejandro Sánchez Garza vende a Cictuvam, SC, 3.645% del inmueble, correspondiente a 4,003.28 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 4,723 del 20 de abril de 2006. Venden, por una parte, Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, 41.865% correspondiente a 45,992 m2; y por la otra Cictuvam, SC, 58.135% correspondiente a 63,864 m2. Compra Deutsche Bank México, SA, en su carácter de fiduciario del fideicomiso F/349, 100% del terreno ante el notario 22 Alejandro Moreno Pérez. Dicho fideicomiso se integra por Deutsche Bank México, SA, como fiduciario, Centro Comercial Huehuetoca, LLC (Limited Liability Company) (85%) y Ricardo Covarrubias Valenzuela (15%)

• El 29 de agosto de 2003 se negoció el total del inmueble (109,856 m2) en trece millones 200 mil dólares, y el 20 de abril de 2006, tan sólo 32 meses después, se negoció el mismo inmueble en 44 millones 722,668 dólares

• Sin embargo, después de transcurridos más de dos años, lo que adquirió Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, en 23 millones 512,815 dólares, lo vende en 22 millones 632,369 dólares, con una pérdida de 880,446 dólares

• Contrato de arrendamiento entre los “Arrendadores”, Centro Comercial Huehuetoca, LLC (KIMCO), y Ricardo Covarrubias Valenzuela; y el “Arrendatario”, Cinemas de la República, SA de CV, ratificado ante el notario público 22 de Zapopan, Alejandro Moreno Pérez.

• Fuente:
Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias.

Inminente contraofensiva mediática del gobierno estatal en torno al caso del niño Miguel Angel

En el Ejecutivo se cocina la versión de que falleció debido a abusos y violencia intrafamiliar


El tutor de Miguel Angel López Rocha muestra la receta de los medicamentos prescritos por el Hospital General de Occidente, que se suministran cuando existe intoxicación por metales pesados en la sangre.

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Al interior del gobierno del estado se cocina la versión de que la muerte de Miguel Angel López Rocha –el niño de 8 años que antes de ingresar al Hospital General de Occidente (HGO) en enero pasado dijo haber caído al río Santiago– se debió a una serie de abusos hacia el pequeño y violencia intrafamiliar, según revelaron fuentes al interior de la administración que encabeza el panista Emilio González Márquez.

Desde hace un par de días, fuentes al interior del gobierno estatal han filtrado a diferentes periodistas que se dejaba venir una “contraofensiva” mediática a la información que ha circulado en los medios que apuntan a que la causa del menor se debió a la contaminación del río Santiago.

La punta de lanza serían las declaraciones del presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), José Luis Gutiérrez Treviño, quien declaró el pasado miércoles 19 de febrero: “Esa agua no está tan contaminada como están satanizando aunque venga de México y venga de donde venga, aquí el problema es político, a nosotros como iniciativa privada nos molesta demasiado. Nosotros estamos viendo que la tendencia es estar molestando para que no se construya Arcediano. Estamos totalmente en contra de eso”.

De acuerdo con lo publicado ayer en La Jornada Jalisco, el industrial detalló que “por ahí hay unas investigaciones que vamos a sorprenderlos, no les quiero decir por qué, no quiero”.

De igual forma, fuentes también del sector industrial revelaron que era cierto: una campaña del gobierno del estado estaba en marcha para echar atrás los señalamientos de que los lixiviados que contiene el río Santiago fueron la causa de la muerte del pequeño.

Miguel Angel López Rocha falleció a las 17:40 horas del pasado miércoles 13 de febrero debido a un paro cardiorrespiratorio, una falla orgánica múltiple y la intoxicación por arsénico, metal que estaba en proporción de 4 a 10 veces más en su cuerpo.

Allegados al caso de López Rocha, revelaron a este diario que la familia del niño ya interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), así como de “quien resulte responsable”.

“La familia está sacada de onda por las declaraciones que el gobernador hizo hoy (ayer) ante industriales”, dijo un representante de los parientes del pequeño. La versión de la fuente consultada es que el mandatario dijo a los empresarios que la línea de investigación iba en torno a la madre de Miguel Angel.

La misma fuente dijo que se presentara hoy una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por las declaraciones del mandatario así también en contra del procurador de Jalisco, el panista Tomás Coronado Olmos, porque ni siquiera “se ha citado a la madre y ya se han dado declaraciones por parte de González Márquez”.

Desde hace 9 meses había un plan para paliar la contaminación del río Santiago


Resolvieron ponerlo en práctica después de que Miguel Angel murió de intoxicación por arsénico


Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO


Hace nueve meses, autoridades estatales y federales ya habían acordado un plan de emergencia para comenzar a revertir la grave contaminación del río Santiago en los municipios de El Salto y Juanacatlán. Las medidas que hasta hoy se toman, luego de la muerte, el 13 de febrero pasado, por ingesta de arsénico de un niño de ocho años que cayó al río, fueron consensuadas desde entonces pero no existió el interés político de ponerlas en práctica, en especial las emergentes, porque se consideró que serían gastos inútiles y no resolverían de fondo el problema.

La Jornada Jalisco cuenta con las minutas de las reuniones sostenidas desde entonces, en las que se aprecia claramente qué medidas paliativas como las que ahora se iniciaron, entre ellas el entubamiento del canal de aguas residuales, la nebulización contra los mosquitos, el desfogue de las aguas negras estancadas, entre otras, tenían meses archivadas.

En estos momentos, las procuradurías de Justicia del Estado y General de la República tienen investigaciones abiertas cada una por su lado para deslindar responsabilidades en torno a la muerte por intoxicación de Miguel Angel López Rocha, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) intensifica los trabajos para el próximo mes de marzo emitir una recomendación sobre el tema, al que ya lanzó severas críticas en un reciente informe especial. Las minutas de esas reuniones podrían servir como pruebas para integrarlas a los respectivos expedientes.

“El miércoles 2 de mayo (de 2007), siendo las 17:15 horas, en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) se llevó a cabo la reunión pactada por esta Subsecretaría (de Asuntos del Interior, dependiente de la Secretaría General de Gobierno), esto a petición del delegado, ingeniero José María (sic, en realidad es Raúl Antonio) Iglesias, en donde se convocó a personal de los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán, además de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) y personal de esta Subsecretaría. En la reunión se trató el punto de la contaminación existente en el río Santiago a la altura del municipio de El Salto y Juanacatlán, donde se plantearon las posibles alternativas a la solución de dicho conflicto”, señala un documento de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, encargada de llevar la minuta de las varias reuniones que se dieron a partir de esa fecha.

Las alternativas señalan que, “a mediano plazo”, la solución es el saneamiento de la Cuenca del Ahogado con la construcción de una macroplanta tratadora de aguas residuales, “la cual estaría instalada en el municipio de Juanacatlán”. También se decidió permitir “el flujo ininterrumpido de las aguas residuales en dicho río”, es decir, abrir las compuertas en la represa de El Salto, lo que, sin embargo, desde entonces se sabía que “afectaría a la zona de riego de La Aurora”, por lo que en esa reunión se decidió programar otra junta en Juanacatlán dos días más tarde, el 4 de mayo, “para platicar con los representantes ejidales de La Aurora y hacer una inspección de campo”.

Incluso ese mismo 2 de mayo, representantes del Ayuntamiento de Juanacatlán presentaron la moción de desviar la intersección de aguas del canal que llega al Santiago de la presa de El Ahogado. “La desviación propuesta es por medio de un sistema de canal revestido por el margen oeste del río Santiago, el cual desembocará aguas abajo de la cascada, librando los márgenes norte de ambas comunidades”.

Más reuniones

Otra reunión se dio el martes 8 de mayo del año pasado, a las 17:30 horas, también en las instalaciones de la CNA, otra vez convocada por Raúl Antonio Iglesias. Acudieron, además de funcionarios de El Salto y Juanacatlán, representantes de la CEA, Semades y de la Subsecretaría de Asuntos del Interior. Al igual que en la anterior ocasión, se ahondó en las alternativas para la solución del conflicto ambiental y se acordó hacer un levantamiento topográfico por parte de la CEA. También se decidió invitar para una próxima reunión a la Secretaría de Ganadería (Sagarpa) y la estatal de Desarrollo Rural (Seder) “para verificar los programas con que cuentan ambas dependencias y poder aplicar alternativas para el saneamiento y desazolve del río, así como analizar opciones para la erradicación del lirio y buscar productos químicos que no afecten el entorno ecológico para tal fin”.

De hecho, se estableció que la CEA presentaría los estudios topográficos a los diferentes trazos de las propuestas a más tardar el 1 de junio para que la CNA los validara y definiera cuál de las propuestas era la mejor, en un término que a su vez no debería exceder de diez días, es decir, hasta el 11 de junio. El proyecto ejecutivo lo realizaría la CEA y debería estar listo el 21 de junio, mientras la Semades se comprometía a “gestionar una aportación económica que contribuya a la ejecución de los trabajos”.

También, de inmediato, se signó el compromiso de que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aplicaría nebulizaciones para erradicar el mosco del río, mientras los dos ayuntamientos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH), se comprometieron a buscar “el apoyo de las industrias para conseguir financiamiento para la renta de una avioneta” con la que se aplicarían insecticidas para erradicar el mosco, invitando además a la ciudadanía a participar con mano de obra para la limpieza del lirio en los márgenes del río.

El 1 de junio hubo otra reunión donde ya aparecieron representantes de la Seder (Pedro Alvarez Morin, Héctor Chaires Muñoz y Rafael González Pérez) y la Sagarpa (Manuel Pérez Carvajal, de la Coordinación de Programación). También estuvo presente Celia Vargas Alcázar, de la CEDHJ, además de los representantes de CNA, Semades, CEA y de los dos ayuntamientos.

Ese día la Seder se comprometió a presentar un programa de desazolve y analizar el uso de una máquina trituradora de lirio. Juanacatlán solicitaría a la Unidad de Protección Civil del Estado el “uso de aerobotes para jalar el lirio hacia la cortina”, mientras la Subsecretaría de Asuntos del Interior se comprometió a pedir la presencia de un representante del SIAPA y de la Asociación de Industriales de El Salto para la siguiente reunión. Incluso se planteó la posibilidad de que la SSJ realizara un “estudio de mortandad y morbilidad buscando los canales necesarios para que sea realizado por medio de la Universidad de Guadalajara”. El Salto solicitaría a Semades, CEA y CNA monitorear las descargas al río Santiago.

El 18 de junio, en una reunión a la que asistió el alcalde de Juanacatlán, Ramiro Tapia Ornelas, además de representantes de la SSJ, Seder, Sagarpa, Semades, SDH, CEDHJ y CEA, se informó que ya estaban listos los estudios topográficos. Entre otras cosas, se detalló también que la SSJ cotizaría renta de avionetas para fumigar la zona afectada por los mosquitos, el regidor de Juanacatlán, Francisco de la Cerda, realizaría la gestión necesaria ante la CNA para que “la apertura de la compuerta sea lo más pronto posible” y poder arrojar las aguas negras evitando su estancamiento en la represa.

También la Semades contestaría la solicitud del Ayuntamiento de El Salto para visitas de inspección y monitoreo de las descargas de las industrias en conjunto con la CNA, CEA, SSJ y los propios ayuntamientos. Además se buscaría contar con el helicóptero de Protección Civil para los trabajos de fumigación. Hasta la Secretaría de Promoción Económica fue involucrada, ya que se decidió solicitarle que gestionara ante los industriales de la zona recursos para la erradicación del mosquito y “para la construcción del proyecto alternativo de saneamiento del río Santiago”.

Todavía hay dos reuniones más de las que se tiene constancia. Una el 6 de julio, en el salón Juárez de Palacio de Gobierno, en la cual la CEA entrega la totalidad de estudios topográficos para el entubamiento del canal, aunque la CNA señaló ahí que faltaban “otros estudios complementarios” que la dependencia estatal se comprometió a entregar el 13 de julio. La CNA anunció que realizaría un padrón de los ejidatarios de La Aurora y sus siembras, incluso que también investigaría a la empresa CIBA “para averiguar si los dos tubos de descarga están debidamente registrados”. Asuntos del Interior acordó invitar a un representante del SIAPA “para desarrollar un estudio integral referente a la contaminación del río Santiago” y también se analizó la posibilidad de solicitar a la Universidad de Guadalajara “un estudio sobre mortandad y morbilidad”.

La otra es el 30 de julio, a la cual acudió Samuel González Márquez –hermano del gobernador Emilio González– en su calidad de encargado de saneamiento del SIAPA; también estuvo presente el diputado panista Arturo Gutiérrez Tejeda, titular de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, así como representantes de las dependencias ya señaladas. Entre otros acuerdos tomados ese día, el Ayuntamiento de Juanacatlán solicitaría al Colegio Jalisciense de Salud Pública el famoso estudio de mortalidad y morbilidad, y se definió que ese mismo municipio y el de El Salto harían lo mismo a la UdeG.

Todo eso estaba decidido desde entonces, pero no se aplicó hasta que inició el mes de febrero y sólo cuando se hizo pública la noticia de que Miguel Angel había caído al río, se dio un golpe en la cabeza y tragó las contaminadas aguas, lo que le provocó una septicemia que devino en convulsiones, coma y muerte, el 13 de este mes.

Anuncian inicio de las obras; hacen medición topográfica


Calculan que en tres días inician con excavaciones. La Seder adjudicó la obra a la empresa Construcciones y Carreteras

Sergio Hernández - MURAL


Lo que el Gobierno del Estado anunció como el inicio de las obras para solucionar la contaminación del Río Santiago fue solamente una simple medición topográfica para verificar por dónde pasará el colector que desviará parte de las aguas negras que caen al cauce.

"Tenemos primero que hacer el trazo, ya está aquí una brigada de topografía que están marcando las líneas por donde va a ir el canal y a continuación se harían las excavaciones", justificó Héctor Gabriel Chaires Muñoz, director de Infraestructura Hidroagrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

"En tres días ya estaríamos haciendo las excavaciones, ya que tengamos algún tramo ya marcado, empieza la excavación y la tubería sería posterior".

La obra que según el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, iniciaría este miércoles, costará 14 millones de pesos y consiste en un colector de 1.20 metros de diámetro y 3.6 kilómetros de longitud.

Este colector captará las aguas residuales del Arroyo del Ahogado para luego tirarlas en el Río Santiago, pero ahora aguas abajo de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, evitando que los ciudadanos padezcan la degradación ambiental.

La obra se realiza luego de que un menor muriera a causa de intoxicación por arsénico, presuntamente por haber caído al Río Santiago, lo que ha generado una fuerte presión social para que las autoridades den solución inmediata a este problema que comenzó a ser evidente alrededor de 1967, cuando se creó la Zona Industrial de El Salto.

Para la realización del colector la Seder asignó de manera directa la obra a la empresa Construcciones y Carreteras, dándole un plazo de dos meses para concluirla.

La tubería se hará desde La Azucena, la colonia donde vivía el menor, y terminará pasando el puente que une a Juanacatlán y El Salto.

El listado de las empresas de los alrededores de El Salto que han sido sancionadas por vertir aguas residuales fuera de norma, no fue dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como lo prometió su representante regional, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

En la oficina de Comunicación Social señalaron que analizan la forma de hacer pública esta información sin hacerse acreedores a sanciones administrativas.

Con o sin carretera tendremos proyecto ecoturístico, indica el alcalde de Bolaños

Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Bloqueo de las obras de la carretera por parte de indígenas huicholes


Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO


Con o sin carretera, el municipio de Bolaños tendrá proyecto ecoturístico afirmó el alcalde Luis Alberto Zamora Zamora al referirse al bloqueo que mantiene un grupo de comuneros wixaritaris en el paraje de Ciénaga de los Caballos, cuya asamblea se manifestó en contra de la obra, después de descubrir que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) supuestamente falsificó un documento en el que ceden los derechos de vía.

El acta, cuya copia apareció en un diario local, señala que el 9 de septiembre de 2007 los comuneros celebraron una asamblea ordinaria en la cual se abordó la solicitud del gobierno estatal para ocupar de forma previa 76.72 hectáreas de su territorio, el trámite del cambio de uso de suelo forestal y la expropiación de tierras, y la solicitud al Registro Agrario Nacional (RAN) de la inscripción de los acuerdos. Según la dependencia ese día, asistieron presuntamente 486 comuneros de un total de 518, y en 100 por ciento aprobaron el proyecto.

El primer edil aseveró que la acusación de los comuneros es falsa, pues ese día estuvo él presente y los comuneros estuvieron de acuerdo.

“Nos tuvieron todo el día allá, nos atendieron hasta las 6 de la tarde de ese día, nos hicieron esperar, tenían alguna reunión, no sé que tenían. Nos atendieron ya que terminaron, nosotros nos esperamos, expusimos los motivos de la carretera, de las peticiones que hemos tenido pues todos como comunidad, no nada más como comunidad, sino que se beneficia más gente aparte de la comunidad y nos firmaron el derecho de vía. Nosotros nos regresamos con el derecho de vía y realmente así fue”, aseguró.

Zamora Zamora explicó que al menos las poblaciones indígenas que pertenecen a su municipio están de acuerdo con la obra porque saben que traerá beneficios sociales y económicos.

“Se les facilita, desde un transporte de un herido, de una persona que tenga un problema de salud, de urgencia familiar es más rápido la vía de carretera que la vía terracería en malas condiciones”, mencionó.

Confirmó lo que hasta hace unas semanas se esparció como un rumor; que la región de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, está entre los planes del gobierno del estado para hacer una ruta wixarika que se unirá a otras poblaciones indígenas del norte de Jalisco.

Dijo que existe una partida de 30 millones de pesos a ejercerse este año en la construcción de miradores, cabañas y tiendas de servicio, en la serranía.

“La gente de las ciudades lo que quiere es ir a admirar solamente nada más el campo, considero que hay comunidades indígenas que tienen sus lugares ecoturísticos muy bonitos y que mucha gente va a visitarlos y tienen muchos años con eso y esto no ha dado pie a que se haya transformado todo lo que es el entorno del bosque en la sierra huichola”, añadió.

Mencionó que la carretera es fundamental para comunicar al municipio con el centro de Jalisco ya que actualmente deben atravesar el estado de Zacatecas, además de que por esta zona transita el transporte de carga de Durango, por tanto la obra es indispensable para reactivar la economía.

Puntualizó que los lugares sagrados, que ellos argumentan serán devastados, están retirados de la obra.

Senador lamenta actitud de panistas

El senador dijo que hay información que no se está dando, como qué pasó con los recursos que la Federación presupuestó para el saneamiento en Jalisco en años anteriores, pues no se sabe si se perdieron o se les dio otro uso. Sonia Serrano - PÚBLICO Aunque admitió que la declaratoria de emergencia sanitaria en el río Santiago no implica la solución a los problemas de contaminación en los municipios de El Salto y Juanacatlán, el senador Ramiro Hernández García subrayó que al menos implica disposición de la Cámara Alta para involucrarse en el tema, lo que no ha sucedido con las autoridades de Jalisco. En conferencia de prensa, el legislador federal por el Partido Revolucionario Institucional lamentó que dos ex gobernadores y el actual, todos panistas, intenten culpar a la oposición, en lugar de asumir su responsabilidad de no haber actuado a tiempo. En el Senado, en tanto, la próxima semana la Junta de Coordinación Política conformará el grupo de trabajo, esperando que en unos quince días ya puedan visitar la zona, “con un ánimo más de integrar la acción de todos, incluyendo la de los industriales, la de las autoridades municipales, la de los académicos. No para enredar, sino para buscar encauzar”. Afirmó que si la autoridad local tiene opciones de solución, se pueden tomar en cuenta: “Aquí el problema es que no lo vemos. Un día abren las compuertas, otro día dicen que van a entubar. Un día una dependencia da un punto de vista y la otra da otro diferente. Pero no estamos hablando de qué pasó con el proyecto de saneamiento”. El senador dijo que hay información que no se está dando, como qué pasó con los recursos que la Federación presupuestó para el saneamiento en Jalisco en años anteriores, pues no se sabe si se perdieron o se les dio otro uso. De la responsabilidad de los senadores y legisladores federales, afirmó que tendrá que ser de gestión ante el gobierno federal. Sobre la declaratoria de emergencia, admitió que se trata de “una buena intención, pero lo más grave es que no haya nada. Obviamente una declaratoria, si no hay voluntad, no te sirve para nada […] Si la voz del Senado no tiene eco en las dependencias del Ejecutivo que están obligadas a atender los problemas de contaminación ambiental, entonces no sé a dónde hay que recurrir”. Consideró que sí es lamentable que, después de la aprobación de proyectos y la asignación de recursos, “hoy estemos como si estuviéramos partiendo de cero”. De nada servirán acciones que no resuelvan el problema y que sólo pretendan una atención mediática, pues “los jaliscienses estamos más desesperados, porque los políticos no estamos dando la talla”.

El Santiago “no está tan contaminado”, afirma CCIJ


El coordinador de los industriales, dispuesto a “echarse un buche” de agua. Javier Gutiérrez Treviño pide esfuerzo conjunto para limpiar el afluente.

Patricia Romo - PÚBLICO

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, minimizó el problema de la contaminación en el río Santiago y aseguró que está dispuesto a echarse “un buche de agua” de ese afluente para demostrar que “no está tan contaminado”.

El industrial aseguró que son intereses políticos de gente interesada en impedir que se construya la presa Arcediano, la causa de que se haya exagerado en torno a la contaminación y lamentó que se esté satanizando a la industria que, dijo, “aporta solamente 5 por ciento de los contaminantes” detectados en el río.

Estas declaraciones se dieron apenas un día después de que la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), en voz de su vicepresidente, Rubén Reséndiz, reconoció que 50 por ciento de sus 150 agremiados no cuenta con planta de tratamiento de aguas, lo que ha contribuido a la grave contaminación del río Santiago, y pidió al gobierno buscar y sancionar a las empresas responsables de ensuciar el afluente (Público, 20 de febrero de 2008).

“Con un buche de agua ahí de seguro nadie se envenena, tiene eso [lo de la contaminación del río Santiago] años, o sea, yo creo que esto lo están politizando y es desgraciadamente [así] como somos los jaliscienses para que no camine el estado”, señaló el empresario.

¿Usted estaría dispuesto a echarse un buche de agua de ahí?, se le preguntó al industrial textilero, a lo que éste respondió: “Sí, me lo echo, claro que sí, cuando quieran ustedes, no pasa nada”.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reiteró que “aquí el problema es político, nosotros como sector privado nos molesta demasiado que la tendencia es estar molestando para que no se construya Arcediano”. A la par, exigió que se frene lo que calificó como una cacería de brujas en contra del sector.

Para sustentar sus palabras, Javier Gutiérrez Treviño presentó un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el lecho del río Santiago a las afueras de la empresa Ciba Geigy, una de cuyas plantas productoras de agroquímicos se asienta en Jalisco, “supuestamente de las más grandes y contaminantes”, mismo que revela que los niveles de fósforo y nitrógeno están dentro de la norma, que no se encontró arsénico ni la presencia de otros metales pesados.

“La mayoría de la contaminación la está haciendo el SIAPA [Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado] con las aguas negras que vierte y la están haciendo los vehículos” que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, agregó.

Consideró que es momento de ponerse a trabajar de manera conjunta, autoridades y sector privado, con el propósito de disminuir la contaminación no sólo en el río Santiago sino en todos los cauces del estado de Jalisco.

Tras reunirse en privado por espacio de dos horas con el gobernador Emilio González Márquez y con Fernando Montes de Oca, procurador estatal de medio ambiente, el líder de los industriales de Jalisco reveló que pronto “habrá sorpresas” en torno a las investigaciones que el gobierno del estado realiza sobre la muerte en días pasados del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció la semana pasada víctima de una intoxicación por arsénico que se presume tuvo lugar tras caer e ingerir agua contaminada del río Santiago.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Promotores y Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Javier Michel Menchaca, reconoció la parte de la culpa que según el mandatario estatal tienen los diferentes actores en el problema de la contaminación del río Santiago.

Aceptó que hay empresas que construyen a las orillas del afluente contaminado, pero dijo que todas lo hacen con la previa autorización de los estudios de impacto ambiental. “No son desarrollos que se hayan autorizado hace poco, tengo entendido que el proceso de autorización se dio en los años 2000 y 2001”.

Repartir culpas, “actitud ruin” de Emilio, dice el PRD

Plantas de saneamiento con Cárdenas no se hicieron porque eran para industriales, afirman


El crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas”, dicen. El partido pide cuentas de cuotas para saneamiento del SIAPA desde 1993.

Rubén Martín - PÚBLICO

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a ex legisladores que ha tenido esa fuerza en el Congreso del Estado en los últimos trece años, para desmentir que se hayan opuesto a los trabajos de saneamiento de las aguas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Así salió al paso la dirigencia que encabeza Gabino Berumen Cervantes de las acusaciones en su contra vertidas por el actual mandatario estatal, Emilio González Márquez, y los ex gobernadores Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña.

La postura de los gobernantes panistas fue calificada como “ruin” por el diputado local perredista Samuel Romero Valle. “Nos parece ruin, mezquina y cobarde la actitud de estos gobernadores, buscando responsables y queriendo lanzar las culpas a terceros y justificar con ello su ineptitud, incapacidad y falta de resultados en estos temas. El fracaso de los gobiernos de Acción Nacional en los temas de medio ambiente está a la vista”.

Romero Valle también formó parte de la LIV Legislatura (1998-2001), que revisó y rechazó el crédito japonés que proponía el entonces titular del Ejecutivo, Alberto Cárdenas.

Al respecto, explicó que la oposición del PRD y del PRI rechazó el crédito japonés en los términos que lo proponía Alberto Cárdenas Jiménez porque estaba destinado a sanear prioritariamente las aguas residuales de las industrias asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El legislador dijo que así lo proponía el negociador del gobierno del estado, el consultor Juan Jaime Petersen Farah, y el líder de la industria aceitera, Gonzalo Cárdenas Jiménez, hermano del entonces gobernador.

Aseveró que la oposición no se opuso a la construcción de plantas de saneamiento, pero para tratar aguas de uso doméstico. En respaldo a su dicho, mostró una carta que los entonces legisladores de oposición entregaron al secretario de Finanzas, José Levy García, en la que le autorizaban un crédito de 700 millones de pesos para la construcción de dichas plantas. Agregó que el crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas” porque se modificó la propuesta y porque tenía fuertes intereses con los empresarios.

Romero Valle recordó además que desde 1993 el SIAPA cobra una cuota para saneamiento a todos los tapatíos. Anticipó que pedirá al director del organismo que entregue cuentas de cuánto dinero se ha recaudado por esta cuota.

“Insistiremos en estos planes y por lo pronto se debe obligar a los industriales a que limpien sus aguas. Da risa escuchar a un funcionario estatal que dice que es una yerbita llamada ‘venenillo’ la que causa la contaminación […] Hasta ahora los industriales no cumplen, y el gobierno tiene que ser enérgico y hacer un plan para exigirles que cumplan”.

Por su parte, Celia Fausto Lizaola, coordinadora de los regidores del partido del sol azteca, presentó un documento elaborado por su fracción con un plan de emergencia ambiental para El Salto y Juanacatlán, firmado de recibido por el propio Emilio González en julio de 2007


Cañonazo de 100 millones de pesos

• Manuel Villagómez Rodríguez, regidor del PRD en Zapopan, aseveró que el gobierno del estado más que querer resolver de fondo el problema de abasto y saneamiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pretende hacer un gran negocio inmobiliario con el proyecto de la presa Arcediano. Dijo que el proyecto del vaso artificial en la barranca pretende aumentar la plusvalía de los terrenos aledaños y hacer un gran negocio. Reveló además que en 2006 un enviado del gobierno del estado ofreció cien millones de pesos a Raquel Gutiérrez Nájera, asesora de los grupos civiles que se oponen a la presa de Arcediano.

En opinión del regidor zapopano, el proyecto de abasto de agua previsto por el gobierno del estado “viene mal desde el origen”. El ex diputado en la LVII Legislatura (2004-2007), dijo que se han violado las leyes federales y los acuerdos legislativos.

Uno de los puntos centrales impulsados por los diputados de oposición fue la decisión de separar el proyecto de construcción de la presa, de los proyectos para la construcción de las plantas de tratamiento.

Explicó además que una vez que se aprobó dicha separación se le pidió al titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Enrique Dau Flores, los proyectos ejecutivos de las dos plantas de tratamiento que se construirían en la cuenca El Ahogado, pero que se las negó supuestamente para “evitar la especulación con los terrenos”.

En resumen, señaló Villagómez, los responsables de la muerte del menor Miguel Ángel López y de la falta de los proyectos de saneamiento son las administraciones panistas y no la oposición.