El crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas”, dicen. El partido pide cuentas de cuotas para saneamiento del SIAPA desde 1993.
Rubén Martín - PÚBLICO
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a ex legisladores que ha tenido esa fuerza en el Congreso del Estado en los últimos trece años, para desmentir que se hayan opuesto a los trabajos de saneamiento de las aguas en la zona metropolitana de Guadalajara.
Así salió al paso la dirigencia que encabeza Gabino Berumen Cervantes de las acusaciones en su contra vertidas por el actual mandatario estatal, Emilio González Márquez, y los ex gobernadores Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña.
La postura de los gobernantes panistas fue calificada como “ruin” por el diputado local perredista Samuel Romero Valle. “Nos parece ruin, mezquina y cobarde la actitud de estos gobernadores, buscando responsables y queriendo lanzar las culpas a terceros y justificar con ello su ineptitud, incapacidad y falta de resultados en estos temas. El fracaso de los gobiernos de Acción Nacional en los temas de medio ambiente está a la vista”.
Romero Valle también formó parte de la LIV Legislatura (1998-2001), que revisó y rechazó el crédito japonés que proponía el entonces titular del Ejecutivo, Alberto Cárdenas.
Al respecto, explicó que la oposición del PRD y del PRI rechazó el crédito japonés en los términos que lo proponía Alberto Cárdenas Jiménez porque estaba destinado a sanear prioritariamente las aguas residuales de las industrias asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El legislador dijo que así lo proponía el negociador del gobierno del estado, el consultor Juan Jaime Petersen Farah, y el líder de la industria aceitera, Gonzalo Cárdenas Jiménez, hermano del entonces gobernador.
Aseveró que la oposición no se opuso a la construcción de plantas de saneamiento, pero para tratar aguas de uso doméstico. En respaldo a su dicho, mostró una carta que los entonces legisladores de oposición entregaron al secretario de Finanzas, José Levy García, en la que le autorizaban un crédito de 700 millones de pesos para la construcción de dichas plantas. Agregó que el crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas” porque se modificó la propuesta y porque tenía fuertes intereses con los empresarios.
Romero Valle recordó además que desde 1993 el SIAPA cobra una cuota para saneamiento a todos los tapatíos. Anticipó que pedirá al director del organismo que entregue cuentas de cuánto dinero se ha recaudado por esta cuota.
“Insistiremos en estos planes y por lo pronto se debe obligar a los industriales a que limpien sus aguas. Da risa escuchar a un funcionario estatal que dice que es una yerbita llamada ‘venenillo’ la que causa la contaminación […] Hasta ahora los industriales no cumplen, y el gobierno tiene que ser enérgico y hacer un plan para exigirles que cumplan”.
Por su parte, Celia Fausto Lizaola, coordinadora de los regidores del partido del sol azteca, presentó un documento elaborado por su fracción con un plan de emergencia ambiental para El Salto y Juanacatlán, firmado de recibido por el propio Emilio González en julio de 2007
Cañonazo de 100 millones de pesos
• Manuel Villagómez Rodríguez, regidor del PRD en Zapopan, aseveró que el gobierno del estado más que querer resolver de fondo el problema de abasto y saneamiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pretende hacer un gran negocio inmobiliario con el proyecto de la presa Arcediano. Dijo que el proyecto del vaso artificial en la barranca pretende aumentar la plusvalía de los terrenos aledaños y hacer un gran negocio. Reveló además que en 2006 un enviado del gobierno del estado ofreció cien millones de pesos a Raquel Gutiérrez Nájera, asesora de los grupos civiles que se oponen a la presa de Arcediano.
En opinión del regidor zapopano, el proyecto de abasto de agua previsto por el gobierno del estado “viene mal desde el origen”. El ex diputado en la LVII Legislatura (2004-2007), dijo que se han violado las leyes federales y los acuerdos legislativos.
Uno de los puntos centrales impulsados por los diputados de oposición fue la decisión de separar el proyecto de construcción de la presa, de los proyectos para la construcción de las plantas de tratamiento.
Explicó además que una vez que se aprobó dicha separación se le pidió al titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Enrique Dau Flores, los proyectos ejecutivos de las dos plantas de tratamiento que se construirían en la cuenca El Ahogado, pero que se las negó supuestamente para “evitar la especulación con los terrenos”.
En resumen, señaló Villagómez, los responsables de la muerte del menor Miguel Ángel López y de la falta de los proyectos de saneamiento son las administraciones panistas y no la oposición.
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