La Comisión de Gobernación se reunió con ejidatarios y el Consejo de Mayores de Ayotitlán
Comuneros de la zona en conflicto con Colima, en reunión con diputados y funcionarios estatales. Foto: Héctor Jesús Hernández
Jorge Covarrubias - LA JORNADA
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene que atraer el caso del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, fue una de las conclusiones a que llegaron diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso local en su reunión con ejidatarios y representantes del Consejo de Mayores de Ayotitlán, cuyas tierras son codiciadas por empresas mineras dada su alta riqueza en oro, plata y cobre.
La propuesta salió de la diputada del PRI, Verónica Martínez Espinosa, en un encuentro al que también asistieron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Alvarez Cibrián; el presidente municipal de Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos, representante del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC, y Gaudencio Mancilla, presidente de la Asamblea del Consejo de Mayores.
“Ellos tienen competencia federal porque hay asuntos de carácter del fuero común utilizando armas de fuego, y ese es el argumento, el artículo 10 del Procedimiento Penal Federal, ese puede ser el argumento para obligar a la PGR para que atraiga los asuntos y sean ellos quienes resuelvan en forma más imparcial para los dos estados de la República, tanto para Jalisco como para Colima”, señaló Martínez Espinosa
Previamente, el ombudsman del estado había hecho una presentación del informe que realizó el organismo en el último semestre de 2007 tras varias visitas a la zona de conflicto, y diligencias efectuadas en más de 100 quejas integradas durante los últimos diez años, así como las recomendaciones 15/2000, 03/2001, 10/2007 y 122/95, esta última emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifiestos y documentos exhibidos por organismos de la sociedad civil.
En sus consideraciones, el informe expone que persiste la falta de infraestructura en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, caminos, transporte público, servicio telefónico, postal o incluso señales de radio y televisión; además de que no existe servicio médico indispensable, letrinas, ni escuelas o infraestructura en comunicaciones.
En torno a la seguridad policiaca que se ha implementado en el lugar, el organismo defensor de las garantías individuales mencionó que “los policías de las diversas corporaciones están sometidos a estrés por los constantes enfrentamientos con sus compañeros de otros municipios y se ha llegado al punto de que por nerviosismo se han detonado armas cuando están frente a frente, lo que incluso ha generado la posibilidad de una tragedia”.
En síntesis, la CEDHJ detectó violaciones al derecho a la legalidad, educación, trabajo, vivienda, salud, desarrollo y paz, toda vez que la presencia de cuerpos armados de los estados de Colima y Jalisco infunden un temor generalizado entre la población.
Samuel Romero Valle, titular de la Comisión de Gobernación, sugirió la instalación de una mesa de trabajo a fin de conjuntar los esfuerzos del gobierno del estado, Poder Legislativo y los ayuntamientos que colindan con la zona en conflicto.
“Es necesario que se instale para que le dé seguimiento puntual de manera ordenada y sistemática, porque pareciese que cada quien vamos por nuestro lado”, comentó.
Paradójicamente, en el encuentro todos tuvieron voz; los diputados, el presidente municipal de Cuautitlán y el ombudsman, menos los invitados. Felipe de Jesús Pulido, diputado del PAN y presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, desperdició el tiempo felicitándose a sí mismo por ser partícipe en la búsqueda de una solución, en tanto que al también panista Key Tzwa Razón le faltó pericia para coordinar sus ideas y cantinfleó por momentos.
Martínez Espinosa advirtió ante el informe que el gobierno del estado regresó dinero de los programas federales no ejercido por falta de proyectos.
“Tenemos que hablar con energía con el señor gobernador para efectos de que apoye a estas comunidades de una manera más importante que probablemente en otras donde también puede haber carencias, porque no se puede estar regresando el dinero de programas federales, es para ejercerse, no es para regresarse, ni siquiera es para ahorrarse”, comentó.
La Comisión de Gobernación acordó visitar la zona en conflicto y sesionar ahí con el objetivo de escuchar a los afectados y conocer cuáles son sus carencias.
