Urbanistas, juristas, ambientalistas y colonos expusieron las anotaciones que llevarán el lunes al Congreso. Foto: Luz Vázquez
Vanesa Robles - PÚBLICO
El Código Urbano que aprobarían en unos días los diputados de Jalisco propicia el crecimiento anárquico de las metrópolis del estado, pone los intereses de los constructores sobre el bienestar de los ciudadanos y limita la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de la urbe: ésas fueron algunas conclusiones de los integrantes y asesores del Parlamento de Colonias.
El colectivo, que agrupa a unos 200 representantes vecinales, hizo su tarea. En dos semanas, estudió cada artículo del dictamen del código que por estos días discute el Congreso del Estado, consultó a especialistas en distintas materias, lanzó convocatorias a los académicos y gente común y organizó una mesa de diálogo horizontal. Ayer, se reunió durante cinco horas para exponer sus observaciones al documento que se aprobaría este junio, con el fin de ordenar el crecimiento de la ciudad y la dotación de servicios, en sustitución de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
Los especialistas opinan que es la misma ley, pero mal revolcada. Los juristas piensan que los ciudadanos comunes tendrán menos herramientas y enfrentarán más burocracia para defenderse si los afecta una obra. Los especialistas en conservación añaden que hacen falta reglas claras que definan cuáles inmuebles deben ser intocables. Los sociólogos, que sigue sin tomarse en cuenta la voz de la sociedad civil en la conformación de las ciudades. Los ambientalistas, que el medio ambiente no se toma en cuenta con seriedad…
En todo ese contexto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Iván Argüelles Sánchez, declaró hace unos días a un diario local que los ciudadanos deben quedarse en su lugar y dejar que los políticos —él y sus colegas— hagan lo suyo.
Resulta que los ciudadanos piensan distinto. Si el Código Urbano se aprueba tal como está hoy, el Parlamento de Colonias recurrirá al amparo, adelantó ayer el presidente del colectivo, Ludger Kellner.
“Causa gran desilusión, son los mismos medios, instrumentos y/o instituciones contenidos a la Ley de Desarrollo Urbano vigente”, que tiene once reformas, pero ha sido ineficaz para frenar las construcciones que afectan a los ciudadanos, concluyó ayer el Bufete Jurídico Especializado, integrado por especialistas en desarrollo urbano
Otra observación, del coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano del Parlamento, Alejandro Cárdenas: el nuevo ordenamiento indica que al gobierno del estado le corresponde coordinar el equipamiento urbano, pero el gasto por las obras de infraestructura lo realizarán… los ciudadanos. “El código sólo está pensado en franco apoyo a los intereses inmobiliarios y sólo legaliza lo ilegal”, añadió.
La mayoría coincidió que el código debe regresar a comisiones. El Congreso del Estado tiene la última palabra.
Y el problema es que...
¿Qué defectos tiene el Código Urbano que sustituirá a la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco?
Imagínese que regresa de vacaciones y se entera de que las primeras bardas de un nuevo edificio de departamentos —autorizado por un funcionario municipal corrupto— invaden la mitad del patio de su casa. Según el código, usted tendría que acudir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) con la esperanza de que la obra se suspenda de inmediato. Pero ahí usted sólo recibirá palmaditas en la espalda: el mismo documento indica que la Prodeur tiene atribuciones para opinar, no para suspender, igual que hoy. Usted acude al ayuntamiento para que los regidores emitan una medida de seguridad… una vez que se reúnan en la sesión de Cabildo, les dé la gana tratar el asunto y se pongan de acuerdo. Mientras el edificio de departamentos fue terminado y comenzó a ser vendido, “gana” el caso: no hay quien le tumbe el edificio vecino y el servidor corrupto conserva su empleo, pues la nueva ley no lo sanciona.
Observaciones
Algunos señalamientos del Parlamento de Colonias:
No se trata de un código, pues no es una compilación de leyes en la materia —lo cual facilitaría su aplicación—, sino sólo la reforma de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco
La Prodeur tiene las mismas atribuciones que hoy: no puede interponer demandas penales y no puede dictar medidas de seguridad: actos urgentes para la suspensión o clausura de una obra que afecte intereses particulares o colectivos
Señala que los indicados para poner orden son la Prodeur y el ayuntamiento. En el primer caso no es cierto (puesto que no le da atribuciones a la dependencia). En el segundo caso, las obras dañinas pueden seguir creciendo mientras se reúne el Cabildo
No establece sanciones para los funcionarios que por corrupción, ignorancia y/o negligencia aprueban obras o urbanizaciones —como las que rodean la zona industrial de El Salto—
Limita la participación ciudadana al derecho de petición y a las consultas, igual que hoy. No hay espacio para proposiciones activas de la sociedad civil
Incluye a tres universidades en el Consejo de Desarrollo Urbano —el organismo que vota algunas decisiones en ese tema—, lo cual se considera positivo. Pero ahí, de casi 30 sillas, la mayoría es para empresarios y representantes del gobierno y hasta sindicatos. Las organizaciones ciudadanas tienen sólo dos asientos
Deja la existencia, la estructura y el reconocimiento de los consejos regionales y municipales de desarrollo en las manos y al libre albedrío de las autoridades municipales
Señala que hay trece zonas primarias, desde la agropecuaria hasta la industrial, pero no define qué características y límites tendrá cada una de ellas. Borra las zonas de recargas acuíferas e ignora las zonas de amortiguamiento ecológico.
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