Tomás Coronado, Procurador de Justicia
La familia del niño y organismos civiles presumen que el gobierno estatal busca enterrar el caso. Maricarmen Rello - PÚBLICO
Miguel Ángel cayó al río”. El hecho era sólo una presunción de parte de la madre del pequeño, de los médicos, autoridades y expertos. Incluso, el pasado martes, el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, informó a un periódico local que, para fines de la integración de la averiguación previa, no había hasta ese momento “ningún testigo que hubiera presenciado la caída”. Ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) lo desmintió: personal de la Tercera Visitaduría del organismo estuvo presente en el momento que la señora Aurora Rodríguez rindió su declaración ante el Ministerio Público, quien confirmó el hecho.
La mujer, vecina de la colonia La Azucena, en El Salto, declaró haber visto cuando el pequeño cayó a las aguas pestilentes. Su testimonio ya se lo había confiado previamente a este diario. Aurora indicó que el 24 de enero pasado discutió con su hija y se fue a refugiar a la orilla del río Santiago, donde varios niños jugaban como lo hacían habitualmente. Ella vio cuando Miguel Ángel se resbaló, cayó al cauce y se sumergió hasta el pecho. El niño salió poco después y siguió jugando (Público, 28 de febrero de 2008). Hoy, Miguel Ángel está muerto.
La familia del niño y organismos civiles presumen que el gobierno estatal busca enterrar el caso. Lo cierto es que Aurora fue buscada para que rindiera su declaración. Y lo hizo. María del Carmen Rocha, la madre de Miguel Ángel, también ha sido buscada por gente del Ministerio Público. Ella asegura que ha sido presionada por las autoridades para que declare nuevamente y cambie su dicho.
El tercer visitador general, Alfonso Hernández Barrón, dijo que, en busca de conocer la verdad, “prácticamente se han agotado todas las diligencias” en torno a la queja que se inició de oficio y después ratificó María del Carmen Rocha ante este organismo. Y enumeró algunas: se ha entrevistado a involucrados, se cuenta con el expediente médico, se presenció la necropsia para evitar la mala disposición del cuerpo del niño, se dictaron medidas cautelares para guardar muestras de los órganos (en caso de que se quieran practicar estudios independientes), se solicitó al municipio de El Salto el pago del servicio funerario —la familia no quiso— y al DIF municipal que se haga cargo de la atención psicológica y dé asistencia económica a los deudos; se entrevistaron con Aurora, tras conocer que su hijo Juan Manuel Valencia Rodríguez también podría estar afectado por la contaminación del Santiago, y atestiguó su declaración ante el MP, el 29 de febrero pasado.
Además, en forma paralela, se emitió un informe especial con varias recomendaciones en torno a la contaminación del río Santiago… con respuestas, a la fecha a medias, por parte de las autoridades involucradas.
Deben abrir expedientes: rector
(GuadalajarauMariño González)
• Ante lo que denominó “duda generalizada” sobre qué fue exactamente lo que mató al niño Miguel Ángel López Rocha, el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, dijo que lo más urgente en estos momentos es abrir todos los expedientes y que se realicen las acciones necesarias para sanear el río Santiago: “De cualquier manera, el niño murió por las circunstancias de contaminación del río, haya sido arsénico, hayan sido bacterias o lo que haya sido. Lo importante es que el río está muy contaminado y que la autoridad federal no ha tomado las medidas de política pública para remediarlo”.
Sobre lo señalado por la toxicóloga Luz María Cueto Sánchez (Público, 5 de marzo de 2008), en el sentido de que el arsénico presente en el río sí mató a Miguel Ángel, recordó que, según el estudio hecho hace tres años por la UdeG, “la cantidad de arsénico existente en el río no es suficiente como para haberlo matado”. Sin embargo, reiteró que, ante las dudas sobre la causa del deceso, lo más recomendable es que “las autoridades abran todos los expedientes y se den a conocer”.
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