miércoles, 30 de enero de 2008
Litibú, el megaproyecto cuestionado del Fonatur
Terrenos involucrados en los planes del Fonatur, criticados por organizaciones ambientalistas. Foto: Público
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Sayulita, Nayarit.- El campo de golf luce solitario detrás del enmallado, con su pasto terso y bien regado entre los hoyos rodeados por un círculo de arena y coronados por banderines, con gallardas palmeras y un relicto de selva mediana en sus linderos. Al borde del alambrado corre lo que quedó del estero de Litibú, uno más de los expedientes de agravios que tienen los ambientalistas de la región con los ambiciosos planes del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) de detonar la Riviera Nayarit.
De hecho, los daños a esteros son comunes en este polígono, uno de los tres que se tienen planteados para el Centro Integralmente Planeado Nayarit: a Litibú le sucederá El Capomo, que ya tiene en fase de dictaminación su estudio de impacto ambiental, y para 2009 se espera sacar adelante el polígono de La Peñita Jaltemba, estos dos, en el municipio de Compostela.
El amplio territorio de Litibú (152 hectáreas) se ubica entre Punta de Mita, al suroeste, e Higuera Blanca, en el municipio de Bahía de Banderas. “Es de destacarse que en un solo día, al salir a la venta los terrenos de Litibú, se realizaron operaciones por 695.2 millones de pesos [26 de junio de 2006]. Al 31 de agosto las ventas ascendieron a 949 millones de pesos, esto es, 92.86 por ciento de los terrenos”, informó el Fonatur en octubre de ese año. Son de destacar los bajos precios de las transacciones: alrededor de 632 pesos por metro cuadrado, en promedio, cuando en el mercado se tasa entre cinco y diez mil pesos el terreno urbanizado en esa zona, según cifras conservadoras.
La Alianza de la Costa Verde, una agrupación que reúne a diversas organizaciones no gubernamentales de la región, ha cuestionado de forma sistemática el proyecto, no sólo por sus propias inconsistencias, sino por su inserción descuidada dentro de una región de naturaleza frágil que puede destruir.
“Nos preocupa muchísimo la forma no coordinada en la que se maneja un proyecto de este tamaño, con tantos impactos [ambientales y sociales]: con cero participación de los afectados. En las propuestas del Fonatur se habla de la necesidad de coordinación y concertación de todos los sectores […] Todo suena bien, pero cuando contactamos a la Fonatur, hace dos años, su respuesta fue lacónica: se puede consultar el proyecto en Internet...”, dijo el 15 de agosto de 2007 Magdalena Barrios, una de las coordinadoras de la alianza.
Todo empezó mal: con una carretera ilegal que desmontó selva y destruyó corredores de fauna, no obstante de carecer de autorizaciones ambientales (Público, 27 de agosto de 2005).
Además, los ecologistas destacan anomalías: se plantean densidades de hasta 60 cuartos por hectárea y seis niveles de construcción, contra un Plan de Desarrollo Urbano que sólo prevé cuatro pisos y 25 cuartos.
El Fonatur se comprometió a mejorar los poblados contiguos. En Higuera Blanca apenas empedró media calle y dejó a medias el centro de salud.
Recuento de omisiones: el proyecto Litibú no establece los impactos acumulativos que se darán en toda la región como resultado de la creación del centro turístico. Se elevaron ilegalmente las densidades, faltan áreas de donación para servicios públicos y espacios verdes, el terreno fue vendido antes de la aprobación del plan parcial, “no existen vialidades colectoras que delimiten los lotes de los condominios y de los hoteles”; tampoco está claro si se respetará el libre acceso al mar que establece la Constitución Política de México. Hay una amplia omisión de estrategias para solucionar problemas como el daño ambiental, el mejoramiento socioeconómico de la localidad de Higuera Blanca (para que puedan capacitarse para encontrar empleos bien remunerados en la zona hotelera), y en general no se cumple la promesa de hacer participar a la comunidad.
No hay tampoco respuestas a los problemas de basura, de seguridad pública, de acceso vial. El Fonatur espera que haya 4,100 habitantes en 2015 y 9,600 en 2025. Sin embargo, tan sólo “la empresa DINE, que maneja la marca Four Seasons, tendrá cinco mil trabajadores en un campamento cerca de La Higuera”. Nada de estas irregularidades impidió a los regidores de Bahía de Banderas aprobar Litibú el 23 de diciembre de 2007. Que al cabo se van en unos meses del cargo.
La SFP investiga anomalías
• La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga anomalías cometidas por el Fonatur en diversas zonas de México. En Litibú, vendido en tiempo récord, se quedaron pendientes de terminar el campo de golf o de instalar la planta de tratamiento de agua potable. El poblado Higuera Blanca no ha recibido obras que se le prometieron y la carretera construida hace menos de dos años luce desperfectos prematuros.
El expediente de la SFP refiere a dos asuntos supuestamente revisados por el Comité Técnico de ese fondo: el Proyecto Mar de Cortés y el Centro Integralmente Planeado (CIP) Litibú.
Entre las anomalías que se investigan está el pago con sobreprecio de diversas obras. Además, jurídicamente no estaba resuelta la constitución de la propiedad en condominio que dio origen a la división en lotes, lo cual puso en riesgo las inversiones de los empresarios involucrados en esta región. Hay que agregar que se procedió a la subdivisión sin tener autorización municipal, y que en algunos puntos de Litibú se fraccionaron ecosistemas protegidos por la Ley Agraria, lo que ameritaría a su vez una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que no se ha realizado.
En la columna Veranda, de Carlos Velázquez, aparecida en Excélsior el 18 de diciembre de 2007, se informa que el propietario original del predio cedió parte de los terrenos a cambio de conservar parte de los mismos ya desarrollados y, “cuando le surgieron dudas sobre el proyecto, quiso dar marcha atrás”.
Al final se llegó a un acuerdo y el Fonatur asegura que la situación de los inversionistas está garantizada. Sin embargo, se sospecha que el fondo pudo haber sufrido un daño patrimonial, que es el objeto de investigación en la SFP, añade el columnista.
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