Este viernes vuelve el ecotianguis

PÚBLICO El Ecotianguis nuevamente abrirá mañana, con la intención de fomentar la economía local y el consumo sustentable. Cooperativas campesinas y pequeñas empresas ofrecerán sus productos en las instalaciones de la Semades (avenida Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1078, esquina Plan de San Luis).

Director del Diario de Los Altos presentó denuncia por amenazas

Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

Por amenazas y robo de documentos electrónicos, el director editorial del Diario de Los Altos, Miguel Angel Casillas Báez, presentó denuncia penal en la Procuraduría General del Estado (PGJE), en contra de quien resulte responsable por los delitos, y presume que el autor intelectual de los hechos es un diputado local, “las sospechas recaen en el diputado José Luis Iñiguez Gámez, quien tiene razones fundadas para estar dolido con lo que he escrito”, señaló el afectado.

El sello de la agencia del Ministerio Público adscrita a la región de Los Altos y recibida por Jorge Castellanos el pasado 18 de marzo, formalizó la denuncia pública que hiciera a los medios de comunicación el director del diario horas antes, tras recibir a través de su celular y de su correo electrónico amenazas por el trabajo realizado (sobre la Presa El Zapotillo) y por algunas notas periodísticas donde criticaba abiertamente el actuar del legislador que lo representa en esas latitudes.

En la ampliación de la denuncia externa que las advertencias se volvieron amenazas de muerte, mismos hechos que se plasmaron en una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Enumera estudio las 27 amenazas contra la diversidad en la entidad

Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO

La introducción de especies invasoras, el uso de fuego como técnica en algunos procesos, los cambios de uso de suelo y la utilización de agroquímicos son parte de las 27 amenazas contra la diversidad del estado enumeradas en el diagnóstico La Biodiversidad en Jalisco: Estudio de Estado, cuyo avance se presentó ayer en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades).

El estudio, integrado por 10 capítulos, fue presentado en un foro abierto, en el que se destacó un avance del 80 por ciento y que arrojará resultados finales preliminares el próximo mes de mayo, para luego ser publicado.

Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Semades, señaló que para lograr este trabajo se realizó una serie de reuniones con investigadores, instituciones y organizaciones que aportaron sus conocimientos.

“De manera tentativa se presentará ya integrado a la sociedad aproximadamente en el mes de agosto, pero antes, en mayo, tendremos ya los resultados finales preliminares de este estudio y en forma paralela la estrategia a seguir, que es finalmente el elemento de planeación que nos va a permitir insertar toda la interacción de los factores sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de las diferentes poblaciones o sitios, donde se encuentra repartida la biodiversidad en el estado”, dijo.

Este trabajo, que inició en el mes de junio, consiste en la elaboración de las políticas públicas que sirvan como base para la toma de decisiones respecto a los recursos biológicos del estado. En el documento participaron investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente (CIESAS Occidente).

Andrea Cruz Angón, coordinadora de Enlace y Estrategia de Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), dijo que se está dando un paso importante, porque se tienen compromisos adquiridos en el Convenio de Diversidad Biológica, firmado por México en 1992, que hasta el momento no se ha cumplido.

Son tres los objetivos establecidos en dicho convenio: Conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos.

Precisó que sólo México, Canadá y la India están elaborando estrategias estatales, las cuales lideran los gobiernos de cada estado.

En el estudio están involucradas la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el INEGI, la Comisión Estatal del Agua (CEA), las secretarías de Planeación y de Desarrollo Rural del Estado, así como las asociaciones civiles Mabio y Nuestra Tierra.

Taller Regional Para la Consulta de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST)

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de de la Delegación Jalisco hace de su conocimiento, que la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, será la Sede del Taller Regional Para la Consulta de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST) que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo de 2009 a partir de las 10 hrs. en el auditorio Alberto Cárdenas Jiménez, ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Col. S n. Juan Ocotán, Zapopan, Jalisco. En este taller se pretende contar con la participación de integrantes del sector público, social, privado y universidades interesados en la materia. El formato del taller, establece la integración de cinco mesas de análisis y de discusión de las Siguientes Temáticas: Mesa I . Marco Conceptual, Mesa II . El Manejo Sustentable de Tierras en el Contexto Internacional, Mesa III . Situación en México, Coordinación Institucional y Armonización de Políticas Públicas, Mesa IV . Situación en México, Financiamiento y Fortalecimiento de la Investigación y Transferencia de Buenas Prácticas de Gestión, Mesa V . Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, Análisis de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. Dada la relevancia de este evento solicitamos su valiosa asistencia o la de un representante, se anexan al presente la orden del día y el documento de la ENMST versión consulta pública. Para mayor información favor de comunicarse con el Biol. Armando Romero Barajas a los teléfonos 36685314, 36685300 Ext. 35327 o al correo planeacion@jalisco.semarnat.gob.mx

Aprobó Comisión de Hacienda dictamen del Proyecto de Movilidad y Renovación Urbana

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen del Proyecto de Movilidad y Renovación Urbana del gobierno estatal, que contempla la creación de tres líneas del Macrobús, que costarán 7 mil 200 millones de pesos, y cuyo porcentaje mayoritario será solventado por alguna empresa a la que se le otorgará el contrato de operación del transporte hasta por 17 años. “Aquí me huele a deuda con cargo a los jaliscienses y con beneficio para alguna empresa”, manifestó al respecto el coordinador de la fracción priísta en el Congreso local, el diputado Juan Carlos Castellanos. El proyecto del gobierno estatal, enviado el 26 de febrero pasado, pretende llevarse a cabo bajo el esquema de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco, conocida como Ley PPS, promovida por la fracción panista y aprobada en marzo de 2008 por la actual Legislatura. Los proyectos de prestación de servicios, de acuerdo con esta ley, son “el conjunto de acciones técnico-económicas, que son desarrolladas por un particular para resolver necesidades básicas y proporcionar a la comunidad los servicios que originalmente son deber del estado proporcionarlos”. De tal manera, la administración estatal de Emilio Gonzále Márquez lanzará una licitación para que el ganador aporte un porcentaje del capital para la construcción de 75 kilómetros del Macrobús, distribuidos en tres nuevas líneas. La repartición del financiamiento bajo el modelo avalado será: 33.3 por ciento de recursos provenientes de la federación y 66.6 por ciento “aportado, por sí mismo o a través de terceros, por el proveedor que resulte adjudicatario del proyecto, en cumplimiento de la celebración de un contrato de prestación de servicios bajo el esquema de proyectos de inversión y de prestación de servicios, con una vigencia de 17 años”, de acuerdo con el dictamen aprobado, del cual La Jornada Jalisco tiene una copia. En su exposición de motivos, el gobierno del estado asegura que “la propuesta de solución a dicha problemática (de movilidad) consiste en la implementación de un sistema de autobuses de transporte rápido, Bus Rapid Transit (BRT), el cual ha sido altamente exitoso y está siendo implementado en varias ciudades de Latinoamérica, con el cual se mejorarán considerablemente las condiciones de movilidad y seguridad medioambientales al emplear los principales corredores para el transporte público masivo de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG)”. Entre las ventajas de llevar a cabo el proyecto del gobierno estatal bajo el esquema de los PPS, según el mismo documento, destaca que “los pagos que la administración pública deberá realizar al proveedor que resulte adjudicado comenzarán hasta que éste inicie con la prestación del servicio contratado y en función de la disponibilidad y calidad de los servicios prestados, estableciendo un mecanismo de penalización en caso de incumplimiento”. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Jorge Salinas Osornio, expuso ante los diputados integrantes de la misma que el proyecto contemplará tres corredores del Macrobús, los 75 kilómetros que éstos abarcarán, 81 kilómetros de ciclovías implícitos, un 42 por ciento de espacios recuperados para el peatón y unos 615 mil usuarios para este sistema de transporte. El coordinador de la fracción priísta, Juan Carlos Castellanos, cuestionó las cifras presentadas por Salinas Osornio y dijo que la inversión rebasaría los 7 mil 200 millones de pesos. Según los cálculos del priísta, la cantidad alcanzaría los 11 mil millones de pesos. “Muchas cuentas alegres, pero me llama la atención que llega la petición luego que se aprobara el Presupuesto de Egresos, lo que a todas luces denota que no hay una planeación como punto de partida por parte del Ejecutivo”, dijo el priísta. Y remató: “es extraño que en el proyecto se hable del Macrobús como un sistema exitoso, cuando todavía no hay una medición de éste”.

Vacante en Profepa Jalisco

Nombre del puesto Especialista en Legislación Ambiental y Recursos Naturales B en el Estado de Jalisco Código de puesto 16-E00-1-CFPQ002-0002824-E-C-P Nivel administrativo PQ2 Número de vacantes 1 Sueldo bruto $8,908.53 (ocho mil novecientos ocho 53/100 M.N.) Adscripción del puesto Delegación PROFEPA en el Estado de Jalisco Sede Estado de Jalisco (2824)   INFORMACIÓN COMPLETA EN LA SIGUIENTE LIGA: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5084946&fecha=25/03/2009

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Tlachichilco, la vida antes de los gringos

Comuneros de la ribera de Chapala recuerdan los tiempos previos a que llegara el "progreso"

Comuneros y extranjeros dialogan para llegar a un acuerdo sobre predios. Foto: Público

Tlachichilco, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

A los catorce años, don Cirilo Vázquez Ortega veía a sus mayores dedicar sus afanes a sembrar chile por todas las playas del lago de Chapala, entre Tlachichilco del Carmen y San Juan Tecomatlán. Ni siquiera existía la presa que ahora sirve para irrigar las tierras bajas. La ruta a Chapala era una vereda para bestias, y el grueso del comercio se hacía por agua: el lago era una especie de autopista por la que viajaban vapores, barcos y lanchas entre Ocotlán, Tizapán, Chapala y Jocotepec.

De eso ya hace 64 años. "Las tierras se regaban por unas norias, tenían unas ruedas grandes de madera y tenían unos cubos, y a pie agarrábamos unos palos y nos subíamos a esas ruedas, y las pisábamos y ahí se venía el agua, que se iba por un chorrito, como un molino", explica este hombre, casi octogenario, en la cálida plaza de Tlachichilco, con su capilla azul como fondo y el bullicio de los niños en el kinder ubicado al lado de la plaza.

Cuando no era por lancha, los chiles y la pesca se transportaban en bestia, se brincaba el cordón de montañas del norte y se llegaba a la estación de ferrocarril en Atequiza.

"Era un chile verde, medio grande, que no era muy enchiloso; todo el producto se salía de la zona por medio de burros, de arrieros; a mí me tocaba ir con un tío, nosotros nos encargábamos de llevarlos".

—¿Como cuánto tiempo hacían?

—En ese tiempo no traíamos reloj. Pero con las puras estrellas nos salíamos, y llegábamos como en dos horas y media. Llegaba el tren de las ocho, que salía para Guadalajara, echábamos ahí todo el producto; nos daban diez o quince centavos por la cargada, y regresábamos al otro día para recoger la carga que se iba para Zacatecas, me acuerdo muy bien, porque iban rotulados los bultos, el envase, para mandarlo a diferentes partes del país; se mandaban a Zacatecas, a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a Querétaro, a la Ciudad de México…

Alrededor de 1944 "empezó a venir una troca de muy allá, esa traía jitomate del rumbo de Mezcala, y después de eso empezó a hacerse lo que era el camino real, y a entrar un camión; ese camión iba un día para Guadalajara y regresaba en la tarde; había muchos pasos angostos que en las aguas se atascaban…".

Más tarde, tal vez en los años 60, entró la ruta de la Cooperativa de Chapala, "con camiones más enteros pero nomás en tiempo de secas; en las aguas no había servicio porque no servía el camino".

La modernización la trajo la apertura del fraccionamiento Galápagos, de la familia Matute Remus, asentada sobre tierras comunales cuyo valor ignoraban los indios.

La llegada del famoso Dan, un caballero texano, es muy posterior, en más de 20 años. Los comuneros de San Juan ya habían sido afectados por "inversionistas tapatíos", cuya herencia también es actualmente controvertida. Don Cirilo suspira por una vida dura pero idílica, la de los indios antes del "progreso".

Ejecutivo busca 700 ha comunales para Ciudad de la Salud

El gobierno del estado pretende una expropiación convenida con la comunidad de San Juan Tecomatlán

 

Predio en el que se construiría la Ciudad de la Salud, proyecto pensado en las necesidades de la comunidad de extranjeros, la mayoría de la tercera edad. Foto: Agustín del Castillo

 

San Juan Tecomatlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

 

La comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, ocupada en las negociaciones con dos centenas de particulares mexicanos y extranjeros que se han asentado de forma ilegal en su superficie, lindante con el lago de Chapala, ya se dio tiempo de rechazar una primera oferta del gobierno del estado para adquirir 700 hectáreas de su patrimonio, donde planea construir una Ciudad de la Salud.

"Nos ofrecían muy poco: 20 pesos por metro en terreno para construir y ocho pesos en terreno abierto, lo cual está muy lejos de los valores verdaderos de la zona; les dijimos además que sólo aceptamos una sociedad, es la lección de lo que nos ha sucedido los últimos años con los avecindados", advierte el presidente del comisariado de bienes comunales, Jesús Castellanos Sánchez.

Por su parte, el director de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Ramón Longoria Cervantes, aclara que no se trata de una negociación cerrada, y que en realidad, no se ha hecho siquiera una propuesta formal. Ese es el primer paso para formalizar un proyecto denominado "Ciudad de la Salud", que data de casi diez años atrás, y en el que intervienen otras áreas del Ejecutivo.

"Se está trabajando con la comunidad para sacar adelante una expropiación convenida, pero la idea es que se genere una sociedad con ellos para que se beneficien con el proyecto", subraya el funcionario.

Esto, debido a que el régimen comunal de la tierra no es considerado seguro para inversionistas, que requieren superficie de dominio pleno, es decir, propiedad privada. Lo que el gobierno del estado ya detenta en la comunidad es un predio de nueve hectáreas donde se pretende desarrollar un proyecto de centro de alta tecnología (software), para lo cual se tiene en trámite la expropiación. "Ya se entregó en ese caso un adelanto económico a la asamblea", admite Longoria. Eso era importante para que los comuneros vieran la seriedad de la propuesta, y no reproducir viejos expedientes en que se hacen primero las obras y muchos años después se pagan las indemnizaciones.

Otra opción que se maneja dentro de la negociación es crear una inmobiliaria comunal, que permita a los campesinos aprovechar el creciente valor de sus terrenos en este presionado mercado de Chapala.

En cuanto a la Ciudad de la Salud, fuentes del gobierno del estado consultadas por Público aseguran que se compraría alguna superficie a los comuneros para capitalizarlos, y que en la expropiación de todo el predio se cambiaría el régimen territorial justamente a propiedad privada. La comunidad indígena participaría como socia del proyecto —pues aportaría la superficie no indemnizada— y recibiría el beneficio proporcional en las ganancias que genere el proyecto, y no sólo los empleos de dudosa calidad que tradicionalmente se ofrecen como "beneficios del progreso".

¿Por qué se requiere convertir la propiedad? Porque la tierra comunal es inalienable (no puede venderse) e inembargable (no puede ser sujeto de embargo en un juicio), según el artículo 27 constitucional. Estas condiciones impiden la posibilidad de ofrecerla en garantía de los créditos cuantiosos que exigirá una inversión de esa envergadura, que fue concebida como un esquema de servicio para la vasta comunidad extranjera que habita la ribera de Chapala, buena parte de la cual se encuentra en la tercera edad y es usuaria habitual de esta clase de servicios.

La pretensión es ofrecer atención de calidad para los residentes del lago, de manera que no deban trasladarse a Guadalajara, y generen una derrama económica interesante en la propia zona donde habitan.

Lo cierto es que la experiencia de las comunidades y ejidos cuando se dan grandes proyectos de desarrollo o infraestructura suele ser en México, muy parecida: se les adquiere la tierra a costos de predio rústico, pero normalmente pagada en corto tiempo, y los campesinos terminan, unos, como empleados de los desarrolladores; otros, desplazados de sus lugares de origen. Ese retrato lo tienen claro en San Juan Tecomatlán.

El líder comunal insiste: "Teníamos pensado en caso de que nos llegara alguna empresa asociarnos con ellos; nosotros ponemos la tierra y ellos ponen la infraestructura. Vino el gobierno del estado, nos pidió comprar 700 hectáreas, pero nos viene a pagar un precio irrisorio, ocho pesos en donde no se puede construir, y 20 en donde sí se pueda. Eso fue apenas hace un mes. Nosotros le entramos pero como socios, ellos ya lo saben. No han regresado a hacer una nueva oferta; deben saber que no queremos que nos llegue el dinero de golpe por la tierra; queremos un proyecto que nos rinda a futuro".

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La idea de un decenio

Sergio García de Alba, secretario de Promoción Económica durante la Administración estatal 1995-2001, fue el que concibió el proyecto de Ciudad de la Salud en la ribera oriente del lago de Chapala, como un motor de desarrollo hacia el área indígena, tradicionalmente marginada, en contraste con los municipios de Chapala y Jocotepec.

En la misma lógica se encuentra la apertura de la carretera, que fue abierta a la circulación entre 1999 y 2000, justamente para facilitar la llegada de inversiones. Y las inversiones llegaron, pero de modo desordenado y con desventajas para los dueños originales de esas tierras. Es por eso que se han frenado los desarrollos. San Juan Tecomatlán negocia mejores condiciones, mientras Mezcala se cierra totalmente a comprometer sus tierras.

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Los comuneros insisten en su apertura a convenios

 

San Juan Tecomatlán. Agustín del Castillo

 

Los comuneros de San Juan Tecomatlán confían en la buena fe y la disposición al diálogo de los avecindadosLos comuneros de San Juan Tecomatlán confían en la buena fe y la disposición al diálogo de los avecindados mexicanos, y sobre todo, extranjeros, que ocupan más de 100 hectáreas de su superficie titulada. Y la prueba es que se ha logrado llegar a convenios en el caso de 26 solares, de los cuales, trece ya han derivado en sentencia judicial inamovible, advierte la abogada de los campesinos, Marielena Navarro Becerra.

Destaca que ello ha sido posible por la apertura mostrada por la asamblea de comuneros, consciente de la necesidad de regularizar la ocupación de sus vecinos, así como por la aceptación de estos en pagar una indemnización justa por haber construido sobre patrimonio comunal. Hay además una "gran respuesta" del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Guadalajara, Agustín Hernández González, quien no ha dejado de subrayar la necesidad de conciliar los intereses de las partes.

El pasado sábado 21 de marzo, se celebró la última asamblea de la comunidad. Allí se aprobó finiquitar cinco nuevos convenios, con los cuales se llega a 26. Trece han sido sentenciados por el magistrado responsable, y trece más están en la fase previa. Son 26 particulares que han aceptado pagar indemnización. "Tratamos los asuntos casos por caso, depende esto de la persona, la calidad y cantidad de terreno que posee, y cómo lo adquirió", añade la representante jurídica.

Un ejemplo de ese procedimiento se refleja en la escritura 3,875 del notario público número 1 de Poncitlán, Carlos Alberto González González, en la que se protocolizan las actas de asamblea de los días 6 y 21 de febrero de este año, para regularizar lotes del desarrollo Huerta de Tlachichilco, según copia en poder de este diario.

En esas actas se aprobaron los convenios de Aline Marie Antoi-nette Miller Ivonne, quien para regularizar los lotes 17 y 21 aceptó pagar 91,766 pesos; de Érika Gertraud Behmke y Werner August Michael Behmke, quienes pagan 72,381 pesos por el lote 23; de John Allan Hunter y Janice Marylin Lichtfield de Hunter, a quienes no se cobra nada por el lote 28, "en virtud de los muchos apoyos que ellos han dado a la comunidad y sus comuneros" (Público, 23 de marzo de 2009); de Justus Hauser Hollatz, quien paga 120 mil pesos por el predio rústico denominado El Zalate; de Helen Louise Nees y Ronald William Jones, que pagan 55 mil pesos por el lote 10; finalmente, el convenio de María de la Luz García Ríos, viuda de Tejeda, e hijos, quienes pagan 120 mil pesos como contraprestación por el predio llamado El Copalito.

Marielena Navarro señala que ese esquema es justo y permite seguridad en la tenencia de los poseedores, y paz con la comunidad. "Estamos totalmente abiertos a acuerdos pacíficos, siempre y cuando reconozcan que nos deben una pequeña indemnización", advierte por su parte Juan Manuel Muñoz, miembro de la comisión de Tlachichilco para negociar estos diferendos.

El gobierno, responsable

Entre 1977 y 2002, cuando se llevó el proceso de reconocimiento comunal, se generaron diversas escrituras privadas, cuyo valor legal es nulo, pero han permitido la especulación con la tierra.

Uno de los actores que contribuyó al enrarecimiento de las cosas fue el propio gobierno estatal, que con su programa de regularización de predios rústicos, emitió escrituras sobre superficie comunal. Ahora reconoce que se trata de actos "nulos de pleno derecho", pues el derecho de las comunidades indígenas no prescribe, y es anterior en tiempo a cualquier enajenación realizada desde la promulgación de las Leyes de Reforma, a mediados del siglo XIX (dado que data de las Leyes de Indias de la época colonial).

Un ejemplo de esos abusos se ve en la escritura de compraventa 32,833, emitida por el notario público 1 de Chapala, Antonio Basalto Ruiz, donde una mexicana, Sabrina Razo Camarena, le vende a una extranjera, Aline Miller (mencionada en el convenio reseñado en este texto) una propiedad de Tlachichilco, sin advertirse la procedencia comunal de los terrenos.

"La parte vendedora adquirió la totalidad del inmueble […] mediante resolución emitida por el gobernador constitucional a través del Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el estado de Jalisco, de fecha 19 de noviembre de 1999", señala el documento.

En esto "se abusó de la buena fe del gobierno", se defiende un funcionario estatal. Lo cierto es que sólo contribuyó a crecer un problema donde los compradores finales y la comunidad son las víctimas. De los intermediarios, ni sus luces.

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CLAVES 

Los convenios logrados

Ya tienen sentencia judicial, y por lo tanto, se reconocen como predios de pequeña propiedad, los correspondientes a los siguientes expedientes llevados ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16: 616/2006, 657/2006, 735/2006; 307/2007, 310/2007, 315/2007, 317/07, 470/2007, 527/2007, 585/2007, 602/2007, 261/2008 y 315/2008

Ya acordados y pagados a la asamblea de comuneros, y pendientes de sentencia, los siguientes trece expedientes: 471/2007, 614/2007; 162/2008, 206/2008, 288/2008, 306/2008, 308/2008, 309/2008, 311/2008, 312/2008, 313/2008, 402/2008 y 637/2008

Hay todavía, sin embargo, otros 177 juicios por exclusión, todos demandados por los posesionarios de los terrenos, lo que revela que el universo de irregularidad continúa siendo mayor de lo ya conveniado y regularizado

En San Juan Tecomatlán hay 1,946 hectáreas tituladas a favor de 479 comuneros. Sus derechos datan de la época colonial, y solicitaron su reconocimiento en el año 1977, pero la obtuvieron hasta 1997. Como esa resolución los dejó con 300 hectáreas menos, interpusieron un amparo indirecto; la autoridad agraria corrigió la superficie en noviembre de 2002

Disputan tierras de la ribera de Chapala comuneros y extranjeros

La comunidad indígena de San Juan Tecomatlán busca recuperar terrenos. Hay casi 200 demandas "de exclusión" de propiedad, en su mayoría, interpuestas por ciudadanos foráneos contra los derechos de la comunidad de Poncitlán, enclavada frente al lago. Apenas se han saldado cinco por la vía de la conciliación.

Desde hace casi 30 años, extranjeros se han asentado en terrenos comunales, algo prohibido por la Ley Agraria. Hoy, los indígenas quieren de regreso los predios o un pago por ellos. Fotos: Agustín del Castillo

San Juan Tecomatlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El gringo y su mujer, Linda, oriunda de Chapala, irrumpieron en el pequeño templo de Tlachichilco durante la misa, y se acercaron a una anciana, pobre, enferma y ciega. La esposa la abrazó cariñosamente en frente de todos mientras el cura miraba complacido. El güero Donald esbozó una sonrisa satisfecha. El hombre había llegado a comienzos de los años 80 del siglo pasado a este poblado coca —tal vez nahua—. De no tener nada, con el tiempo amasaría fortuna e influencias, a costa de la tierra barata de los comuneros.

"Yo no sé si es católico o si nomás venía a misa por conveniencia; porque esos gestos los hacía enfrente de la gente, pero no levantaba a nadie por la carretera. Quería que creyéramos que era una buena persona. Alguna vez escuché que iba a comprar un pedazo de terreno para ampliar el panteón del pueblo para todos, mexicanos y gringos, porque no iba a haber diferencias [...] la gente lo veía con muy buenos ojos, decían que había llegado papa Noel…", recuerda don Cirilo Vázquez Ortega, de 77 años.

El arribo de extranjeros fue bien visto al principio, recordó Cirilo Vázquez.

Los nativos le dicen Dan, pero se llama Donald Dwyer. Tiene 25 años de haber arribado a la comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, a menos de 20 kilómetros al oriente de Chapala, en la misma ribera del lago, principal sitio de residencia de extranjeros que existe en México.

En Tlachichilco, poblado comunal, coinciden no sólo en que Dan fue el primer gringo en llegar, sino en que se trajo a casi todos los demás (indistintamente, estadunidenses, canadienses y europeos), que hoy inundan la zona, con cerca de 200 propiedades residenciales asentadas en terrenos comunales.

"Al principio, compraba toretes para la engorda; será que vendría escondiendo su dinero o se lo encontró aquí […] total, compró la casa de un licenciado y empezó a convivir con la comunidad, se nos metió, empezó a meter sus pesitos", agrega don Alfredo Campanero López, de 78 años.

Compró decenas de hectáreas a precios de remate. "En ese tiempo tengo entendido que serían millones de viejos pesos, cuando cualquiera tenía sus millones, serían como unos doce o trece millones por un potrero de ocho hectáreas que la gente aquí veía como breña". Hoy, en ese terreno montoso hay un fraccionamiento de jubilados estadunidenses y canadienses, que habitan casas valuadas entre 300 mil y 500 mil dólares. Pero Dan tiene muchos predios más.

La tierra que muchos foráneos compraron a precios de remate, hoy la venden fraccionada en predios o casas de hasta medio millón de dólares.

El problema es que se trata de terrenos comunales, que según las leyes agrarias mexicanas, entrañan un derecho que jamás prescribe. San Juan Tecomatlán comenzó su proceso de reconocimiento y titulación en 1977, explica su abogada, Marielena Navarro. Eso descarta en automático las compraventas realizadas desde cinco años atrás. Las efectuadas antes de 1972, si fueron legales, llevarían un proceso de "exclusión" para ser respetadas como propiedad privada. Las que se hubieran llevado a cabo de 1972 en delante, hasta 2009, son nulas y requieren de la voluntad de la asamblea comunal para ser excluidas, o en su defecto, toleradas sin cambiar la tenencia de la tierra.

Fue el Tribunal Unitario Agrario número 15, por orden del juez cuarto de distrito de Guadalajara (amparo indirecto 424/99), el que reconoció y tituló al poblado, apenas el 4 de noviembre de 2002 (expediente TUA A/169/2001). El efecto legal es demoledor. La ejecución llegó tan tarde, que ya se habían hecho muchos negocios de compraventa. Los comuneros reconocen que fue hasta entonces que se dieron cuenta del valor de lo suyo: "Fuimos muy inocentes, ahora ya no nos dejaremos", advierte Jesús Castellanos Sánchez, presidente del comisariado de bienes comunales.

Guerra silenciosa

La vida hoy se ha tornado difícil para los de Tlachichilco. Siempre les dijeron que la llegada de inversionistas era buena, pues habría empleos y mejoraría su calidad de vida. Lograron para sus esposas trabajos como empleadas domésticas, y para los jóvenes, de jardineros. Cuando tuvieron la ley en sus manos, y quisieron llegar a acuerdos con sus huéspedes, las cosas cambiaron. Si bien, este fin de semana pasado se formalizaron cinco convenios de exclusión pacífica, la tónica general ha sido de amenazas y despidos.

La ribera de Chapala es un sitio de alta plusvalía e imán para gente de EU.

Juan Manuel Muñoz, quien tiene año y medio de haber regresado a su pueblo natal, dice que a su esposa la despidieron por su activismo en favor de la comunidad. "¿Acaso estoy haciendo mal mi trabajo?, le preguntó al patrón. No, nada, nomás dile a Juanito que cuando se salga de lo de la comunidad, te regresamos el empleo, le contestó".

Hay extranjeros que no la toman personal. De hecho, una pareja de ancianos, John —fallecido el pasado mes de enero— y Janice Hunter, quienes regalaban despensas, paquetes escolares y utensilios para los niños, recibieron la exclusión de su propiedad sin el cobro de un peso, pues se consideró que eran personas valiosas para el pueblo. Otro foráneo, el alemán Mike Jones, pagó de su dinero hace unos meses la reparación de una tubería para el agua de la comunidad, transportando además al agente municipal a comprar los insumos a una ferretería de Chapala.

Pero hay muchos forasteros que están molestos por lo que piensan se trata de un robo legal.

Así, "tenemos jardineros que han venido a decirnos: 'a mí ya bórrenme de la lista de comuneros, ya no quiero saber nada'; les preguntamos por qué, y nos dicen: 'porque mi patrón ya me amenazó' […] desgraciadamente para los que vemos más allá de nuestras narices, eso demuestra la nobleza de la gente, 'a mí con que me den para mis tortillas y para mis frijoles, ya no necesito nada más', o 'con que me den trabajo, con eso tengo', dicen".

Así pasó con un comunero, Pedro Contreras; otro, de nombre Juan García, de todos modos dejó su trabajo ante el hostigamiento.

Se habla de una simbiosis ideal entre la comunidad extranjera y los nativos, pero hay demasiadas demostraciones de lo contrario, apunta Juan Manuel. "Ellos viven aislados, en una burbuja, que son sus casas, y jamás bajan al pueblo […] de hecho, se molestan cuando hay fiestas, por la música de banda que sube al cerro, o las campanadas del rosario de alba, que son después de la seis de la mañana… un hombre nos dijo en julio pasado que su perrito se hizo cardiaco de los sustos que les sacó la campana…".

Otro capítulo de la discordia es el conflicto por el agua. La comunidad es dueña de todos los afloramientos en su territorio, pero los avecindados se quedaron con dos pozos; al inscribirlos como dotación de agua de un poblado (es decir, a nombre de los comuneros), lograron reducir el pago de energía y de derechos, con subsidios. Después, pretendieron acordar con los comuneros darles agua "que les sobraba", que no llegaría a 10 por ciento, pero pedirles pagar 50 por ciento del recibo. Las diferencias de consumo son evidentes: las residencias tienen amplios jardines mientras las casas de Tlachichilco reciben el líquido apenas media hora al día.

Los comuneros están cobrando 30 pesos por metro cuadrado para otorgar la exclusión de propiedades. El terreno en breña se cotiza comercialmente arriba de 600 pesos por metro, y muchos extranjeros así los están traspasando. De este modo, ante la falta de voluntad en negociar, "los convenios van a ser muy difíciles de sacar adelante", subraya Juan Manuel.

San Juan bien vale una misa

Las reiteradas idas a misa en Tlachichilco, las promesas de dinero para el sostenimiento de la comunidad (35 mil pesos anuales para Tlachichilco y 35 mil para San Juan Tecomatlán), el otorgamiento de una remesa para restaurar la capilla, la presentación de proyectos delirantes, como el de un hospital con helipuerto "a donde nos atenderían a todos nosotros"; la promesa de reparar calles y pavimentarlas, fueron el pasaporte para el gran negocio inmobiliario de Dan en el decenio de los años 90.

Donald Dwyer participó activamente en la gestión de la carretera pavimentada que se abrió en 1999 con recursos del gobierno de Jalisco. La idea era crear oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas de Poncitlán, con un acceso terrestre fácil, pero en la realidad, los intereses especuladores que buscaban aprovechar el mercado de altos recursos de los jubilados de Europa y Norteamérica, sacaron "la mejor raja". San Juan alcanzó a reaccionar ya con poco más de 100 hectáreas de invasiones. Sus vecinos de Mezcala se cerraron completamente, y hasta ahora, simbolizan la resistencia más firme al mercado.

Siguió la vida de Dan. "Comenzó a quemarse con las autoridades, y a hacer uso de prestanombres, de preferencia mexicanos, para hacer sus negocios", aseguran los comuneros.

El gringo tiene su casa al pie de la carretera Chapala-Mezcala. Uno de sus hijos, de nombre Jean Paul, también se dedica a los negocios con la tierra, y posee maquinaria de construcción. En el teléfono de su domicilio, Dan contesta a una solicitud de Público para ser entrevistado acerca del tema, el pasado 19 de marzo.

"Estoy por salir del país, por estudiantes de Canadá…", dice en un español típico de forastero. Regresaría hasta después de la semana de Pascua. No obstante, promete visitar las instalaciones del diario, al día siguiente. Nunca llega.

En el pueblo, una pregunta obligada: ¿Míster Dan ya no viene a misa?

"No, nunca", contestan sin titubear don Cirilo y don Alfredo, testigos de cómo estas viejas aldeas fueron devoradas por el dios Progreso.

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CLAVES

La comunidad

San Juan Tecomatlán posee títulos virreinales que datan del siglo XVI, lo cual dio pie al reconocimiento de la comunidad, en 1997, con 1,694.2 hectáreas, sentencia que fue recurrida con un amparo, para quedar finalmente reconocida con 1,946 hectáreas en noviembre de 2003

El derecho agrario mexicano otorga a las comunidades indígenas la atribución de ser "inalienables, imprescriptibles e inembargables", lo que significa que sus bienes no pueden ser vendidos y que su ocupación no crea derechos por vía de la prescripción

Quienes poseen terrenos dentro de la comunidad deben negociar con ella, pues su derecho posesorio no es mejor que el comunal. Ese es el espíritu bajo el cual se pueden dar exclusiones de predios, siempre que la asamblea general de comuneros lo avale

Fuentes: cumplimiento de ejecutoria del amparo indirecto 424/99, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15; Ley Agraria

Acusan a Zapopan de propiciar deforestación

Policías hicieron caso omiso de denuncias de los ecologistas. Defensores del bosque El Nixticuil se enfrentan con taladores de árboles

 

Bosque El Nixticuil. Los responsables de la tala que afecta a la zona argumentaron que tienen permiso municipal. Foto: Giorgio Viera

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En roces, empujones y gritos terminó ayer por la mañana un tirante diálogo entre trabajadores de la fraccionadora El Tigre, que retiraban árboles en las inmediaciones de la prolongación avenida Ángel Leaño, y miembros del comité salvabosque Tigre II, luego de que estos denunciaran ante la prensa la depredación, de la que responsabilizaron al Ayuntamiento de Zapopan.

Sofía Herrera, integrante de la organización ciudadana, aseguró ayer por vía telefónica que se trató de una agresión encabezada por un individuo que se identificó como José Saúl Padilla López, y su cuadrilla de trabajadores. También acusaron a la policía de Zapopan de no intervenir pese a la oportuna petición, y de "querer voltearles la tortilla", al señalarlos como agresores.

Padilla López "se portó de forma prepotente, agredió verbalmente, y luego llevó a doce de sus trabajadores y los incitó a la violencia con palos y hachas; le quitaron un celular a un compañero y lo arrojaron a la calle; a otro le aventaron la cámara de video con la que grabábamos todo", explicó la activista.

Los hechos fueron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando "acudimos al camellón de dicha avenida a reunirnos con compañeros de los medios de comunicación para documentar la tala de los árboles que en ese momento se estaba realizando".

Tras padecerse la agresión, agregó Sofía Herrera, "se solicitó la intervención de la Policía de Zapopan —patrulla Z-805—, quienes después de 20 minutos llegaron al lugar, y aun después de mostrarles la grabación de las agresiones, se fueron, argumentando que no podían hacer la detención de los agresores porque nadie presentaba lesiones graves, no había corrido sangre…".

Luego del incidente, "los trabajos continuaron realizándose sin ningún tipo de restricción, y sin la detención de ninguno de los trabajadores; lejos de ello, los oficiales de policía regresaron a tratar de amagar al Comité diciendo que habían recibido un nuevo reporte señalándonos a nosotros como agresores y por el supuesto robo de la herramienta con la que se estaban realizando los trabajos", añadió.

A juicio del Comité Salvabosques, es manifiesta la complicidad de la autoridad municipal en los hechos. "Denunciamos públicamente […] a fin de que se documenten las acciones de destrucción y despojo que el municipio está llevando a cabo de forma arbitraria en nuestras colonias, así como los mecanismos que emplea para criminalizar la defensa que la comunidad hacemos de nuestros espacios", señalan en un comunicado de prensa, el cual da acceso a un video con los hechos, que se puede ver en la siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=WHFmkhGuenU.

Los miembros del comité salvabosque exigen detener la tala que afecta a la zona de El Nixticuil, y anunciaron que interpondrían ayer mismo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos "para que dicte las medidas cautelares para detener estas agresiones".

La tala irregular empezó el sábado 14 de marzo, día en que los taladores argumentaron que "se debe a la ampliación de dicha avenida y que cuentan con el permiso de la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan. Señalaron también que el permiso es para la tala y poda de 29 árboles de entre tres y siete metros de altura, para lo que pagaron previamente 5,321.50 pesos".

Las Joyas: nahuas se quejan de exclusión

Acusan a Conanp y a UdeG de secuestrar la participación en sierra de Manantlán. Se consideran "terceros perjudicados" en pleito por terrenos de la estación científica

 

Reserva de Manantlán. Los indígenas también quieren defenderla. Foto: Público

Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Algunos líderes sociales de la comunidad nahua de Ayotitlán y activistas de derechos humanos reclaman ser considerados como "terceros perjudicados" en el conflicto por la propiedad de la estación científica de Las Joyas, en la sierra de Manantlán.

En diversos escritos entregados a este diario, firmados por el presidente de la red jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí; por líderes de la zona indígena, como Víctor Manuel Ramírez, Juan Mancilla, Daniel Ramos Elías, Roberto Covián y Héctor Campos; por el ex director de Manantlán, Martín Gómez García, entre otros, establecen la necesidad de que se reconozcan derechos de las comunidades agrarias, pues insisten —contra la opinión del gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara— en que Las Joyas es un área natural protegida estatal, y no sólo un predio enclavado al interior de la principal zona núcleo de esta reserva de la biosfera federal.

El primer escrito, firmado por indígenas, fue entregado el pasado mes de febrero tanto al gobernador Emilio González Márquez como al rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, "pues en su demanda de amparo se olvidaron, como es ya costumbre, de llamarlos a comparecer [a los nahuas] como lo que son en este último litigio: terceros perjudicados. Al no ser llamados por el racismo subliminal y explícito de dichas autoridades al juicio, ellos han decidido comparecer y apersonarse directamente para acreditar su legítimo derecho, personalidad e interés jurídico", advirtió González Garí.

La alusión es al amparo contra el juicio civil que "despojó" legalmente de la propiedad de Las Joyas al estado, en favor de un grupo de propietarios con una escritura espuria y actos de posesión precarios (Público, 22 y 23 de enero de 2009).

El activista explicó que la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Silvicultores de la Sierra de Manantlán, AC, "seguimos también con nuestro amparo contra el decreto del Congreso que autorizó la transferencia de Las Joyas del gobierno del estado a la UdeG, mediante un comodato a 99 años. El amparo está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, desde el año 2007 y no ha sido resuelto todavía".

En una carta posterior, critican "la visión que exponen los dos grupos de poder antagónicos de la UdeG y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], en torno al control de la reserva […] como si la conservación de los valores naturales dependiera de un arreglo entre las dos facciones y no de mecanismos públicos y democráticos de representación de las comunidades dueñas de las tierras que forman la sierra (en alusión al tema aparecido en Público el pasado 5 de marzo de 2009).

Estos mecanismos, agregan, "son indispensables para acordar, evaluar y validar o rectificar las formas de preservar la riqueza natural de esta región, asegurando el desarrollo a los dueños ancestrales de este territorio […] la visión de los derechos que tienen las dos facciones, es la de disponer de recursos sin rendir cuentas, ni entregar los resultados obligados".

Cuestionan a la Conanp, pues "se arroga atribuciones excesivas, para imponerse por la fuerza, de manera ilegal y sin la legitimidad de la eficacia en la solución de problemas, violentando derechos elementales de las comunidades e incumpliendo reiteradamente obligaciones generales para toda la administración pública: la de la transparencia, la probidad, la atención y en general, la solución de los problemas que son de su competencia. Es indispensable preguntarse cuáles son los resultados de la administración de la reserva, frente a las atribuciones y los recursos ejercidos y por qué no se han trasparentado las auditorías realizadas por desvío de recursos".

Por su parte, "los representantes del grupo de académicos que han usufructuado el manejo de la reserva, buscan presentar a la Conanp como los responsables únicos del desastre que es la gestión de la principal área natural protegida del occidente del país. Hasta ahora no han presentado los resultados de las obligaciones que asumió la UdeG, para generar conocimiento aplicado al manejo sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad", añaden.

Reunirán a expertos para despejar “dudas técnicas” sobre Arcediano

EL INFORMADOR

El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias puso al día la información sobre las obras para la presa de Arcediano, al informar a diputados locales que se están haciendo caminos de acceso, se ha limpiado la ladera izquierda y se han comenzado los trabajos preparatorios para comenzar a construir la cortina.

Además, anunció que se realizará un simposio con especialistas en presas, "pues queremos aclarar dudas técnicas, porque es la primera vez que se haría una presa para bombear 450 millones de metros cúbicos por segundo, en una barranca producto de un movimiento técnico en el que se parte la tierra, que provoca fracturas y laderas ladeadas. Entonces, es difícil trabajar en esas circunstancias, porque puede derrumbarse medio cerro. Pero este proyecto ya tiene todos los estudios geológicos idóneos para resolver esta problemática". Lo anterior, durante la comparecencia de Col Carabias ante diputados de la Comisión de Recursos Hidraúlicos y Pesca del Congreso del Estado, quienes, sin suficiente información y con datos erróneos, cuestionaron ayer al director de la CEA, como parte del ejercicio de la glosa del segundo informe del gobernador Emilio González Márquez, entregado a los legisladores el primero de febrero. En entrevista posterior a su comparecencia, el funcionario se refirió a los trabajos para la construcción de la Presa El Zapotillo, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, y puntualizó que a más tardar a mediados de año serán expropiadas las fincas de aquellos propietarios que no acepten su traslado al nuevo centro de población. Desde hace meses, pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, han mostrado inconformidad ante las autoridades, porque no aceptan que sus centros de población queden inundados cuando la presa tenga que llenarse. Durante el intercambio con los legisladores, y ante la pregunta de por qué había rezago en la ejecución de 13 plantas de tratamiento, César Coll respondió que "discrepaba" con estas cifras, pues solo dos de éstas las maneja la CEA y puntualizó que la mayoría tienen un avance de entre 70 y 100 por ciento. Asimismo, fue interrogado sobre el apoyo a proyectos pesqueros y la creación de consejos de vigilancia, lo cual es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural y no de la Comisión Estatal de Agua. También resaltaron la omisión de incluir información en el documento de la glosa, sobre asuntos como el desarrollo sustentable de Jalisco y temas "controversiales", como la presa de Arcediano y la de El Zapotillo, el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, las acciones tendientes a la restauración de la colonia La Azucena en El Salto y la ejecución de acciones incluidas en la "macrorrecomencación" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Los últimos tres puntos no fueron abordados y los diputados no volvieron a incluirlos en la comparecencia. Recordó que a finales de este mes o a principios de abril se dará el banderazo para arrancar las obras de la presa de El Ahogado y este año saldrá la licitación para la de Agua Prieta, con lo cual se lograría llegar al saneamiento del 72% de las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La diputada Verónica Martínez preguntó qué se hace para evitar la extracción clandestina. César Coll reconoció que es un problema desatendido, pues es la reponsabilidad de la Comisión Nacional del Agua y ésta no tiene personal suficiente para vigilar. Telón de fondo Las obras avanzan El jueves 5 de marzo, EL INFORMADOR publicó que será este mes cuando se dé a conocer el pre proyecto ejecutivo para edificar la Presa de Arcediano, según dio a conocer el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias. Explicó que hasta ese momento el costo del estudio preliminar ascendió a tres millones de pesos (MDP), pero podría incrementarse, debido al aumento del dólar. Sin dar a conocer una cifra exacta, el funcionario reconoció que el costo de la obra para edificar Arcediano se ha incrementado de una manera considerable. "Hasta que tengamos el proyecto ejecutivo, vamos a revalorizar la obra para analizarla conjuntamente con el gobierno federal y el material, el presupuesto, la mano de obra", dijo. Coll Carabias señaló que los trabajos preparatorios avanzan y que en la Barranca de Huentitán, donde se edificaría la presa, se construyen "los caminos de acceso para los diferentes niveles de la cortina de la presa, desde ahora se empiezan a preparar los caminos de acceso a los camiones de materiales que llegarán". Debido a estas obras preparatorias, el funcionario advirtió que a partir de la primera y segunda semana de abril, el acceso para paseantes y excursionistas a la zona quedará restringido. "En esta Semana Santa que viene, no habrá acceso a Puente de Arcediano, porque tenemos obras y porque ya hemos tenido dos, tres sustitutos porque se deslavan los cerros, las laderas, ya no se podrá tener acceso al lugar, por el trabajo que están realizando las maquinarias. Hay gente que acostumbra a ir a acampar y excursionar ya no lo vamos a permitir porque hay mucho movimiento", refirió.

Sagarpa le entrará a la conservación del jaguar

El secretario pide a las ONG propuestas prácticas para todo el país para garantizar el rescate de la especie

 

Es urgente la acción conjunta de ONG, gobiernos y dueños de ranchos para salvar a la especie. Foto: Público

Guadalajara/Agustín del Castillo. PUBLICO MILENIO

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) está dispuesta a debatir y ampliar su participación en las estrategias de control ganadero que buscan rescatar zonas de selva y bosque del país para la conservación del jaguar, dijo ayer el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez.

El funcionario reconoció que conoce del asunto desde que fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que ya hay acuerdos en marcha que pueden ser ampliados y consolidados.

"El esquema que se planteó en aquel tiempo lo seguiríamos nosotros refrendando, apoyando, estimulando para que no maten a los jaguares, que es uno de nuestros animales nacionales emblemáticos y que debemos de cuidarlo a su máxima expresión", explicó a Público en su visita a la Expo Guadalajara.

Esto pasa por "exhortar a todos los que tiene ranchos en zona de jaguar a que esperen de la Sagarpa junto con la Semarnat un estímulo, de tal forma que no vayamos a acabar con la especie. Y si es necesario que generemos algún fondo adicional, yo quisiera ver el planteamiento por parte de las organizaciones ambientalistas o bien por la Semarnat para ver cómo nos acomodamos; estamos en la disposición total y absoluta".

Se habla del seguro ganadero, pero también se habla que es importante que la ganadería extensiva sea ordenada, estabulada, para que no entre a la selva, para evitar estas muertes al atacar el ganado…

Sí, dentro de lo que sea posible hay que avanzar, dentro de un esquema práctico, pero también hay que ver las realidades y meter mucho la gradualidad; yo digo que en algunas zonas donde sea extremadamente necesario cuidar, ahí habría que implementar esto en lo particular.

¿Como es el caso de sierra de Vallejo?

En Nayarit, cómo no; yo quisiera repasar nuevamente el tema; estamos aquí bien dispuestos a entrarle con alguna pequeña parte mientras también los estados y las organizaciones no guberamentales, se pongan también de acuerdo, para respetar el medio ambiente.

Entonces, ¿qué les pediría a las organizaciones protectoras del jaguar?

Que nos hagan planteamientos, y no solo en Vallejo, yo quisiera ver sobre el tema en todas las zonas del país que son importantes para el jaguar.

ONG esperanzada

La declaración de Cárdenas Jiménez generó la misma tarde de ayer, esperanzas en los conservacionistas.

"Las personas que trabajamos en al menos 17 estados de la república por la conservación del mayor felino de América, compartimos esta problemática y la certeza de que hoy es una de las principales amenazas que se origina por una combinación de caza indiscriminada de las presas naturales del jaguar y prácticas ganaderas extendidas en las tierras de jaguar, impulsadas por políticas federales durante décadas", dijo a este diario Erik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit, que impulsa el rescate del felino en sierra de Vallejo, en los límites con Jalisco.

Recordó el paso del ex gobernador de Jalisco por la Semarnat, cuando "atendió puntualmente los encuentros de especialistas de jaguar a nivel nacional (…) y conoció esta problemática desde este lado -el de los interesados en la conservación del jaguar y sus hábitat-; ahora como titular del otro lado -interesado en una eficiente producción de alimentos a través de la ganadería- se manifiesta a favor de que su Secretaría asuma la responsabilidad de su actividad".

Es decir, hacer "ganadería responsable ambientalmente hablando; los ganaderos afectados por el jaguar suelen verse a sí mismos como víctimas y exigen soluciones, no siempre es fácil que acepten que la tierra donde hacen ganadería es y ha sido siempre 'tierra de jaguar' y que ellos deben de asumir esta realidad como parte de los riesgos de su actividad ganadera en selvas, esteros, bosques tropicales o cualquier otro hábitat en el que los jaguares (y los demás depredadores naturales) habitan", añadió.

La metodología para atender casos de depredación de ganado por jaguar "ya se está trabajando como tema prioritario desde el subcomité técnico del jaguar y forma parte integral del Plan de Acción para la Conservación de Especies; esperemos que este año se pueda atender esta problemática a nivel nacional mediante el trabajo coordinado de la Sagarpa y la Semarnat, sólo con esta transversalidad lograremos que las políticas de estado sean congruentes y realmente sustentables".

En Nayarit, Jalisco y Michoacán, "la Alianza Jaguar apoyará a estas dos secretarias para aplicar programas en las comunidades de base con el ánimo de lograr la conservación del jaguar y la biodiversidad que arropa como especie paraguas, al tiempo que apoyará a los ganaderos a que realicen una ganadería más moderna y responsable; una ganadería sustentable, respetuosa de los procesos naturales y de las especies prioritarias como el jaguar".

Reunirán a expertos para despejar “dudas técnicas” sobre Arcediano

Alejandra Guillén - EL INFORMADOR El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias puso al día la información sobre las obras para la presa de Arcediano, al informar a diputados locales que se están haciendo caminos de acceso, se ha limpiado la ladera izquierda y se han comenzado los trabajos preparatorios para comenzar a construir la cortina. Además, anunció que se realizará un simposio con especialistas en presas, “pues queremos aclarar dudas técnicas, porque es la primera vez que se haría una presa para bombear 450 millones de metros cúbicos por segundo, en una barranca producto de un movimiento técnico en el que se parte la tierra, que provoca fracturas y laderas ladeadas. Entonces, es difícil trabajar en esas circunstancias, porque puede derrumbarse medio cerro. Pero este proyecto ya tiene todos los estudios geológicos idóneos para resolver esta problemática”. Lo anterior, durante la comparecencia de Col Carabias ante diputados de la Comisión de Recursos Hidraúlicos y Pesca del Congreso del Estado, quienes, sin suficiente información y con datos erróneos, cuestionaron ayer al director de la CEA, como parte del ejercicio de la glosa del segundo informe del gobernador Emilio González Márquez, entregado a los legisladores el primero de febrero. En entrevista posterior a su comparecencia, el funcionario se refirió a los trabajos para la construcción de la Presa El Zapotillo, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, y puntualizó que a más tardar a mediados de año serán expropiadas las fincas de aquellos propietarios que no acepten su traslado al nuevo centro de población. Desde hace meses, pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, han mostrado inconformidad ante las autoridades, porque no aceptan que sus centros de población queden inundados cuando la presa tenga que llenarse. Durante el intercambio con los legisladores, y ante la pregunta de por qué había rezago en la ejecución de 13 plantas de tratamiento, César Coll respondió que “discrepaba” con estas cifras, pues solo dos de éstas las maneja la CEA y puntualizó que la mayoría tienen un avance de entre 70 y 100 por ciento. Asimismo, fue interrogado sobre el apoyo a proyectos pesqueros y la creación de consejos de vigilancia, lo cual es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural y no de la Comisión Estatal de Agua. También resaltaron la omisión de incluir información en el documento de la glosa, sobre asuntos como el desarrollo sustentable de Jalisco y temas “controversiales”, como la presa de Arcediano y la de El Zapotillo, el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, las acciones tendientes a la restauración de la colonia La Azucena en El Salto y la ejecución de acciones incluidas en la “macrorrecomencación” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Los últimos tres puntos no fueron abordados y los diputados no volvieron a incluirlos en la comparecencia. Recordó que a finales de este mes o a principios de abril se dará el banderazo para arrancar las obras de la presa de El Ahogado y este año saldrá la licitación para la de Agua Prieta, con lo cual se lograría llegar al saneamiento del 72% de las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La diputada Verónica Martínez preguntó qué se hace para evitar la extracción clandestina. César Coll reconoció que es un problema desatendido, pues es la reponsabilidad de la Comisión Nacional del Agua y ésta no tiene personal suficiente para vigilar. Telón de fondo Las obras avanzan El jueves 5 de marzo, EL INFORMADOR publicó que será este mes cuando se dé a conocer el pre proyecto ejecutivo para edificar la Presa de Arcediano, según dio a conocer el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias. Explicó que hasta ese momento el costo del estudio preliminar ascendió a tres millones de pesos (MDP), pero podría incrementarse, debido al aumento del dólar. Sin dar a conocer una cifra exacta, el funcionario reconoció que el costo de la obra para edificar Arcediano se ha incrementado de una manera considerable. “Hasta que tengamos el proyecto ejecutivo, vamos a revalorizar la obra para analizarla conjuntamente con el gobierno federal y el material, el presupuesto, la mano de obra”, dijo. Coll Carabias señaló que los trabajos preparatorios avanzan y que en la Barranca de Huentitán, donde se edificaría la presa, se construyen “los caminos de acceso para los diferentes niveles de la cortina de la presa, desde ahora se empiezan a preparar los caminos de acceso a los camiones de materiales que llegarán”. Debido a estas obras preparatorias, el funcionario advirtió que a partir de la primera y segunda semana de abril, el acceso para paseantes y excursionistas a la zona quedará restringido. “En esta Semana Santa que viene, no habrá acceso a Puente de Arcediano, porque tenemos obras y porque ya hemos tenido dos, tres sustitutos porque se deslavan los cerros, las laderas, ya no se podrá tener acceso al lugar, por el trabajo que están realizando las maquinarias. Hay gente que acostumbra a ir a acampar y excursionar ya no lo vamos a permitir porque hay mucho movimiento”, refirió.

Queremos Las Joyas “de buena fe”: particulares

En el juicio civil por la propiedad de la estación científica en Manantlán, "nuestras escrituras, buenas", pero "no buscamos despojar" a la UdeG, aseguran

Con explicaciones circulares, Tomás Zamora López dice ser víctima de una campaña de linchamiento y mentiras. Foto: Marco A. Vargas

Ahuacapán, Autlán • Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Tomás Zamora López y Aurelio López Garibay encabezan al grupo de presuntos propietarios, —en su mayor parte, moradores de Ahuacapán, al pie de la sierra de Manantlán— que obtuvieron del juez segundo civil de Autlán una sentencia favorable de usucapión o prescripción positiva, que les reconoce la propiedad de casi 2,580 hectáreas que están en posesión de terceros en la sierra. Entre esos predios, el de la estación científica de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Sin embargo, al abordar el asunto con Público, los dos alzan los ojos con indignación: aseguran no querer el pleito con la casa de estudios y el gobierno del estado, y por el contrario, se dicen víctimas de una campaña de linchamiento y "mentiras".

Sus argumentos: la escritura que sustenta sus derechos deriva de una compra real hecha a un personaje famoso, Rodolfo Longinos Vázquez, de pasado maderero, quien es señalado por sus críticos de haber "pelado" la sierra.

"Ese señor todavía vive, en Guadalajara; se enjuició contra Manuel Valencia Castillo, que era hijo del mero dueño de la hacienda Ahuacapán, y le ganaron el juicio […] entonces, el señor Vázquez se molestó y le dijo: cuánto vale tu propiedad; pos vale tanto, le dice Manuel; y le compró las tierras", explica don Tomás.

—¿En qué año fue eso?

—Fue en 1955; el señor Vázquez le compró toda la sociedad, escritura con historial completo, y así los Valencia se quedaron sin nada […] todavía no habían desglosado lo que había agarrado [Secretaría de Reforma Agraria] para el pueblo de Ahuacapán, Barranca de la Naranjera y Cuzalapa; después de restarle, le quedaron 2,580 y tantas hectáreas, entonces nosotros solicitamos ahí por tierras ociosas, y nos dieron chance que nos metiéramos, hicimos casas y al último nos quemaron todo.

—¿Quién se las quemó?

—El gobierno, subieron unos rurales por parte de los Valencia, aunque no tenían ya derechos. Fue hace como 30 años, total que nosotros anduvimos peleando porque sabíamos que ellos ya no tenían nada […] fuimos a Guadalajara, fuimos al Departamento Agrario, nos hicieron un vaciado y quedaron únicamente lo que le restaba a Vázquez, entonces buscamos a Vázquez y le compramos en 1986; fuimos a México, y publicamos en el Registro Agrario Nacional también.

—Pero en 1986 el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo le compra a los Valencia precisamente la zona de Las Joyas.

—Exactamente, pero nosotros fuimos y solicitamos y ellos no tenían nada, los Valencia de dónde le vendían si ya habían vendido todo.

—¿Recuerda cuánto le pagaron a Longinos Vázquez?

—Ya no me acuerdo bien, pero tenemos las escrituras, bien hechas aquí o en Rusia, como nos dijo el notario…

—Pero las escrituras de ustedes, hay documentos que lo prueban, fueron canceladas por un juez en Ameca, hace 20 años…

—No, no están canceladas; se llevaron el cuadernillo a Ameca y allá el juez mandó en su acto tres informes a Autlán para que cancelaran las escrituras, y le contestaban que 'no ha lugar', y todavía aparece esto; tenemos 80 años pagando los impuestos…

—Ustedes van al Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán en 2006 y reclaman la prescripción, bajo el supuesto de que tienen la posesión…

—Sí.

—¿Cómo se pudo demostrar la posesión si ahí la Universidad tiene instalaciones y alambrado y todo?

—Es que ni uno mismo lo entiende [sic], nomás se metieron ahí, fuimos una vez con un notario público, el notario anotó ahí, se hicieron tarugos, no nos atendieron…

—¿Pero cómo se puede acreditar una posesión pacífica, pública y de buena fe si allí hay un tercero que es la UdeG, que está en posesión?

—Pos sí, pero es una cosa que nomás se metieron ahí, y a nosotros nunca nos hicieron justicia…

No salen de esa explicación circular. Les dieron la prescripción porque tenían la posesión; sin embargo, "se les metieron allí", al predio, y queda sin explicación la prescripción.

—¿Les tienen invadidas a ustedes las posesiones?

—Sí, están invadidas unas partes.

Otras dudas

Más interrogantes: ¿despojaron al gobierno? "Ora nos están demandando, que les dijimos que nos desocuparan inmediatamente y que los fuimos a rondar [al centro universitario], y son puras mentiras, nunca los hemos molestado ni queríamos que se salieran; queríamos que nos tomaran en cuenta".

—¿Le dieron dinero al juez para que saliera la sentencia favorable?

—No, cómo lo que íbamos a dar dinero, de dónde, si no tenemos; ni al licenciado le íbamos a pagar, le íbamos a dar un 10 por ciento de lo rescatado.

—¿Exigieron al rector del centro que se desalojara Las Joyas?

—No, fuimos allí a ver si nos daban alguna ayuda, no para quererlos sacar […] que nos diera chance de prestarnos una llave para dar una vuelta a todo, y no, nada, que eso no se puede, nada de una llave, nada, y está bien, no se puede, y hasta ahí…

Don Tomás y don Aurelio dicen que nunca pensaron que al mover el asunto, saldría "un avispero". Dudan que la protección "de la biosfera" sea real, "pues salen muchos camiones con madera, cómo pues". Son hombres de bien, no vividores, añaden.

—¿Qué es lo que buscan?

—Que nos reconozcan los derechos […] las leyes son para el que tiene centavos y nosotros no tenemos, entonces, buscamos tener un acercamiento, vamos a llegar a un acuerdo y que nos indemnicen algo por así decir, que no nos dejen desprotegidos…

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Claves

El juicio

• La prescripción positiva o usucapión es un juicio civil que entrega al posesionario la propiedad de un predio siempre que éste lo haya detentado "de forma pacífica, pública, de buena fe y a título de dueño" por un periodo determinado

• En el caso del juicio 749/2006 de usucapión, la obtuvieron Tomás Zamora López, Aurelio López Garibay, Esthela Montaño Panduro, Amelia Quiñones Rodríguez, Telésforo Zamora L., Ofelia Álvarez Z., Fausto Zamora Q., Jorge Zamora Q., Feliciano Zamora L., Concepción Chagolla C., Valente Zamora L., Rosario Martínez G., Francisco López G., Ana María Rodríguez C., José López T., Librado Garibay Z., Salvador Corona y Moisés Oregel C.

• Las Joyas se localiza en Autlán, con una extensión de 1,245.92 hectáreas; sus respectivas medidas y linderos constan en las escrituras públicas número 7,183, 7,184 y 7,185, del día 30 de julio de 1984, pasadas ante la fe del notario público número 15, Alejandro Navarro Flores, a favor del gobierno de Jalisco

Calderón arranca segunda fase de la presa La Yesca

Promete cinco mil empleos directos y hasta quince mil indirectos. Gobernador de Nayarit ve esperanzas de que la obra supere los niveles de marginación en la sierra

 

Hostotipaquillo. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Una barranca accidentada, profunda y seca, tallada por una corriente fluvial de historia remota, es el sitio donde se construye una de las megaobras en materia energética de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa: la hidroeléctrica de La Yesca, en los linderos de Jalisco y Nayarit.

Allí acudió el primer mandatario ayer por la mañana, para dar banderazo de salida a los trabajos de desvío del imponente río Santiago, el mayor del Occidente mexicano, y comenzar así la edificación de la cortina, que con sus 220.5 metros pudo ser "la más alta del mundo en su tipo", si no fuera porque China, "con 1,200 millones de habitantes" —¿premisa necesaria?—, levantó otra de 250 metros y ya arrebató el récord anticipado, lamentó el propio Calderón Hinojosa ante el amplio y cautivo auditorio, agobiado por el calor de este abismo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar.

Horas antes de su arribo, el grupo de convocados —en su mayor parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia obra— era atormentado por decenas de empleados de seguridad, que multiplicaban las esperas bajo el sol y las exigencias disciplinarias y de transparencia; los rostros adustos e indiferentes de los guardianes –poderosos por un momento—, eran tope eficaz a las furias y los reclamos de los samaritanos, muchos de ellos, malhumorados de ir contra su voluntad, como testigos del "presidente del empleo".

Así, la solitaria y ardiente barranca fue tomada brevemente por toda la fuerza del Estado mexicano.

Esta vez, en el segundo día de gira presidencial por Jalisco, ni sombra de los "poderes fácticos" comunes en la Sierra Madre Occidental —cómo olvidar las cinco cabezas de la víspera, en Ixtlahuacán del Río, otro municipio serrano—; la cadena montañosa levanta sus murallas al pie del río, hacia el norte, y su difícil orografía garantiza la prosperidad de pequeños y grandes emporios del narco, y otras formas de ilegalidad.

Pero la megaobra es esperanza para vencer la pesadilla del "Estado fallido". En la actualidad, a dos años de iniciada, ya sostiene arriba de tres mil empleos directos y 3,500 indirectos, lo que hizo suspirar al gobernador nayarita, Ney González Sánchez, acompañante de Calderón, por la derrama económica para las comunidades de la sierra, siempre tan dejadas de la mano de Dios.

Ese Presidente, que da "atención de 100 por ciento" a un estado que apenas tiene poco menos de 1 por ciento de la población del país, fue celebrado por el ocurrente jefe del Ejecutivo nayarita, pragmático en materia de relaciones partidistas, quien además, presumió que en Nayarit no hay despidos por la crisis, sino empleos nuevos y sólidos.

Al gobernador jalisciense Emilio González Márquez no le causó demasiada gracia el discurso lisonjero de su vecino, y se limitó a destacar que la presa fabrica más energía, pero Jalisco aspira a economizarla: el ejemplo ahorrador lo ponen municipios como Jocotepec o Tlaquepaque, donde el alumbrado gasta la mitad de electricidad que en el pasado, pues aprovecha la nueva tecnología.

Emilio González, Felipe Calderón y Ney González contemplan la maqueta de la obra

 

La Yesca —homónima del municipio nayarita que comienza aquí, al norte del río Santiago y al oeste del Bolaños— es una hidroeléctrica que generará 750 megawatts y se une al gran sistema de esta cuenca, que incluye Santa Rosa, El Cajón y Aguamilpa. Al entrar en operación, será el segundo en generación de hidroelectricidad en el país, tras la cuenca del Grijalva, señaló la secretaria de Energía, Georgina Kessel. La inversión es de 767 millones de dólares, y la devaluación del peso la arrastró (ver nota en página siguiente).

El volumen de energía es suficiente para proveer a Nayarit y medio, o a 15 por ciento de las necesidades de Jalisco. Según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, equivale a 12.5 millones de focos encendidos. El comienzo del desvío del río es la parte más importante de la obra. A más tardar en 2012 podrá entrar en operación. El presidente Calderón dijo que se trata de la "más importante" hidroeléctrica de su gobierno, y que la inversión pública en infraestructura es la gran apuesta para enfrentar la crisis mundial.

"Si algo debe quedar claro es que lo importante no es el preocuparse de qué tan grave es la crisis en el mundo; lo importante es ocuparse de qué podemos hacer para paliarla entre la población mexicana", subrayó.

Dijo que se trata de energía limpia, sin daño por emisiones, como son las termoeléctricas. Olvidó que los cuerpos de agua casi estáticos, como presas y lagos, contribuyen con cerca de 4 por ciento de los gases de efecto invernadero. También, que una presa corta las corrientes y con ello los flujos de vida de una cuenca. El poderoso Santiago termina sometido y empobrecido, pero es por el desarrollo. "Estamos acelerando el gasto público para compensar los efectos de la crisis económica mundial", insistió. Habrá cinco mil empleos directos y quizás quince mil indirectos, prometió optimista.

Se fue pronto, por helicóptero. Sus guardianes atormentaron otra media hora a los asistentes. El río se abrió paso hacia los canales de desvío entre el fragor de las palas mecánicas y los bulldozers.

Huicholes de Santa Catarina denuncian actuación de Profepa

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla.

Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en territorios comunales, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

"Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios [sic] con clausura total definitiva", señalaron en un escrito entregado a la Profepa en oficinas centrales, en la delegación Jalisco, y otras entidades.

"Como es de su conocimiento y se acredita con el comunicado de acceso a la información pública de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Folio 1600040808, de fecha 18 de Febrero del año 2008, en la actualidad no existe autorización alguna que corresponda al cambio de uso de suelo forestal relativo al Proyecto Carretero citado. Por lo que las obras citadas son completamente ilegales y delictivas", advierten.

El proyecto "no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno de Jalisco".

Es decir, los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su reglamento, establecen que una autorización de ese tipo sólo puede darse "a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales", presupuesto que no se cumple en ese asunto. La comunidad no ha otorgado anuencias, y rompió relaciones con el gobierno tras acusarlo de falsificar su acta de asamblea (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), lo que es investigado en la averiguación previa 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, seguida ante la PGR.

Las Joyas, tres historias ocultas de un enredo judicial

Laberintos de burocracia permitieron una sentencia civil irregular sobre la propiedad del terreno que ocupa la estación científica, en el escándalo judicial de la temporada.

Foto: Tonatiuh Figueroa

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Por falta de 700 mil pesos, los actores del juicio civil 749/2006, que virtualmente les entregó en propiedad 900 hectáreas del terreno donde se ubica el laboratorio natural de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), no pudieron hacer la transmisión de dominio del predio en el Catastro municipal de Autlán de Navarro y, así, no se aplicó la polémica sentencia del juez segundo de lo civil de la localidad, materia de uno de los escándalos judiciales más sonados que se recuerden en esta apacible ciudad de la región costera.

"Como municipio, nos llegan constantemente oficios y no estamos sujetos a verificarlos […] A principios de noviembre de 2008, ellos fueron con el titular del Catastro con la orden del juez, pero se les dijo que debían pagar ese dinero para efectuar el traslado de dominio, y ya no regresaron", revela el síndico del ayuntamiento, Marco Antonio Ramírez Figueroa.

Si bien un registro de este tipo no crea por sí derechos, ciertamente podría haber generado más complicaciones en la defensa del área pública, comprada por el gobierno estatal de Enrique Álvarez del Castillo, en 1984, la cual no fue reconocida en ese juicio de usucapión o prescripción positiva que promovieron casi dos decenas de particulares, en el mayor de los sigilos, desde el año 2006.

Foto: Marco A. Vargas

Los registros vigentes en este catastro son enredosos. Hay tres correspondientes a la propiedad del gobierno de Jalisco, que ocupa en comodato la UdeG. Son las cuentas activas R000816 (que ampara 276 hectáreas), R000815 (de 485.6 ha), y R000813 (de 484.3 ha), cuya superficie total es de 1,245.9 ha.

Del mismo modo, y sin reparar en la contradicción, tiene registro activo la cuenta R001308, a nombre de Félix Morales Barbarín y codueños, que amparan el predio El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, lo cual es base de los derechos posesorios que reclamaron en prescripción los actores del juicio civil.

¿Por qué se permite registrar en Catastro y se reciben contribuciones con escrituras traslapadas? El síndico advierte que la entidad no tiene como tarea reconocer la propiedad o la posesión, pero, además, no discute la validez de las sentencias judiciales, porque incurriría en responsabilidad. Tampoco fueron notificados nunca de que la escritura base de la sentencia fue cancelada desde 1989. Así, cómo.

Registro omiso

En el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Autlán (RPPC), las cosas no son más claras. La institución fue llamada en el juicio civil mencionado, pero jamás compareció. "Ignoro por qué", señala la actual encargada de la oficina estatal, Bertha Esther Flores Terríquez, quien asumió la responsabilidad a partir de septiembre de 2008.

Sin embargo, a la funcionaria le consta el registro de las escrituras estatales, que datan del 6 de octubre de 1984.

En una certificación que hizo a solicitud de la UdeG, emitida el pasado 2 de marzo de 2009, la encargada reconoce que la escritura 1,359 de El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, "estuvo registrada" a partir del 10 de mayo de 1986, pero fue cancelada el 2 de septiembre de 1989.

Un año antes, ya se había afectado ese derecho, pues las resoluciones presidenciales a favor de la comunidad indígena de Cuzalapa (1950), del ejido Barranca de la Naranjera (1957) y de la tercera ampliación del ejido Ahuacapán (1985), mermaban su superficie. El elemento legal decisivo es la resolución del juez de primera instancia de Ameca, dentro del juicio civil 476/88, que cancela la escritura en 1989.

Toda esta información hubiera cambiado la decisión del juez, pero, por alguna extraña razón, el RPPC no compareció. Y Las Joyas cambió de dueño.

Juicio al juzgado

Sebastián Vázquez Hernández, secretario del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán, fue responsable de la inspección ocular que acreditó que los presuntos propietarios tenían la posesión del terreno, según señaló el propio juez, Guadalupe Lomelí (Público, 30 de enero de 2009). Pero el aludido niega culpa.

"Los actores, al promover el juicio, ofrecen diversos medios de prueba, y acreditan por medio de los testigos la posesión y la propiedad; entonces, esos documentos y todas esas pruebas son valorados por medio del juez", explica.

—El juez dice que a usted le correspondió hacer la inspección ocular…

—Él comenta que los ojos del juez soy yo, pero el que determina es él: él preside las audiencias, él preside el desahogo de acuerdos, cualquier acto o cualquier promoción que se resuelve le toca a él. Yo únicamente, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial me otorga, doy fe de los actos que él realiza.

—Explíqueme cómo fue la inspección ocular que se está acreditando que se hizo, y donde presuntamente se demuestra que la propiedad está en posesión de los actores del juicio.

—Mire, lógico que es algo que en determinado momento no podría yo determinarle detalladamente [sic], porque es un procedimiento de particulares; entonces, si en determinado momento el Consejo de la Judicatura decide hacerlo público, las actuaciones allí están; el expediente está conforme a derecho.

—¿No cree que es extraño que se haya ido a verificar un predio que tenía alambradas, letreros y evidencias de que la Universidad ahí tiene sus instalaciones? ¿O no lo llevaron a ese predio?

—Si ellos sabían lo que estaban haciendo, los actores me pudieron haber llevado a otro predio. Yo no soy perito en la materia, yo no tengo conocimientos de predios, a mí, si me identifican el predio, me dicen: "Éste es" […] Yo plasmé la inspección tal como se ofreció la prueba, en esos términos.

—¿No les ofrecieron dinero?

—No; en lo particular, a mí no; no sé si a otras personas...

"Regresión autoritaria en las áreas protegidas"

Lo social perdió importancia para la conservación, señala Enrique Jardel

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cumple con un papel fundamental en la gestión de la conservación en México y, sin duda, se deben reconocer sus logros. El problema es que éstos se ven opacados por la "regresión autoritaria" y la deficiente gestión que padece el manejo de muchas reservas en el país, incluida Manantlán, advierte Enrique Jardel Peláez.

Este morelense de nacimiento, asentado hace más de 20 años en Autlán como parte del proyecto Manantlán que se gestó en la Universidad de Guadalajara, es hoy reconocido como uno de los más prominentes forestales del país, y no es casualidad que forme parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuerpo de expertos conformado por autoridades, académicos, científicos, sociedad civil e iniciativa privada que asesora en la toma de decisiones a la autoridad ambiental.

Jardel Peláez asegura que "la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no sólo de la reserva en Manantlán, sino de las áreas protegidas en general […] una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturalezam poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y una vuelta a la confrontación, dejando a un lado las relaciones de colaboración".

Reconoce: "Si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta […] ha habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones —personal, infraestructura, financiamiento— para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran sólo áreas protegidas de papel".

Sin embargo, esto coexiste con "muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano […] Las áreas protegidas no son islas donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable…".

Así, insiste en su señalamiento sobre el retorno a la "mentalidad de plaza sitiada", que es "considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidad; excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno; sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de ésta con las políticas públicas de desarrollo".

El otro aspecto de la regresión "es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de 'comando y control'. Desde esta perspectiva, la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños —comunidades agrarias, propietarios particulares— , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos".

Esto contrasta con un enfoque de gestión "basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales".

—¿La representación social se ha perdido?


—Los consejos asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que sí se ha limitado —no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas—, y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la Conanp, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.

Juez protege a la UdeG vs particulares por Las Joyas

Deja pendiente analizar sentencia civil que afecta a la casa de estudios. No se podrá registras la sentencia polémica contra la posesión del terreno que ostenta la UdeG

Estación científica en Las Joyas. La Universidad promovió una denuncia penal por "simulación de juicio". Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El juez tercero de distrito en materia civil con sede en Guadalajara, Ricardo Guevara Jiménez, concedió la suspensión definitiva a favor de la Universidad de Guadalajara, en su reclamo de que la sentencia que lo despoja como posesionario del predio de Las Joyas no sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán.

La resolución judicial, de la cual este diario posee copia, señala que la entidad publicadora de escrituras, que depende del gobierno de Jalisco, no podrá dar entrada al registro de la sentencia del juicio civil 749/2006, que concedió a un grupo de particulares de Ahuacapán la usucapión o prescripción positiva de 2,580 hectáreas de la sierra, dentro de las cuales está la estación científica de Las Joyas, completa (Público, 22 y 23 de enero de 2009).

Dicha sentencia del juez segundo de lo civil de Autlán fue recurrida también formalmente por el gobierno de Jalisco, que es el propietario del terreno que ocupa la estación científica.

El argumento es que no se puede dar una prescripción cuando quien se beneficia no tiene una posesión (la condición de la usucapión es la posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño), que es el caso, lo cual, a juicio de los abogados de la Universidad y del gobierno, revela un juicio simulado y fraudulento.

La casa de estudios interpuso desde enero denuncia penal contra los particulares por "simulación de juicio", y un "interdicto" para retener la posesión; la tercera acción legal fue este juicio de amparo indirecto, que lleva el número 85/2009-II, en el que reclama sus derechos violentados como posesionarios (bajo el régimen de comodato). A este reclamo se agregó otro amparo del Ejecutivo de Jalisco, que acude como dueño del terreno, que fue adquirido en 1984 por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo.

Y si bien el juzgador le dio la razón a la UdeG en el caso del RPPC, no determinó en esa resolución, que data del 26 de febrero de 2009, proteger a la casa de estudios contra la sentencia recurrida, pues no habían comparecido el juez y el secretario impugnados.

Así, queda pendiente de analizarse y resolverse "la cancelación de los registros que aparezcan a nombre de la parte demandada, y cuyo inmueble involucrado es el predio rústico denominado Las Joyas…", señala la resolución del 26 de febrero.

La estación científica Las Joyas es el corazón del proyecto Manantlán, que la UdeG creó a partir de 1979, con el descubrimiento del Zea diploperennis, y consolidó en 1987, con el decreto de reserva de la biosfera. El juez civil de Autlán también perjudicó a un predio particular, ex hacienda de Ahuacapán, y tierras del ejido Ahuacapán.