miércoles, 28 de octubre de 2009
viernes, 16 de octubre de 2009
Votarán decreto que protegería a la Barranca de Huentitán
Jorge Covarrubias . LA JORNADA JALISCO
La comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara someterá hoy a votación que la Barranca de Huentitán sea declarada en definitiva como Área Natural Protegida, lo que dejaría sin efecto el cambio de uso de suelo aprobado el 9 de julio del 2009 en sesión de cabildo, y alejaría aún más la posibilidad de que se construya en el sitio denominado El Disparate, el estadio panamericano de atletismo.
“El caso de la zona estaremos proponiendo a consideración de la propia Comisión el que ya quede definitivamente rechazado la posibilidad de hacerle algún cambio al uso de suelo, con esto quedará vigente el dictamen, el uso de suelo que estaba publicado el 20 de abril del año 2004 como anteriormente estaba y estaremos solicitándole a la Secretaría General del Congreso del Estado el que manifieste la expresión del propio Ayuntamiento donde estamos solicitándoles que se expida ya el decreto de Área Natural Protegida de toda la zona de la Barranca principalmente en atención a todo el material y la información que investigadores nos estuvieron entregando y los propios ambientalistas”, dijo el coordinador de la fracción del PAN y titular de dicha comisión edilicia, Álvaro Córdoba Pérez.
El cambio de uso de suelo se hizo en alrededor de 75 hectáreas que permitirían la construcción del inmueble deportivo y vivienda de alta densidad. La modificación, según lo advirtieron los grupos ambientalistas e investigadores universitarios, se hizo sin estudios de impacto ambiental.
Después de la realización de un foro, el regidor panista se comprometió a dar marcha atrás al dictamen y en la sesión de cabildo del 24 de septiembre los regidores suspendieron la publicación del dictamen en la Gaceta Municipal, con lo que habría entrado en vigor el cambio de uso de suelo.
El coordinador de los blanquiazules envió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp) una solicitud para que ambas dependencias determinaran la factibilidad de urbanizar la Barranca de Huentitán, sin embargo, reconoció que la respuesta no ha llegado y fue por ello que decidió no esperar más para promover la declaratoria de Área Natural Protegida.
“Con uso de las facultades que tenemos como municipio, sí estaríamos en posibilidades de poder manifestar la postura del Ayuntamiento y solicitar al Congreso del Estado que ellos nos puedan estar aprobando”, agregó.
La iniciativa se someterá a la opinión de los integrantes de la comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana.
Advierten de sanciones por basura revuelta
Sergio Hernández Márquez . MURAL
El plazo de un año para que los 125 municipios de Jalisco pusieran en marcha sus programas de separación de basura terminó ayer y a partir de este viernes son susceptibles de ser sancionados en caso de no realizar un manejo diferenciado de los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.
Entre ellos está Ocotlán, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Ojuelos, Villa Guerrero, Totatiche, San Miguel El Alto, Tomatlán, Cuautla y Magdalena.
Por ello,
En un evento realizado ayer en el Instituto Cultural Cabañas, la titular de Semades, Martha Ruth del Toro, aceptó que, aún con la obligación legal vigente de separar al 100 por ciento, es difícil lograr esta meta incluso al final del sexenio.
"El objetivo que esta Secretaría ha venido impulsando y que estamos seguros de alcanzar, es que al final del sexenio por lo menos el 70 por ciento de la población separe sus residuos y los municipios tengan establecidos sistemas de valorización y reciclaje. La pretensión de
Según datos proporcionados por los mismos Ayuntamientos, el avance en los municipios del interior del estado es que cuatro de cada 10 ciudadanos ya separa, mientras que en la zona metropolitana apenas se ha alcanzado el 50 por ciento.
Dulce María García Bogarín, la funcionaria de Semades responsable de este programa, aclaró que mientras a los Ayuntamientos incumplidos los sancionará
Entre ellos se incluyó Guadalajara, donde el mismo Ayuntamiento aceptó hace unos días tener un avance de 30 por ciento en recolección separada, aunque ayer Guadalajara volvió a mover su cifra señalando 55 por ciento. También fue reconocido Tlajomulco, que apenas llega al 50 por ciento.
Otros municipios reconocidos son Huejuquilla, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Chapala, Mazamitla, Atemajac de Brizuela, El Grullo, Autlán y Talpa.
Los Municipios incumplidos
Ocotlán
Villa Guerrero
Totatiche
San Martín de Bolaños
Mezquitic
Huejucar
San Diego de Alejandría
Unión de San Antonio
Ojuelos de Jalisco
Teocaltiche
Jesús María
San Miguel El Alto
Cañadas de Obregón
Tizapán El Alto
Degollado
Santa María del Oro
Jilotlán de los Dolores
Gómez Farías
Teocuitatlán de Corona
Tuxpan
Tomatlán
Atenguillo
Cuautla
Guachinango
Magdalena
miércoles, 14 de octubre de 2009
Érase una vez un río Parte II
Segunda parte del reportaje de Vanesa Robles para Canal 6 de Megacable Guadalajara
Hierro de Jalisco se va a China
La industria minera, que aporta 1.6% del PIB nacional, cobra un alto precio ambiental y social en la Sierra Madre jalisciense
EL INFORMADOR Del total del territorio mexicano, 10% está concesionado para la exploración y explotación minera. Es decir, casi la misma superficie del Estado de Chihuahua: 247 mil 938 kilómetros cuadrados. En Jalisco, mientras tanto, hay registro de mil 290 concesiones mineras, que abarcan un millón 272 mil 740 hectáreas cuadradas, de los ocho millones que comprende el territorio estatal. Para el Gobierno federal, el impacto ambiental y social de este sector es justificable por los beneficios económicos que engendra, pues aporta 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este contexto, dos minas asentadas en territorio limítrofe entre Colima y Jalisco: El Pesar y Peña Colorada, no dejan beneficio económico para los habitantes de la región, quienes esperan desde hace cuatro décadas el prometido progreso que manejaron en el discurso los introductores de esta industria. Ambas minas —que utilizan como fuerza de trabajo a habitantes del ejido Ayotitlán, asentado en Cuatitlán de García Barragán, uno de los municipios más pobres del Estado— explotan hierro, mineral que en un porcentaje considerable va a parar a las fundiciones de China, donde es finalmente convertido en acero y utilizado en la construcción. Paradójicamente, mientras los chinos fincan su increíble desarrollo económico en la fundición acerera, los habitantes indígenas de Ayotitlán sobreviven al margen de los beneficios. En 40 años, las minas a cielo abierto han acabado con el entorno natural y generan problemas como desecación de fuentes acuíferas y marginación de toda cercanía con los servicios que ofrece el Estado. A lo largo de los años, la más grande de estas explotaciones mineras, Peña Colorada, ha cambiado de manos. Actualmente, es propiedad de una compañía ítalo-argentina y del empresario indio Lakshmi Mittal, el octavo hombre más rico del planeta y titular de la transnacional “Mittal Steel”. Esta empresa comercializa el hierro extraído en la serranía estatal, para llevarlo al Lejano Oriente y otras factorías metalúrgicas del país, ubicadas en lugares como Nuevo León y Puebla. Los daños al entorno natural surgen del mecanismo mismo de traslado de la materia prima, pues —entre otras cosas— extraen agua del Río Marabasco y pozos naturales para enviar el hierro por un ferroducto de 52 kilómetros, que concluye en Manzanillo, Colima. Con este mecanismo evitan los gastos de flete. Respecto a la pobreza extrema de los habitantes de la zona, un representante de la Dirección de Promoción Minera de la Secretaría de Economía, apuntó que como opción inmediata pueden “pedir trabajo en la mina”. Mineras causan desastre social en Ayotitlán Doña Mary vive en una de esas tierras otorgadas a mineras. Será porque debajo de su comunidad, Las Pesadas (en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán) y en los alrededores, se encuentran los yacimientos de hierro más abundantes del país, explotados desde hace décadas por el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, y grupos menores como la Minera del Norte. A sus 79 años de vida, guarda todavía intactos los recuerdos de cuando llegaron las minas, con la promesa de exterminar el hambre de los indígenas de Ayotitlán. “Teníamos esperanza y dejamos que se llevaran todo”. Han pasado 40 años y todavía vive en casa de adobe, con techos de cartón agujereados por el granizo, una letrina rudimentaria y un fogón para cocinar. La base de su alimentación son las tortillas con sal en el almuerzo. Tortilla con sal en la cena. Y cuando hay abundancia, se chiquea en la comida con tacos de frijoles “y uno que otro huevito”. La mujer, nahua como sus antepasados y sus vecinos, vive del cultivo para el autoconsumo. Igual que la mayoría de campesinos en Ayotitlán. Al agreste rincón donde vive, no llegan los apoyos gubernamentales que tanto prometen en la tele y desde hace un año, no hay atención médica; ni aspirinas ni antídotos para piquetes de alacrán. Peña Colorada es propiedad de la empresa ítalo-argentina “Ternium” y de “Mittal Steel”. El dueño de esta última es el magnate de la India Lakshmi Mittal, famoso por ser el octavo hombre más rico del mundo este año y por poseer en Londres la casa más lujosa que existe. Él a su vez, le vende el metal a China, nación que sigue una añeja estrategia para ubicarse entre los países más poderosos del planeta: adquiere materias primas del tercer mundo, especialmente minerales como el hierro, que transforma en acero y utiliza en su desenfrenada carrera de desarrollo industrial y urbano. Y aunque el Gobierno mexicano promete ríos de bonanza para las poblaciones donde hay yacimientos férreos, Cuautitlán de García Barragán es considerado el tercer municipio con menor índice de desarrollo humano en Jalisco, sólo después de Bolaños y Mezquitic, según consta en el primer informe sobre este tema en Jalisco, presentado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El yacimiento de Peña Colorada produce cuatro millones de toneladas de pellets cada año (denominación genérica, no española, utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido). Se ubica en el área noroccidental de la Sierra Madre del Sur, en la Sierra del Mamey, cerca de la población de Minatitlán, Colima. Además, genera mil 850 empleos directos e indirectos. Un kilómetro antes de llegar a Las Pesadas, en el mismo cerro, está la mina El Pesar, que carcome la tierra colorada por el hierro. A dos kilómetros, Peña Colorada fulminó lo que llamaban el Espinazo del Diablo y alrededor de 300 metros de altura del Cerro Los Juanes, en el que ya no las nubes se posan, como antaño. Para doña Mary, como para la mayoría de indígenas de Las Pesadas, las minas no exterminaron la pobreza, pero sí los cerros, los árboles y los manantiales que daban de beber a la comunidad. En Las Pesadas, pese a todo, no han podido arrancar el hierro sobre el que están asentadas las casas de los 85 habitantes. El impacto Como todas las tardes, la tierra cimbró y la comunidad de Las Pesadas se llenó de olor a diablo, a pólvora. Ese día, doña Mary no se refugió de las detonaciones de la mina a cielo abierto. Mientras lavaba los trastes en la pila, un fragmento de hierro le impactó la cabeza, la tumbó, le pintó la cara color morete, le hizo brotar un chichón eterno, le secó los colores de la vista. De entonces a la fecha, le nació una migraña que hasta que le revienta la cabeza. El mismo hierro que le golpeó la vida y que las mineras han extraído por décadas, probablemente se vendió a China —que consume el 50% de la producción total en el mundo— y se usó para construir una gran presa, uno de los estadios de las Olimpiadas de Beijing o un despampanante edificio de arquitectura moderna. A doña Mary lo que menos le acongoja es la bola que tiene en la cabeza. Al fin que nunca ha ido al doctor, porque la empresa que detonó la mina El Pesar, nunca le indemnizó su pesar. En México existen 677 proyectos mineros activos, de los cuales 41 son de Jalisco. Desde que la Ley Minera se modificó, Peña Colorada fue adquirida por capital extranjero. Antes de 2003 había sólo 70 empresas y actualmente suman 260, principalmente canadienses. Del total del hierro que se genera en el país, el 23.9% se exporta a China. Sentada afuera de su casa, con los ojos grises, tiznados, la anciana piensa en voz alta: “¿Pos cuál beneficio?”, si lo único que han dejado las minas a esta población son manantiales resecos. Los más de 20 que abastecían a la comunidad se escondieron y ahora tienen que caminar tras lomita –a 24 kilómetros– para conseguir agua o comprarla embotellada. Además de las explosiones que remueven los cuerpos de agua, el consorcio extranjero extrae mil 200 litros por hora tanto de ojos de agua como del Río Marabasco. A lo largo de éste, hay bombas que llevan el líquido hacia el cerro de Los Juanes, y de ahí, en conductos de nueve a 12 pulgadas y de 52 kilómetros de largo, transportan el hierro mezclado con agua hacia el Puerto de Manzanillo –para evitar el gasto del flete–, y lo embarcan a Asia o al Norte de México. En otros tubos, escupen los residuos ferrosos hacia la presa de jales. “Escarbábamos de un lado y otro y siempre de ahí tomábamos. Y ¿ora? Pues la tenemos que comprar. ¿De onde pues? Tengo que conseguir dinerito, ¿qué hago? Antes torteaba ajeno y ora que no veo, ¿ora qué?”, pregunta resignada, con palabras apenas pintadas del nahua que ya no recuerda, y voltea a ver las nubes algodonadas, en espera de las últimas lluvias de octubre, porque si no caen, “no vamos a conocer el elote este año. Apenas están jiloteando las mazorcas y si no hay agua, no hay maíz”. Al preguntarle qué hará, recarga su codo en la mesa de madera, donde hay una taza vacía, tres galletas de animalitos, una guadaña que usa en el coamil y dos flores rojas que su vecina María Ruiz Roblado le obsequió: “Si no llueve, ¿pos qué le hago? A sufrir la hambre”. El monte donde está la ranchería era pura piedra, puros pretiles “y ya sacaron todo; reventaban piedras del tamaño de mi casa. Un día escuché los tronidos, no hice caso y me pegó una piedra. Al tiempo se me hizo ceniza la vista y pos yo digo que sería eso, ¿o qué más?”. Cuando estaban “buenos” sus ojos, recolectaba leña para cocinar. “Ahora que veo puros bultos, ya me he ido rodando en el monte”. Tiene que comprar la madera a 50 pesos y la ha pagado vendiendo sus animalitos. Este año no queda ninguno. “Ora sí voy a sufrir… no tengo ni para un bule de agua”. Para la Dirección de Promoción Minera, este sector genera empleo en las zonas serranas donde no hay otras alternativas de desarrollo y existen dos explicaciones para la marginación en Ayotitlán: 1. “Que la gente de esa región se quedó acostumbrada a buscar dinero fácil sin comprometerse. ¿Por qué no trabajan en la industria minera, por qué no piden trabajo? La política de las mineras es contratar gente local, porque les sale más barato”. 2. Que es asunto de las autoridades de Colima o Jalisco, las cuales deberían invertir en infraestructura y programas sociales en esta ranchería. Por el conflicto limítrofe, ya ni los curas se paran en la zona. Pero doña Mary sigue rezando todos los días. ¿Para qué? “Pos pa’ ver si Dios nos ve”. Y si acaso la volteara a ver, continúa, le pediría que se fueran las minas de su tierra, porque teme que le cumplan el rumor que desde los 90 ha corrido por el pueblo: “Si no se salen, los Figueroa (mestizos de Minatitlán, Colima, que aseguran ser propietarios de Las Pesadas) les van a quemar sus casas”. Para los nahuas, la extracción mineral ha sido sólo un episodio más de cambio de espejos por metales preciosos. “Es como una segunda conquista. Es ver cómo nos saquea otro país, ayudado por nuestro propio país”. Concesiones en Cuautitlán de García Barragán En la página de internet de la Dirección de Minas sólo se pueden consultar los títulos del año 2000 a la fecha. En este período se otorgaron16 concesiones en Cuautitlán de García Barragán (mil 178.67 kilómetros cuadrados) por una extensión de 31 mil 672 hectáreas. El Consorcio Minero Benito Juárez obtuvo tres títulos: En 2006, el número 227602, por siete mil 516 hectáreas en el cerro Los Juanes (que podría ser una extensión de la que obtuvieron en los años 70); el número 226523, en 2005, para exploración en Peña Colorada I, por 969.4 hectáreas; y en el año 2000, el número 211011, para la explotación del P.C. Oriente, por 217 hectáreas. Asimismo, Minera del Norte (o Minera Monclova) tiene una concesión del 2004, por 99.94 hectáreas para exploración en el predio Rosa, y del 2003, por 520 hectáreas en La China. Industrial Minera México tiene la Rosa 2, para exploración de 143 hectáreas. Y a pesar de que el chino Liantuan Wu, propietario de la empresa Gan-Bo, se metió en 2008 a explotar ilegalmente el predio de Lino Roblada Flores, en el ejido Ayotitlán, la Dirección de Minas le entregó este año una nueva concesión (234650) por 14 mil 763 hectáreas, en la zona que ellos nombran Gan-Bo. En la misma sierra de la sierra, pero por el lado de Minatitlán, Colima, Minera del Norte tiene 10 títulos y Peña Colorada, dos. A nombre de particulares hay otros 10. De aquellos tiempos de exploración Los trabajos de exploración eran “muy duros”. Prendían la mecha para las detonaciones y a huir como el correcaminos. Los que corrían como las balas, murieron, recuerda Esteban Guzmán Pulgarín, quien laboró para la empresa y ahora es secretario de la asociación civil Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco e integrante del plantón que desde julio pide el reconocimiento de una franja de 40 hectáreas de Las Pesadas que mestizos de Minatitlán exigen como propias. Los primeros exploradores llegaron a finales de los 60 y principios de los 70, al igual que en el resto del país, ya que el Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio Geológico Mexicano) buscaba yacimientos de hierro. Hubo hallazgos en Michoacán, Durango, Chihuahua, el sur de Jalisco (Autlán de Navarro, Cuautitlán de García de Barragán y Pihuamo, principalmente) y Colima (Minatitlán). En aquel tiempo hubo trabajo por montón y lo que la gente quería era sobrevivir, porque ese año no llovió y la cosecha se murió. “Todos comíamos plátano verde y chanchitas (planta silvestre) e inventábamos cualquier cosa para sobrevivir, pero muchos sí se enfermaron de hambre. Por eso aceptamos los empleos; eran muy duros, muy peligrosos, porque era un terreno muy accidentado y no nos capacitaban. Había cables a más de 300 metros de altura, de los que nos colgábamos para desprendernos a otro lugar. Hubo muchos accidentes”, relata Esteban, indígena también. Peña Colorada era y sigue siendo la veta de hierro más grande y se estima que aún puede continuar con la extracción por lo menos 10 años más. La Dirección General de Minas calcula que los yacimientos en el país son “modestos”, de aproximadamente 800 millones de toneladas. El tiempo siguió su curso y la ilusión de algunos nahuas mutó en un desagradable sabor de boca. “La explotación no fue para bien… ¡Caray! Es para llorar ver cómo se han acabado todo, es indignante que nos dejaron hasta sin agua”. Por el manejo del cianuro, tuvo problemas en la piel y la vista se le deterioró. “En la clínica del IMSS que había en el poblado (donde viven los empleados) decían que no tenía nada. Tuve que salir a otros pueblos y hasta Estados Unidos me pudieron ayudar. Era un dolor espantoso en las noches, sentía todo caliente, ya no podía ir a trabajar y como no me daban incapacidad, tuve que pedir mi retiro voluntario… dos mil pesos me llevé”, relata. En la empresa nunca le advirtieron que tendría contacto con cianuro. Esto lo descubrieron los médicos. Cuenta que los casos de ceguera, manchas en la piel, diabetes y sordera, pululaban por doquier. Al pedirle que muestre su herida, niega con la cabeza y continúa. Detiene las palabras y pide disculpas; le avergüenza mostrarla. Se dobla la manga y asoma el antebrazo, carcomido, aún con la herida a flor de piel, a más de 20 años de que el cianuro casi se traga su epidermis. “De haber seguido, pienso que me hubiera acabado a pedazos”. Hasta la fecha, requiere curaciones todos los días. Se pidió entrevista en Peña Colorada y nunca hubo respuesta. Asimismo, se intentó entrar al poblado de los trabajadores del consorcio y se prohibió el paso. Posteriormente, uno de los responsables del sitio siguió el vehículo de la reportera de este diario, por la carretera que va de Minatitlán a Colima. “Ninguna contingencia” La minería es considerada un eje de desarrollo económico en México, que actualmente representa 1.6% del Producto Interno Bruto. El 30% de costos de la explotación, se quedan en la región, tanto en impuestos como en salarios. Ante las críticas de que es un sector depredador del medio ambiente, un representante de la Dirección de Promoción Minera asegura que nunca han tenido contingencias de este tipo. “Todas las empresas tienen medidas de mitigación de forma natural, todas tienen cultura ambiental, aquí lo hemos visto”. La sugerencia para quienes son pobres en estas zonas es que se metan a las minas. “Que busquen la oportunidad de trabajar, porque luego buscan porcentajes de producción, sin hacer nada”. — Pero de lo que pagan las minas, ¿por qué no se invierte en las comunidades? — Creo que ahí debemos buscar aplicación de autoridades del Estado, en implementar programas de desarrollo social. — Hay señoras que no tienen ni para comer. — Hay programas del Gobierno Federal. — En Las Pesadas no hay. — Sé de casos en que los programas de Sedesol han desarrollado infraestructura para proporcionar agua a las comunidades y aparte de eso, otros servicios sanitarios. Aquí lo que se debe buscar es que autoridades de Colima y Jalisco participen conjuntamente como Gobierno local. Si la empresa minera ve que como gobierno local se preocupan por la gente, ¿por qué no buscamos eso? — Entonces, ¿hay ausencia de gobiernos locales? — Desde luego, la propuesta sería conveniar y a favor de la gente. Seguramente la empresa se sumaría a programas sociales. — ¿Por qué no hay un atlas de los recursos que se pueden extraer? La percepción es que las concesiones se otorgan a diestra y siniestra. — Bueno, es una situación que los grupos ambientalistas manifiestan, están en contra del desarrollo minero, entonces, ¿qué otras alternativas para generar inversión extranjera a México? ¿qué otros sectores? — ¿Se sabe cuánto se ha impactado ambientalmente? — Todas las minas han cumplido, las que han operado en México en las últimas dos décadas, han cumplido con su etapa de cierre y abandono, con medidas de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y en cuanto a restauración y confinamiento de residuos peligrosos, todo lo que señala la normatividad ambiental, no tenemos registrada ninguna contingencia a nivel nacional por contaminación de acuíferos o derrama de sustancias químicas que hayan afectado a poblaciones. — ¿Por qué dan las concesiones antes de que el propietario dé permiso? — Porque el ordenamiento no contempla al concesionario. Estamos hablando del mineral, de la sustancia que van a extraer, es concesión de minerales, no sobre superficie de la propiedad. — Pero a cielo abierto necesitas la propiedad. — Para eso están los procesos de ocupación temporal o autorización del propietario, a través de la Dirección de Minas o la Procuraduría Agraria. — ¿No es el procedimiento al revés? — No, primero hay que valorar lo que hay abajo, y si van a lograr abrir mina, hay compromisos mayores con la comunidad, rentan los terrenos por 50 años y pagan los arrendamientos. — ¿Estamos pensando en una economía basada en la minería? — Desde luego que con las evidencias actuales, es una fuente para generar empleo. — ¿Las Pesadas, está concesionada? — Si llegara a estarlo, desde luego que el que trate o quiera aprovechar los minerales tiene que pensar en reubicar a la población. — ¿Y si no quieren? — El Gobierno entrega la concesión, el mineral es de la nación, del concesionario es propiedad hasta que lo extrae y para ello tiene que tener acceso, servidumbre de paso, convenio, contrato u ocupación temporal privado a través de minas, o a través de la Procuraduría Agraria. Si no hay convenio, no pueden desalojarlos de manera violenta. Textos: Alejandra Guillén Concesiones para exploración y explotación en Jalisco, que tiene una extensión de 80 mil 137 kilómetros (ocho millones de hectáreas): En 2009, 641 mil 621 hectáreas y se emitieron 128 títulos. En 2008, 121 mil 808 hectáreas y se emitieron 116 títulos. En 2007, 243 mil 644 y se emitieron 129 títulos. En 2006, 242 mil 676 hectáreas y se emitieron 146 títulos. En 2005, 144 mil 518 hectáreas y se emitieron 174 títulos. En 2004, 58 mil 270 hectáreas y se expidieron 133 títulos. En 2003, 70 mil 589 hectáreas y se dieron 123 títulos. En 2002, 72 mil 67 hectáreas y se dieron 140 títulos. En 2001, 40 mil 786 hectáreas y se emitieron 116 títulos. En 2000, 113 mil 279 hectáreas y se emitieron 95 títulos. De 2000 a 2009 se han concesionado un millón 749 mil 254 hectáreas y se han otorgado mil 300 títulos. (Fuente: Dirección General de Minas de la SE)martes, 13 de octubre de 2009
Érase una vez un río Parte I
Historia de la periodista Vanesa Robles dada a conocer en el Canal 6 de Megacable
lunes, 12 de octubre de 2009
Critican expertos compra de agua
Sergio Hernández . MURAL
Al expresar desconfianza por el agua que produce y distribuye el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sus funcionarios están, en los hechos, haciendo equipo con empresas que lucran con la venta de líquido en forma embotellada, consideraron académicos de la UNAM y el ITESO.
Mientras que el SIAPA vende el agua potable en promedio a 5 pesos cada mil litros, las empresas embotelladoras cobran lo mismo, pero por una botella de medio litro.
El profesor de la UNAM, Octavio Rosas Landa, experto en el tema del fenómeno del agua embotellada en México, considera que la postura de Rodolfo Ocampo, director del SIAPA, al asumir que ni él se toma el agua que produce el organismo, es reprobable socialmente.
"Creo que por un lado es una negligencia, es una renuncia a la responsabilidad que les toca a los organismos operadores que termina convirtiéndose en una complicidad velada con las empresas que, como Coca Cola y Pepsi Cola, han estado lucrando con nuestros recursos hídricos", señaló.
"Ahí se está actuando con una profunda irresponsabilidad, y su responsabilidad más bien sería pelear ante las instancias correspondientes por un presupuesto para poder remediar el problema de las tuberías obsoletas, de las fugas, que sería mucho más benéfico a largo plazo que seguir en esta lógica irracional y demencial de consumo de agua embotellada".
En vez de tomar el líquido potable que produce, el SIAPA compra agua de garrafón a embotelladoras trasnacionales.
"En alguna ocasión un compañero de ustedes, de los medios de comunicación, me preguntaba que si yo me tomaría el agua del SIAPA y yo le decía: 'bueno saliendo de la planta sí; en mi casa ya no'", comentó el director del SIAPA, en una entrevista.
Mario Edgar López Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, especialista en temas de agua y geopolítica, considera que la postura de Rodolfo Ocampo muestra una estrategia nacional a dejar en manos privadas la responsabilidad gubernamental de dar agua potable a la población.
"Para mí esto se trata de una tendencia, no es algo que sucede y aparece así nada más, es una decisión pública porque pudiera haber otra decisión pública de ofrecer agua de calidad potable realmente, sin riesgo para la salud para que la gente pueda tomarla de la llave de su casa, pero no se está trabajando para ello y nos hemos conformado con la calidad de agua que nos llega a las llaves", subrayó.
"Se desdibuja la conciencia de la ciudadanía, se desdibuja la exigencia para que lo que haya en las casas sea agua potable y en los hechos los sistemas públicos le dejan una responsabilidad pública a las empresas privadas".
Recordó que años atrás el agua de la llave era bebida por la gente sin problema alguno.
"Más allá del hecho de que haya agua embotellada en las oficinas del SIAPA, está la discusión de qué pasa con la responsabilidad pública y eso implica una renovación de mucha de la infraestructura. Es una renovación que vale la pena porque vuelve al agua un bien social y no se paga a los precios exorbitantes a los que la estamos pagando".
Precio exorbitante
$5 cuestan en promedio mil litros de agua del SIAPA, que debiera ser potable.
$5 cuesta en promedio una botella de medio litro de agua potable embotellada.
50 mil millones de pesos es la suma del mercado del agua embotellada en México.
22 mil millones de dólares abarcaba el mercado del agua embotellada en el mundo.
Fuente: Centro de Análisis Social Información y Formación Popular.
Critican compra de agua
Sergio Hernández . MURAL
Al expresar desconfianza por el agua que produce y distribuye el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sus funcionarios están, en los hechos, haciendo equipo con empresas que lucran con la venta de líquido en forma embotellada, consideraron académicos de la UNAM y el ITESO.
Mientras que el SIAPA vende el agua potable en promedio a 5 pesos cada mil litros, las empresas embotelladoras cobran lo mismo, pero por una botella de medio litro.
El profesor de la UNAM, Octavio Rosas Landa, experto en el tema del fenómeno del agua embotellada en México, considera que la postura de Rodolfo Ocampo, director del SIAPA, al asumir que ni él se toma el agua que produce el organismo, es reprobable socialmente.
"Creo que por un lado es una negligencia, es una renuncia a la responsabilidad que les toca a los organismos operadores que termina convirtiéndose en una complicidad velada con las empresas que, como Coca Cola y Pepsi Cola, han estado lucrando con nuestros recursos hídricos", señaló.
"Ahí se está actuando con una profunda irresponsabilidad, y su responsabilidad más bien sería pelear ante las instancias correspondientes por un presupuesto para poder remediar el problema de las tuberías obsoletas, de las fugas, que sería mucho más benéfico a largo plazo que seguir en esta lógica irracional y demencial de consumo de agua embotellada".
En vez de tomar el líquido potable que produce, el SIAPA compra agua de garrafón a embotelladoras trasnacionales.
"En alguna ocasión un compañero de ustedes, de los medios de comunicación, me preguntaba que si yo me tomaría el agua del SIAPA y yo le decía: 'bueno saliendo de la planta sí; en mi casa ya no'", comentó el director del SIAPA, en una entrevista.
Mario Edgar López Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, especialista en temas de agua y geopolítica, considera que la postura de Rodolfo Ocampo muestra una estrategia nacional a dejar en manos privadas la responsabilidad gubernamental de dar agua potable a la población.
"Para mí esto se trata de una tendencia, no es algo que sucede y aparece así nada más, es una decisión pública porque pudiera haber otra decisión pública de ofrecer agua de calidad potable realmente, sin riesgo para la salud para que la gente pueda tomarla de la llave de su casa, pero no se está trabajando para ello y nos hemos conformado con la calidad de agua que nos llega a las llaves", subrayó.
"Se desdibuja la conciencia de la ciudadanía, se desdibuja la exigencia para que lo que haya en las casas sea agua potable y en los hechos los sistemas públicos le dejan una responsabilidad pública a las empresas privadas".
Recordó que años atrás el agua de la llave era bebida por la gente sin problema alguno.
"Más allá del hecho de que haya agua embotellada en las oficinas del SIAPA, está la discusión de qué pasa con la responsabilidad pública y eso implica una renovación de mucha de la infraestructura. Es una renovación que vale la pena porque vuelve al agua un bien social y no se paga a los precios exorbitantes a los que la estamos pagando".
Precio exorbitante
$5 cuestan en promedio mil litros de agua del SIAPA, que debiera ser potable.
$5 cuesta en promedio una botella de medio litro de agua potable embotellada.
50 mil millones de pesos es la suma del mercado del agua embotellada en México.
22 mil millones de dólares abarcaba el mercado del agua embotellada en el mundo.
Fuente: Centro de Análisis Social Información y Formación Popular.
jueves, 8 de octubre de 2009
Teme director del SIAPA al agua que produce
Sergio Hernández Márquez . MURAL
El Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) compra agua embotellada para que tomen sus empleados porque la que el organismo distribuye no llega limpia hasta el usuario final, reconoció ayer su director, Rodolfo Ocampo.
"La reflexión que hacen (en MURAL) es ¿cómo si nosotros producimos agua potable no la consumimos?, y es una reflexión que también yo he compartido en muchas ocasiones, y lo que decimos es que saliendo de nuestra planta potabilizadora el agua es potable, pero cuando llega a las casas y se almacena porque tenemos aljibes y tinacos, tenemos una red vieja, todo eso combinado ya no te permite que en tu casa tú la puedas tomar", dijo Ocampo en una entrevista en la estación de radio 1070.
"En alguna ocasión un compañero de ustedes, de los medios de comunicación, Alfonso Javier Márquez, me preguntaba que si yo me tomaría el agua del SIAPA y yo le decía: 'bueno saliendo de la planta sí; en mi casa ya no'".
MURAL dio a conocer ayer que el SIAPA, a pesar de ser el organismo responsable de dotar de agua potable a las casas de la zona metropolitana, gasta parte de sus recursos en comprar agua potable para sus empleados.
El 17 de mayo del 2007, ya en la gestión de Ocampo como director del SIAPA, su gerente de Producción, José Luis Gutiérrez Gómez, aseguraba que cada mes se toman 500 muestras en diferentes casas de
El gerente aseguraba entonces que son tan estrictos en el SIAPA en cuanto a la calidad del líquido, que ordenan 600 mil muestras de agua al año, y en las plantas de potabilización el muestreo se realiza cada dos horas.
A pesar de todo este supuesto control de calidad, el SIAPA no cuenta con el Certificado de Calidad del Agua Apta para Consumo Humano, obligatorio según
En todos los Ayuntamientos que conforman el SIAPA, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, se compra agua embotellada y se evita la que produce el organismo, supuestamente potable.
Tampoco en
Dialogan en Com:plot urbanistas y autoridades
Sergio Hernández Márquez . MURAL
Especialistas que participaron en el evento de urbanismo denominado Com:plot, se reunieron con equipos de trabajo de los alcaldes electos de la zona metropolitana, así como con autoridades estatales, con quienes coincidieron en la necesidad de crear lazos de participación para la planeación de la Ciudad, omisión que hasta ahora ha sido frecuente.
Fue un encuentro a puerta cerrada denominado Mesas de Acción Pública, donde el lunes se trató el tema de metropolización, el martes movilidad y miércoles espacio público.
A ellas acudieron autoridades electas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además de Tlajomulco, y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de Guadalajara y académicos del ITESO y de la Universidad de Guadalajara.
Alfredo Hidalgo, especialista en espacio urbano y coordinador del Centro de Infotectura y Tecnología Aplicada, presente en estas mesas, informó que se afinará la participación ciudadana dentro del Instituto de Metropolización.
"La participación no es suficientemente clara y entonces es necesario que se fortalezca porque el órgano político y el órgano técnico son los que toman realmente la decisión pero para los ciudadanos prácticamente opera como adorno entonces llamamos la atención sobre esto", comentó.
El equipo de Enrique Alfaro, Alcalde electo de Tlajomulco y diputado local presidente de la Comisión de Metropolización del Congreso del Estado, se comprometió a nombre del legislador para invitar a grupos ciudadanos a las reuniones que se tengan en el Legislativo.
Otro de los puntos planteados en las mesas fue la las autoridades tomen en cuenta al Consejo Ciudadano de Movilidad Sustentable como una estructura que puede ayudar a hacer ciudad, y se criticó severamente a la Secretaría de Vialidad por cerrar los canales de participación ciudadana.
Incluso se comentó la necesidad de modificar la dependencia, al considerar que sólo trabaja para los automóviles sin tener una visión más amplia. Por ello se propuso la creación de la Secretaría del Espacio Público.
Urbanistas y organismos no gubernamentales plantearon a los funcionarios, actuales y electos, que en enero se unan a un manifiesto para crear obra pública no a favor del automóvil sino de políticas alternativas de movilidad.
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miércoles, 7 de octubre de 2009
Compra Siapa ¡agua!
Alina Midori Hernández . MURAL
A pesar de que el agua que distribuye oficialmente tiene garantía para ser consumible, el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) compra el líquido que beben en sus oficinas.
Desde 2007, el organismo operador del agua en la Ciudad, que dirige el panista Rodolfo Ocampo, ha gastado 368 mil 510 pesos en botellas y garrafones.
Considerando únicamente en este año, el SIAPA ha gastado 152 mil 170 pesos en agua embotellada comprada a tres distintos proveedores.
Dos de ellos aparecen en el padrón de proveedores como quienes suministran agua para beber. El tercero sólo figura como proveedor de equipo y materiales para tratamiento de agua.
Además del agua embotellada, en el SIAPA también se compraron bebidas sabor menta en 2007 y 2008, sumando tres mil 324 pesos, y gastaron 10 mil 720 pesos en bebidas rehidratantes en enero de 2008.
Todas las compras deben estar incluidas en el presupuesto de egresos anual del SIAPA, cuyos funcionarios sistemáticamente se han quejado de la escasez de recursos para operar, mantener y ampliar las redes.
Si bien el presupuesto del SIAPA es mucho mayor a la cantidad gastada en agua para beber —para este año se tuvo un presupuesto de más de 3 mil 658 millones—, ese dinero pudo haberse ahorrado, conforme a los propios argumentos del organismo.
Porque de acuerdo con el informe anual del 2008 del SIAPA, a partir del análisis de 45 muestras se determinó que el agua que provee cumple con la NOM-127-SSA1-1994, que entró en vigor en noviembre de 1995.
Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y modificada en el año 2000 para garantizar la calidad del agua para uso y consumo humano, estableciendo que no pase los límites en características físicas, bacteriológicas, químicas y radiactivas; es decir, que no tenga efectos nocivos a la salud de las personas.
Desde hace tres semanas MURAL solicitó una entrevista con Mario Juárez, gerente de Finanzas del sistema. Hasta ayer no había respondido.
El SIAPA argumentó que los temas sobre el presupuesto deben consultarse previamente ante la sesión con el Consejo del organismo, la cual se realizará hasta el 30 de octubre.
También los Municipios
Los Municipios tampoco restringen su presupuesto para comprar agua embotellada: en Zapopan, únicamente en 2009, se han gastado 2 millones 312 mil 320 pesos.
El agua es comprada en garrafones de 19 litros para sus distintas dependencias, y los envases con el logotipo institucional.
En la información de Guadalajara no se especifica el gasto exacto, pero está incluida la compra de agua para consumo humano en los egresos por cheque de este año, en las partidas para materiales y útiles de oficina y productos alimenticios al personal.
Desconfía el SIAPA de su agua
Alina Hernández y Sergio Hernández . MURAL
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no confía en el agua que produce.
A pesar de generar cerca de 9 mil litros de agua potable cada segundo, el SIAPA compra a empresas privadas el líquido embotellado que toman sus empleados.
Aunque el organismo ha defendido que el producto que suministra cumple con todos los requisitos de la NOM-127-SSA1 1994 para considerarlo como potable, la pregunta es, ¿por qué no consume el organismo el agua de directamente de la llave?
En lo que va del 2009 la página de Internet del SIAPA da cuenta de pagos por 152 mil 170 pesos en agua embotellada comprada a tres distintos proveedores y desde el 2007 ha erogado 368 mil 510 pesos.
Esto se puede observar en los gastos oficiales del organismo, situación que se replica en Guadalajara, Municipio que ahora tiene la presidencia del Consejo de Administración del organismo y también ocurre lo mismo en Zapopan, que también forma parte del SIAPA junto con Tlaquepaque y Tonalá.
Reprueba UdeG a Jalisco en gestión ambiental
| Sergio Hernández Márquez . MURAL En la materia de gestión sustentable el Gobierno del Estado obtuvo calificación reprobatoria por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de acuerdo a una serie de trabajos llamados "Análisis y Propuestas para la Política Ambiental en el Estado de Jalisco". La carencia de estudios de impacto ambiental en los proyectos gubernamentales, o la presentación de los mismos como mero trámite administrativo, inclinó de sobremanera la balanza para que el Ejecutivo obtuviera una mala nota. Los casos ejemplificados fueron el puente atirantado, sobre Avenida Lázaro Cárdenas, las obras destinadas a los Juegos Panamericanos en el Parque Metropolitano y la barranca de Huentitán, y las adecuaciones urbanas como la realizada en Avenida Chapultepec. "El Gobierno del Estado y los ayuntamientos son los que menos cumplen con esta normatividad", acusó Miguel Magaña Virgen, del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. "Este instrumento (Manifestaciones de Impacto Ambiental), de aplicación legal y obligatoria, de esencia técnica y científica, ha sido degradado a un simple trámite administrativo y convertido en una herramienta de chantaje burocrático". La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) es la autoridad que, según la normatividad estatal, debe marcar las directrices para la aplicación de las políticas públicas ambientales de manera transversal en todo el Poder Ejecutivo. Pero la realidad es diferente, como ha ocurrido con el puente atirantado, en el que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) primero hizo el proyecto y hasta que iba a arrancar la obram y con problemas de opinión pública encima, acudió a Semades para que adicionara, de última hora aspectos de sustentabilidad que pudieran justificar la obra. En el caso de los Juegos Panamericanos no ha habido estudio alguno de impacto ambiental y mucho menos de sus obras asociadas como el caso del estadio de atletismo que se quiere construir en la barranca, o el de natación en el Parque Metropolitano. "El Disparate es uno de los ejemplos donde primero se decide lo que se va a construir, luego compran, luego hacen acuerdos y no hay manifestación de impacto ambiental", agregó Magaña Virgen. En el "Análisis y Propuestas para la Política Ambiental en el Estado de Jalisco", participaron además de Magaña Virgen, los académicos Francisco Calderón Calderón, criticando la falta de respeto al ordenamiento ecológico territorial de Jalisco, y América Loza Llamas, cuestionando la operación de las Áreas Naturales, sin programas de manejo. También participó Luis Antonio Rocha Santos, señalando que al Ejecutivo y a los municipios no les importa respetar decreto alguno de protección ambiental, mientras que Ofelia Pérez Peña y Ana Isabel Ramírez Quintana consideraron que está ausente la educación ambiental en Jalisco. |
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sábado, 3 de octubre de 2009
Municipios y medio ambiente
Artículo de opinión de Julia Carabias para el Periódico MURAL
La creciente complejidad de la agenda ambiental y su estrecha vinculación con los asuntos sociales, económicos y políticos obliga a que la gestión de las políticas públicas ambientales deba ser cada vez más incluyente de los distintos órdenes de Gobierno y de la sociedad.
Dentro de las modificaciones más importantes realizadas en la reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente están, precisamente, la distribución de competencias entre órdenes de Gobierno y la creación de nuevos espacios de participación social. A pesar de esta reforma, la descentralización en materia ambiental no ha avanzado lo suficiente en el país y, cuando ha sucedido, comúnmente la transferencia de facultades y atribuciones ocurre de la Federación a los estados sin llegar a involucrar a los municipios. La falta de reglas claras y mecanismos eficaces genera vacíos de poder regionales y discrecionalidad de la intervención local.
Muchos de los recursos naturales, que por sus características intrínsecas rebasan los límites estatales o por su carácter estratégico para la nación, deben ser regulados y gestionados desde el ámbito federal, sin embargo, muchos otros, pueden gestionarse mediante mecanismos innovadores de cooperación y concurrencia entre los distintos órdenes de Gobierno. Éste es el caso de la gestión de territorio, en la cual, sin el involucramiento de los actores locales, no es posible compatibilizar los múltiples intereses que se confrontan en el uso y ocupación del espacio natural.
Un extraordinario ejemplo exitoso de gestión territorial lo constituye la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA). Se trata de la cuenca del río Ayuquila-Armería, localizada entre los Estados de Jalisco y Colima. En ella se encuentran cinco áreas naturales protegidas -la más importante es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán- y tres presas hidráulicas. La contaminación en la parte media de la cuenca, durante los últimos 20 años, ha sido muy severa debido a las descargas de aguas residuales de la industria azucarera y de los asentamientos humanos, principalmente del Grullo y Autlán. Año con año, durante la zafra, se descargaban aguas residuales del ingenio que provocaban la mortalidad masiva de la fauna acuática y daños a la población que habita en la parte baja de la cuenca.
La creación de la IIGICRA fue un largo proceso paulatino de más de dos décadas, que inició con el trabajo conjunto entre los Ayuntamientos locales, el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manatlán y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A.C. Actualmente la IIGICRA constituye un mecanismo de gobernanza local para la gestión ambiental, sólido y exitoso, que cuenta con la participación de 10 Municipios, el Gobierno federal y el estatal de Jalisco, la sociedad civil y el sector académico.
Algunos resultados de esta gestión intermunicipal son el control de la contaminación de la industria azucarera, la reducción de las descargas contaminantes al río Ayuquila, la gestión integral de residuos sólidos, la creciente participación ciudadana, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y la creación de un fideicomiso. Esta iniciativa ha recibido en dos ocasiones el premio Gobierno y Gestión local del CIDE.
Los logros obtenidos se deben al fortalecimiento de las capacidades, técnicas y de gestión, de las autoridades locales mediante la capacitación, acceso a la información, organización, participación de la sociedad y de la academia y la creación de mecanismos jurídicos innovadores. Uno de los mecanismos innovadores ha sido la creación de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal que otorga personalidad jurídica a la IIGICRA, patrimonio y presupuesto propio, que permite profesionalizar la gestión ambiental municipal asegurando servicios de calidad a la población, manejando recursos financieros propios y dando continuidad ante los cambios de Gobierno.
Este proceso ha permitido que la IIGICRA se haya convertido en una instancia pública intermunicipal de planeación y seguimiento de largo plazo, no sujeta a los cambios trianuales de las autoridades locales, con capacidad para atender los temas de la compleja agenda ambiental local. Es un ejemplo innovador de gobernanza para la sustentabilidad ambiental, con todas las posibilidades de ser replicado en otras cuencas prioritarias del país, que requiere de la voluntad de las autoridades federales y estatales y de recursos económicos, no onerosos, para impulsar los procesos. Quizá, durante la discusión del presupuesto de 2010, los diputados podrán conocer esta experiencia con más detalle y contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades locales para sumarse a la conservación y uso del capital natural en beneficio de las comunidades locales y del país en su conjunto.
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