martes, 12 de febrero de 2008

Piden a la Presidencia abordar conflicto límitrofe

Senadores por Jalisco hacen avanzar gestiones en la Cámara Alta
Piden a la Presidencia abordar conflicto límitrofe

Presentaron el proyecto de ley reglamentaria para el Senado en el tema.

Sonia Serrano - PÚBLICO


Además de las vías que se siguen para encontrar una salida al conflicto de límites entre los estados de Colima y Jalisco, es necesario que la Presidencia de la república intervenga directamente para evitar que las diferencias continúen, señaló ayer el senador por Jalisco Ramiro Hernández García.

El legislador federal por el Partido Revolucionario Institucional dijo que los ajustes para devolver la facultad sobre estos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría incluirse en la próxima reforma de Estado.

Por su parte, el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Pérez Plazola, presentó el proyecto de ley reglamentaria a la facultad que tiene el Senado de conocer sobre las diferencias de límites entre los estados. En el documento no se precisan plazos de las etapas, salvo la que tienen las entidades para rendir su informe.

Respecto a la posibilidad de devolver esta atribución a la SCJN, el ex secretario de Gobierno de Jalisco se manifestó en contra, al considerar que sólo alargaría el proceso.

Ayer, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que preside el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Samuel Romero Valle, convocó a una reunión de trabajo sobre el tema, a la que acudieron los senadores Ramiro Hernández, Eva Contreras y Héctor Pérez, así como los alcaldes de Cihuatlán, Enrique González Gómez, y de Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos.

En entrevista, Ramiro Hernández dijo que la propuesta para que las diferencias de límites entre los estados regresen a la Corte ya fue cabildeada entre la fracción del PRI en el Senado y la intención es que se incluya como parte de la reforma de Estado, en la "redefinición de atribuciones de los poderes".

El senador señaló que ésta podría ser "la vía más corta, porque se supone que la revisión de los poderes estaría dándose en este periodo" de sesiones.

Para el legislador federal, lo preocupante es la falta de voluntad por parte del gobierno federal, "para revisar los asuntos en conflicto de los estados del país. Porque aunque a los jaliscienses nos importa la solución de este conflicto junto con Colima, hay otros estados con el mismo nivel de complicaciones".

Aclaró que la intervención a través de la Secretaría de Gobernación no basta, por lo que tendría que darse directamente por la presidencia.

Pérez Plazola consideró que lo ideal es que el tema se sostenga en el Senado, pues seguir con cambios legales sólo implicará retrasar aún más la solución. "En lo práctico yo veo complicado que vuelva a la Suprema Corte", porque sería favorecer a quienes le apuestan a seguir alargando el conflicto.

En la reunión también participaron habitantes de la zona en conflicto, que expusieron los problemas que enfrentan todos los días para transitar.

Propuesta de reglamento
La Comisión de Límites de las entidades federativas deberá convocar a una mesa de trabajo y concertación. Durante sus trabajos, se desarrollarán todas las diligencias que pidan las partes.

De no haber acuerdo, comienza la etapa de conflicto.

El estado al que se reclama la invasión tiene 20 días hábiles, a partir de la reunión de la junta conciliatoria, para rendir un informe sobre los hechos, acompañado de pruebas y elementos de que disponga.

Cuando la comisión reciba el informe, abre el periodo de desahogo de pruebas, al término del cual cita a las partes para que presenten en forma verbal o por escrito sus alegatos.

Valorando lo anterior, la comisión elabora su dictamen.

No se establecen los plazos para ninguna de las anteriores etapas.

El dictamen se turna al pleno del Senado, donde se requiere el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Si no se logra la mayoría calificada, regresa a la comisión, que debe buscar consenso y volver a presentarlo al pleno.

El dictamen aprobado se envía al Ejecutivo para su publicación.



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