Agustín del Castillo - PÚBLICO
La Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco entregó a Público el “acta de asamblea general ordinaria” en que, supuestamente, los comuneros de Santa Catarina Cuexcomatitlán aprobaban el “derecho de vía” de la carretera Bolaños-Huejuquilla, que afectaría 76.7 hectáreas de su territorio, documento fechado el 9 de septiembre de 2007. Los líderes huicholes, al ver el documento, inmediatamente señalaron: “Es una falsificación”.
Los dirigentes tradicionales, los agrarios y el consejo de análisis de la comunidad indígena, reunidos ayer en el plantón para impedir la construcción de la carretera, manifestaron sorpresa ante la existencia del texto en poder de este diario, y le señalaron diversas inconsistencias, como el hecho de que sea una especie de “machote” donde se rellenaron con marcador los datos numéricos de la asamblea; que sólo tenga la firma de los integrantes del comisariado de bienes comunales y no anexe los de toda la asamblea, e incluso que en el cuerpo de redacción se les confunda con “ejidatarios”, una figura jurídica distinta a la de los comuneros (ver fotografía contigua).
“No hubo reuniones ordinarias el 9 de septiembre de 2007. Ese día fueron a Las Latas, un centro ceremonial, a ofrecer el proyecto, pero allí había una reunión sobre cultura, algo muy distinto […] nos cayeron en helicóptero, nos presentaron el proyecto, les dijimos que lo analizaríamos y levantamos una minuta, porque no teníamos apuro… ellos querían pocos días después la respuesta; supimos que el 12 o 14 estuvieron en Santa Catarina […] los miembros del comisariado parece que se prestaron a firmar esas actas falsas, no sabemos por qué”, señaló un vocero comunitario.
Se trata de Felipe Bautista Carrillo, Pedro Hernández Torres y Daniel Medina de la Rosa, quienes en noviembre de 2007 dejaron los cargos como presidente, secretario y tesorero de Taupurie (el nombre aborigen de la comunidad de Santa Catarina).
Más anomalías: “No hacemos reuniones ordinarias de la asamblea para un solo punto, hacemos para diversos puntos, llegamos a enlistar hasta diez o quince […] esto es un precedente nefasto, y seguramente hoy discutiremos si tiene sentido seguir negociando con un gobierno que miente para salirse con la suya”.
Falta ver la decisión que se tome hoy entre los comuneros, porque la delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ya emite invitaciones para un nuevo encuentro en la sierra, en que se discutirá precisamente el derecho de vía de la carretera, cuya construcción está bloqueada por los wixaritaris desde el pasado lunes 11 de febrero.
La Sedeur entregó además copia de una “segunda convocatoria” para asamblea general ordinaria, con fecha 26 de agosto de 2007, a realizarse el 9 de septiembre siguiente, en la cual se abordaría la solicitud del gobierno estatal para ocupar de forma previa 76.72 hectáreas de la comunidad, tramite el cambio de uso de suelo forestal y la expropiación del territorio, y solicite al Registro Agrario Nacional (RAN) la inscripción de los acuerdos.
Luego, el mundo perfecto. El documento de la asamblea, del 9 de septiembre, reitera este planteamiento. Ese día, asistieron presuntamente 486 comuneros de un total de 518, y en 100 por ciento aprobaron el proyecto. Eso es todo lo que ofrece la escueta acta tras siete horas que duró la asamblea, según los datos del mismo documento.
La Ley Agraria vigente establece que la asamblea general de un núcleo agrario es su máxima autoridad, lo cual es confirmado y detallado en los reglamentos internos de ejidos y comunidades. El comisariado de bienes comunales es simple ejecutor de los acuerdos que tome la comunidad en su conjunto.
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