Dolores Reséndiz - PÚBLICO
La relación entre el gobierno tapatío y la recolectora Caabsa Eagle está rodeada de incumplimientos, acuerdos favorables y silencios.
Un ejemplo. El programa Ciudad Inteligente, con el que se pretendía ofrecer a los tapatíos el servicio de monitoreo de los camiones recolectores en la página web del municipio, no ha fructificado por la descoordinación entre ambas partes, pero ninguno levanta la mano para ofrecer una explicación.
Otro. El cierre del vertedero Manantlán tuvo que ocurrir desde octubre de 2004, debido al deterioro del lugar y la urgencia de saneamiento. Sin embargo, Caabsa Eagle apenas lo entregó el año pasado, sin tomar en cuenta el convenio previo.
Ambas son sólo dos muestras del incumplimiento de Caabsa y de la falta de firmeza en la autoridad tapatía para obligar a la consumación de los acuerdos o sancionar a la empresa.
El colofón de un listado que va más allá de los dos ejemplos citados es la ampliación al contrato con la empresa que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó durante la Administración pasada. A finales de 2004, los regidores votaron a favor de la extensión del contrato por quince años, a partir de la fecha de vencimiento original en 2009.
Con la resolución, sólo votada en contra por los entonces ediles del Partido Verde, Martín Márquez Carpio, y Juan Antonio Vázquez, del PAN, Caabsa obtuvo el aval para mantener la concesión hasta 2024.
Al comienzo de su gobierno, el alcalde Alfonso Petersen Farah prometió la revisión de los contratos con Caabsa, Eumex y Simex, concesionarias con historial de incumplimientos o irregularidades en su desempeño con la comuna. Incluso abrió la posibilidad de rescindir contratos en caso de encontrar irregularidades.
No obstante, estos convenios no han sido revisados, y aunque Petersen respondió que la revisión corresponde a la Sindicatura, la titular del área, Verónica Rizo López, respondió que no existen elementos para dar marcha atrás a los acuerdos.
La complicidad entre Caabsa y el ayuntamiento quedó demostrada cuando el entonces alcalde interino, Ernesto Espinosa Guarro (diciembre de 2005 a diciembre de 2006), reconoció el incumplimiento de la concesionaria en obras ecológicas que acumulaban un adeudo de 145 millones de pesos, pero al mismo tiempo subrayó que parte de la responsabilidad correspondía a la autoridad municipal. La argumentación que ofreció para el retraso municipal fue la burocracia dentro del pleno tapatío.
El caso más reciente, la instalación de chips en los camiones recolectores con lo que se busca concretar el programa Ciudad Inteligente, es otra demostración de la alianza de silencio entre Caabsa y el Ayuntamiento de Guadalajara. La empresa mantiene una política de cero entrevistas y la autoridad encargada, en este caso el director de Ecología, Javier Ochoa Covarrubias, prefiere no responder a las llamadas telefónicas para explicar los atrasos.
Sin avances ni sanciones, nadie explica en dónde quedó la ciudad inteligente prometida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario