jueves, 17 de abril de 2008

Quejosos son “manifestantes profesionales”


El coordinador del CCIJ pide que la CEDHJ exija comprobación de empleo.

Patricia Romo Sahagún - PÚBLICO


Luego de asegurar que “son desempleados” la mayoría de las 3,661 personas que hasta el martes habían presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en contra del gobernador Emilio González, por el donativo de 90 millones de pesos para el Santuario de los Mártires, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, se pronunció por que la comisión exija a los quejosos un comprobante para demostrar que tienen un empleo.

Al dar por un hecho que se trata de “manifestantes profesionales”, que lo mismo se quejan de las obras en el Periférico que de la macrolimosna, el líder de los industriales minimizó el récord de quejas recibidas por la CEDHJ en contra de un solo funcionario: el gobernador.

“Les deberían de preguntar si tienen un comprobante de que trabajan, porque la mayoría de esas gentes no trabaja en nada; a la hora de levantar la denuncia les deben decir: oye, dame una identificación de dónde trabajas, porque los que se quejan son los mismos que se quejan de todo, los que no tienen trabajo”.

Gutiérrez Treviño esgrimió el mismo argumento de funcionarios estatales como el secretario de Gobierno, al señalar que “3,500 personas [que han presentado queja] para siete millones de habitantes que tenemos en Jalisco, no me parece gravoso; hasta si los juntamos de partidos de oposición los vamos a completar. No es una cifra que pinte; creo que es más el chisme que andan haciendo esas personas que en realidad lo que pinta”.

Sin presentar pruebas, añadió con firmeza: “Yo les garantizo que, de los 3,500 [quejosos] ,la gran mayoría no tiene empleo”.

¿La gente sin empleo no tiene derecho a manifestarse?, se le preguntó, y respondió: “Sí tienen derecho a manifestarse, pero también tienen obligación de ponerse a trabajar. Lo que no se puede es que Jalisco se detenga por personas que no tienen qué hacer y van de un lado a otro al tema de manifestación de moda”.

Pese a que se dice convencido de los beneficios económicos que traerá para Jalisco el proyecto del Santuario, Gutiérrez Treviño admitió que, en caso de que se demuestre la ilegalidad del donativo, entonces apoyaría su devolución a las arcas estatales. “Si conforme a derecho se comprueba que hay una irregularidad, nosotros no podríamos decir que estamos en contra del Estado de derecho”.

Al referirse a las medidas cautelares dictadas por la CEDHJ para que el gobierno del estado detenga la entrega de los 60 millones de pesos que restan del donativo, el industrial aseguró que el recurso público no es determinante para la conclusión de la obra y, aun cuando omitió nombres esgrimiendo razones de seguridad, afirmó que “dos empresarios amigos míos ya dieron mucho más que eso”.

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