viernes, 2 de mayo de 2008

Se acelera la privatización del agua

A finales de marzo, el presidente Calderón presentó el Plan Nacional Hídrico en Hidalgo. Foto: Alfredo Guerrero/Notimex


Rogelio Hernández López - MILENIO

El Plan Nacional Hídrico 2007-2012 ofrece múltiples opciones para que empresas o asociaciones privadas se incorporen o aumenten su participación en la operación, servicios y reciclamiento del agua. Y el gobierno federal, por separado, brinda recursos financieros para apoyar esa injerencia.

En la misma presentación del plan, el 24 de marzo, el presidente Felipe Calderón anunció los planes de inversión gubernamental para enfrentar la crisis del agua. Dijo: “vamos a invertir más de 227 mil millones de pesos en proyectos hídricos, lo que significa un gasto anualizado de casi 38 mil millones de pesos. Se trata de la inversión más grande de la historia en este renglón”.

Para enfrentar una de las crisis más ingentes, la de reciclar hasta 60 por ciento del agua, Calderón ofreció allí una gran pista financiera para otro despegue de empresas privadas: “el Fondo Nacional para el Tratamiento de Aguas Residuales, que contará este año con un presupuesto de dos mil 200 millones de pesos”.

En plantas de tratamiento

Un día después recibió el respaldo del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo. El sector privado –junto a los sectores públicos y social— ya puede acceder a ese fondo.

Explicó que tal fondo absorberá los instrumentos existentes de apoyo a la operación y mantenimiento de infraestructura de tratamiento. En 2007 entraron en operación 59 plantas nuevas, se rehabilitaron 10 y se ampliaron otras dos. Para 2008 entrarán en operación otras 26 y cuatro más serán rehabilitadas.

Al fondo podrán acceder hoteleros, empresas de servicios, industriales, rastros, hospitales, asociaciones civiles, así como los organismos operadores de agua estatales y municipales —donde ya participa el sector privado— además del sector social.

En operación municipal

De la inversión total anualizada, casi 38 mil millones de pesos, una parte se destina al Programa para Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua), en su mayoría a los dos mil 439 municipios, donde las empresas privadas ya invierten y se hacen cargo de distintos pasos.

El Promagua presta atención y financiamiento a la renovación de tecnologías, diseño de planes de ordenamiento territorial para la disponibilidad del agua de los organismos prestadores de servicios. Igualmente, se especifica en el Plan Nacional Hídrico , “promueve la participación de capital privado como complemento a los recursos no recuperables que el programa brinda”. Esto es, que aquí también la participación de la IP podrá seguir creciendo.

En bancos de agua

Entre los objetivos sobre manejo de cuencas y acuíferos se insiste, igualmente, en fomentar a los Bancos de Agua como instrumentos reguladores, “facilitadores”, en el mercado de derechos de agua y del uso eficiente del recurso. A fines de 2005 comenzó la operación de estas empresas registradas conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El entonces subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, Alfonso Salinas Ruiz, informó que su labor central es la transacción comercial de los títulos de derechos de agua que poseen los usuarios agropecuarios, industriales y de zonas urbanas, unos 330 mil. Una operación mercantil entre particulares, aceptó entonces Salinas Ruiz.

A pesar de que estos bancos tienen más de dos años operando y de las funciones reguladoras del agua que realizan los 23 Consejos de Cuenca desde el año 2000, una de las crisis es la concentración del recurso (70 por ciento) en la agricultura y el desperdicio que se hace en ese sector: 5 de cada 7 litros que recibe.

Un ciclo completo

Un caso ejemplar del impulso al sector privado es el contrato, que apoyado por Conagua, firmaron la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y la empresa constructora Consorcio Controladora de Operaciones de Infraestructura para la prestación del servicio de conducción y potabilización del Sistema Acueducto II.

El contrato fue por un proyecto que requerirá dos mil 854 millones 360 mil pesos, de los cuales 800.4 millones corresponden a recursos federales, aportados a través de Conagua. Allí se concede a la empresa la elaboración del proyecto ejecutivo; la construcción; el equipamiento electromecánico; las pruebas e inicio de operación, incluyendo la planta potabilizadora; obras de almacenamiento y complementarias para ejecutarse en 26 meses, y la operación, mantenimiento y conservación del Acueducto II con capacidad de mil 500 litros por segundo por un periodo de 214 meses (casi 18 años), así como su transferencia a la Comisión Estatal de Agua de Querétaro al término de esa vigencia.

Mas opciones

El Plan Nacional Hídrico, en sus ocho grandes objetivos, contiene al menos otras siete medidas para enfrentar los problemas y crisis del agua, medidas que en su mayoría ofrecen más opciones de participación al sector privado.

Introducir el concepto del agua como insumo productivo y su medición en términos de valor agregado por volumen.

Ajustar los títulos de concesión a la disponibilidad del agua (implica a los Bancos de Agua y Consejos de Cuenca). Proponer a los municipios planes de ordenamiento territorial según disponibilidad del agua (la inversión privada ya participan en sus organismos de operación).

Implantar otros programas o instrumentos financieros, como el Promagua, para mezclar recursos públicos y privados para los organismos operadores.

Ajustar pagos al costo real a Estados y Municipios del suministro del agua en bloque.

Fomentar que los usuarios de agua de riesgo o de temporal tecnificada se organicen en Asociaciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada (empresas) para que obtengan beneficios en la adquisición de maquinaria o equipo.

Poner reglas claras y transparentes a la participación del sector privado porque los nuevos esquemas financieros estimularán esa participación.

Se descentralizarán funciones, programas, recursos y responsabilidades de la federación a gobiernos estatales, municipios y usuarios.

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