Gobernación exculpa a al gobernador por macrolimosna

Rubén Martín - PÚBLICO Con el argumento de que el dinero fue entregado a una asociación civil y no a una iglesia, la Secretaría de Gobernación (Segob) exculpó al Poder Ejecutivo de Jalisco de haber cometido alguna violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con la entrega del donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires. Así consta en el oficio de respuesta que la Segob envió a la Cámara de Diputados, en respuesta al punto de acuerdo aprobado por las ocho fracciones parlamentarias el pasado 30 de abril y en el que pedían “conformar una comisión que investigue y determine las presuntas infracciones a dicho ordenamiento en la donación de recursos públicos por el gobernador del estado de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos”. El argumento central de Gobernación es que el donativo fue entregado a una asociación civil, la Fundación pro Construcción del Santuario de los Mártires, y no a una asociación religiosa, como la Arquidiócesis de Guadalajara. “Consecuente con lo anterior, es de colegirse que la Secretaría de Gobernación carece de atribuciones para conformar una comisión que investigue y determine las presuntas infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por lo que hace a la donación de recursos públicos efectuada por el gobierno de Jalisco a una asociación civil para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos”. El documento, firmado por el director general de Asociaciones Religiosas de la Segob, Salvador Beltrán del Río Madrid, fue entregado a los diputados el pasado 17 de junio y fue publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. La respuesta de Gobernación añade que la referida ley prevé la integración de una comisión sancionadora (integrada por el director general de Asociaciones Religiosas y los titulares de las Unidades de Asuntos Jurídicos y Promoción, y de Defensa de los Derechos Humanos) y que su función “es la de aplicar las sanciones previstas en el consabido ordenamiento […] en contra de los sujetos que se establecen en el artículo 39 del referido reglamento”. Sostiene que “son sujetos de infracción en las materias reguladas por esta ley las asociaciones religiosas, sus representantes, ministros de culto y asociados”. Luego de repasar las violaciones a la ley en las que pueden incluir los sujetos de infracción, Segob respondió a los diputados que, “tal como se advierte de la información que es del dominio público, la transferencia de recursos efectuada por el gobierno de Jalisco no fue hecha en favor de una asociación religiosa [AR] sino a una asociación civil [AC], habida cuenta de lo cual, no es factible aseverar jurídicamente la existencia de un trato inequitativo a favor de una AR, ni sostener la competencia de la Secretaría de Gobernación para investigar este tipo de hechos”. Interrogado sobre este asunto, el secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que la decisión no lo sorprende, porque la Administración estatal siempre estuvo segura de la legalidad del donativo.