Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
En una transacción que mantenía oculta desde hace año y medio, la Comisión Estatal del Agua (CEA) pretende apoderarse de 73 hectáreas del rancho Tempisquez para construir en ese lugar recipientes que recogerán los residuos de las plantas de tratamiento que ubicará el propio organismo en puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Loderas se le llama a este tipo de infraestructura que captarán todos los residuos tóxicos para después arrojarlos a la Barranca de Huentitán. El tema se había mantenido en silencio, debido a que la CEA llevaba a cabo una negociación discreta e individualizada con los propietarios de esos terrenos, pero los bajos precios que ha ofrecido motivaron a los dueños a hacer pública la denuncia.
Ayer, el ejido de la comunidad indígena de Mezquitán se constituyó en Asamblea para decidir la reapertura de las negociaciones, y de manera unánime acordaron que no dialogarán más con las autoridades del organismo hasta que presenten el proyecto ejecutivo de la obra y su correspondiente estudio de impacto ambiental.
A la Asamblea sólo accedieron comuneros plenamente identificados con su credencial, no se permitió el ingreso ni a los hijos de éstos, con la finalidad de evitar que personas extrañas influyeran en el ánimo de la decisión.
Juan Ramón Nava García, hijo de un comunero, explicó de manera pormenorizada que alrededor de hace año y medio, personal de la CEA se acercó con el ejido de Mezquitán. Juan Mejía, coordinador jurídico del organismo encabezaba la comitiva, y la propuesta fue muy clara; o negociaban con ellos o les expropiaban los predios.
“Si la comunidad está de acuerdo y me vende las 73 hectáreas, no me interesa que estén de acuerdo, hago el proyecto y ustedes se tendrán que ir porque no van a aguantar el olor”, recuerda Nava García que eso les dijo el funcionario.
Con la misma táctica que ha utilizado en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos poblados inundará la presa El Zapotillo, la CEA ha logrado dividir a los comuneros e incluso inducir la voluntad del presidente del Comisariado Ejidal, Pedro Lara, y su Consejo de Vigilancia, representado en Juan María, refiere el entrevistado.
“Estamos temiendo que el presidente de la comunidad Pedro Lara, y el señor Juan María tengan algunos intereses, ya que están tan insistentes en que se abra las negociaciones, pero sin todavía percibir unos mejores precios”, dijo.
Mientras en un salón de eventos se llevaba a cabo la asamblea, quienes no pudieron ingresar, esperaron impacientes, recostados en el pasto algunos, sentados otros en una sombra para protegerse del sol.
Un grupo de mujeres esperaba la reapertura de las negociaciones, aunque en realidad no les interesa vender. El rancho Tempisquez es apto para la agricultura y abastece de alimento al menos a 70 familias. Ahí se siembra calabaza, maíz, nopal, y se encuentran huertas de mango, ciruelo y guamuchil y al igual que Temacapulín con sus aguas termales, este sitio también tiene potencial turístico pues posee mantos acuíferos, grandes zonas arboladas, criadero de peces y recientemente se está impulsando la construcción de un balneario.
Los precios ofrecidos por la CEA corresponden a 4.50 pesos el metro cuadrado, 189 pesos el metro de tierra para el caso de viviendas, y el metro construido entre 3 mil y 3 mil 200.
Nava García forma parte de una comisión que nombró el Comisariado Ejidal para indagar aquella información que el organismo se niega a cederles. Según él, la compra de tierras no se ha fijado a igual precio entre todos los comuneros, a algunos de ellos se les ha mejorado el costo y son los que pugnan por la reapertura de las negociaciones.
“Con la cantidad que nos están ofreciendo prácticamente en ningún lado vamos a sobresalir, en ningún lado. Si en la Mesa Colorada, estamos viendo que el metro está hasta mil pesos, entonces al pagarnos ellos a 189 prácticamente nos están enviando a una muerte segura, es por eso que nos negamos a cualquier negociación con el CEA”, añadió.
Ramón Velásquez Ponce, uno de los comuneros que más ha cuestionado el proyecto, comentó que la CEA pretende construir una planta de tratamiento junto a la presa Valentín Gómez Farías, localizada en Mesa Colorada. Ahí llegarían las aguas residuales de los cuatros municipios de la Zona Metropolitana Guadalajara y zona conurbada.
“Mediante un tubo, un ducto canalizará los lodos resultantes de esa planta de tratamiento hacia tres pilas que ellos construirían en la Barranca. Cada pila tiene vida, según ellos, o tendría capacidad para soportar los lodos de 10 años, de tal manera que hablamos de 30 años que estarían depositando según hemos sacado cuentas un mínimo de 150 camiones por día de lodos, pues yo siento que son muy dañinos para la salud”, refirió.
Indicó que mientras la CEA no presente el proyecto ejecutivo de la obra y un estudio de impacto ambiental, los terrenos no están a la venta. La preocupación principal de los habitantes es que los desechos arrojados a la barranca pudieran dañar la salud de los pobladores de Mesa Colorada y entidades aledañas.
Dijo que en las últimas dos Asambleas del ejido se han sostenido confrontaciones verbales muy fuertes, por lo que culpan a la CEA de lo que pueda acontecer toda vez que no ha mostrado con claridad qué pretende.
“No estamos ni seguros de que de veras quieran las loderas u otra cosa, al ratito resulta que siempre va a ser mejor un desarrollo turístico manejado por algún político, como se las gastan estas gentes”.
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