Se plantaron frente al Congreso; exigen la intervención de diputados como representantes populares
Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO
En tanto el gobierno federal lanza la licitación para la presa El Zapotillo, cuyos trabajos comenzarían en mayo de 2009, medio centenar de habitantes de Temacapulín se plantó frente al Congreso local para exigir la intervención de los diputados jaliscienses como representantes populares.
Al ver llegar a los manifestantes, la seguridad del recinto cerró las entradas e impidió que los afectados por la posible construcción de El Zapotillo ingresaran al patio central.
Fue el vocal de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado perredista Carlos Orozco Santillán, el comisionado para recibir a los manifestantes y tras algunos minutos de negociación en la calle permitió que entraran 10 representantes de los inconformes para dialogar.
Durante el diálogo, la gente de Temacapulín señaló que acudían con los diputados porque ya están cansados de que en las entidades federales y en el gobierno del estado sólo los reciban, hagan como que los escuchan y al final no se haga nada.
Recordaron que el 13 de agosto pasado, como lo demuestra una grabación, el gobernador Emilio González Márquez prometió que se haría una consulta pública y que si el 50 por ciento más uno de los habitantes de Temacapulín no querían la presa, ésta no se realizaría; sin embargo –acusaron– la encuesta no se ha realizado, se dice que la obra es un hecho y que mucha gente de Temacapulín está entusiasmada con el proyecto.
Además, entregaron un documento en el que solicitan al Poder Legislativo local que no se apruebe el presupuesto para la construcción de El Zapotillo, que la Conagua y el CEA den cuenta de las obras que ya realizan sin licitación, que el Congreso local reconsidere la forma en que se debe aprovechar el agua de la cuenca de la región, que no se acepte la expropiación de tierras para este proyecto por no ser sustentable, que se reconozca a Temacapulín, Acasico y Palmarejo como patrimonio histórico y cultural de Jalisco, que se deje de hostigar a los habitantes de estos tres pueblos a través de empresas inmobiliarias y que se suspendan las obras de la presa por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental ni anuencia del INAH.
El legislador perredista dijo estar de acuerdo con el planteamiento de la gente de Temacapulín, pero explicó que el Poder Legislativo no es autoridad competente en esta materia, pues todo lo relacionado con las aguas de la nación lo lleva el gobierno federal.
No obstante, Orozco Santillán se comprometió a hacer este tema parte de su agenda legislativa y a elevar al pleno del Congreso local un punto de acuerdo en el que se solicite a las autoridades federales la revisión del proyecto y al gobernador del estado una explicación clara de la pertinencia de esta presa y su postura al respecto.
El diputado aconsejó a la gente de Temacapulín que no utilice como argumento principal para la defensa de su pueblo la cuestión de conservación histórica de los edificios, pues con Arcediano quedó claro que ese punto enfrasca el debate y poco se consigue; en su opinión, la discusión debe centrarse en dos puntos: la defensa de las tradiciones, de la fe y la historia intangible de estos pueblos –que asegura es materia jurídica para la Suprema Corte de Justicia– y el manejo y administración del agua en toda la región como parte de todo un sistema, no como un caso aislado.
Finalmente, Orozco Santillán conminó a la gente de Temacapulín a que de la misma manera que manifestaron su inconformidad ante el Congreso, lo hagan con la Conagua y ante el cardenal Juan Sandoval, quien –en su opinión– debe defender a una comunidad eminentemente católica.
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