Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco determinó cesar el pasado 23 de enero al juez segundo de lo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, al demostrarse las anomalías en que incurrió en el juicio de usucapión (prescripción positiva) 749/2006, que tuvo por efecto despojar, en primera instancia, del predio Las Joyas al gobierno de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Tal determinación fue dada a conocer ayer por el consejero Enrique Villanueva Gómez, quien fue entrevistado luego de anunciar su desvinculación temporal del órgano regulador del Poder Judicial de Jalisco, pues contenderá por la candidatura priista a la alcaldía de Zapopan.
En el asunto de Las Joyas, el funcionario refirió que todo derivó de una queja interpuesta por un representante de la UdeG, lo que motivó a citar al juzgador a comparecer ante sus superiores, y de ahí se acordó la remoción de su cargo, pues se encontraron graves anomalías en el proceso.
Las más notables: que una muerta notificara al demandado, que la personalidad de éste fuera dudosa, así como la de un testigo; que jamás se emplazara al propietario "público y notorio", el gobierno estatal, ni al posesionario, la UdeG, que mantiene en operación desde hace casi 25 años el laboratorio científico de Las Joyas, corazón de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Lo peor: que el sustento fuera una escritura cancelada desde 1988 (Público, 23 de enero de 2009).
"Él indebidamente otorgó la posesión a través de un juicio de prescripción positiva […] la resolución no fue atinada, no se apegó a la legalidad", añadió escuetamente el consejero.
Por su parte, el rector del Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG, Enrique Solórzano Carrillo, mostró beneplácito con la rápida acción de la judicatura.
"Sabemos que en la semana anterior se le pidió al juez comparecer y llevar los expedientes correspondientes. Esta semana nos enteramos que fue separado del cargo, y esto nos confirma las anomalías que detectamos, entre las que sobresalía que una persona fallecida fuera actor clave en el proceso cinco años después de muerta, así como el cambio de género de un testigo y no notificar a las partes", explicó en entrevista telefónica.
Solórzano Carrillo destacó que independientemente de ese resultado, se debe seguir la impugnación legal hasta echar abajo la sentencia irregular, por lo cual se está trabajando aceleradamente en el amparo que se promoverá con el gobierno del estado para la plena restitución de las propiedades, que además de unas 900 hectáreas del predio público, incluye alrededor de 1,300 hectáreas de la pequeña propiedad Ex Hacienda de Ahuacapán y 400 del ejido Ahuacapán.
"Una vez que nos enteramos tenemos quince días hábiles para hacerlo, y se nos notificó en el Consejo General Universitario; estamos en tiempo de promover amparo para la nulidad; una cosa es que lo remuevan al juez y otra es que la sentencia no cause hecho, por eso sigue necesitándose el amparo". Por ello, se busca también a los otros propietarios legítimos afectados.
En su opinión, las muy evidentes omisiones del juez "ponen en riesgo la frágil convivencia que hay en el ejido", y desatan "la codicia de promotores en usar la riqueza biológica de esa zona", que es de las más altas de todo el centro-occidente mexicano.
Por ello, consideró necesario permanecer atentos a la actuación de otros responsables, como el juez que admitió la demanda en 2006, Luis Martín Chan Aviña; del propio secretario del juzgado, cuya labor por lo general orienta al juez en turno, y "revisar el caso del abogado que promovió el procedimiento, pues es claro que generó los movimientos fraudulentos". Ayer, ya estaban en Las Joyas tres patrullas de la Dirección Estatal de Seguridad Pública, con seis elementos, para reguardar la zona de cualquier eventual incidente.
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CLAVES
Perlas de un proceso
El juicio de usucapión 749/2006, fue admitido por el juez Luis Martín Chan Aviña y sentenciado por el juez José Guadalupe Lomelí González; entregó a una veintena de propietarios casi todo el predio de Las Joyas (unas 900 hectáreas de las 1,245 totales), así como otras 400 ha de propiedad social (ejido Ahuacapán) y 1,300 ha de privada (ex Hacienda de Ahuacapán)
El supuesto demandado aparece como José Félix Barbarín, pero en el documento fundatorio de la acción se llama "José Félix Morales Barbarín y condueños"
El demandado fue notificado en el domicilio que ocupan dos de los actores de la demanda (rivales), Aurelio López Garibay y Esthela Montaño Panduro, esto es: Aldama número 9, de la localidad de Ahuacapán, en Autlán, un día no precisado del mes de enero de 2007, a las 17:00 horas
El presunto demandado fue supuestamente notificado por la señora Silveria Panduro Aldaco, quien falleció el 6 de noviembre de 2001, seis años y dos meses antes del emplazamiento que ella realizó
La escritura presentada como fundatoria del proceso fue declarada nula, en otro juicio civil ordinario radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Ameca, que se ventiló bajo expediente 476/88, promovido por Carlos y José de la Torre Valencia, en contra de los señores Rodolfo Longinos Vázquez y María de la Luz Barreto, en la que se ordenó la cancelación de la inscripción de la escritura pública que es el origen del fundatorio presentada por los actores.
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