La fuerza pública impidió la ejecución de una sentencia del Tribunal Agrario
Raúl Torres y Verónica González Cárdenas . LA JORNADA JALISCO
Utilizando como pretexto un conflicto agrario entre un particular con el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cerca de 200 policías municipales de Minatitlán, Colima, mantienen cercada toda la comunidad de Las Pesadas, ubicada en una de las zonas del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, denunciaron miembros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El lunes pasado, habitantes de Ayotitlán, ejecutando la sentencia dictada en 1997 por el Tercer Tribuna Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, removieron postería y cercos colocados por particulares de Minatitlán en 40 hectáreas pertenecientes al ejido y que se encuentran justo en la frontera de donde comienza la zona del conflicto de límites entre las dos entidades.
Al ver la acción de los ejidatarios los policías municipales de Minatitlán (que mantiene una estación donde el gobierno de Colima considera que inicia su territorio) solicitaron refuerzos y al lugar arribaron más de 20 patrullas, encabezadas por la secretaria de Gobierno de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, y el subprocurador de Justicia, Alejando Guerrero.
Los funcionarios de Colima alegaron que las 40 hectáreas en disputa estaban dentro de la zona limítrofe en conflicto, y aunque con un mapa elaborado por el INEGI, donde se delimita el ejido de Ayotitlán, y un aparato de geoposición satelital se les mostró que el predio se encuentra en Jalisco, impidieron con la presencia de la fuerza pública que los ejidatarios continuaran con ejecución de la sentencia del Tribunal.
Un día después cercaron todo el pueblo, incluyendo el lado de Jalisco, según relató el personal de la UdeG que estuvo en el lugar.
Jaime Hernández, miembro de la UACI, explicó que en 1995 fueron Elidio y José Luís Monroy Nieves, particulares con domicilio en Minatitlán, quienes promovieron una controversia agraria reclamando la propiedad de las 40 hectáreas en cuestión, pero no lograron acreditar la posesión de las parcelas y el conflicto se resolvió de manera definitiva a favor de los ejidatarios y comuneros de Ayotitlán.
Los hermanos Monroy fueron representados en el conflicto por Salvador Barragán, quien entonces también era abogado del ejido de Ayotitlán, lo que ya representaba una irregularidad, indicó Hernández, quien recordó que los promoventes de la controversia, al no verse favorecidos con la sentencia del Tribunal interpusieron una demanda de amparo directo que el 21 de agosto de 1997 fue negado.
“El problema es que el Tribunal Agrario, en su sentencia definitiva sólo indica que la resolución se haga del conocimiento del comisariado para que éste ejecute la sentencia dentro de las facultades que le otorga la Ley Agraria. El tribunal omite indicar que se debe notificar a las autoridades del municipio para que apoye la ejecución de la sentencia con la ayuda de la seguridad pública”, indicó el miembro de la UACI.
Explicó que la comunidad se tardó 12 años en ejecutar la sentencia del tribunal debido a que los anteriores comisariados, muchas veces protegiendo los intereses de terceros, no abordaban el asunto en las asambleas. Sin embargo, con el cambio de comisariado, afín al Consejo de Mayores, autoridad tradicional de Ayotititlán, el problema se tocó en la asamblea del 26 de julio pasado y se decidió actuar a petición de la gente de Las Pesadas, quien denunció que las 40 hectáreas invadidas ya se estaban vendiendo a personas ajenas a la comunidad.
Señaló que tras intentar dialogar con el supuesto propietario para arreglar las cosas sin movilizaciones, éste hizo caso omiso, por lo que se solicitó apoyo del Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, que tras ver el estado legal de las cosas, lo brindó; sin embargo, el lunes pasado evitó la confrontación con la policía de Minatitlán para no agravar la situación.
Por su parte, José de Jesús Abundis, abogado de la UACI que estuvo en el lugar de los hechos, relató que cuando llegaron la secretaria de Gobierno y el subprocurador de Colima se les explicó que las 40 hectáreas no estaban en el área de conflicto, pero se negaron a dejar que siguieran las labores para delimitar el predio y exigió que se hiciera una mesa de diálogo en Minatitlán.
La gente de Ayotitlán se negó y pidió que la mesa de diálogo fuera ahí mismo. No hubo acuerdo y ambas partes se retiraron, sin embargo, cuando los miembros de la UACI regresaron el martes a Las Pesadas, se percataron del cerco policial en todo el poblado, no sólo en el predio en conflicto. “Debe haber unos 200 elementos en toda la comunidad”, indicó.
Por su parte, el secretario del ayuntamiento de Minatitlán, Próspero Hernández Ponce, acusó a los integrantes de la UdeG y a la Red Jalisciense de Derechos Humanos de “azuzar” a los indígenas del ejido Ayotitlán, para que invadan territorio de Colima.
El funcionario dijo que el poblado de Las Pesadas pertenece a Colima y que los dirigentes de los indígenas, a cambio de dinero, prometen tierras que ya tienen dueños: las familias Figueroa Soto y Figueroa Palacios, quienes cuentan con títulos de propiedad oficiales.
Interrogado acerca de la posibilidad de que se reúna una comisión de nahuas del ejido Ayotitlán con autoridades de Colima para revisar la carpeta básica del ejido y contar con la asesoría de peritos topógrafos para que midan bien sus linderos, respondió: “se puede dialogar, pero no negociar, porque las tierras ya tienen dueño”.
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